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Jueces y abogados, ¿a quién sirven?

16 de marzo, 2021

Estos días de semiencierro, en los que vamos medio volviendo a la vida, es buen tiempo para replantearnos el futuro al que aspiramos. En ello estaba cuando vi una película de esas de cine en casa, para no usar anglicismos innecesarios: El Juicio de los 7 de Chicago. Es una magnífica cinta sobre los años de la resistencia contra la absurda y criminal guerra de Vietnam. No le arruinaré la sorpresa al respetable, pero vale la pena para ayudarnos a entender el tiempo en que vivimos; el retrato de los acusados que se valen de la ley para presentar argumentos revolucionarios y de un juez venal e incompetente que, lejos de resolver, enreda el asunto hasta que se le desbarata en las manos. Todo ello me remitió a la tarea de la ley, el juez y el abogado.

Uno de los artefactos jurídicos y políticos más interesantes de las democracias es la división de poderes. Los jueces sirven al sistema jurídico, a la legalidad y solo a ese principio rinden cuentas; por eso no votamos para elegirlos, porque nos repugnan los jueces con compromisos que van más allá de la ley (como el jefe político, el amo o el elector). Cuando los otros dos poderes cuestionan al juez se dan un balazo en la pierna, se inmovilizan, porque el juez está llamado a validar los actos de los otros dos poderes, a verificar que las relaciones entre los ciudadanos y de ellos con el gobierno estén dentro del marco de la Ley.

Cuando un juez sentencia en contra del gobierno, aunque las causas éticas, políticas o ideológicas sean favorables al pueblo, la nación, la patria o como quiera que se le llame a la razón de Estado, el error no es del juez, sino del marco legal con el que debe trabajar y con el que está comprometido; si lo que no marcha es el marco legal, el Ejecutivo dispone de relaciones con el Legislativo en el cual hay miembros de su partido que deben legislar, convencer y lograr leyes que dentro del marco jurídico le permitan alcanzar sus objetivos. Los límites son los derechos de los ciudadanos, la Constitución y los tratados internacionales. El juez no traiciona cuando falla en uno u otro sentido: su amo es el marco jurídico.

El abogado, por su parte, tiene dos jefes: el marco jurídico dentro del que debe moverse y su cliente. En este caso, la palabra cliente no corresponde a la idea del que compra algo, sino a la situación de protección bajo la que se acoge al consultar un abogado, de ahí vienen el secreto profesional, la no confusión de intereses y la necesaria pericia del abogado. La palabra viene de la “clientela”, que eran todos los miembros de la familia que vivían bajo la protección del pater familias en Roma. En un sistema jurídico mínimamente civilizado, hasta el más infame de los criminales tiene derecho a un juicio y a una defensa. El que patrocina al cliente no traiciona a la ley, a su patria ni a nadie y cuando siente que sus valores están siendo puestos en duda, debe renunciar a la defensa, pero el Estado tiene que vigilar que en ese extremo nadie se quede sin defensa y procurarle una que sea libre y eficaz. Vamos a un ejemplo extremo. Eichmann, el artífice del Holocausto, fue juzgado en Jerusalén. Tuvo un abogado y a nadie se le ocurrió decir que éste traicionara a la humanidad, a los judíos o al Estado de Israel. Es un principio de civilización.

Existe, sin embargo, otro sistema al que llamamos justicia revolucionaria y es un dispositivo jurídico de emergencia. Cuando todas las normas se han roto, cuando el sistema se ha hundido y un grupo ha logrado hacerse con una parte significativa del poder y debe consolidarse incluso por la violencia, establece abogados y jueces revolucionarios. Sucedió en México, en Cuba y en la URSS. Ahí los jueces tienen otro jefe y es la revolución. Su cometido es someter y anular a sus enemigos, encontrar las mejores razones para omitir y suprimir a quienes se oponen al progreso revolucionario. Se trata de un estado necesariamente transitorio porque es injusto pero necesario. Puede ser cruel e irracional, pero es parte de las revoluciones que tienen su propia lógica. Cuando se acusa a un abogado de traicionar a la ley, a la patria o al pueblo, cuando se duda del juez tan solo por la razón de su dicho, entonces rozamos los tribunales revolucionarios y digo, nomás para saber dónde estamos parados: el dispositivo es peligroso, altamente explosivo y no debe invocarse si no se está dispuesto a asumir todo lo que contiene como la destrucción del sistema jurídico tal y como se le conoce en su momento.

Y para terminar, los ciudadanos, que son los amos del sistema en una democracia; por situaciones como estas no podemos seguir aplazando la discusión de la colegiación obligatoria de los abogados ni la sociedad puede permanecer silenciosa cuando cualquiera de los poderes se excede respecto de otros. Cuando la sociedad participa y es escuchada y el gobierno retrocede y corrige, estamos en una democracia, en una transformación y no en una revolución. Todo está en elegir y ser claros para decir qué es lo que hemos elegido.

@cesarbc70

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