Decir “nadien” al hablar solo es ignorancia; pero quitarles dinero a los trabajadores es un delito

En diciembre de 2020 Delfina Gómez Álvarez fue designada por el presidente López Obrador como la nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Estaban Moctezuma Barragán, quien fue designado Embajador en los Estados Unidos, aunque realmente...

6 de septiembre, 2021

En diciembre de 2020 Delfina Gómez Álvarez fue designada por el presidente López Obrador como la nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Estaban Moctezuma Barragán, quien fue designado Embajador en los Estados Unidos, aunque realmente no se sabe mucho de él ni de sus funciones, a pesar de la importancia de su cargo.

Regresando a Delfina, recordemos que en mayo de 2017, en el programa “En Punto” Denise Maerker la entrevistó como candidata de MORENA al Gobierno del Estado de México. Entonces, ante un cuestionamiento, Gómez Álvarez respondió que no estaba metida en asuntos de corrupción, y que nunca tomaría recursos que no le corresponden. Pero, al exponer esto, cometió un notable error al decir “nadien” en lugar de “nadie”. Así lo dijo:

“Quiero aprovechar (…) es mentira, totalmente mentira, lo que se dice. Yo espero que las autoridades que van a llevar a cabo esa investigación me llamen para hacer las aclaraciones pertinentes. Yo lo único que sí quiero aprovechar para decirle al público que nos ve, que es mentira, que yo jamás tomaría un centavo de nadien (sic) que no sea producto de mi trabajo y de mi esfuerzo (…)”.

Pues bien, la expresión “nadien” evidencia lo inculta e ignorante que es la actual secretaria de Educación Pública.

La propia Real Academia de la Lengua Española, expuso en su cuenta oficial de Twitter, el 19 de Agosto de 2019, lo siguiente: “Formas como “haiga”, “hicistes” o “naiden” no son válidas y se consideran sin duda ajenas a la norma culta.” Las personas detrás de las redes rápidamente reaccionaron y, con toda la gracia y picardía que les permitió el tropiezo de la inculta Delfina Gómez, se volcaron en reproducir su error y en realizar los correspondientes chistes gráficos que ahora conocemos como “memes”. 

Hasta ahí quedó ese evento y, como tal, solo se expuso cierto grado de deficiencia educativa de la muy apoyada por López Obrador, hasta que, hace pocos días, esa falta de educación lingüística ha quedado superada al conocerse por denuncia directa de trabajadores de la Alcaldía de Texcoco en el Estado de México, que en el tiempo en que Delfina Gómez Álvarez era alcaldesa en ese municipio, de 2013 a 2015, se les estuvo descontando el 10% de su sueldo, documentándose con cartas suscritas por los propios trabajadores en las que ellos “solicitaban” el descuento para aportarlos a la campaña de Morena, en la que Gómez Álvarez fue candidata en las elecciones federales, obteniendo una curul en la Cámara de Diputados.

Esa aportación o descuento “voluntario” que implicaba una reducción en el salario de los empleados, trabajadores y como tal subalternos de la servidora pública Gómez Álvarez, no solo incumplió con la Ley Federal del Trabajo que en su artículo 110 prohíbe los descuentos al sueldo de los trabajadores, sino que, tal conducta, implica la probable comisión del delito estipulado en el artículo 137 Bis del Código Penal del Estado de México. En efecto, el artículo citado determina, como delito de abuso de autoridad, que “a quien haciendo uso de su empleo, cargo o comisión, obtenga para sí o un tercero parte del sueldo, dádivas o cuotas de un subalterno; delito que podía alcanzar hasta un máximo de doce años de prisión, según el monto obtenido por esa conducta delictiva”.

El Gobierno Federal, léase: Andrés Manuel López Obrador, no puede hacerse ni el occiso, ni mucho menos defender a la secretaria, y, por tanto, debe ordenarle que deje de inmediato su encargo para que puedan realizarse las investigaciones sin obstáculo alguno, sin fuero, para demostrar que en su gobierno se “acabó con la corrupción”.

Recordando alguna ocasión de tantas, el presidente en conferencia del 4 de diciembre de 2020, al ser cuestionado sobre los posibles actos de nepotismo y corrupción por los contratos millonarios que su prima Felipa Guadalupe Obrador tiene con PEMEX, dijo:

“Yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política. 

“No somos iguales. Entonces si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo, ya ven cuánto queremos los padres a los hijos. No se protege a nadie. Esa es la diferencia, una de tantas.

“Que se haga la investigación, pero yo no voy a defender a nadie, no hay influyentismo para nada”. 

Entonces, esperemos que López Obrador honre su compromiso y sus palabras. 

Esto ya no se trata de una simple ausencia de cultura, de ser ignorante. El “nadien” ahí quedará, pero el reducirles el sueldo a los trabajadores, mediante supuestas aportaciones voluntarias para MORENA, lo que no es otra cosa que quitarles dinero de su salario, de comprobarse, es un delito y no puede quedar impune.

Comentarios
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Ante esas manifestaciones de Anaya, el presidente pidió en su “mañanera” a la Fiscalía General de la República (FGR) que hiciera pública la causa de acusación contra el panista. En “cumplimiento” a la petición, la Fiscalía "autónoma" emitió un comunicado, en el que se lee: “... Emilio "N", en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones "superiores" para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo "N", para que votara a favor de la Reforma Energética que privatiza la producción petrolera mexicana, en favor de las empresas extranjeras como Odebrecht Brasil (…) Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo (...) en el año 2014 (…) Posteriormente (...) quedó constancia de que Ricardo "N" votó a favor de la misma.  “La secuencia de todas las diligencias señaladas (...) evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido...” Lo expuesto por la FGR es de lo más aberrante jurídicamente que puede darse en un Estado de Derecho, ya que en su comunicado público se advierte que se inició una investigación en contra del ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, por haber recibido dinero (es hipótesis) para votar en favor de la reforma energética constitucional, promulgada en diciembre del año 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de ese mismo mes y año, sosteniéndose en la acusación que, tal acto, constituye el delito de cohecho, lo que de acreditarse sería cierto.   En efecto, el cohecho es una conducta delictiva que se traduce en la recepción de dinero u otros bienes por parte de un servidor público, por hacer o dejar de hacer sus funciones, resultando, en este caso de muy difícil comprobación, en cuanto a que habría que demostrarse que, antes de la votación a esas reformas, se le ofreció a Anaya un pago por su voto, siendo extraño que, según la propia carpeta de investigación, en la parte que se ha hecho pública, ese pago se le hizo varios meses después de que emitió su voto, a saber, el voto en diciembre de 2013 y el pago en agosto de 2014.  Además de tal hipótesis, relativa al delito de cohecho, se expuso en el comunicado de la FGR, que la reforma a la constitución, tuvo por objeto la entrega del patrimonio petrolero a los extranjeros y que tal, le ha traído consecuencias de sufrimiento social y económico a México, lo que resulta en una opinión insostenible e ilegal. Así es, la reforma a la Carta Magna en materia energética de finales de 2013, se realizó en cumplimiento al artículo 135 de la misma Constitución que determina que, para su reforma, debe aprobarse por las dos terceras partes del Congreso, es decir, de cada cámara legislativa, lo que se conoce como “mayoría calificada” y, adicionalmente, se requiere el voto de por lo menos la mitad de los congresos de las 32 entidades federativas, para que, en su conjunto, Congreso Federal y legislaturas de los Estados, formen el “Poder Constituyente”, único que puede reformar nuestro Máximo Cuerpo Legal. En el caso, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una votación en el Senado con 95 votos a favor y 32 en contra y, posteriormente en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma con una votación de 354 a favor y 134 en contra, y uno de esos trescientos cincuenta y cuatro votos fue el de Ricardo Anaya Cortés. Después de ello, el proyecto de reforma se turnó a los Congresos de los Estados, emitiéndose votaciones en cada una de las legislaturas locales, para que al final la reforma constitucional quedara aprobada por la votación a favor de 26 Estados de la República.    Luego entonces, casi cien Senadores, que sumados a más de trescientos cincuenta diputados y otros cientos de legisladores estatales, aprobaron las reformas constitucionales. ¿Y así la Fiscalía General de la República pretende que se sancione penalmente a Anaya y, al parecer a otros investigados, por votar a favor de la reforma energética? Una pretensión aberrante ya que, como está plenamente documentado en el proceso legislativo, esta reforma se aprobó por el “Poder Constituyente”. La Constitución Política, siendo la Ley Suprema es incuestionable jurídicamente, esto es, que no existe ninguna autoridad, ni organismo público, ni autónomo, ni de cualquier especie, que tenga facultades para que, oficialmente, en el ejercicio de sus atribuciones y competencia, pueda tachar de incorrectas o ilegales las reformas constitucionales; es más, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedida para emitir resolución alguna que determine que alguna Norma Constitucional es ilegal, incorrecta o dañina para el país, ni siquiera emitir opinión que la descalifique, ya que la principal función de la Corte es la de ser el Órgano Máximo de Control Constitucional, que le obliga a defender nuestra Carta Magna en su integridad y sin calificarla de buena o mala. Por ello es absurda la pretensión de la Fiscalía General de la República, al sostener su acusación en que la emisión del voto de Ricardo Anaya constituye una causa criminal, ya que tal hecho equivale a prejuzgar oficialmente la reforma Constitucional como generadora de un daño social y económico a México. Y más absurdo es que ante tal imputación el Juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, haya citado a Anaya a declarar, pues es como tener por cierto, indudable e incuestionable, tanto para el Fiscal como para el mencionado Juez, que la Constitución actual, en la parte de su regulación energética, ha afectado y afecta al país. Simplemente, no se puede acusar a nadie por reformar la Constitución. Que no haya confusión. No defiendo ni a Anaya Cortés ni a nadie que se esté investigando por haber votado favorablemente las reformas constitucionales, sino al Estado de Derecho, pues, en el caso, no solo se está imputando que hubo una colusión delictiva para aprobar las reformas constitucionales en materia de energía, sino también se está acusando, denostando y contraviniendo a la propia Constitución vigente, lo que se ha hecho en actuaciones oficiales, tanto por la Fiscalía General de la República, como por el Juez de Control, resultando en una verdadera aberración jurídica, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede ser motivo de descalificación oficial para sostener tal acusación. Esto ya es, repito, ¡ABERRANTE y de MIEDO!" 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