En México, 85% de los 2456 municipios que hay en el país no cuenta con un atlas de riesgo, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, diputados pulen una ley que obligará a tener un atlas de riesgo por municipio y no por estado, como está actualmente.
“Es lamentable que en pleno siglo XXI se siga teniendo esta deuda histórica. México debe de transitar de ser un país reactivo a ser un país más preventivo. Con el atlas de riesgo municipal podremos identificar de una manera puntual zonas de derrumbes, zonas de deslaves, zonas sísmicas, y generar las mejores condiciones para evitar desastres”, dijo a La Razón la diputada Claudia Reséndiz Hernández, presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres.
De acuerdo al número de municipios por entidad, Baja California, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo son las entidades con el mayor número de Atlas de Riesgo locales: El primero y el segundo con cuatro de sus cinco ayuntamientos, cada uno; el tercero con ocho de 10; y el cuarto con siete de nueve.
La propuesta de Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil establece programas de reconstrucción, sistemas de alerta temprana y financiamiento para la prevención; además de la transformación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) en el “Fondo para la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres”. Este fondo tendrá como tarea “implementar acciones tendientes a restablecer las condiciones aceptables y sustentables de vida, mediante la realización de obras de mitigación, reconstrucción, rehabilitación de infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos y deteriorados en un área afectada, debiendo ser bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes de la ocurrencia del desastre”. Asimismo, se sustituye el término “fenómeno” por “amenaza”, utilizado desde la Ley General de Protección Civil del año 2000, considerando que el término de fenómeno no es utilizado en los instrumentos internacionales.
Además, se ordena la creación de una Agencia de Gestión Financiera de Riesgos Públicos, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “la cual se va a encargar de que efectivamente todos y cada uno de los estados cuenten con sus seguros catastróficos, para que en una situación de emergencia o de desastre podamos echar mano sin necesidad de esperarnos a tanta burocracia que existe”.
La ley también prevé crear un organismo dedicado a vigilar y auditar los donativos para el auxilio de la población “para que no se repita lo vimos en 2017, que no hubo una cuenta transparente en cuanto a los donativos”. “Llevamos más de un año trabajando en están nueva ley, no es un cambio de nombre, sino un cambio de forma”, aseguró la diputada panista Sonia Rocha, integrante de la Comisión de Protección Civil.
¡Vengan por mí, cobardes!
El pasado domingo 31 de mayo, la Constitución corrió la misma suerte que nuestras demás instituciones Y SE FUE AL CARAJO.
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