Huérfanos: entre la invisibilidad y la burocracia

Las políticas de estado tendrán que revisarse en aras de hacer de los niños objetos de un real interés superior. 

3 de noviembre, 2022

De los muchos problemas que México tiene en gestión de la información, la relativa a la cantidad de menores en orfandad, es una de las que más evidencia nuestra ausencia de leyes y mecanismos eficaces para saber cuántos somos, dónde estamos y cuáles son nuestras carencias como nación. 

Explicado de otra forma, en el tema de la orfandad no hay datos precisos de cuántos infantes se encuentran en esta condición, no solo porque la cifra se mueve todos los días, sino porque el Estado no ha generado estructuras para que los datos pasen de lo estimado al dato comprobado para que se pueda utilizar en la toma de decisiones y en su incorporación a la política pública sobre el particular.

La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres del 2015, de la UNICEF, arrojó que el 5% de los menores de 18 años había perdido a uno o a ambos padres. Tiempo después, en el 2017, el Senado de la República informaba, a su vez, citando a la UNICEF que en México había 1.6 millones de niñas y niños en orfandad. La revista de la Cámara de Diputados presenta la estimación de orfandad por feminicidios para el 2018 en 3 mil 300.

Por otra parte, los datos estimados de orfandad por COVID 19 de acuerdo con el SNDIF era de 118 mil, haciendo referencia a un estudio organizado entre el DIF Nacional, los estatales, la UNAM y la FAO. El Senado por su parte, en octubre del 2021 hablaba de 131 mil 325 que habían perdido a uno o a sus dos padres por la pandemia e informaba sobre la beca de 800 pesos a menores en esta situación. 

Durante este año, en febrero, El Economista presentaba una estimación de 244 500 huérfanos a causa de la pandemia, citando al estudio del Senado y añadía entre 30 mil y 40 mil por violencia.  Apenas un par de meses después, en abril, El Universal estimaba la cifra de menores en orfandad por violencia en 50 mil. Tal vez el dato más exacto, en medio de tanto número, es que México ocupa el segundo lugar en niños y niñas huérfanos a nivel América Latina. 

En conclusión, no sabemos cuántos menores hay en orfandad porque no tenemos sistemas de generación de información precisos, en consecuencia, la atención se torna aún más complicada de lo que ya es de por sí la situación. Hace falta que el interés superior de la niñez pase del texto legislativo a su implementación como política pública, con fuentes de información precisas y recursos adecuadamente aplicados. 

Legalmente hay dos alternativas para hacer valer el derecho del niño a una familia y a un desarrollo emocional pleno, los hogares de acogida temporal y la adopción. La primera es, como su nombre lo indica, la gestión de un hogar que durante un tiempo determinado, ofrecerá al menor una vivienda y un ambiente familiar para su desarrollo en tanto se define la familia que deberá adoptarlo. La adopción es el asumir de forma permanente las obligaciones y los derechos de crianza de un menor, la incorporación de un infante no necesariamente ligado biológicamente a la familia receptora quien se responsabiliza ante la sociedad de su cuidado y desarrollo. 

En ambos casos hay que superar los tiempos de espera y la tramitología que pareciera ser indisoluble en la cultura nacional. Tanto instituciones oficiales como asociaciones civiles dedicadas a la gestión de hogares para los menores se enfrentan a trámites y a un desinterés que en los hechos, vuelve invisible el tema de la orfandad. 

Aun así, asociaciones civiles como Efecto Esperanza lograron gestionar hogares de acogida temporal para menores en la pandemia e incluso han apoyado a menores migrantes consiguiendo familias temporales para posteriormente ser repatriados. 

Prevenir una mayor afectación emocional en la vida del menor que queda huérfano, sobre todo en el caso de la ausencia de los dos padres, es importante para salvaguardar sus derechos a un desarrollo pleno. Incentivar la participación de la sociedad en los programas de hogares de acogimiento y adopción es necesario para lograr el objetivo de la prevención de la afectación emocional. 

Los apoyos económicos a los menores, el impulso a la formación de más asociaciones civiles y fundaciones dedicadas a la gestión de familias para los niños y niñas en orfandad, así como la revisión constante del marco jurídico sobre el particular son parte fundamental de la constitución de una política pública clara. 

Conviene reorientar el proceso, reducir tiempo agilizando la gestión de la documentación necesaria e invertir más recursos y tiempo en la capacitación a padres potenciales de incorporarse a los programas de acogida temporal o adopción, es preciso construir una cultura de la adopción del menor, que en condición de orfandad queda vulnerable y factible de ser incorporado a bandas delictivas o de explotación sexual. 

El golpe a la niñez de los últimos años ha sido fuerte, pandemia, violencia, crimen organizado. Las políticas de estado tendrán que revisarse en aras de mantener garantizados sus derechos y hacer de los niños objetos de un real interés superior. 

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También descubre:
Somos lo que leemos – “Pura pasión”, un libro que te llevará al límite (ruizhealytimes.com) Un jurista debe analizar exclusivamente si se actualizó o no el supuesto de la norma, y en tal virtud, si se generan o no consecuencias jurídicas. Si se desvía la atención haciendo consideraciones morales, filosóficas, axiológicas, políticas, religiosas, sociológicas, etcétera, el jurista entrará al terreno de la especulación. Kelsen observa que la justicia es subjetiva, es decir, depende de la opinión y del parecer de las personas, lo mismo que la moral y los valores (axiología); y ni hablar de política y religión. Por lo tanto no hay que considerar si una norma jurídica es justa o no, pues eso es especulativo, sino si es válida o no conforme al sistema. La “justicia” de las normas no importa. 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