El conflicto internacional y doméstico por el agua 

La entrega de agua al Río Grande tiene su fundamento en el Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos firmado en 1944 y ratificado por el Senado mexicano en septiembre de 1945.  Bajo ese tratado,...

22 de septiembre, 2020

La entrega de agua al Río Grande tiene su fundamento en el Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos firmado en 1944 y ratificado por el Senado mexicano en septiembre de 1945.  Bajo ese tratado, México se compromete a proporcionar cada cinco años al caudal del Río Bravo (frontera entre ambos países) 2158 millones de m³ de agua procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de Las Vacas. A cambio, Estados Unidos debe entregar 1850 millones de m³ anuales de agua a México procedente del Río Colorado para irrigación en Baja California. El tratado especifica que, de no cumplirse con dichas cantidades en el plazo quinquenal establecido, el faltante de agua tendrá que ser cubierto en el siguiente ciclo quinquenal. El no cumplimiento del caudal comprometido por México ha sido causa de conflictos permanentes entre ambas naciones a través de los años; hoy no es la excepción. Lo que es excepcional es que por primera ocasión un gobierno mexicano antepuso los intereses americanos a los mexicanos, dejando en claro que prefiere tener un conflicto doméstico antes que con el gobierno de Donald Trump. 

Examinemos tres aspectos que muestran la naturaleza de los intereses del gobierno de la 4T. 

El primero es la débil respuesta del gobierno mexicano a la amenaza proferida por el gobierno americano.  En una nota diplomática recibida por la cancillería mexicana, el gobierno americano nos amenazó al indicar que, de no cumplir México con su obligación, el gobierno de Estados Unidos renegociaría los términos del tratado. En respuesta, a través de la Directora de la Conagua, el gobierno mexicano expresó que “no era posible postergar el cumplimiento de nuestra obligación debido a que el ciclo anterior, que concluyó en 2015, cerró con un retraso, lo cual no puede ocurrir en dos ocasiones consecutivas”.  A este gobierno se le olvidó que, enfrentados ante amenazas similares, gobiernos anteriores no cedieron en perjuicio de los agricultores mexicanos, sino que negociaron una solución que protegiera los intereses de ambas naciones. La rápida rendición del gobierno actual quedó demostrada en la entrega inmediata, el 24 de agosto, del 100% del volumen correspondiente de las otras dos presas involucradas en la retención del agua del Río Conchos: Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y Luis L. León (El Granero). La decisión se tomó sin consultar a los agricultores mexicanos que serían perjudicados por dicha entrega.  

El segundo aspecto a considerar es el ataque del gobierno mexicano a los agricultores chihuahuenses perjudicados. La entrega del agua de las presas mencionadas anteriormente no fue suficiente, por lo que el gobierno federal decidió entregar 105.9 millones de m³ del agua retenida en la presa La Boquilla para cumplir plenamente con el compromiso del tratado. Esto significó que de los 962.7 millones de metros cúbicos que el Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP) dispuso se canalizara del agua de la presa La Boquilla al Distrito de Riego 005, se tomarían esos 106 millones de m³. Evidentemente, los agricultores perjudicados no estuvieron de acuerdo con esta medida. 

En lugar de consensuar una solución con ellos, el 6 de septiembre la Conagua decidió unilateralmente abrir la válvula de salida de agua de la presa La Boquilla para iniciar el derrame de esos litros faltantes. Ante esta decisión, agricultores del Distrito de Riego 005 acudieron al sitio para interrumpir el derrame, pero las fuerzas policiacas apostadas los repelieron para evitar que lograran su objetivo. El gobernador del estado, Javier Corral, respaldó las demandas de los agricultores con lo cual el martes 8 de septiembre los manifestantes retornaron a las instalaciones de la presa y cerraron la válvula de salida, iniciando así un movimiento de protesta que aún persiste. El gobierno federal envió un contingente de la Guardia Nacional mismo que agredió a los manifestantes y mató a uno de ellos, Yesica Silva. 

Ante la agresión, los alcaldes de los municipios de Delicias y Meoqui, Ismael Pérez y Eliseo Compeán, acusaron a la Guardia Nacional de ejecuciones arbitrarias y el gobernador Corral exigió a la Fiscalía General de la República que fueran investigados los hechos acontecidos. En respuesta, el presidente de la República lamentó los hechos y los atribuyó a intereses político-electorales, manifestando que: “lo que ya sabemos, y no es nuevo, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos-electorales y también porque existen intereses creados en el control y manejo del agua, demostrando su desinterés en escuchar a los agricultores mexicanos. 

Como demuestran estos eventos y declaraciones, el gobierno federal prefirió someterse a un enfrentamiento doméstico, en el transcurso del cual, la Guardia Nacional fue utilizada no en labores de seguridad contra la delincuencia organizada, sino como instrumento represivo en contra de ciudadanos mexicanos que defendían pacíficamente sus derechos.  

El tercer aspecto relevante es la falta de creatividad de las actuales autoridades. Enfrentado a una situación similar, el gobierno del Presidente Fox (2000-2006) resolvió el conflicto de déficit de aguas convenciendo al gobierno del entonces presidente Bush, a aceptar el pago del déficit de agua utilizando sobrantes de las presas que se encontraban al final de la frontera norte de México en lugar de entregar el agua utilizada por los agricultores chihuahuenses. En particular se logró la aceptación del gobierno americano de usar los excedentes de la presa Falcón, con lo cual se evitó reducir el agua proporcionada para riego procedente de las presas La Boquilla, Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y Luis L. León (El Granero). De haberse aplicado dicha solución en esta ocasión, hubiese satisfecho los requerimientos del tratado y defendido el acceso a agua de riego suficiente para los agricultores chihuahuenses. Con ello se habría evitado el derramamiento de sangre por el enfrentamiento estéril al cual condujo la rendición inmediata y total del actual gobierno ante la demanda del gobierno americano.

Pero ello hubiese exigido que el actual gobierno estuviese dispuesto a leer la historia de los últimos 20 años bajo una perspectiva pragmática y no con los lentes ideológicos con los cuales descalifica toda acción de los últimos tres gobiernos previos a él. 

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