Creer el Derecho

23 de febrero, 2021

César Benedicto Callejas

El derecho, como disciplina humanística, como sistema de normas y aún, como seña de identidad de una sociedad, puede resumirse en un entramado complejo de creencias, entre las cuales destaca la de la conservación de la sociedad mediante el sometimiento de todos, autoridades y gobernados, a la norma impersonal, abstracta y general; es decir, damos vida al derecho porque creemos en su eficiencia para construir y mantener las sociedades. Dicho de otro modo: el derecho vive porque los ciudadanos creemos que éste es necesario para sostener nuestra comunidad.

Hay algunos momentos, sin embargo, en que el edificio así sostenido se cimbra, entonces, la creencia generalizada comienza a presentar fisuras y diversos eventos y fenómenos, se concatenan para concluir en la pérdida de la creencia colectiva en la efectividad del sistema. No hablamos de las pequeñas disfunciones propias de todo sistema dinámico. En un sistema sano, cotidianamente ocurren eventos y situaciones que irrumpen en la normalidad del cumplimiento de las normas. En esos casos, el propio derecho establece medidas correctivas: las infracciones de policía y buen gobierno, las infracciones administrativas, los juicios penales y el establecimiento de penas privativas de derechos que pueden ir, según la sociedad y el momento histórico, desde la exacción de bienes y anulación de prerrogativas, a la pérdida de la libertad y aun de la vida.

Incluso, cuando esos mismos sistemas autocorrectivos fallan, el derecho establece un sistema de redundancias para corregir los errores en las medidas de seguridad: juicios constitucionales, juicios de amparo, segundas y terceras instancias, quejas sobre la actuación de los magistrados y procesamiento administrativo o judicial de servidores públicos, son algunas de las medidas que generalmente se establecen al efecto. Pero vayamos un paso adelante. Cuando esa segunda redundancia en las medidas de protección fallan, las organizaciones ciudadanas, la opinión pública y, según la gravedad de la disfunción, la presión ciudadana pueden obligar a la generación de cambios desde los actores políticos que bien puede desarrollarse, ya a través de la determinación de prácticas públicas al amparo de la Ley, o bien a través de reformas legales, reglamentarias y hasta constitucionales, de acuerdo con las necesidades del momento. Aun así, el sistema se sostiene, pues la creencia en la necesidad del mismo sigue vigente y las disfunciones se van corrigiendo conforme los ciudadanos van ejerciendo sus derechos.

Hay normas que resultan inexplicables fuera de este contexto de creencias, por ejemplo, el pensar que a los 18 años se es suficientemente maduro para tomar decisiones y asumir consecuencias, ¿por qué no a los 13 o a los 25? En la España de Franco, una mujer no podía retirar dinero de su cuenta bancaria si no contaba con la firma de su padre, su marido o, en su defecto, de algún hijo mayor de edad. Países como Chile apenas hace unas cuantas décadas aceptaron el divorcio como mecanismo para la disolución del matrimonio. En el extremo se sitúan valores y conductas que racionalmente son incomprensibles, pero que nacen de la creencia colectiva bien arraigada, como los principios raciales del derecho nazi e incluso normas irrelevantes si se quieren pero que contienen caudas de herencias históricas que pertenecen a toda la sociedad. En México, durante muchos años para constituir una sociedad había que pedir permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores –ahora a la de Economía– para que aprobaran el nombre, todo porque durante la segunda guerra mundial era una manera de control de los bienes e inversiones del enemigo y se nos quedó la costumbre. Los protocolos de la diplomacia y los que dan color a la vida de las monarquías son ejemplos de este tipo de conductas que se cuelan en la Ley y que permanecen incluso por siglos.

En México se han presentado cambios importantes en las creencias y valores durante los últimos años y éstos han permeado a la Ley y ahí se sostienen. Siempre sostuvimos un sistema machista y patriarcal que ahora muchos queremos combatir y corregir. Hoy creer en el derecho a la diversidad no es vergonzoso; o creer que somos un pueblo hecho para los regímenes autoritarios o corruptos por naturaleza, son cosas que ya no nos van y que también combatimos.

Sin embargo, hay una disfunción mayor, acaso diríamos que solo una de cuya satisfacción depende la sobrevivencia de todo el sistema: la percepción que de su justicia tienen aquellos que están llamados a obedecerlo. En un escenario en el que la población percibe que el sistema no está llamado a impartir justicia, o que ésta no llega a cada uno de los habitantes, equiparando las diferentes fortunas y estableciendo una base de equidad indispensable para un mínimo de vida democrática. Debe entenderse que no es la mayor o menor incidencia de la delincuencia –en la que intervienen factores tan disímbolos como la falta de educación, la pobreza o incluso el exceso de satisfactores– la que determina la pérdida de la percepción de la justicia. Ese es un fenómeno más profundo. Después de todo, ya Rawls decía que “las instituciones básicas de la sociedad no deben distinguirse simplemente por ser ordenadas y eficientes: ellas deben ser, sobre todo, justas. Y si no lo son, entonces, deben ser reformadas o abolidas”.

@cesarbc70

Comentarios