El pasado 3 de noviembre se llevó a cabo la elección en Estados Unidos de América que definió al Presidente y Vicepresidente de esa nación para el período 2021-2025. Junto con la elección presidencial, los americanos renovaron el total de miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de los miembros del Senado de ese país. Gracias a las diferentes modalidades permitidas para votar, y a pesar de la pandemia que azota al mundo, un 66% del listado electoral asistió a las urnas para expresar su voluntad. Tres consideraciones merecen discutirse: 1) el proceso mismo y su resultado en términos de los equilibrios político/sociales de esa nación; 2) los cambios que traerá en la agenda bilateral y multilateral entre México y Estados Unidos; 3) y la respuesta del gobierno mexicano ante los resultados anunciados el pasado 7 de noviembre.
El resultado electoral fue más cerrado de lo que los expertos y encuestadores oficiales predijeron. Al anunciarse el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en la contienda presidencial, su mayoría en votos electorales era de tan solo 279 a 214 sobre la dupla Trump/Pence. A la fecha de este escrito, el ganador en la contienda presidencial, Joe Biden, contaba con una diferencia de votos electorales de tan solo 76 (290-214), muy por debajo de lo que se había proyectado antes de la elección. De mayor importancia es el hecho de que el Partido Demócrata perdió asientos en la Cámara de Representantes y no parece haber logrado una mayoría en la Cámara de Senadores; la proyección ahora es 50 republicanos, 48 demócratas y dos a disputarse en enero de 2021 en el estado de Georgia.
Podemos mencionar cuatro razones para este resultado. 1) la estridencia de la izquierda demócrata (encabezada por personajes como Bernie Sanders, Elizabeth Warren y el llamado “Escuadrón Femenil” integrado por Ocasio-Cortez, Omar, Pressley y Talib) que con sus posiciones radicales asustó a muchos votantes independientes con temas sociales que afectan a esa nación; 2) los ciudadanos para quienes el voto está ligado al logro del “tema único” (aborto, etcétera); 3) los miembros de la clase media para quienes las reducciones fiscales y regulatorias marcan la mejoría de su nivel de vida; 4) y los radicales de derecha para quienes Trump representa los valores con los cuales comulgan.
El menosprecio del Partido Demócrata hacia estos elementos condujo a los resultados que hoy permiten cuestionar el proceso electoral (retos legales encabezados por Trump y la dirigencia del Partido Republicano), negar la validez del triunfo de Biden y Harris (cuestionamiento entre grupos extremos de la población), y no permiten que el equipo de transición del presidente electo se concentre en definir un programa de medidas de aplicación inmediata para combatir la pandemia del Covid-19 y estimular la economía al arranque de la administración Biden/Harris. Hasta el día de hoy, parecería que este equipo estará concentrado en defender jurídicamente el triunfo obtenido el pasado 3 de noviembre ante los cuestionamientos que presentarán Trump y su equipo legal. Más preocupante aún es el hecho que este proceso de litigación en tribunales puede conducir al país a severos disturbios sociales cuyos efectos dificultarían enormemente el arranque del gobierno de Joe Biden.
La agenda bilateral y multilateral México/Estados Unidos tendrá una gran diferencia comparada a la mantenida hasta el momento por el gobierno de la 4T y el gobierno de Trump. Los compromisos ambientales, laborales y de protección a la inversión firmados por México bajo el Acuerdo de París y el T-MEC, tomarán precedencia en la relación bilateral. El gobierno de López Obrador deberá repensar su programa energético, migratorio y de respeto a los derechos humanos y ambientales e intentar discutirlo con el equipo de transición de Biden. De no hacerlo, la relación entre ambos gobiernos se verá complicada ante una aplicación rigurosa del gobierno de Biden en cláusulas existentes de protección a trabajadores e inversionistas extranjeros bajo el T-MEC, o por declaraciones como grupos terroristas de los cárteles delictivos mexicanos operando en territorio americano, o, finalmente, peticiones del gobierno americano en el CSONU para aplicar sanciones a regímenes autoritarios que violen derechos humanos y democráticos de sus ciudadanos.
La actitud del gobierno mexicano no augura buenos resultados respecto lo anterior. Ante la declaración hecha por los medios americanos del triunfo electoral de Biden, AMLO manifestó públicamente que México no podía reconocer aún el triunfo de Biden porque “queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno. Entonces, queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección de Estados Unidos”. Dicha declaración sorprendió a legisladores demócratas y seguramente fue anotada por el equipo de campaña y asesores cercanos de Biden.
No existe explicación para esta declaración. El gobierno mexicano que en octubre de 2019 aprobó, sin dudar ante los cuestionamientos legítimos de la oposición, la victoria electoral de Evo Morales en la primera vuelta de las elecciones de Bolivia, hoy se manifiesta incapaz de reconocer el triunfo electoral de Biden ante los endebles argumentos presentados por Trump respecto a “un posible fraude electoral en ese país”. Con sus palabras, ante el resultado electoral de los Estados Unidos, López Obrador incrementó innecesariamente el nivel de fricción entre su gobierno y el de Biden, fricción que había iniciado con su viaje a Washington el pasado julio de este año en aparente respaldo a la relección de Trump. Si el equipo de Biden tenía alguna duda respecto a la preferencia electoral de López Obrador, la declaración del pasado 7 de noviembre no deja lugar a dudas respecto a ello; declaración que, aun cuando se haya dicho de buena fe, tendrá altos costos para la recuperación económica de México a partir del año 2021. ¿Alguien que aconseje a López Obrador?
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