Con esta sentencia un grupo de madres y padres de desaparecidos, buscaba información sobre las fosas clandestinas encontradas en Chiapas. Según el decir de testigos, en los municipios de Frontera Comalapa, Suchiate y la costa se han encontrado una cantidad, todavía no determinada por las autoridades, de los restos humanos que se han encontrado.
Los familiares de desaparecidos ven con agradecimiento que ahora el actual gobernador Eduardo Ramírez sí los escuche en sus reclamos que en el sexenio anterior se perdían en la soberbia de Rutilio Escandón.
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Lo que ya se inicia a comentar entre la Vox Populi es que la lucha por el poder entre las facciones del expresidente López Obrador y la actual Presidenta Claudia Sheinbaum se está dando desde las entrañas de nuestro México, en los estados de Chiapas y el Estado de México. Tan es así que en esta estrategia se vea que las acciones de justicia ya están amenazando la impunidad de la que gozaban empresarios y hoy presidentes municipales de esos estados.
¿Cuándo se iba a ver que fuera a caer un presidente municipal? Me preguntaba una “doñita” en el mercado Estación de Tapachula. Así muchos están esperando que las investigaciones lleguen hasta las expresidencias de Suchiate y las actuales presidencias municipales por no denunciar, sino que se quedan callados o son ignorantes cómplices que se hacen la vista gorda en los municipios que comenzaron a gobernar desde octubre.
Así, la actitud de muchos presidentes municipales actuales y expresidente es de curarse en salud alabando las acciones policiales y contra la impunidad que ha iniciado el Gobierno de Eduardo Ramírez, pasando lo mismo en las autoridades de municipales del estado de México. Piensan que así se salvarán de ser investigados. Me comentaba ayer un alto funcionario de la Fiscalía de Chiapas que las actuales presidencias de municipales deben de ser las que denuncien personalmente los delitos, si no caerán como responsables del delito.
El tema de los desaparecidos es el que más atemoriza a las comunidades y en Chiapas, una de las regiones más diversas cultural y geográficamente de México, enfrenta una creciente crisis de desapariciones. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado ha visto un aumento alarmante en el número de personas desaparecidas en los últimos años. Esta situación afecta tanto a locales como a migrantes en tránsito, exacerbada por factores como la violencia, la impunidad y la presencia de grupos delictivos.
El municipio de Tapachula, ubicado en la frontera sur, se ha convertido en el epicentro de esta problemática, además epicentro de la percepción de inseguridad a nivel nacional. Con su posición estratégica en las rutas migratorias, Tapachula no solo alberga a miles de migrantes, sino que también es un territorio en el que operan grupos criminales dedicados al tráfico de personas, extorsión y otras actividades ilícitas. Según cifras recientes, este municipio encabeza los reportes de desapariciones en el estado, desplazando a la capital, Tuxtla Gutiérrez. En el último año, los casos en Tapachula aumentaron de 132 a 166, lo que refleja una tendencia preocupante.
Además de los migrantes, las mujeres jóvenes y los menores de edad constituyen un grupo especialmente vulnerable. En Chiapas, el 70% de las desapariciones de mujeres corresponde a adolescentes, una realidad que apunta a patrones de violencia de género y explotación. Municipios como San Cristóbal de las Casas también han reportado un incremento en casos, lo que muestra que esta crisis no se limita a una sola región del estado.
A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta institucional del antiguo gobierno fue limitada. Familias de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de recursos, capacitación y voluntad política para enfrentar el problema. Las fiscalías locales carecen de protocolos efectivos de búsqueda e investigación, mientras que la impunidad sigue siendo la norma.
La complejidad de la crisis requiere acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno. Se necesitan políticas públicas que fortalezcan los registros de personas desaparecidas, promuevan la capacitación de las autoridades y garanticen la protección de las víctimas y sus familias. Además, es urgente que se atiendan las causas estructurales que generan este fenómeno, como la pobreza, la violencia y la corrupción.
Chiapas no puede seguir siendo un terreno fértil para la desaparición y el olvido. El llamado es claro: la justicia y la seguridad deben ser prioritarias para detener esta tragedia humana.
Este reclamo seguirá si el gobierno de Eduardo Ramírez no combate también la guerra en redes que siembra la percepción de miedo y hoy están sembrando la percepción de que no se está haciendo nada de nuevo.
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