De Frente Y Claro | CRISIS EN EL SECTOR SALUD

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22 de abril, 2021

Sin lugar a dudas, al igual que otros sectores del país, el sector Salud enfrenta una crisis que raya en lo patético. Si bien el 1 de diciembre del 2018, fecha en que inició la nefasta administración de López y su fallida 4T, este sector ya estaba en condiciones lamentables, las ocurrencias, imposiciones, inexperiencia y enorme falta de capacidad de quienes fueron designados responsables en este sector, han venido a crear esta, repito, patética situación. 

No podemos dejar de mencionar que los funcionarios principales de este sector no son ni por mucho los más idóneos, ni los más preparados y mucho menos, los más experimentados. Y si a ello le sumamos que deben estar siempre empinados y supeditados a las ocurrencias del Patrón, un negro futuro se vislumbra.

Iniciaron mal con la desaparición del Seguro Popular e imponer en su lugar al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Se dejó clara su inexperiencia al no tener un diseño y estructura que supliera al Seguro Popular. López designó como Director del INSABI a su amigo y paisano, Juan Antonio Ferrer, quien no tiene la más mínima idea de qué y cómo hacerlo; no tiene las reglas de operación correspondientes y para acabarla de ching… su especialidad es la Antropología. Aplicando lo que dicen los jóvenes hoy en día: NPI. 

Y envueltos en una estela de corrupción (esa que López afirma todos los días que ya desapareció), en el cambio del Seguro Popular a INSABI queda flotando una enorme duda. Si el Seguro Popular tenía asignado un presupuesto para el 2019, que lógicamente debería haber utilizado el INSABI, se comenta que tomaron el Fondo para protección de gastos catastróficos del Seguro Popular, 40 mil millones de pesos para su creación. Obvio de eso, nada comenta López en sus mañaneras.

Siguiendo su estela de tumbos y ocurrencias, les cayó la pandemia y eso aceleró la crisis en este sector, dado que, para no variar y perder la costumbre, la pandemia ha sido pésimamente mal manejada. Comenzaron tarde en tomar medidas, no aplicaron ni aplican los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y como dice una de las famosas canciones de Emmanuel: “Todo se derrumbó”. La fatal consecuencia es que hay alrededor de 214 mil fallecidos por Covid, con la enorme duda de que esa cantidad puede ser en realidad el triple o más.

En esa patética crisis y negra realidad, el pasado 20 de abril del 2021, nos enteramos de que según los datos del Sistema de Información en Salud de la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (Sisver), existe un exceso de mortalidad, que se refiere los fallecimientos que no se esperaban, pero ocurrieron durante la pandemia, alcanzando 444 mil 722 registros hasta el 6 de marzo del 2021, y si bien no todos los muertos fueron por coronavirus, estos datos nos permite darnos cuenta de la crisis sanitaria en México.

La estadística muestra que, para el 6 de marzo del 2021, el gobierno reportaba oficialmente 196 272 defunciones confirmadas por Covid-19, representando una diferencia de 248 450 muertes respecto al exceso total registrado hasta el momento. 

Hasta esa fecha, uno de cada 283 residentes de México, murió a causa de la pandemia, ya sea porque enfermó de Covid-19 o, peor aún, por falta de atención médica, la suspensión de tratamientos crónicos o accidentes que no pudieron atenderse debido a la saturación en hospitales provocada por la crisis sanitaria, de acuerdo a la última actualización del reporte de exceso de mortalidad de la Secretaría de Salud federal (SSa).

El informe, reconoce que en México han ocurrido 444 mil 722 muertes más de las esperadas en los últimos 12 meses, una cifra que representa un subregistro de dos decesos extras por cada uno que fue confirmado por Covid-19 ante el Sistema de Información en Salud de la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (Sisver).

Pero, la proporción de muertes en exceso por el nuevo coronavirus cambia si se toma en cuenta la información de la base de datos del Registro Nacional de Población (Renapo), en la que 71.1% de esos registros son de personas que fallecieron por Covid-19, representando un total de 316 mil 344 víctimas directas de la pandemia en México.

La Ciudad de México tiene el más alto número de muertes en exceso con 87 mil 702 víctimas, cifra que difiere por 22 mil 505 registros con la que presentaron autoridades capitalinas el domingo 18 de abril del 2021, con una fecha de corte más reciente, por lo que el nivel de subregistro en la CDMX es altamente variable. 

PATÉTICA REALIDAD

Al respecto de la realidad del sector salud, Darío Celis en su columna “La Cuarta Transformación”, del 21 de abril del 2021 en El Financiero, La crisis del sector salud”, señala:

 “Con la aparición del Covid en México, los padecimientos del sistema público de salud quedaron expuestos y se agravaron por las decisiones erróneas del gobierno de la 4T en la compra de medicamentos, pérdida de la cobertura por el desempleo y la eliminación de las consultas médicas para los pacientes.

“En el último año los más de cien centros del sistema del sector salud, a causa de la pandemia o de manera deliberada, las clínicas y hospitales redujeron entre 42% y 49% las consultas a los derechohabientes de enfermedades como cáncer, hipertensión, obesidad y otras crónico-degenerativas.

“Esta es la razón principal de la disminución de la compra de medicamentos por parte del gobierno y de la eventual escasez de oferta en algunas áreas terapéuticas de atención a la población. Una segunda razón es la anarquía en las compras públicas que ha provocado la alianza Unops-Insabi.

“Si es cierto lo que afirman Acción Ciudadana contra la Pobreza, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y México Evalúa sobre el sistema de consultas médicas para los derechohabientes en el sector salud, estamos frente al colapso del modelo generado por la 4T.

“1.- El sistema de salud excluye a 33 millones de mexicanos (el 26% de la población) y con ello se profundiza la brecha social, afectando a los más pobres

“2.- Solamente el 45% de la población, es decir, 56 millones de personas, está afiliada a algún servicio de salud de la seguridad social, como el IMSS, ISSSTE, los institutos estatales, Marina y Defensa Nacional; un 27%, o sea, 33.8 millones de personas, dependen de otros sistemas públicos, como el mismo Insabi, y apenas un 2% tiene acceso a un seguro privado o a algún otro sistema particular.

“3.- El 26% restante carece de un sistema de salud, pero lo peor es que del total de la población afiliada al IMSS, el 34% recurre a los consultorios de las farmacias privadas y lo mismo ocurre con el 41% de los inscritos en los otros sistemas públicos.

“4.- Uno de los principales problemas del sistema es que está ausente una expresa y sistemática política de salud pública dirigida a la prevención, por lo que la atención está concentrada en atender los problemas que llegan ya a las etapas terminales, donde se enfrenta el 80% de las enfermedades, en lugar de hacerlos desde la etapa temprana en la que es mucho más barato y fácil detener las enfermedades.

“Los organismos sociales mencionados apuntan que México es de los países de la OCDE que menos gasta en salud, pues sólo destina el 2.8% del PIB, cuando el promedio de estos países es de 6.6%, lo cual se refleja en las debilidades del sistema, como la falta de hospitales y de recursos humanos calificados suficientes para atender las necesidades de los pacientes.

“Además de los pocos recursos asignados al sector salud y el desplazamiento de la atención del resto de los padecimientos, la crisis económica subsecuente determinó que el porcentaje de ocupados que no tiene derecho a los servicios de salud llegó al 62.3%, cinco puntos porcentuales más que en todo el período neoliberal (2006-2020).

“Y como cereza del pastel del Covid: el 8.2% de personal ocupado perdió su empleo y por lo tanto su afiliación a los sistemas de salud”.

De terror lo que en estos dos años y cinco meses ha sucedido en el país y particularmente en el sector salud. Qué grave y preocupante que quien convenció a 30 millones de ilusos de votar por MORENA, no tome en cuenta ni le importe la salud y la vida de los mexicanos. Por ello vuelvo a preguntar: ¿para eso le dieron su voto a López y MORENA? ¿Seguirán apoyándolos?

 

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En un mitin, López Obrador anunció que había presentado una denuncia contra el presidente Peña Nieto por “traición a la patria”. Según López Obrador, tenía pruebas contundentes que demostraban que la reforma eléctrica de Peña Nieto se había pactado en Washington y en Londres, que era en perjuicio de México y que, por tanto, se había hecho con “traición a la patria”, además de que los legisladores se habían dejado sobornar para que dicha reforma pasara. Anunció en ese momento que cuando llegara al poder revertiría la reforma energética de Peña Nieto. El tiempo pasó, López Obrador llegó al poder y, en efecto, puso manos a la obra para desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto. No acabo de entender por qué no lo hizo al principio del sexenio, cuando tenía muchos más legisladores que los que ahora tiene y cuando su poder parecía incontestable. Se esperó hasta la segunda mitad del sexenio, con un Morena y aliados debilitados en las elecciones federales de 2021 (aunque desde aquel lado ellos insisten en que son más fuertes que nunca, que es un momento histórico, y todas esas cosas). Y entonces sucedió lo que parecía “bola cantada”, para hablar en términos del béisbol: el desmantelamiento de la reforma eléctrica de Peña Nieto no fue posible. Lo primero que intentó López Obrador, para evitar el arduo mecanismo de reforma constitucional, fue modificar la Ley de la Industria Eléctrica. Para ello le bastaba la mayoría absoluta que tiene en el Congreso federal. El problema fue que al entrar en vigor se registró una lluvia de amparos y los legisladores de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad. Hace unos días, la Corte resolvió el asunto y no se alcanzó la mayoría de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad, lo que el presidente anunció ante sus simpatizantes como un gran triunfo y un día histórico.  En ese momento yo escribí que una cosa es que la Corte declare la inconstitucionalidad de una ley, o otra distinta es que la falta de esta  declaración implique que la ley sea constitucional. Parece que así lo entendieron los seguidores del presidente (el presidente no lo entendió así, porque él es hábil y es muy difícil tomarle el pelo). Siete ministros encontraron que la Ley Eléctrica (técnicamente modificaciones propuestas por el presidente a la Ley de la Industria Eléctrica) era inconstitucional… y lo es. Tan es así que el gobierno no podrá cancelar contratos otorgados a particulares así nada más; y si los cancela, incurrirá en responsabilidad y perderá litigios no sólo en México, sino ante cualquier tribunal internacional, lo cual significará millonarias indemnizaciones que usted y yo pagaremos. El presidente lo sabe perfectamente. Aunque López Obrador anunció el fallo de la Corte como un triunfo histórico y los seguidores, de buena fe lo creyeron y lo creen, la verdad inobjetable es que era necesaria la reforma constitucional. Por eso el presidente envió su propuesta y la Cámara de Diputados la votó el Domingo de Resurrección. Es una retahíla muy socorrida aquella según la cual la oposición está muerta e inoperante, moralmente derrotada, y que no sirve para nada, pero desde esa muerte, inutilidad, derrota moral e inoperación, la oposición rechazó la reforma eléctrica constitucional del presidente y el proyecto fue desechado en la Cámara de Diputados. El sueño de desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto quedó hecho pedazos y pareció de algún modo que la oposición “resucitó” el Domingo de Resurrección. El presidente, previendo que su proyecto no pasaría, había preparado un movimiento: nacionalizar el litio. Y así lo hizo ver a sus seguidores ese mismo Domingo de Resurrección al decir que, pasara lo que pasara, estaban blindados contra la traición. El discurso de la traición a la patria despegó a alturas que no se habían visto quizá desde el siglo XIX. Pero las cosas son como son, y no se pueden esconder. Una cosa es la reforma eléctrica con el fortalecimiento de la CFE, cuestión que no sucederá, al menos en este sexenio; y otra distinta es el asunto del litio. Insisto siempre en que el presidente López Obrador es muy hábil, lo cual me vale el insulto de las personas que no lo quieren, pero es la verdad. López Obrador mezcló los asuntos eléctrico y del litio y manejó el discurso de manera que sus seguidores pensaran que con la “nacionalización” del litio iba a quedar subsanado el rechazo de su reforma eléctrica en el Congreso. Los simpatizantes del presidente lo creen de buena fe, y si uno intenta desglosar las cosas y explicarlas, recibe de parte de ellos interminables insultos y hasta la ya manida –y en esa medida cada vez menos efectiva– acusación de “traidor de la patria”. Vaya, confieso que al principio daba miedo y preocupación que el presidente y sus simpatizantes llamaran “traidores” a los diputados que desecharon la reforma eléctrica constitucional, pero conforme pase el tiempo y se abuse de tal señalamiento, lo de la “traición a la patria” comenzará a dar risa. Volviendo al punto: la propuesta de “nacionalizar” el litio no tiene nada que ver ni subsana de modo alguno el rechazo, por parte de la oposición, de la reforma eléctrica constitucional propuesta y promovida por el presidente. Son dos asuntos diversos, y aunque los seguidores del presidente crean de buena fe lo que éste les dice, la nacionalización del litio no hará posible la reforma eléctrica que con tanto ahínco busca el presidente. En los siguientes meses se repetirá la historia: el presidente ya logró que su propuesta de reforma a la Ley Minera (nacionalización del litio) fuera aprobada por el Congreso. ¿Qué dicen estas nuevas disposiciones? Que el litio es de utilidad pública; que no habrá concesiones, contratos, licencias, permisos ni autorizaciones a particulares en esta materia; que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedará a cargo de un organismo público descentralizado (¿AMLITIO?); y que se considera zona de reserva minera aquella donde haya yacimientos de litio.  Todo esto suena muy bien, y en lo personal soy partidario de que el litio quede bajo el control del Estado Mexicano. Pero disculpe usted si resulto molesto, porque estas reformas a la ley minera, aunque se hayan anunciado como algo histórico para México, algo así como una nueva “expropiación petrolera”, no van a servir de nada. Actualmente hay concesiones en favor de empresas chinas, estadounidenses, inglesas, australianas, canadienses, españolas y mexicanas. Nada cambia que dichas concesiones se hayan otorgado en otra administración, estas empresas se van a amparar y van a ganar los amparos, porque la Ley Minera de López Obrador es anticonstitucional, no porque tenga yo animadversión hacia él (por supuesto que no la tengo ni la he tenido), sino porque conozco el esquema legal en mi carácter de estudioso del Derecho Constitucional. Si López Obrador quiere asegurar el litio de manera efectiva, necesita una reforma constitucional, punto. Como sucedió con la Ley Eléctrica, los seguidores del presidente creen de buena fe (es la cuarta o quinta vez que digo esto de la “buena fe”, disculpe usted) que ya con la ley del litio (Ley Minera) se acabó el problema. El litio ni se expropió ni se nacionalizó, ni quedó protegido, y si alguien lo cree es únicamente porque el presidente así lo dijo (Princeps dixit!). La Ley Minera del presidente y nada es casi lo mismo. Le anticipo lo que ocurrirá en los siguientes meses: la Ley Minera del presidente será combatida en tribunales, los jueces de distrito comenzarán a otorgar amparos a estas empresas, probablemente la oposición ejerza una acción de inconstitucionalidad; de ser así, llegará a la Corte y pasará exactamente lo mismo que con la reforma eléctrica: siete ministros la considerarán anticonstitucional y solo cuatro no, de manera que no se logrará la declaración de inconstitucionalidad, lo cual no significará que el gobierno mexicano no vaya estar destinado a perder (bola cantada) juicios en tribunales mexicanos y extranjeros, con las millonarias indemnizaciones que ello implicará; el presidente quizá promueva una reforma constitucional para de verdad proteger al litio, pero ésta no pasará en el Congreso. O sea, ese film de drama nacional llamado Litiomex o Amlitio ya lo vimos, exactamente igual, cuadro por cuadro, en la película de la trunca reforma eléctrica de Bartlett. Yo sé que muchos seguidores del presidente se enojan conmigo cuando explico las cosas. Lo único que pretendo es desglosar la verdad. La verdad nunca es mía, por eso es más factible entenderla y desmenuzarla, porque cuando la verdad es de “uno”, ya no es posible ni siquiera el diálogo. Y para terminar, Mario Delgado anda proponiendo retomar la denuncia que presentó AMLO en 2014 contra Peña y secuaces. Pero está proponiendo que sea a través de una consulta, para ver también si el pueblo quiere que los diputados que hace unos días rechazaron y dieron palo a la reforma eléctrica del presidente, sean acusados de traición a la patria. Por su parte, el priísto-morenista Ignacio Mier sugirió “fusilar” a los “traidores”, porque eso es lo que le pasa a los “traidores”: se les pone en el paredón para que el pueblo los fusile. Si bien aclaró que hablaba metafóricamente, quien debería dar el primer paso para subirse al paredón y ser fusilado es él, pues como diputado priísta aprobó el FOBAPROA en 1998 (sí, el robo más grande y vil que ha sufrido México en su historia fue apoyado y avalado por Mier); sí, el estridente Mier da consejos que si se aplicaran a su persona sería el primero en morir fusilado. Y para seguir con esta orgía de ejecuciones –que de tan grotesca parece guerra de pastelazos de una mala película mexicana–, la diputada petista Margarita García exigió “crucificar” a los legisladores del bloque opositor por haber votado en contra de la reforma de López Obrador.  ¿Se acuerda usted de La carabina de Ambrosio? Había un sketch en que un abuelito, protagonizado por Alejandro Suárez, si mal no recuerdo, entraba en cólera y se ponía a dar de bastonazos a un niño, protagonizado por Chabelo. El abuelito vuelto loco golpeaba a diestra y siniestra, pero no atinaba ningún golpe a Chabelo, y cada vez que lanzaba el bastonazo casi caía, pero el mismo Chabelo lo ayudaba a recuperar el equilibrio. En eso se está convirtiendo la estridencia de morena y sus rocambolescas propuestas de dar muerte a los traidores, ya sea exhibiéndolos y juzgándolos mediante consulta (Mario Delgado), fusilándolos (Mier), o bien crucificándolos (Margarita García). Y en la medida que son más chirriantes y estridentes las invectivas, más ridículo es el espectáculo. Con todo respeto, aunque esto pueda sonar como música para los oídos de los seguidores del presidente, va a acabar pasando lo mismo que con la consulta para enjuiciar a los ex-presidentes: nada. Como diría Shakespeare, “too much ado about nothing”." ["post_title"]=> string(88) "La verdad sobre el Litio, la reforma eléctrica que no pasó, y la traición a la patria" ["post_excerpt"]=> string(198) "El debate ha sido intenso estos días. 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Fue una muerte que pidió luto, una muerte no esclarecida, una muerte que exigió justicia. Este caso merece ser aclarado y no por el hecho de tratarse de la muerte de una mujer sino porque fue la muerte de un ser humano, de una persona a la que sus padres  esperaban, la muerte de una mujer en Nuevo León donde el gobernador Samuel García prometió en su campaña política ser el único que combatiría los feminicidios y es un hecho que no lo ha cumplido. El gobernador tuvo el poco tacto al salir ante los micrófonos a decir que Debanhi Escobar fue vista sola en vídeos más recientes. ¿Eso significa que no merece justicia? Las investigaciones han sido confusas pues las autoridades aseguran haber hallado el cuerpo en una cisterna y que murió por una contusión pero el padre declaró que se trató de asfixia. ¿Quién dice la verdad? Claramente nadie cree en Samuel García cuando pidió transparencia en el caso y tal parece que se le olvidó que es él quien debe ofrecerla. Por otro lado, pareciera ser que Samuel García no tiene un jefe de policías o un secretario de Seguridad ya que fue su esposa Mariana Rodríguez quien dio instrucciones a los uniformados. Así que parece que la pareja de tiktokers no tiene idea de lo que es gobernar y atender las necesidades del pueblo y es entendible cuando Samuel García cree que vivir con 50 mil pesos es ser miserable y cito a Chumel Torres porque tiene razón al decir que eso pasa cuando ya no es broma gobernar. Debahni Escobar merece justicia, merece un país unido que busque las razones de su muerte, no merece a un gobernador absurdo que intente culparla. Tanto el gobierno estatal como el federal deberían trabajar juntos para que casos como este no se repitan. Los grupos radicales de feminismo también deberían aprender a trabajar en conjunto y entender que el peligro nos rodea a todos porque Debanhi fue abandonada por otras mujeres. 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