De Frente y Claro | BONILLA Y SUS OCURRENCIAS

Nuevamente el gobernador de MORENA en Baja California, Javier Bonilla, se inventa una ocurrencia más. Seguramente usted lo recuerda, estimado lector, por otra ocurrencia: “La Ley Bonilla”. Con ésta pretendió ampliar su periodo de mandato de dos...

28 de enero, 2021

Nuevamente el gobernador de MORENA en Baja California, Javier Bonilla, se inventa una ocurrencia más. Seguramente usted lo recuerda, estimado lector, por otra ocurrencia: “La Ley Bonilla”. Con ésta pretendió ampliar su periodo de mandato de dos a cinco años, lo cual no logró. Ahora pretende expropiar el Club Campestre de Tijuana.

Como chivo en cristalería, el gobernador Bonilla se suma a lo que tanto pregona López y Morena: “Hacer Historia”. Hace unos días anunció que buscará expropiar el Club Campestre de Tijuana por presunto incumplimiento de obligaciones fiscales: “Le estoy dando instrucciones al secretario de Gobierno para que vea la posibilidad de expropiar el Campestre para beneficio público. Los gobiernos anteriores destruyeron y vendieron los parques se enriquecieron con eso los gobiernos de la derecha”.

Acusa que los propietarios han incumplido sus obligaciones fiscales, así como el pago de predial y de agua, señalando al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz por encubrir y beneficiarse con esta situación. Y afirma que su gobierno no se mantendrá al margen de las necesidades de la gente, por lo que, expuso, utilizaría este predio como un lugar abierto al público.

Obviamente esto causó protestas como la de Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex nacional: “Los gobiernos de Morena Sí ya empiezan a atacar a la propiedad privada, mostrando que nos quieren llevar al comunismo”. Y manifestó a través de redes sociales que dicha intención fue un arranque autoritario por parte del gobernador, pues está amenazando con expropiar una instancia que pertenece a particulares.

LA VERSIÓN OFICIAL

Como era de esperarse, la versión oficial es defender la ocurrencia del gobernador, razón por la cual a quien le encargó el tema, el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano, aseguró que “la expropiación del Club Campestre Tijuana será un acto completamente legal que va a proceder y ya se estudia la ruta jurídica para ejecutarla. Es un acto jurídico perfectamente reconocido y avalado por la Constitución General de la República y la Constitución del Estado de Baja California y tiene el propósito de que un bien que pertenece a una persona física o moral es quitado de su propiedad de manera legal para que sirva a un interés general en este caso para el interés de la sociedad”. 




Explicó que se llevarán a cabo pasos jurídicos, “donde se realizará primer lugar un estudio en el que se establecerá el interés jurídico, para luego hacerlo del conocimiento de las personas, asimismo emitir un decreto perfectamente sustentado en el derecho y motivado por el interés público”.

Por otra parte, argumentó que a pesar de que el Club Campestre está ubicado en una de las zonas más importantes de la ciudad, es una propiedad “rodeada de muchos problemas jurídicos y legales, de bastantes controversias que datan prácticamente desde principios del siglo pasado”. Y dijo que no es ninguna agresión a los empresarios de Baja California ni a los miembros del Club Campestre: #es una necesidad de que nuestra ciudad cuente con áreas verdes para su beneficio, que nuestra ciudad tenga un centro cultural de la mayor envergadura, que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan lugares donde puedan hacer deporte, hacer cultura o simplemente sentarse a jugar ajedrez, oír música clásica, etc.”. 

Mientras tanto, Javier Bonilla en Facebook reveló que un grupo de 200 accionistas controlan el Club Campestre, un área de 53 hectáreas en una ciudad que tiene los más bajos niveles de área verde por habitante. Y que, de acuerdo a un reportaje publicado por Newsweek, Tijuana apenas cuenta con 44 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, mientras que la media nacional es de cinco metros y la Organización Mundial de la Salud señala que el requerimiento es de 16 metros cuadrados por habitante.

En este embrollo que se metió el gobernador y que se lo encarga a su Secretario General de Gobierno, es importante conocer quién es Amador Rodríguez.

QUIÉN ES AMADOR RODRIGUEZ 

Para conocer quién es Amador Rodríguez Lozano, esto publicó Salvador García Soto en su Columna “Serpientes y Escaleras” en El Universal el 16 de julio del 2019. “El mapache detrás del “tornillazo”: 

“En el entuerto reeleccionista y fraudulento de Baja California, además de la mano ejecutora de Jaime Bonilla, el gobernador electo morenita y sus pactos inconfesables para darle impunidad al mandatario saliente del PAN, Francisco Kiko Vega, también está la autoría intelectual y jurídica del abogado priista Amador Rodríguez Lozano, ex senador de la República y afamado “mapache” u operador electoral, que además de ser cercano a priistas bajacalifornianos como Jorge Hank Ron y Fernando Castro Trente, también colaboró como “socio-asesor” de los tres últimos gobernadores de Chiapas: Pablo Salazar Mendiguita, Juan Sabines y Manuel El Güero Velasco.

“Amador Rodríguez Lozano, hoy operador cercano de Bonilla y a quien se menciona como su próximo secretario de Gobierno del estado, fue quien ideó, diseñó y redactó la reforma constitucional que, a la medianoche del 8 de julio, y en una sesión extraordinaria del Congreso local, hizo modificar el artículo 8 transitorio de la Constitución de Baja California para ampliar la duración de la gubernatura que inicia este 1 de noviembre, de dos años, como se votó en las urnas, a cinco años de duración.

“Rodríguez Lozano dice ser originario de Tijuana. Fue senador y diputado por el PRI, cercano a Jorge Carpizo, con quien colaboró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En Baja California buscó ser candidato a gobernador por el PRI en 2001, pero alegando falta de equidad, renunció al priismo y fue candidato del PT; en 2006 fue candidato de la Coalición por el Bien de Todos al Senado y también perdió. A partir de su fracaso en BC se fue a Chiapas invitado por el gobernador perredista Pablo Salazar Mendiguchía.

“Asumió como coordinador general de gabinete y representante del gobierno del estado de Chiapas en el DF. Se encargaba de redactar proyectos legislativos y lo presentaban como “estratega electoral”. Fue autor del polémico proyecto que desapareció la Gran Comisión de Congreso del Estado para crear la Comisión de Régimen Interno, con la cual el gobernador Salazar le quitó el control a la mayoría del PRI. El proyecto fue desechado por una controversia constitucional.

“Al finalizar el sexenio de Salazar, fue enviado a coordinar la campaña de Juan Sabines, pero este se opuso y prefirió nombrar coordinador a su amigo, Ángel Córdova Toledo. El resultado fue un desastre: en varios distritos aparecieron “casillas zapatos” adjudicadas al PRD-CIOAC, y ante el caos, la mano de Rodríguez Lozano y sus oficios políticos en el centro, impidieron el recuento de votos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio el triunfo a Sabines por diferencia de 0.5%.

“En premio, Sabines lo ratificó como Coordinador del Gabinete y Representante en el entonces Distrito Federal. A sugerencia de Amador, Sabines reformó la Constitución estatal para cambiar de nombre a la Procuraduría General de Justicia por Ministerio de Justicia y él mismo fue nombrado “Ministro de Justicia”. En esa época protagonizó un hecho bochornoso: apareció en los medios de comunicación hablando del decomiso de “varias toneladas de cocaína”. Una semana después tuvo que salir a aclarar que “era lactosa en polvo”. Después de eso renunció y le regresaron su nombre a la Procuraduría.

“Pero continuó como gurú electoral y en 2009 impulsó una reforma para suspender los comicios de 2010 para elegir ayuntamientos y en su lugar proponían que los legisladores asumieran como presidentes municipales y éstos de diputados. Una controversia constitucional revirtió el burdo y absurdo proyecto.

“Después de esos ridículos desapareció un tiempo y volvió en 2012 como asesor del gobernador del PVEM, Manuel Velasco Coello, que lo nombró presidente del Instituto de Administración Pública del Estado. En la campaña del morenista Rutilio Escandón volvió a hacer de “gurú electoral” y operador tras bambalinas, lo que le valió ser ratificado en el IAP, aunque tras la llegada de su amigo Castro Trenti a la campaña de Bonilla, renunció para regresar como “mapache” a su tierra natal. Y ahora, cuando se enfila a la Secretaría de Gobierno, volvió a hacer de las suyas al diseñar y operar el “bonillazo”. ¿Volverán a tumbarle su adefesio jurídico en la Suprema Corte?”.

Llama mucho la atención, estimados lectores, que tanto haya pregonado López y MORENA sacar al PRI del gobierno y que ahora resulta que en este caso de Baja California, el segundo cargo en importancia en el estado lo tiene un expriista, quien fue muy cercano a Luis Donaldo Colosio, y además cuenta con un muy negro historial. Por ello pregunto: ¿ese es su cambio prometido? 

 

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