De Frente Y Claro | Continúa la corrupción en SEGALMEX

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15 de julio, 2021 De Frente Y Claro | Continúa la corrupción en SEGALMEX

La enorme promesa que hizo López en campaña con la que convenció seguramente a 30 millones de ilusos que votaran por él, ACABAR CON LA CORRUPCIÓN, ha sido una de sus más grandes mentiras.

Y en su afán de engañar a los ilusos, sigue mintiendo y ellos creyéndole. En esa línea de eterna mentira, el 13 de marzo del 2021 López afirmó: “Ya no hay corrupción, aunque les de coraje a los conservas. Todo estaba muy descuidado. Más claro ni el agua; el gobierno estaba organizado para robar, era un comité al servicio de una minoría rapaz. No les importaba el pueblo, eran negocios, bisnes”. Lamento que antes todo se manejara con amiguísimo, palancas, para venderle al gobierno, construir un reclusorio y tentarlo al gobierno; o perforar un pozo petrolero y extraer crudo y ‘quedarme con una utilidad ‘, porque ahora ya hay una reforma para que haya utilidad compartida pero no con el pueblo, pero con particulares”.

LOS OTROS DATOS DE LA CORRUPCIÓN

López pretende con sus palabras encubrir la enorme corrupción que se ha presentado en su administración, y solamente como una pequeña muestra de ella, tocaremos el tema de SEGALMEX. Esto es parte de lo que publicó en El Universal, Mario Maldonado, el 13 de julio del 2021: “El cochinero de Segalmex”: 

En un intento desesperado por salvar las finanzas y el prestigio de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), uno de los organismos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, la 4T busca recuperar 770 millones de pesos que la administración actual destinó a la compra de valores e instrumentos financieros, y que debieron reservarse para garantizar principalmente los programas de abasto de leche dirigidos a la población de escasos recursos en todo el país.

“La Auditoría Superior de la Federación ha enviado varias alertas sobre este tema, en el sentido de que Segalmex, a cargo de Ignacio Ovalle, decidió realizar inversiones millonarias que no cumplían con los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, debido a que eran fácilmente convertibles en efectivo y, por lo tanto, susceptibles de desaparecer.

“En la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto están revisando estas operaciones. Puntualmente, se hace énfasis en dos contratos de compra y venta de instrumentos financieros que Seguridad Alimentaria Mexicana firmó con CI Casa de Bolsa, de Jorge Rangel de Alba, por la cantidad conjunta de 800 millones de pesos, y de los cuales únicamente se han podido recuperar 30 millones”.

“El pago de dichas inversiones se garantizó al grupo CI Banco con los recursos de un fideicomiso que Liconsa y Segalmex abrieron con una razón social denominada Financiera CORAFI, propiedad de un empresario chiapaneco de nombre René Dávila de la Vega y dedicada, según los datos de su objeto social, a los servicios de intermediación crediticia y financiera, a los productos de arrendamiento e incluso al factoraje. Por su parte, a René Dávila se le han detectado archivos de indagatorias por delitos de fraude en la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como millonarias operaciones financieras que no corresponden con su perfil transaccional”.

Estimados lectores, el 26 de noviembre del 2020, publiqué en este espacio: “Corrupción en Segalmex” (https://ruizhealytimes.com/opinion-y-analisis/de-frente-y-claro-corrupcion-en-segalmex/) sin que hasta la fecha, ya pasados casi 8 meses, nada se haya hecho al respecto. Retomo parte de lo publicado sumándolo a lo que mencionó Mario Maldonado: 

LARGA ESTELA DE CORRUPCIÓN Toca el turno en esta larga estela de Corrupción ahora a Segalmex, la nueva Conasupo que recicló López, en manos ni más ni menos que de un priísta, quien además “casualmente”, fue Director de Conasupo en 1988, en su etapa final. La Conasupo se creó el 6 de marzo de 1961 y finalizó su existencia el 24 de mayo de 1999.

“El 16 de noviembre de 2020, el diario Reforma publicó: “En su primer año Segalmex demostró que es ineficiente y una carga al erario” Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la nueva “Conasupo” de la 4T, operó con desorden en 2019 y no pudo comprobar el destino de 3 mil 27 millones de pesos, equivalentes al 375 por ciento del presupuesto público que ejerció ese año.

“Conforme a la intervención que la Secretaría de Función Pública hizo para aclarar la Cuenta Pública de ese año, Segalmex tampoco tiene registro de los apoyos y subsidios entregados a productores de leche, además de que pagó 134 millones de pesos a 691 “grandes” productores que excedieron el tonelaje permitido. En la revisión se detectó además duplicidad de beneficiarios con el programa Producción para el Bienestar de la Secretaría de Desarrollo Rural.

“PAGA A SOBRE PRECIO 

“Por ejemplo, Segalmex pagó a productores 3 mil 923 millones de pesos para comprar maíz, frijol, arroz y trigo a precios subsidiados, es decir, superiores a los del mercado. “En el caso del maíz y del frijol, no se pudo determinar el costo real del subsidio porque Segalmex no acreditó información sobre los precios de comercialización de esos granos, lo que significa que pagó mil 823 millones de pesos a los productores de maíz y frijol, pero no dispuso de la información sobre los recursos que recuperó con la comercialización de los productos adquiridos, explica el reporte.

“En defensa de las observaciones, Segalmex alegó que en 2019 aún no contaba con un sistema para reportar la totalidad de operaciones de compra y venta de granos. Si bien no tiene fines de lucro, Segalmex no es rentable. La ASF estimó que, sin las transferencias que recibe del erario, hubiera perdido 5 mil 49 millones de pesos en 2019. 

“¿QUIÉN ES IGNACIO OVALLE, EL GRAN AMIGO DE LÓPEZ?

“Ignacio Ovalle abogado egresado de la UNAM; su primer cargo público, entre 1966 y 1968, jefe de la Oficina de Vendedores Ambulantes de la Secretaría de Gobernación; siendo el Secretario Luis Echeverría Álvarez, quien lo nombró posteriormente, su secretario particular, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Pasó con ese mismo cargo a la campaña electoral de Echeverría como candidato del PRI a Presidente de México en 1969 y al asumir la presidencia de la república el 1 de diciembre de 1970.

“Fue subsecretario de la Secretaría de la Presidencia y titular de ésta, a partir del 3 de octubre de 1975. Permaneció en el cargo hasta el fin del gobierno de Echeverría en 1976. A partir de 1976 José López Portillo lo nombró director general del Instituto Nacional Indigenista, cargo al que sumó a partir del 21 de enero de 1977, el de coordinador general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). En 1982 “Miguel de la Madrid lo designó embajador de México en Argentina entre 1983 y 1987 y a partir de ese año y hasta 1988, embajador de México en Cuba.

“En 1988 Carlos Salinas de Gortari lo designó director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), iniciando un proceso para liquidarla, poniendo a la venta sus activos y cerrando sus tiendas al público, además de terminar con la adquisición de granos a precios de garantía a los campesinos. Una de sus últimas iniciativas como director de CONASUPO fue el otorgamiento de un subsidio consistente en un kilo de tortilla diario a familias consideradas en situación vulnerable. Este beneficio, denominado tortivale, fue severamente criticado y considerado como populista y destinado a la compra del voto. En consecuencia, fue removido del cargo el 16 de noviembre de 1990 y nombrado secretario de Gestión Social del CEN del PRI que presidía Luis Donaldo Colosio y posteriormente ocupó la secretaría técnica del consejo político nacional del partido. Fue elegido diputado federal por la vía plurinominal a la LVI Legislatura de 1994 a 1997. Al terminar, se alejó de los cargos públicos.

“Ignacio Ovalle tiene 76 años de edad y no podemos dejar de mencionar que cuando fue Director de la Conasupo en el sexenio de Salinas de Gortari, la izquierda criticaba y denunciaba, que esta hubiere dejado de dar precios de garantía; que estafaban al campesino: que almacenaban productos fantasmas: que había corrupción. 

“Muy importante aclarar que cuando Ovalle fue coordinador general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), le ofreció a López en 1977 su primer empleo (y quizás el único), comprobándose aquello de “Amor con amor se paga”, ya que López rescata a su exjefe y amigo, quien estaba en el ostracismo sin cargo alguno, hasta que López lo designa en el 2018 al frente de Segalmex. 41 años después los papeles se invirtieron”. 

Con todo lo anterior ¿podrá seguir afirmando López que ya acabó con la corrupción? ¿Por qué, no actúa en contra de Ignacio Ovalle? ¿O será una de sus tantas cajas chicas de la 4-T? ¿Usted qué piensa, estimado lector?

Comentarios
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Ante esas manifestaciones de Anaya, el presidente pidió en su “mañanera” a la Fiscalía General de la República (FGR) que hiciera pública la causa de acusación contra el panista. En “cumplimiento” a la petición, la Fiscalía "autónoma" emitió un comunicado, en el que se lee: “... Emilio "N", en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones "superiores" para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo "N", para que votara a favor de la Reforma Energética que privatiza la producción petrolera mexicana, en favor de las empresas extranjeras como Odebrecht Brasil (…) Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo (...) en el año 2014 (…) Posteriormente (...) quedó constancia de que Ricardo "N" votó a favor de la misma.  “La secuencia de todas las diligencias señaladas (...) evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido...” Lo expuesto por la FGR es de lo más aberrante jurídicamente que puede darse en un Estado de Derecho, ya que en su comunicado público se advierte que se inició una investigación en contra del ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, por haber recibido dinero (es hipótesis) para votar en favor de la reforma energética constitucional, promulgada en diciembre del año 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de ese mismo mes y año, sosteniéndose en la acusación que, tal acto, constituye el delito de cohecho, lo que de acreditarse sería cierto.   En efecto, el cohecho es una conducta delictiva que se traduce en la recepción de dinero u otros bienes por parte de un servidor público, por hacer o dejar de hacer sus funciones, resultando, en este caso de muy difícil comprobación, en cuanto a que habría que demostrarse que, antes de la votación a esas reformas, se le ofreció a Anaya un pago por su voto, siendo extraño que, según la propia carpeta de investigación, en la parte que se ha hecho pública, ese pago se le hizo varios meses después de que emitió su voto, a saber, el voto en diciembre de 2013 y el pago en agosto de 2014.  Además de tal hipótesis, relativa al delito de cohecho, se expuso en el comunicado de la FGR, que la reforma a la constitución, tuvo por objeto la entrega del patrimonio petrolero a los extranjeros y que tal, le ha traído consecuencias de sufrimiento social y económico a México, lo que resulta en una opinión insostenible e ilegal. Así es, la reforma a la Carta Magna en materia energética de finales de 2013, se realizó en cumplimiento al artículo 135 de la misma Constitución que determina que, para su reforma, debe aprobarse por las dos terceras partes del Congreso, es decir, de cada cámara legislativa, lo que se conoce como “mayoría calificada” y, adicionalmente, se requiere el voto de por lo menos la mitad de los congresos de las 32 entidades federativas, para que, en su conjunto, Congreso Federal y legislaturas de los Estados, formen el “Poder Constituyente”, único que puede reformar nuestro Máximo Cuerpo Legal. En el caso, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una votación en el Senado con 95 votos a favor y 32 en contra y, posteriormente en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma con una votación de 354 a favor y 134 en contra, y uno de esos trescientos cincuenta y cuatro votos fue el de Ricardo Anaya Cortés. Después de ello, el proyecto de reforma se turnó a los Congresos de los Estados, emitiéndose votaciones en cada una de las legislaturas locales, para que al final la reforma constitucional quedara aprobada por la votación a favor de 26 Estados de la República.    Luego entonces, casi cien Senadores, que sumados a más de trescientos cincuenta diputados y otros cientos de legisladores estatales, aprobaron las reformas constitucionales. ¿Y así la Fiscalía General de la República pretende que se sancione penalmente a Anaya y, al parecer a otros investigados, por votar a favor de la reforma energética? Una pretensión aberrante ya que, como está plenamente documentado en el proceso legislativo, esta reforma se aprobó por el “Poder Constituyente”. La Constitución Política, siendo la Ley Suprema es incuestionable jurídicamente, esto es, que no existe ninguna autoridad, ni organismo público, ni autónomo, ni de cualquier especie, que tenga facultades para que, oficialmente, en el ejercicio de sus atribuciones y competencia, pueda tachar de incorrectas o ilegales las reformas constitucionales; es más, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedida para emitir resolución alguna que determine que alguna Norma Constitucional es ilegal, incorrecta o dañina para el país, ni siquiera emitir opinión que la descalifique, ya que la principal función de la Corte es la de ser el Órgano Máximo de Control Constitucional, que le obliga a defender nuestra Carta Magna en su integridad y sin calificarla de buena o mala. Por ello es absurda la pretensión de la Fiscalía General de la República, al sostener su acusación en que la emisión del voto de Ricardo Anaya constituye una causa criminal, ya que tal hecho equivale a prejuzgar oficialmente la reforma Constitucional como generadora de un daño social y económico a México. Y más absurdo es que ante tal imputación el Juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, haya citado a Anaya a declarar, pues es como tener por cierto, indudable e incuestionable, tanto para el Fiscal como para el mencionado Juez, que la Constitución actual, en la parte de su regulación energética, ha afectado y afecta al país. Simplemente, no se puede acusar a nadie por reformar la Constitución. Que no haya confusión. No defiendo ni a Anaya Cortés ni a nadie que se esté investigando por haber votado favorablemente las reformas constitucionales, sino al Estado de Derecho, pues, en el caso, no solo se está imputando que hubo una colusión delictiva para aprobar las reformas constitucionales en materia de energía, sino también se está acusando, denostando y contraviniendo a la propia Constitución vigente, lo que se ha hecho en actuaciones oficiales, tanto por la Fiscalía General de la República, como por el Juez de Control, resultando en una verdadera aberración jurídica, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede ser motivo de descalificación oficial para sostener tal acusación. Esto ya es, repito, ¡ABERRANTE y de MIEDO!" 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Entramos en la época del año cuando se celebra a México en infinidad de formas: Comenzamos con la conmemoración de los Niños Héroes en la toma del Castillo de Chapultepec.  Dicen los expertos que no fueron niños, como nos lo enseñaron en primaria, y que ninguno de ellos se envolvió en la bandera y se tiró desde las alturas para preservarla de los invasores norteamericanos. Como adulta entiendo que se trata de una leyenda romantizada, pero a la vez reconozco que esa imagen que se formó en mi mente en tercero de primaria sigue tan viva como entonces. Contribuyó a  forjar mi identidad, a sentir que una nación por la cual se llevan a cabo esos grandes sacrificios representa una gran nación. Llega unos días después la celebración de nuestra Independencia, ocasión cuando se manifiesta en todo su esplendor la mexicanidad: desde las caracterizaciones de nuestros héroes de la Independencia, las representaciones teatrales, la poesía. Los desfiles en cada una de las poblaciones grandes y pequeñas, frente a los cuales se exalta dentro de nosotros ese particular orgullo de ser mexicanos. No pueden faltar en esa ocasión los deleites gastronómicos, desde los sofisticados chiles en nogada con su gama de leyendas urbanas y modos de preparación, hasta los populares elotes con chile y la fruta picada, que se venden en cualquier esquina durante el desfile. La mexicanidad nos pone a vibrar a todos los oriundos la noche del 15, en el territorio nacional y allende las fronteras.  Ese “Viva México” que respondemos a coro los presentes en tres ocasiones, seguido por los nombres de los héroes de la Independencia, así como la réplica de la campana de Dolores en cada inmueble que representa a nuestro país a lo largo y ancho del mismo, y de igual manera en las sedes oficiales en el extranjero. Se sigue la –ahora controversial– fecha del 12 de octubre que, así queramos borrar de nuestra historia, constituye la mitad de nuestra identidad.  Un festejo que ha perdido mucho lucimiento por cuestiones ajenas al reconocimiento de nuestra identidad mestiza, cuyo epítome este año es la sustitución de un bello monumento de Colón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por una figura estilizada de una  mujer que busca  representar los pueblos originales, pero que a ratos parece sacada de una cinta galáctica. Ella no me significa ninguna identidad en absoluto. Ni por los rasgos que le imprimieron, ni por la frialdad del material con que está hecha, ni por la forma tan arbitraria con que se ha decidido imponerla. Durante primaria y secundaria estudié fundamentalmente, en colegios de monjas. En los libros de historia de primaria, sistemáticamente, nos brincábamos el capítulo de las Leyes de Reforma.  Sabíamos que existió Benito Juárez; conocíamos la historia del niño de un pequeño pueblo oaxaqueño que pasó de cuidar ganado menor a convertirse en presidente de la República. Esto es, no se acentuaba el hecho de que Juárez haya decretado la separación del Estado y de la Iglesia, pero tampoco se arrancaban las hojas de los libros para vetarlo. Ya en secundaria sí aprendí lo necesario sobre las Leyes de Reforma y la figura de Juárez para el México actual. Sería como en los enamoramientos, tiene más efecto la indiferencia que las acciones directas de resistencia. Seguimos en noviembre con los festejos de la Revolución. A mí me remiten a diversos momentos, en particular con mis hijos pequeños en atuendos de ocasión.  Los desfiles asociados con el deporte y las danzas folclóricas entre las que no puede faltar: “La marcha de Zacatecas” y “La Adelita”. Otra vez la gastronomía en pleno para sentirnos aún más mexicanos. Arribamos finalmente a diciembre, a la celebración de la Virgen de Guadalupe. Sucede ese pensamiento paradójico único en México: proveniente de la tradición católica, la figura de la Guadalupana atraviesa cualesquiera creencias religiosas para instalarse en el corazón de todos los mexicanos. Ahora  las calles se ven pobladas por  peregrinaciones de distintos templos de cada parroquia, y en buena parte del territorio nacional se hacen acompañar de danzantes de todas las edades, vestidos de gran colorido, conocidos como “matachines”, cuyo traje incluye una nahuilla adornada con carrizos cortos, o bien pulseras de guijarros en las piernas, que al danzar generan un sonido muy característico. Sobre la cabeza  portan un penacho multicolor a base de plumas, y a lo largo de toda la peregrinación los danzantes van ejecutando cuadros que  han preparado a lo largo del año, al compás de un tambor. Quien encabeza cada contingente porta un estandarte, generalmente bordado, que identifica al templo y a la parroquia que representan. Podríamos seguir hablando mucho más de los elementos que nos dotan de nuestra  identidad como mexicanos. Esta vez quisiera utilizarlo como parangón frente a las acciones ciudadanas que, de manera contraria, señalan nuestro desapego a la patria, término –este último– que nació del mismo vocablo de “padre” y que significa casa, tierra propia, familia, grupo original. ¿Por qué, tantas veces, en lugar de cuidar nuestro suelo, actuamos con descuido, y hasta nos empeñamos en  dañarlo? ¿Por qué sacamos tajada “a la brava”? ¿Por qué tratamos mal a nuestros hermanos? Pareciera que nos aferramos a la idea de sentir que alguien es más que otros por su color de piel, por el nivel académico o por su  solvencia económica. En la denostación que emprendemos queda expuesta nuestra pequeñez. 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Ante esas manifestaciones de Anaya, el presidente pidió en su “mañanera” a la Fiscalía General de la República (FGR) que hiciera pública la causa de acusación contra el panista. En “cumplimiento” a la petición, la Fiscalía "autónoma" emitió un comunicado, en el que se lee: “... Emilio "N", en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones "superiores" para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo "N", para que votara a favor de la Reforma Energética que privatiza la producción petrolera mexicana, en favor de las empresas extranjeras como Odebrecht Brasil (…) Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo (...) en el año 2014 (…) Posteriormente (...) quedó constancia de que Ricardo "N" votó a favor de la misma.  “La secuencia de todas las diligencias señaladas (...) evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido...” Lo expuesto por la FGR es de lo más aberrante jurídicamente que puede darse en un Estado de Derecho, ya que en su comunicado público se advierte que se inició una investigación en contra del ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, por haber recibido dinero (es hipótesis) para votar en favor de la reforma energética constitucional, promulgada en diciembre del año 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de ese mismo mes y año, sosteniéndose en la acusación que, tal acto, constituye el delito de cohecho, lo que de acreditarse sería cierto.   En efecto, el cohecho es una conducta delictiva que se traduce en la recepción de dinero u otros bienes por parte de un servidor público, por hacer o dejar de hacer sus funciones, resultando, en este caso de muy difícil comprobación, en cuanto a que habría que demostrarse que, antes de la votación a esas reformas, se le ofreció a Anaya un pago por su voto, siendo extraño que, según la propia carpeta de investigación, en la parte que se ha hecho pública, ese pago se le hizo varios meses después de que emitió su voto, a saber, el voto en diciembre de 2013 y el pago en agosto de 2014.  Además de tal hipótesis, relativa al delito de cohecho, se expuso en el comunicado de la FGR, que la reforma a la constitución, tuvo por objeto la entrega del patrimonio petrolero a los extranjeros y que tal, le ha traído consecuencias de sufrimiento social y económico a México, lo que resulta en una opinión insostenible e ilegal. Así es, la reforma a la Carta Magna en materia energética de finales de 2013, se realizó en cumplimiento al artículo 135 de la misma Constitución que determina que, para su reforma, debe aprobarse por las dos terceras partes del Congreso, es decir, de cada cámara legislativa, lo que se conoce como “mayoría calificada” y, adicionalmente, se requiere el voto de por lo menos la mitad de los congresos de las 32 entidades federativas, para que, en su conjunto, Congreso Federal y legislaturas de los Estados, formen el “Poder Constituyente”, único que puede reformar nuestro Máximo Cuerpo Legal. En el caso, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una votación en el Senado con 95 votos a favor y 32 en contra y, posteriormente en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma con una votación de 354 a favor y 134 en contra, y uno de esos trescientos cincuenta y cuatro votos fue el de Ricardo Anaya Cortés. Después de ello, el proyecto de reforma se turnó a los Congresos de los Estados, emitiéndose votaciones en cada una de las legislaturas locales, para que al final la reforma constitucional quedara aprobada por la votación a favor de 26 Estados de la República.    Luego entonces, casi cien Senadores, que sumados a más de trescientos cincuenta diputados y otros cientos de legisladores estatales, aprobaron las reformas constitucionales. ¿Y así la Fiscalía General de la República pretende que se sancione penalmente a Anaya y, al parecer a otros investigados, por votar a favor de la reforma energética? Una pretensión aberrante ya que, como está plenamente documentado en el proceso legislativo, esta reforma se aprobó por el “Poder Constituyente”. La Constitución Política, siendo la Ley Suprema es incuestionable jurídicamente, esto es, que no existe ninguna autoridad, ni organismo público, ni autónomo, ni de cualquier especie, que tenga facultades para que, oficialmente, en el ejercicio de sus atribuciones y competencia, pueda tachar de incorrectas o ilegales las reformas constitucionales; es más, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedida para emitir resolución alguna que determine que alguna Norma Constitucional es ilegal, incorrecta o dañina para el país, ni siquiera emitir opinión que la descalifique, ya que la principal función de la Corte es la de ser el Órgano Máximo de Control Constitucional, que le obliga a defender nuestra Carta Magna en su integridad y sin calificarla de buena o mala. Por ello es absurda la pretensión de la Fiscalía General de la República, al sostener su acusación en que la emisión del voto de Ricardo Anaya constituye una causa criminal, ya que tal hecho equivale a prejuzgar oficialmente la reforma Constitucional como generadora de un daño social y económico a México. Y más absurdo es que ante tal imputación el Juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, haya citado a Anaya a declarar, pues es como tener por cierto, indudable e incuestionable, tanto para el Fiscal como para el mencionado Juez, que la Constitución actual, en la parte de su regulación energética, ha afectado y afecta al país. Simplemente, no se puede acusar a nadie por reformar la Constitución. Que no haya confusión. No defiendo ni a Anaya Cortés ni a nadie que se esté investigando por haber votado favorablemente las reformas constitucionales, sino al Estado de Derecho, pues, en el caso, no solo se está imputando que hubo una colusión delictiva para aprobar las reformas constitucionales en materia de energía, sino también se está acusando, denostando y contraviniendo a la propia Constitución vigente, lo que se ha hecho en actuaciones oficiales, tanto por la Fiscalía General de la República, como por el Juez de Control, resultando en una verdadera aberración jurídica, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede ser motivo de descalificación oficial para sostener tal acusación. Esto ya es, repito, ¡ABERRANTE y de MIEDO!" 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LA ABERRANTE IMPUTACIÓN A LA CONSTITUCIÓN COMO CAUSANTE DE DAÑO SOCIAL Y ECONÓMICO EN LA INVESTIGACIÓN CONTRA RICARDO ANAYA

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