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La “Doctrina Estrada” a contentillo de nuestro presidente

28 de junio, 2021

México se abstuvo de firmar una declaración conjunta emitida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que 59 países firmantes condenaron la violación de Derechos Humanos en Nicaragua e instaron a la celebración de elecciones libres así como a la “liberación inmediata” de los opositores detenidos en ese país. De igual forma, ante la Organización de los Estados Americanos, además de abstenerse nuevamente en conjunto con Argentina, expresó su desacuerdo con la postura adoptada por algunos países, señalando que dejan de lado el principio de no intervención de los asuntos internos de terceros, pretendiendo inclusive imponer pautas desde afuera en procesos electorales.

He escuchado constantemente en este gobierno, a través del presidente de la República que nuestro país mantiene la postura de respeto a los gobiernos extranjeros, bajo la premisa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias, como principios consagrados en la fracción X del artículo 89 de nuestra Constitución, específicamente en la parte en que determina las facultades y obligaciones del titular del Ejecutivo. Pero en mi opinión, la negativa de nuestro país a condenar la violación a los Derechos Humanos en otras naciones, como lo que está sucediendo en Nicaragua, de ninguna forma puede encuadrarse en la obligación plasmada en nuestro máximo orden legal.

Estos principios rectores constitucionales establecidos en relación a la política exterior que debe observar México, son el reflejo de la llamada Doctrina Estrada, a la que también López Obrador hace referencia cuando se le cuestiona sobre la postura de nuestro país sobre los acontecimientos internacionales que tienen que ver con el gobierno de otras naciones. La Doctrina Estrada es un posicionamiento que tuvo el Estado Mexicano a través de un comunicado en el año de 1930, suscrito por Genaro Estrada Félix, Secretario de Relaciones Exteriores, en el que se expuso lo siguiente:

Con motivo de los cambios de régimen ocurridos en algunos países de América del Sur, el gobierno de México ha tenido la necesidad, una vez más, de decidir la aplicación, por su parte, de la teoría llamada de reconocimiento de gobiernos.

Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido, como pocas naciones hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina, que deja al arbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con este motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades, parece supeditarse a la opinión de extraños.

La doctrina de los llamados reconocimientos ha sido aplicada, a partir de la Gran Guerra, particularmente a naciones de este continente, sin que en muy conocidos casos de cambios de régimen en países de Europa los gobiernos de las naciones hayan reconocido expresamente, por lo cual el sistema ha venido transformándose en una especialidad para las repúblicas latinoamericanas.

Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno mexicano ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir, favorablemente o de manera adversa, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros.

En consecuencia, el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere adecuado, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Naturalmente, en cuanto a las fórmulas habituales para acreditar y recibir agentes y canjear cartas autógrafas de jefes de Estado y cancillerías, continuarán usándose las mismas que hasta ahora, aceptadas por el derecho internacional y el derecho diplomático.

Genaro Estrada Félix, Secretario de Relaciones Exteriores

27 de septiembre de 1930

Sí, en el año 1930, hace casi un siglo, época en que los gobiernos caían y se levantaban por múltiples motivos, menos los democráticos, entre ellos los de México, y con motivo de la Primera Guerra Mundial, que primeramente se le llamó “La Gran Guerra” (“La Grand Guerre” y “The Great War”), se requería que las naciones extranjeras reconocieran a cada gobierno que tomaba el poder en cada país para que tuviera una legitimidad internacional.

México tuvo que pasar por esos “reconocimientos” o decisiones de “legitimidad” por extraños, es decir, por otros países y, ante ello, este posicionamiento establecido por Estrada Félix tiene como punto toral el no emitir pronunciamiento en el sentido de otorgar reconocimientos a gobiernos extranjeros, al considerarlo una práctica denigrante que atenta contra la soberanía de otras naciones, limitándose a mantener o retirar a los agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades.

Luego entonces, nuestra Ley Fundamental y la Doctrina Estrada, promulgan que México debe abstenerse de pronunciarse sobre el reconocimiento de la legitimidad de gobiernos de otras naciones, pero eso no le impide a nuestro presidente que se pronuncie sobre la violación a Derechos Humanos que se adviertan en países extranjeros.

Parece ser que no existe consciencia de la Carta Universal de los Derechos Humanos de fecha 10 de diciembre de 1948, esto, después de la Segunda Guerra Mundial, suscrita y ratificada por México, en la que en su preámbulo se consideró, entre otros sentimientos universales, que:

“… el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad…”

“… un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias…”

“… el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”.

Lo anterior, bajo el compromiso de los Estados Miembros de asegurar, en cooperación con la ONU, el respeto universal y efectivo a los Derechos Fundamentales del Hombre. Por tal, esta concepción común de derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, por lo que se proclamó esa Declaración como ideal común para todos los pueblos y naciones, estableciéndose, entre otros, los siguientes artículos de la mencionada Declaración que estatuye lo siguiente:

“Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

“Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.”

“Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.

Entonces, cuál es la razón por la que México no se pronuncie sobre la violación a Derechos Humanos, así como en relación a que se realicen elecciones libres y democráticas, bajo el falso eslogan de “La Doctrina Estrada”, la cual vimos menospreciada, olvidada, ignorada, en fin, desdeñada por Andres Manuel López Obrador, en una franca violación a la prohibición constitucional de no intervenir en la autodeterminación de los pueblos. Cabe recordar cuando Evo Morales renunció a su cargo de presidente en Bolivia y México lo invitó a refugiarse, trasladándolo a nuestro país con una aeronave de la fuerza Aérea Mexicana, a la que incluso no se le permitió volar por los espacios aéreos de algunos países; ello, sin lugar a dudas, sí implicó una acción directa de intervención que está prohibida por nuestra Constitución.

Ya es la hora de atender el nuevo orden mundial y los tratados que suscribimos, así como cumplir con la política exterior mexicana ordenada en nuestra Carta Magna, honrando el compromiso con la comunidad internacional y, más aún, con el Hombre mismo. Sin embargo, bajo el cinismo y conveniencia de un solo hombre, nuestro presidente, quien decide no pronunciarse ante la evidente violación de derechos humanos como sucede en Nicaragua, y, en contrario, sí interviene en la vida interna de otros países, esto, en mi opinión, implica el uso de la “Doctrina Estrada” a contentillo.

Ademas:

Lo inútil nos cuesta / Por Eduardo Sodi | Ruiz-Healy Times (ruizhealytimes.com)

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