Andrés Manuel López Obrador, un individuo a quien lo único que le importa es él y solo él, insiste en que se lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato establecido en nuestra Constitución a partir de su reforma del 20 de diciembre de 2019. Pese a que en las últimas encuestas se alza con 65% de aprobación, su arrogancia, vanidad, y necesidad de ser aplaudido es tal que promueve diariamente su deseo de que se realice este ejercicio electoral que es de exclusiva decisión de los ciudadanos. Nadie pretende removerlo de su cargo, pero el narcisista de López Obrador, sin importarle el costo, pretende despilfarrar miles de millones de pesos para satisfacer su ego.
Su necesidad de ser ratificado, que de ninguna forma revocado, ha hecho que toda la maquinaria del partido en el poder –MORENA– esté tratando de recabar firmas para lograr el porcentaje que se requiere y así llevar al cabo esa elección inversa, esto es el 3% de la lista nominal de electores. Dichas firmas deben de corresponder a su vez al 3% respecto de cada una de las listas de 17 entidades de la República Mexicana; luego entonces de un padrón electoral en número de 93 762 780 ciudadanos registrados (con corte al 30 de julio de 2021), se requiere que 2.8 millones de ciudadanos distribuidos en la República Mexicana firmen la solicitud. En su premura por conseguir esas firmas, se han detectado que decenas de miles de ellas son falsas.
Insisto, este procedimiento está dirigido a los ciudadanos y no a los partidos políticos, menos aún para satisfacer al presidente de la República. Este derecho, exclusivo de los ciudadanos, le ha servido a AMLO para atacar constante y directamente al Instituto Nacional Electoral con el fin de destruir tanto a sus Consejeros como al propio Instituto. Comenzó ordenando a los legisladores de MORENA y aliados que no le aprobaran el presupuesto solicitado por el INE para realizar este ejercicio de urnas. En vista de ello se generó una imposibilidad presupuestaria que no le permitiría cumplir a la autoridad electoral lo establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato. En su artículo 41, dicha ley ordena que se instalen las mismas casillas que en la elección anterior (alrededor de 162 mil) y, desde luego, deberá capacitar a los funcionarios de casillas e imprimir boletas con los sistemas de seguridad necesarios, entre muchas acciones más con un costo que el Instituto calculó en 4500 millones de pesos, mismos que no le aprobó la Cámara de Diputados.
Ante el recorte presupuestal solicitado, el INE promovió una Controversia Constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara en sentencia la entrega del presupuesto necesario. Asimismo en su demanda, el INE solicitó que se suspendiera su obligación de continuar con los trámites y procedimientos hasta que el asunto se resolviera en definitiva. La Corte no concedió la suspensión bajo el argumento de que en tanto no se cumpliera el requisito del número de firmas, no existía una obligación actual e inminente de realizar el procedimiento. Una decisión técnicamente impecable. A consecuencia de la negativa del Máximo Tribunal de suspender el procedimiento de revocación de mandato, los Consejeros del INE, por mayoría de seis a cinco, emitieron como órgano autónomo un Acuerdo por el cual se suspendían algunas, no todas, las etapas del proceso para esta revocación; esto, hasta en tanto se resolviera el fondo de la controversia promovida.
Derivado del Acuerdo del INE, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, promovió una Controversia Constitucional, pero por el periodo vacacional decembrino solo se encuentra funcionando una Comisión de Receso de la SCJN, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat quienes admitieron la controversia y otorgaron una suspensión para que no surtiera efectos el Acuerdo del INE. Por ello, las ministras ordenaron al Instituto continuar con el procedimiento de revocación de mandato en todas sus partes, al considerar que ese órgano electoral cuenta con 1503 millones de pesos del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y, con base en esa cantidad, debe de hacer los ajustes que resulten necesarios para llevar a cabo esta “elección inversa”.
Con esta decisión, el Instituto Nacional Electoral tendrá que continuar con la revocación de mandato ajustando su presupuesto, procedimiento electoral que solo está siendo impulsado por Andrés Manuel López Obrador, a quien no le importa gastar miles de millones de pesos para ser aplaudido. Ante el porcentaje tan alto de aprobación que tiene a la fecha, es evidente que la mayoría de los ciudadanos no tienen intención de removerlo de su cargo, al ser incuestionable que no le han perdido la confianza. Pero tal cosa no le importa a AMLO, pues incluso aferrado a esta incongruencia política, también intenta destruir al INE, no obstante que este Instituto llevó a cabo las elecciones en las que fue electo presidente.
Narcisista, ególatra, megalómano y egoísta al usar recursos del pueblo para su propia satisfacción individualista sin importarle el daño ni a la economía ni a la democracia del país, menos a las instituciones que la protegen. A nadie le interesa revocarle el cargo, pero él quiere su ratificación.
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