Ante la ilegal reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que provocó un mar de amparos y de resoluciones por las que se suspendió su entrada en vigor, el presidente de México amenazó con reformar la Constitución. Para lograrlo se requiere una votación calificada en el Congreso, es decir, que las dos terceras partes voten a favor de su iniciativa en cada una de las cámaras más el voto favorable de la mayoría de las entidades federativas de nuestro país.
En la elección de junio pasado, MORENA no logró mantener su mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo que para cualquier reforma constitucional requiere que legisladores de otros partidos se alíen con ellos; de lo contrario, todas las reformas a la Carta Magna que envíe el presidente de la República pueden ser bloqueadas por los partidos de oposición. Sin embargo, en los últimos días ha sido alterada la tranquilidad que había producido el resultado de las pasadas elecciones.
La reforma tiene por objeto destruir aquella que se aprobó en diciembre de 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por la cual se modificaron los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Aquella reforma permitía, entre otras cosas, la inversión privada en la industria energética del país con el fin de lograr una sustentabilidad ecológica en beneficio de la población tanto en lo económico como en lo ambiental. Recordemos que para llevarse a cabo, votaron a favor 210 diputados del PRI (solo uno de ellos votó en contra), que sumados a los del PAN, los del Verde Ecologista y los de Nueva Alianza se lograron 354 votos. Es preciso recalcar que, en esa ocasión, de 101 diputados del PRD los 95 presentes votaron en contra. Derivada de esa reforma constitucional, múltiples actores e inversionistas privados tanto nacionales como extranjeros han celebrado contratos en materia de generación de energía eléctrica, invirtiendo cantidades multimillonarias en dólares en contratos que, ahora, con la iniciativa de reforma se pretenden desconocer o cancelar.
La iniciativa de reforma presentada por Andrés Manuel López Obrador es absolutamente regresiva. Con ella se pretende que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concentre al menos el 54% de la producción de energía eléctrica, dejando solo el 46% para la iniciativa privada, además de extinguir los órganos reguladores autónomos como lo son, todavía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), mientras que el Centro Nacional de Control de Energía que había sido separado del organismo del gobierno, ahora, con la propuesta de reforma, se vuelva a incorporar. En la actualidad el sector privado ya produce más energía que la CFE.
Lo expuesto hasta ahora, en relación a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica nos lleva a una vuelta al pasado, al control monopólico del Estado y desdeña la producción de energías limpias con una clara afectación al medio ambiente, lo que sin duda golpeará más a la población en materia de salud y desde luego económica, por no decir que México incumplirá con múltiples tratados interacionales en materia ecológica e inclusive económica, y de paso ignora el llamado que se está haciendo en todo el mundo ante el dramático cambio climático y sus consecuencias, algunas ya presentes y otras peores que se avecinan. Adicionalmente se establece que solo la CFE tendrá a su cargo el servicio de abastecimiento de energía eléctrica que, en su caso, podrá ser adquirida por esta Comisión a la propia iniciativa privada.
Esto no acaba ahí. En la iniciativa de reforma se propone la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados así como de aquellos contratos de compraventa de electricidad celebrados con empresas privadas, descartando también cualquier solicitud privada pendiente de resolución. Y para rematar, por igual se cancelarán los llamados Certificados de Energías Limpias. También la CFE será quien determine tarifas, tanto de las redes de transmisión como las que determinarán las facturas de los usuarios.
En suma, la pretendida reforma implicaría un regreso al control absoluto del Estado en la generación de energías, lo que impedirá acceder a las nuevas tecnologías que incorpora la iniciativa privada y, por ende, seguiremos contaminando nuestro ambiente. Desde luego que los costos no podrán disminuir salvo que las tarifas terminen subsidiándose con una postrera afectación a nuestra economía, de magnitud catastrófica.
Una vez conocida la iniciativa, al ya haber sido presentada al Congreso de la Unión, los partidos de oposición PAN y PRD, este último que había votado en contra en la reforma de 2013, ahora, sin dudar, inmediatamente expusieron su posición respecto de la reforma enviada por Andrés Manuel López Obrador, manifestando sin duda alguna que no la apoyarán; sin embargo, el PRI, el gran creador, motivador e impulsor de la reforma de 2013, ahora duda y manifiesta que la pondrá a consulta, emitiendo el siguiente comunicado:
“Como parte de la revisión y análisis de la iniciativa, el partido y el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, con su coordinador Rubén Moreira Valdez, convocarán a foros de discusión y debate en torno a su contenido, con la participación de expertos y representantes de los diversos sectores económicos y sociales del País”.
El número de diputados que se requieren para obtener las dos terceras partes y que avance la reforma constitucional en la Cámara de Diputados es de 334 legisladores. MORENA en conjunto con sus partidos satélite, a saber, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo suman 278 votos, pero se requieren 56 votos más.
El PRI cuenta con 71 diputaciones, y la postura que está demostrando deja dudas, adicionada a la mención del propio presidente López Obrador, quien en la mañanera del día 8 de junio manifestó que probablemente lograría una alianza con ese partido. Todo ello hace pensar en la posibilidad de que esto ya haya sido pactado o por lo menos puesto en la mesa sobre quién sabe qué amenazas, canonjías o perdones. He aquí lo que dijo en esa mañanera:
“Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional”.
El otro partido que pudiera obsequiarle votos a MORENA sería Movimiento Ciudadano, aunque únicamente cuenta con 23 escaños por lo que necesariamente se requieren los votos del PRI.
Debemos recordar que el 9 de marzo de 2021 se publicaron las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica, sobre la cual los Senadores de los partidos de oposición, entre ellos los del PRI, promovieron acción de inconstitucionalidad aduciendo que las reformas a diversos artículos de esa ley iban en contra de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y de varios tratados internacionales, además de violarse los derechos humanos de los mexicanos. Tales artículos constitucionales habían sido reformados con el fin de permitir la inversión privada, privilegiando el uso de energías limpias. Por eso no se entendería que ahora este partido votara en contra de toda su política, inclusive, sosteniéndola a través de la acción de inconstitucionalidad a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica ya referida, promovida apenas el pasado mes de abril, por lo que la duda que genera el PRI de ahora NO posicionarse tajantemente en contra de ella, hace perder la tranquilidad que se había logrado con el resultado de las elecciones de junio de este 2021.
La paternidad solo se desconoce cuando hay duda acerca de quién engendró al hijo, pero desconocerlo a sabiendas de que sí es tu vástago, realmente es deplorable. Esperemos que el PRI no sea un padre negado, que se merezca los peores calificativos. ¿Desconocerá a su hijo?
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