CEM, regreso a clases

Ante el inminente inicio del año escolar, en el contexto de la pandemia, preocupa a la Iglesia mexicana que exhorta al gobierno a elaborar estrategias bajo una óptica seria, calificada y amplia, que recoja las realidades y...

6 de agosto, 2021

Ante el inminente inicio del año escolar, en el contexto de la pandemia, preocupa a la Iglesia mexicana que exhorta al gobierno a elaborar estrategias bajo una óptica seria, calificada y amplia, que recoja las realidades y las voces de la educación pública y privada, La CEM presentó un documento en el que exhortan al gobierno a resguardar y promover la educación, la salud, la seguridad y el bienestar de los más pequeños como lo haría un verdadero Estado Social.

El mensaje publicado el 27 de julio en el portal de la Conferencia del episcopado es enfático al afirmar que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se “velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez”, tal como el derecho a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los obispos señalaron que la “La educación es la piedra angular de todo proyecto de Nación. Frente a la emergencia educativa, sanitaria, económica y social, respondamos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México, con toda la fuerza del Estado” y exigieron al gobierno “Garantizar un Programa Estratégico General para el Regreso Presencial a la Comunidad Educativa, el próximo 30 de agosto, que parta de un diagnóstico serio, calificado y amplio, que recoja las realidades y las voces de la educación pública y privada”.

Además, los obispos mexicanos consideraron que “Hoy más que nunca, se requieren los esfuerzos académicos, científicos y técnicos capaces de implementar, en el menor tiempo posible, una mayor cobertura de vacunas, así como de pruebas de detección de brotes de Covid-19 y sus variantes”.

En suma, los obispos ven que el regreso a clases requiere de vacunación universal contra el Covid-19 y que esto debe ser una prioridad para el gobierno y debe cristalizarse en una política pública corresponsable.

Puntos que resaltar de la petición de los obispos: 

  • “Garantizar un Programa Estratégico General para el Regreso Presencial a la Comunidad Educativa, el próximo 30 de agosto, que parta de un diagnóstico serio, calificado y amplio, que recoja las realidades y las voces de la educación pública y privada”.
  • Incluir a las familias en un plan estratégico educacional, en la revisión y ajuste al Acuerdo de Salubridad General, así como en la formulación de protocolos adecuados a cada contexto y confirmados por la comunidad de cada plantel.
  • Esquema de vacunación y detección del Covid 19 y sus variantes. 
  • La participación de los sectores públicos y privados, así como también de los empresarios, industriales, comerciantes y profesionistas, que, viviendo en las mismas localidades, “desaten una corriente de solidaridad, talento y responsabilidad social” en la estrategia del combate al Covid-19. 
  • Reconversión física y social, de cada comunidad escolar a través de la generación de “un pacto educativo” entre directivos, maestros, padres de familia, estudiantes, comunidad en general, incluyendo autoridades civiles, académicos o asociaciones religiosas. recuperar toda una estructura para la educación temprana, que antes de la pandemia ya había sido restringida. 
  • Se requieren guarderías, estancias infantiles, preescolares, así como una atención integral y de calidad que garanticen las futuras condiciones educativas para no arriesgar el porvenir de esta generación.

Los obispos consideraron que “La escuela debe estar abierta a actividades presenciales, en la amplia gama de interacción que puede ir desde las asesorías personalizadas y el uso de internet hasta sesiones con el escalonamiento debido, según el protocolo de bioseguridad, para estructurar grupos adecuados en tamaño, a cada situación”. El episcopado advierte que “hoy, más que nunca, urge atender el desarrollo integral de cada miembro de la sociedad”.

Aseveraron que la corrupción, la injusta distribución del ingreso, la ilegalidad, no se resuelven con discursos y buenos propósitos, sino con una gestión adecuada que establezca claros principios y acciones concretas.

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