De Frente Y Claro | FRACASOS DE LA 4T

El Cambio prometido por López y su 4T día con día muestra y demuestra que ha sido una mentira, además de que lo que han llegado a “crear” es un rotundo fracaso. Importante es señalar que desde...

22 de julio, 2021

El Cambio prometido por López y su 4T día con día muestra y demuestra que ha sido una mentira, además de que lo que han llegado a “crear” es un rotundo fracaso.

Importante es señalar que desde antes que entraran en funciones el 1 de diciembre de 2018, comenzaron a frenar y acabar con la obra del Aeropuerto Internacional en Texcoco que ya se estaba construyendo. Ya en funciones, se han dedicado a destruir lo que otras administraciones crearon, con el argumento de que hay corrupción. Larga es la lista de lo que ya han cancelado.

ROTUNDO FRACASO

Y peor aún han sido los nulos resultados de lo que han “creado”, convirtiéndose en un rotundo fracaso, en los que se han tirado a la basura cientos de millones de pesos que hacen falta invertir en temas tan importantes como medicinas.

INSABI

Al desaparecer el Seguro Popular, crearon el Instituto de Salud del Bienestar (INSABI) y nació muerto, iniciando con que su director, Juan Antonio Ferrer carece de experiencia en el sector salud. Su experiencia ha sido trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como director de varias zonas arqueológicas del país, abocado a la tarea de conservar, proteger el patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico del país.

Dando tumbos, en su pésimo desempeño, el 1 de noviembre del 2020, nos enteramos a través de Política Expansión: “La ASF ‘jala las orejas’ al Insabi: ve falta de reglas y de entrega de recursos”:

“En su revisión a la Cuenta Pública de 2019, el órgano fiscalizador señala problemas en el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar, como carencia de reglas y manuales. En lo que respecta al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se planteó que, en 2019, mediante el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), se aplicó un monto de 5,510.6 millones de pesos por medio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), para cubrir el pago de 66,417 intervenciones. Estas incluyeron tratamientos, medicamentos e insumos para diagnósticos asociados a los mismos, que fueron considerados gastos catastróficos por el Consejo de Salubridad General.

“Aunado a eso, la ASF señaló que las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, actualizadas y autorizadas por el Comité Técnico el 28 de junio de 2019, presentaron deficiencias, pues no definieron de manera precisa a la población objetivo. Tampoco incluyeron criterios para que los responsables ajustaran las modalidades de la operación del fideicomiso o decidieran sobre su cancelación, y no se incluyeron procedimientos para realizar registro y utilización de los recursos provenientes de las aportaciones adicionales”.

El 25 de febrero del 2021, el diario La Razón difundió: “Se enreda Insabi con contrataciones Covid; dice que son 18 mil, 15 mil y 11 mil”:

El año pasado, autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) registraron tres cifras de contratación de personal eventual para combatir la pandemia: su titular asegura que tuvieron 18 mil 886 trabajadores; sin embargo, en respuestas a dos solicitudes de información, se establecen otros datos: 15 mil 104 en una y 11 mil 546 en otra”.

Y para este mes de julio del 2021 se reporta que el INSABI adeuda a los laboratorios de medicamentos en México 4200 millones de pesos. Esta deuda se ha acumulado entre 2019 y 2020. La información es de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) respecto a laboratorios agremiados a esa organización, así como de otras organizaciones como la Asociación Mexicana de Laboratorios (Amelab), la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (Amiif) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam).

Esta situación muestra que por un lado, el gobierno mexicano le dio un presupuesto multianual por adelantado y un pago de cuotas a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por 130 millones de dólares, mientras que a los laboratorios mexicanos no se les pagan por adelantado y antes al contrario les retrasan el pago, teniéndose adeudos del 2019 y 2020.

BANCO DEL BIENESTAR

Otra creación de la 4T, El Banco del Bienestar (que suplió al desaparecido BANSEFI), registró entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 pérdidas por 426 millones de pesos. Al cierre del primer trimestre de este año su cartera vencida fue equivalente a 19.7% de la cartera de crédito total, el índice de morosidad más alto en el conjunto de bancos de desarrollo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La cifra implica que prácticamente uno de cada cinco pesos de cartera de crédito se encuentra vencido. Según la CNBV, las pérdidas acumuladas entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2020 eran por 129 millones de pesos.

Por otra parte, López prometió que para finales del 2021 se habrían abierto 2700 sucursales de esta institución, pero enero del 2021 solamente llevaban 400 nuevas sucursales.

INSTITUTO PARA DEVOLVERLE AL PUEBLO LO ROBADO

Una más de las “grandes creaciones” de la 4T, El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), ha resultado con un alto grado de corrupción, quizás aplicando aquello de “ladrón que roba a ladrón, tiene mil años de perdón”. 

Esto es porque se ha denunciado que de ser el encargado de convertir en política social para los más pobres los antiguos despilfarros gubernamentales y los tesoros decomisados al narcotráfico, se han estado robando lo que supuestamente tienen para subastar, por parte de quienes integran este nuevo Instituto, además del desfalco por las malas gestiones y de contratos amañados que lo están conduciendo a quebrar. 

Al menos así lo denunció quien fuera su segundo director, Jaime Cárdenas, al renunciar precisamente por darse cuenta de toda la corrupción que existe. A través de una carta, Jaime Cárdenas narró la manera en que se llevan a cabo los robos. Informando que después del decomiso de joyas a la delincuencia, la Fiscalía General de la República las mandaba al Instituto, obviamente para su resguardo y posterior subasta, llegaba un brazalete de oro blanco de 14 quilates con 37 incrustaciones de rubíes y posteriormente salía a subasta, pero con solamente 33 incrustaciones. De igual manera un collar de oro blanco con chispas de diamante después aparecía roto, con falsificaciones de piedras preciosas y seis gramos menos de cómo había llegado. 

En esa línea, en enero del 2020, bajo la dirección de Ricardo Rodríguez se detectó robo de piezas en joyas decomisadas y al resguardo del Indep en bóvedas; la inspección correspondiente confirmó que de 900 piezas de joyería a 22 les faltaban las piedras de mayor valor 23 joyas dañadas acorde a una denuncia presentada a la Fiscalía.

Jaime Cárdenas señaló que los robos pudieron haberse cometido por los propios empleados en contubernio con las empresas que resguardaban y alquilaban los almacenes. Y que son las mismas compañías con contratos multianuales que amenazan las finanzas del Indep.

En 2019, el instituto recaudó en subastas 1.022 millones de pesos, lejos de la meta de 1.200 millones planteada por López y mucho menos de los 1.696 millones conseguidos en 2018. 

Por otra parte, sin respetar la austeridad republicana y casi franciscana que presume y pregona López, el 4 de julio del 2021 nos enteramos de que el Indep gastó en 2019 y el 2020, 39 millones 999,590.48 pesos en Servicio de Vigilancia de Bienes que le fueron transferidos para su guardia y/o custodia. De acuerdo a los informes correspondientes remitidos a la Cámara de Diputados a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La triste realidad, es que en el país existía el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que dependía de la Secretaría de Hacienda, un organismo que su función era gestionar las incautaciones y subastarlas. Y esta creación del INSABI, por lo que se observa, va al rotundo fracaso. Y mejor debería llamarse “Instituto para robarle al pueblo lo devuelto”.

Este es el patético panorama del rotundo fracaso de parte de lo que se ha “creado” en esta 4T, según ellos para hacer las cosas mejor que los neoliberales y acabar con la corrupción, cuando han resultado peores. Muy claro queda que no es lo mismo ser Gobierno que ser Oposición. 

Y por enésima vez vuelvo a preguntarles a los 30 millones de ilusos que le dieron su voto a López y Morena: ¿Ese es su Cambio?, ¿para eso votaron?

 

Comentarios


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Es la maniobra de López Obrador, con la que busca burlar el artículo 135 constitucional, a pesar de no alcanzar la mayoría calificada indispensable para modificar la Constitución Federal. Pero  López Obrador necesita la complicidad de otros servidores públicos para violar el artículo 133 de la Constitución de acuerdo con el cual, NO  SE PUEDE PERMITIR QUE UNA LEY SECUNDARIA SE  PONGA POR ENCIMA O EN CONTRA DE LA LEY SUPREMA. Uno de los principales cómplices de AMLO durante este sexenio ha sido el ministro Arturo Zaldívar, cuyo silencio ha dañado tanto a México. Para aplicar su PLAN B, López Obrador ha tenido y sigue teniendo la complicidad del presidente de la Suprema Corte y otros ministros; tiene y sigue teniendo la de los legisladores de MORENA, PT y PVEM en el Congreso de la Unión; tiene y sigue teniendo la obediencia de sus 22 gobernadores y de sus legisladores estatales. 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CUALQUIERA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO, ESTÁ OBLIGADO A DENUNCIARLO.  Si Zaldívar no defiende a la Constitución  ni defiende al Poder Judicial que dice representar, los magistrados y jueces pueden asumir la defensa de la Constitución y de la dignidad del Poder Judicial. NINGUNA LEY SECUNDARIA PUEDE PROMULGARSE NI IMPONERSE VIOLANDO EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE A   LA LETRA DICE: Artículo 133.-   Esta Constitución, LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EMANEN DE ELLA… SERÁN LA LEY SUPREMA DE TODA LA UNIÓN….” “…Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución… a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. LAS LEYES ELECTORALES TORCIDAS POR AMLO, NO EMANAN DE LA CONSTITUCIÓN SINO QUE LA BURLAN Y LA CONTRARÍAN; NO DEBEMOS PERMITIR QUE SE NOS IMPONGAN. EL PLAN B ha sido posible gracias a que la Suprema Corte permite la imposición de leyes contrarias al artículo 133 constitucional. Mientras Obrador “mata la vaca” de la democracia, Zaldívar y demás cómplices, “le detienen la pata”, guardando silencio y retardando maliciosamente el trámite y resolución de las controversias constitucionales planteadas contra las anteriores aplicaciones del PLAN B del tabasqueño, en materia eléctrica y de la Guardia Nacional militarizada. 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La única razón por la que López Obrador quiere desesperadamente desmantelar al INE y al Tribunal Electoral Federal, es porque sabe que las elecciones federales de 2024, NO LAS TIENE GANADAS DE ANTEMANO. Todo lo que he dicho en estas líneas, constituye hechos notorios que son del dominio público. El desprecio de AMLO por la ley, ha quedado para la posteridad en su frase célebre, con la que le advirtió al Ministro Arturo Zaldívar: “NO ME VENGAN CON EL CUENTO DE QUE LA LEY ES LA  LEY”. Su dominio absoluto sobre el PODER LEGISLATIVO también ha quedado inmortalizado en otra de sus frases célebres: “NO LE CAMBIEN NI UNA COMA A MIS INICIATIVAS DE LEY”. Nadie imaginó a tiempo, que López Obrador era un gravísimo peligro para México, como lo es. El grado de peligrosidad de este tabasqueño, está descrito en el artículo 136 de la Constitución Federal. AMLO SE HA ENCARGADO DE VOCIFERAR Y PROCLAMAR QUE SI NO ALCANZA LA MAYORÍA CALIFICADA PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN IMPUNEMENTE A SU IMAGEN Y SEMEJANZA, RECURRIRÁ DE NUEVO A SU PLAN B. El PLAN B de AMLO consiste en interrumpir la vigencia de la Constitución, para gobernarnos como le pegue la gana. ¿Hay algún remedio para recuperar la vigencia de la Constitución? Hoy siento la necesidad de ROGARLE a usted que lea con especial cuidado el artículo 136 de nuestra Constitución que dice a la letra: Artículo 136.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público SE ESTABLEZCA UN GOBIERNO CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS QUE ELLA SANCIONA, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, SERÁN JUZGADOS, ASÍ LOS QUE HUBIEREN FIGURADO EN EL GOBIERNO EMANADO DE LA REBELIÓN, COMO LOS QUE HUBIEREN COOPERADO A ÉSTA. Es legalmente válido calificar el PLAN B de López Obrador, como  una rebelión; PORQUE POR MEDIO DE SU FUERZA, IMPONE SU VOLUNTAD POR ENCIMA Y EN CONTRA DE LA CONSTITUCIÓN.  Nuestra Constitución no perderá su fuerza ni vigor, SIEMPRE Y CUANDO NOS HAGAMOS CARGO DE DEFENDERLA. SI LA OPOSICIÓN SIGUE LIMITÁNDOSE A OPINAR SIN OPONERSE con todo el peso de  nuestra Constitución, LA ÚNICA FORMA DE RECUPERAR SU VIGENCIA, SERÁ RECURRIENDO A LAS ARMAS COMO LO TUVO QUE HACER VENUSTIANO CARRANZA AL FRENTE DEL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA EN 1914. El reclamo “EL INE NO SE TOCA”, tiene que traducirse en multitud de demandas de amparo, que defiendan nuestra democracia, mientras todavía podemos hacerlo pacíficamente. Tenemos que lograr que Jueces de Distrito patriotas y leales a México y a nuestra Constitución, PAREN EN SECO EL PLAN B DE LÓPEZ OBRADOR, Y DEMUESTREN QUE PARA EL PODER JUDICIAL,  LA LEY NO ES COSA DE CUENTO. Tenemos que lograr que esos JUECES DE DISTRITO SUSPENDAN DE PLANO EL PLAN B DE AMLO, porque como dice el artículo 127 de nuestra Ley de Amparo, SI ESE PLAN B SE LLEGA A CONSUMAR, ¡SERÁ IMPOSIBLE RESTITUIRNOS PACÍFICAMENTE EL DERECHO A VIVIR EN DEMOCRACIA. ¡SI NO ACTUAMOS A TIEMPO, EL PRECIO PARA VOLVER A NUESTRA DEMOCRACIA, VOLVERÁ A COSTARNOS SANGRE! *LAS OPINIONES EXPRESADAS EN LOS ARTÍCULOS DE ESTA PÁGINA SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES. DE NINGUNA MANERA REFLEJAN LA POSTURA EDITORIAL DE ESTE PORTAL." 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Con un odio común en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sin un proyecto alternativo de nación, pero con la convicción de ser los salvadores de la patria en contra de la embestida “dictatorial”, miles de manifestantes que no son tradicionalmente fieles de las marchas, se movilizaron exitosamente. Como se recordará el titular del ejecutivo envió una iniciativa de ley que pretende reformar al INE en ejes centrales de su tradicional funcionamiento, previo a los comicios del Estado de México y Durango, pero sobre todo, a la gran batalla que podría ser la elección presidencial de 2024. Con la oferta tentadora de hacer más económicos los procesos electorales, disminuir el número de legisladores y senadores, así como buscar que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto popular, además de desaparecer los órganos electorales estatales, tratar de implementar el voto electrónico, la polémica reforma ha sido objeto de toda clase descalificaciones y de análisis tendenciosos de una y otra parte. Al parecer no transitará por lo polarizado del ambiente político en el congreso. La respuesta de la oposición fue convocar a una marcha en defensa del INE al acusar un intento de desaparecer al árbitro electoral. Desde las cúpulas empresariales y de los partidos coaligados opositores, se gestó un movimiento en favor del instituto electoral que tiene una operatividad en la realización de comicios, así como brindar certidumbre a la ciudadanía en sus resultados a pesar de lo oneroso de su funcionamiento.  Sin embargo, existen dos elecciones presidenciales que han demostrado que los alcances de  dicho instituto, son por lo menos limitados y poco efectivos, cuando se trata de calificar elecciones cerradas, como la de 2006 o la de 2012 donde el rebase de topes presupuestales  no pudo ser sancionado de forma expedita. Se recuerdan dos multas históricas al PRI y PAN, por el pemexgate y amigos de Fox, que al final no representaron un cambio en la forma de operación electoral de la clase política mexicana. En aquel periodo del conflicto poselectoral estaba a cargo del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, que en comparación con la figura de José Woldenberg, resultaba una pieza insuficiente, sin personalidad, errática y tendiente a la parcialidad. A la postre con las reformas electorales que permitieron el voto por voto y los límites a la descarada participación de los privados en la contratación de propaganda, el polémico expresidente del INE fue defenestrado y se refugió en una consultoría que sigue succionando recursos públicos a cambio de sobrevaluados estudios electorales. Lorenzo Córdova, extendió su mandato como presidente consejero al transformarse el IFE en el actual INE, con las tradicionales cuotas de poder que los partidos hegemónicos en el congreso aplican para privilegiar sus intereses. No es que la estructura del organismo autónomo sea afectado por las politiquerías de la partidocracia, pues la estructura y logística de los procesos electorales han sido perfeccionados por décadas, pero los protagonismos y la falta de imparcialidad del presidente Córdova y del consejero Ciro Murayama son más que evidentes y rayaron en el golpismo político en contra del régimen actual. Sin olvidar su defensa irracional a sus privilegios como burocracia dorada a costa del erario. Con todo el prestigio y actuar que tiene el INE, su gran fracaso ha sido el fiscalizar de manera real, las fortunas económicas que se manejan en todos los partidos políticos para favorecer candidatos, comprar conciencias, contratar publicidad y sobre todo operar con mapaches electorales en el día de la jornada electoral. Al ser tan difícil perseguir los delitos electorales cometidos con dinero, el cacareado instituto le  ha fallado a los mexicanos que padecen la intervención descarada de actores políticos, sindicatos, poderes fácticos regionales y nacionales que inciden en los sufragios personales de los ciudadanos coptados. En esa lógica de delincuencia electoral, muchos de los actores perfectamente identificados con las prácticas clientelares en elecciones, como el exgobernador Roberto Madrazo a quien se le documento rebase estratosférico de los topes de campaña en Tabasco, no tienen empacho de trasvestirse de demócratas.  Así como las cúpulas empresariales que tradicionalmente se han beneficiado de gobiernos con dudosa legitimidad como el de Carlos Salinas de Gortari y sobre todo con Enrique Peña Nieto. El halo legitimador de la marcha alcanzó a la operadora estrella del magisterio sindical, Elba Esther Gordillo que hizo posible el voto corporativo a favor de Felipe Calderón y quien le permitió hacer sus mejores negocios desde la Secretaría de Educación. El expresidente Fox marchó junto a los creadores de Unidos sin acordarse mucho que desde el Tribunal Electoral se le señaló como la principal anomalía durante el traumático proceso de 2006, debido a sus posicionamientos y sobre todo por haber intentado proceder jurídicamente contra el entonces candidato AMLO, en una acción ventajista que buscaba sacarlo a la mala de la boleta presidencial. La marcha tuvo una afluencia mucho mayor a la esperada por sus organizadores que no se atrevieron a llegar al zócalo capitalino. Movilizó a importantes y diferentes sectores enfrentados con el régimen morenista, pero sobre todo con la enorme animadversión y odio en contra del presidente AMLO, al que le asistiría razón si matizar que muchos de las principales figuras opositoras son clasistas, racistas, simuladores y con un historial poco democrático. Incluso el líder del PRI nacional, Alejandro Moreno, acudió a marchar ante el rechazo de la asistencia, pero al que no despreciarán cuando los votos en contra de los diputados tricolores permitan dar palo a la reforma electoral. Se dice, se comenta y se rumora, que esta “reivindicación” democrática del líder tricolor pasa más porque no se pudo negociar la gubernatura de Coahuila a cambio de los votos necesarios para la reforma.  La denominada sociedad civil, que en épocas recientes se disfraza de militantes y expanistas, se ofertan como independientes y representantes de ciudadanos apartidistas ha logrado reagruparse. El cúmulo de organizaciones y partidos políticos parecen encontrar el común denominador de la defensa de sus intereses, con el enorme pendiente de tener un proyecto político que agrupe las necesidades ciudadanas, como el combate a la inseguridad que es un calvario para todos los mexicanos desde hace varios sexenios, y del cual son directa o indirectamente corresponsables." ["post_title"]=> string(23) "De Woldenberg a Madrazo" ["post_excerpt"]=> string(205) "La marcha tuvo una afluencia mucho mayor a la esperada. Movilizó a importantes y diferentes sectores enfrentados con el régimen morenista, pero sobre todo con la enorme animadversión y odio contra AMLO." 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Es la maniobra de López Obrador, con la que busca burlar el artículo 135 constitucional, a pesar de no alcanzar la mayoría calificada indispensable para modificar la Constitución Federal. Pero  López Obrador necesita la complicidad de otros servidores públicos para violar el artículo 133 de la Constitución de acuerdo con el cual, NO  SE PUEDE PERMITIR QUE UNA LEY SECUNDARIA SE  PONGA POR ENCIMA O EN CONTRA DE LA LEY SUPREMA. Uno de los principales cómplices de AMLO durante este sexenio ha sido el ministro Arturo Zaldívar, cuyo silencio ha dañado tanto a México. Para aplicar su PLAN B, López Obrador ha tenido y sigue teniendo la complicidad del presidente de la Suprema Corte y otros ministros; tiene y sigue teniendo la de los legisladores de MORENA, PT y PVEM en el Congreso de la Unión; tiene y sigue teniendo la obediencia de sus 22 gobernadores y de sus legisladores estatales. Este grupo de cómplices incondicionales, tiene responsabilidad penal de acuerdo al artículo 216 del Código Penal Federal que a la letra dice: Artículo 216 “COMETEN EL DELITO DE COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, los que teniendo tal carácter SE COALIGUEN PARA TOMAR MEDIDAS CONTRARIAS A UNA LEY, reglamento u otras disposiciones de carácter general…” En el caso de lo que AMLO y sus cómplices llaman SU PLAN B, se coaligan para interrumpir la vigencia (nada menos que) de la Constitución.  Ante la complicidad de Arturo Zaldívar, y de los ministros que lo secundan, LOS MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO podrían oponerse a esa coalición criminal de servidores públicos, procediendo a denunciarlos ante la Fiscalía General de la República. CUALQUIERA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO, ESTÁ OBLIGADO A DENUNCIARLO.  Si Zaldívar no defiende a la Constitución  ni defiende al Poder Judicial que dice representar, los magistrados y jueces pueden asumir la defensa de la Constitución y de la dignidad del Poder Judicial. NINGUNA LEY SECUNDARIA PUEDE PROMULGARSE NI IMPONERSE VIOLANDO EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE A   LA LETRA DICE: Artículo 133.-   Esta Constitución, LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EMANEN DE ELLA… SERÁN LA LEY SUPREMA DE TODA LA UNIÓN….” “…Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución… a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. LAS LEYES ELECTORALES TORCIDAS POR AMLO, NO EMANAN DE LA CONSTITUCIÓN SINO QUE LA BURLAN Y LA CONTRARÍAN; NO DEBEMOS PERMITIR QUE SE NOS IMPONGAN. EL PLAN B ha sido posible gracias a que la Suprema Corte permite la imposición de leyes contrarias al artículo 133 constitucional. Mientras Obrador “mata la vaca” de la democracia, Zaldívar y demás cómplices, “le detienen la pata”, guardando silencio y retardando maliciosamente el trámite y resolución de las controversias constitucionales planteadas contra las anteriores aplicaciones del PLAN B del tabasqueño, en materia eléctrica y de la Guardia Nacional militarizada. ARTURO ZALDÍVAR y los demás ministros de la Suprema Corte que guardan silencio y se prestan al retardo malicioso de las controversias y acciones de inconstitucionalidad pendientes, cometen delitos contra la administración de justicia, según lo tipifica el artículo 225 del Código Penal Federal que a la letra dice:  ARTÍCULO 225.- SON DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, cometidos por servidores públicos los siguientes: VIII.- RETARDAR O ENTORPECER MALICIOSAMENTE O POR NEGLIGENCIA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; El Ministro Zaldívar, contando con la complicidad de otros ministros de la Suprema Corte, ha retardado y sigue retardando maliciosamente las controversias y acciones de inconstitucionalidad en materia eléctrica y en materia de militarización de la Guardia Nacional. Y lo han hecho para darle oportunidad a López Obrador, de hacer lo que le pega la gana imponiendo su PLAN B, con el cual de manera violenta INTERRUMPE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN. La única razón por la que López Obrador quiere desesperadamente desmantelar al INE y al Tribunal Electoral Federal, es porque sabe que las elecciones federales de 2024, NO LAS TIENE GANADAS DE ANTEMANO. Todo lo que he dicho en estas líneas, constituye hechos notorios que son del dominio público. El desprecio de AMLO por la ley, ha quedado para la posteridad en su frase célebre, con la que le advirtió al Ministro Arturo Zaldívar: “NO ME VENGAN CON EL CUENTO DE QUE LA LEY ES LA  LEY”. Su dominio absoluto sobre el PODER LEGISLATIVO también ha quedado inmortalizado en otra de sus frases célebres: “NO LE CAMBIEN NI UNA COMA A MIS INICIATIVAS DE LEY”. Nadie imaginó a tiempo, que López Obrador era un gravísimo peligro para México, como lo es. El grado de peligrosidad de este tabasqueño, está descrito en el artículo 136 de la Constitución Federal. AMLO SE HA ENCARGADO DE VOCIFERAR Y PROCLAMAR QUE SI NO ALCANZA LA MAYORÍA CALIFICADA PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN IMPUNEMENTE A SU IMAGEN Y SEMEJANZA, RECURRIRÁ DE NUEVO A SU PLAN B. El PLAN B de AMLO consiste en interrumpir la vigencia de la Constitución, para gobernarnos como le pegue la gana. ¿Hay algún remedio para recuperar la vigencia de la Constitución? Hoy siento la necesidad de ROGARLE a usted que lea con especial cuidado el artículo 136 de nuestra Constitución que dice a la letra: Artículo 136.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público SE ESTABLEZCA UN GOBIERNO CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS QUE ELLA SANCIONA, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, SERÁN JUZGADOS, ASÍ LOS QUE HUBIEREN FIGURADO EN EL GOBIERNO EMANADO DE LA REBELIÓN, COMO LOS QUE HUBIEREN COOPERADO A ÉSTA. Es legalmente válido calificar el PLAN B de López Obrador, como  una rebelión; PORQUE POR MEDIO DE SU FUERZA, IMPONE SU VOLUNTAD POR ENCIMA Y EN CONTRA DE LA CONSTITUCIÓN.  Nuestra Constitución no perderá su fuerza ni vigor, SIEMPRE Y CUANDO NOS HAGAMOS CARGO DE DEFENDERLA. SI LA OPOSICIÓN SIGUE LIMITÁNDOSE A OPINAR SIN OPONERSE con todo el peso de  nuestra Constitución, LA ÚNICA FORMA DE RECUPERAR SU VIGENCIA, SERÁ RECURRIENDO A LAS ARMAS COMO LO TUVO QUE HACER VENUSTIANO CARRANZA AL FRENTE DEL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA EN 1914. El reclamo “EL INE NO SE TOCA”, tiene que traducirse en multitud de demandas de amparo, que defiendan nuestra democracia, mientras todavía podemos hacerlo pacíficamente. Tenemos que lograr que Jueces de Distrito patriotas y leales a México y a nuestra Constitución, PAREN EN SECO EL PLAN B DE LÓPEZ OBRADOR, Y DEMUESTREN QUE PARA EL PODER JUDICIAL,  LA LEY NO ES COSA DE CUENTO. Tenemos que lograr que esos JUECES DE DISTRITO SUSPENDAN DE PLANO EL PLAN B DE AMLO, porque como dice el artículo 127 de nuestra Ley de Amparo, SI ESE PLAN B SE LLEGA A CONSUMAR, ¡SERÁ IMPOSIBLE RESTITUIRNOS PACÍFICAMENTE EL DERECHO A VIVIR EN DEMOCRACIA. ¡SI NO ACTUAMOS A TIEMPO, EL PRECIO PARA VOLVER A NUESTRA DEMOCRACIA, VOLVERÁ A COSTARNOS SANGRE! *LAS OPINIONES EXPRESADAS EN LOS ARTÍCULOS DE ESTA PÁGINA SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES. DE NINGUNA MANERA REFLEJAN LA POSTURA EDITORIAL DE ESTE PORTAL." 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…Volvería a costar sangre

AMLO ha vociferado que si no alcanza la mayoría calificada para reformar la Constitución, recurrirá a su Plan B.

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