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INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE 31 CIENTÍFICOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONACYT

La FGR solicitó una orden de aprehensión contra 31 investigadores del CONACYT. A continuación se cuentan los pormenores de este caso.

24 de septiembre, 2021

Eduardo Sodi

INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE 31 CIENTÍFICOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONACYT

El Juez Gregorio Salazar Hernández, Juez de Control del Centro Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, a quien se le turnó la causa penal 299/2021, negó la orden de aprehensión en contra de 31 científicos servidores públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en su carácter de integrantes del Foro Consultivo Científico Y Tecnológico, A.C.

La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía General de la República. La petición se pretendió sostener en la carpeta de investigación por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como delincuencia organizada bajo la modalidad de lavado de dinero. Dentro de su acusación y por lo manifestado en diversos medios, la F.G.R. manifestó que la asociación se creó para delinquir.

La Fiscalía General de la República ha manifestado que seguirá insistiendo para que se sujete a proceso a esos científicos, sosteniendo que su acusación está bien realizada y que cuentan con los elementos para que se otorguen las órdenes solicitadas, exponiendo incluso que el Juez no había captado bien la acusación.

Debe decirse que la asociación civil fue creada bajo la protección e instrucción del Estatuto Orgánico que en términos del artículo 22 se constituyó el citado Foro Consultivo, lo que también tiene sustento en el artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Incluso el artículo 8º del Estatuto, contempla como parte integrante de los órganos del CONACYT para el despacho de sus asuntos. Existe el antecedente de que el Foro Consultivo promovió demanda de amparo para que le fueran otorgados los recursos que les habían sido suspendidos desde el año 2019.

En el amparo se reconoció la legalidad de la existencia de la citada asociación civil, otorgándose una suspensión para que el CONACYT siguiera proporcionando los fondos económicos. El CONACYT no cumplió con la suspensión y por tal razón, el Juez de Distrito denunció la conducta por la posible comisión de delito, iniciándose una carpeta de investigación que no ha sido resuelta.

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