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¿Para qué pagamos impuestos?

“El gobierno es incapaz de darnos algo sin despojarnos de algo más”. -Henry Hazlitt (1894-1993).

17 de enero, 2023

México fue el segundo país de América Latina con un mayor incremento en recaudación tributaria, acorde con la información de la OCDE, en los años 2019, 2020 y 2021, a pesar de la pandemia de COVID-19. Del mismo modo, al segundo trimestre del 2022, los ingresos de la cuenta pública se ubicaron un 9.6% por encima de lo estimado. El total para este año del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación supera los 8 billones de pesos; sin embargo, el presupuesto en materia de Educación Pública, base fundamental del desarrollo del país y sus habitantes, disminuyó 43% para 2023 con respecto del año anterior acorde con las cifras del PPEF.

En nuestro país el 51% de las escuelas públicas tiene más de 30 años de antigüedad y considerando que además existen también aquellas que se vieron afectadas por los sismos de 2017 y 2018 que no han sido rehabilitadas, dicho rubro debería de ser atendido por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED).

El presupuesto del Instituto para el presente año es de $199 millones 818 mil pesos, casi 50% menos que en el 2022, cuya cifra ascendió a los $393 millones 672 mil pesos, acorde con las cifras oficiales.

Adicional a lo anterior el Gobierno Federal decidió eliminar el año pasado a nivel nacional el programa, que operaba desde 2008, denominado Escuelas de Tiempo Completo (que proveía una estancia más prolongada en los centros educativos, así como alimentos y actividades deportivas a 3.6 millones de estudiantes de bajos recursos o de zonas rurales) y en su lugar, decidió implementar la estrategia de dar dinero directamente a los Comités de Padres de Familia para “eliminar intermediarios”. ¿Cuánto? La información oficial no lo refleja.

En materia de gasto en Infraestructura, una de las herramientas para incidir en el crecimiento económico y el desarrollo social, durante el período 2018-2022 se ha mantenido con una tendencia decreciente y muy por debajo del 4.5% del PIB recomendado por el Banco Mundial.

Los datos muestran que entre el 2013 y el 2022, el gasto ejercido en promedio fue de 6.7% del PEF y 1.7% del PIB, pero, en el 2018 su crecimiento real fue del -6.4%, en 2019 del -3.3% y en 2020 del -1.6%, es decir un detrimento consistente. El Presupuesto del Programa de Mejoramiento Urbano para el 2023 contempla $6, 647 millones de pesos.

El año de mayor inversión en obra pública en los últimos años fue el 2014 con más de 450 700 millones de pesos en comparación con los 271 600 millones del 2020.

Durante el transcurso del presente sexenio el presupuesto en materia de Salud ha arrojado un notorio subejercicio, además de nula coordinación entre dependencias y falta de una adecuada logística tras el desmantelamiento del Seguro Popular para sustituirlo por el INSABI, lo que se traduce en vidas perdidas innecesariamente.

En el país más de 92 millones de personas están afiliadas a los servicios de salud, 97.7% de ellas al servicio público. Los reportes ciudadanos en conjunto con los datos de Cero Desabasto y las demandas interpuestas contra el gobierno federal por este motivo arrojan que el desabasto de medicamentos sumó más de 24 millones 614 recetas no entregadas en el 2021, comparadas con las 2 millones 913 mil recetas no entregadas del 2018.

Acorde con la información divulgada por la SHCP, 610 539 millones de pesos fueron utilizados por todas las dependencias que ofrecen servicios de salud en el país (IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR) al cuarto trimestre del año anterior. El subejercicio, tan sólo durante el 2022 fue de $213,642 millones de pesos, o lo que es lo mismo, casi una cuarta parte de un presupuesto ya de por sí mermado.

Para este 2023, el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) creado en 2019 y que sustituía al Sistema de Protección Social en Salud, que operaba desde 2004 y cubría enfermedades como el VIH/SIDA o el cáncer, desaparece del PPEF. Por su parte el INSABI recibirá 1.2% menos presupuesto y el IMSS-Bienestar, 17% menos que el año anterior.

Adicionalmente, tanto el Programa Permanente de Vacunación como las Campañas Nacionales de Vacunación, que alcanzaron una cobertura del 94% de la población de menos de un año y el 96.4% en los niños entre 1 y 6 años en administraciones anteriores, son ahora virtualmente inexistentes.

En lo que respecta a la capital del país, el Sistema de Transporte Colectivo Metro acorde con los datos de la Cuenta Pública capitalina, ha recortado 3 mil 112 millones 665 mil pesos a su presupuesto del 2018 a 2022: los principales rubros afectados han sido mantenimiento y reparación, adquisición de equipo ferroviario e inversión en infraestructura.

El Metro transporta entre 3.6 y 4 millones de pasajeros al día; durante los últimos años, la baja presupuestal ha generado no pocos accidentes fatales: en mayo del 2021 con un saldo de 26 muertos y más de 100 lesionados y el 7 de enero del 2023 con saldo de una persona fallecida y varias decenas de heridos. Más atrás, el 10 de marzo de 2020 dos trenes se impactaron en la Estación Tacubaya, con un saldo de un fallecido y 46 heridos, entre ellos los dos conductores, además de reportes diarios de fugas, incendios, inundaciones e incidentes con el alumbrado. Todo en el transcurso de esta misma administración, a la que la misma califica como “incidentes inusuales”.

Ni en Salud ni en Educación ni en Obra Pública; ¿en qué emplea entonces el gobierno el dinero proveniente de todos y cada uno de nosotros? ¿A dónde van a parar el IVA, el ISR y el IEPS?

A nivel federal, buena parte se va en los 16 “programas sociales” del actual gobierno, que aumentaron su total más del 15% de un año a otro para ubicarse en los 951 000 millones de pesos acorde con el PPEF, esto es, casi el 12% del presupuesto total del país. El Programa de Becas representará un gasto de casi 90 000 millones de pesos en este año, comparado con los 200 millones para mantenimiento y rehabilitación de escuelas a nivel nacional.

Otra parte, en las obras ociosas y/o vetustas en las que insiste el ejecutivo: los 104 531 millones de pesos del AIFA (que no opera internacionalmente) más los 331 996 millones de la cancelación del NAICM (que seguimos pagando a través del TUA), en total casi medio billón de pesos. A lo anterior hay que agregar los 230 000 millones de pesos del Tren Maya (acorde con la SCT), un costo, hasta ahora, 150% mayor del proyectado. La Refinería Dos Bocas (cuyo presupuesto original era de 156 000 millones de pesos y cuya operación debería comenzar en diciembre del año pasado) ronda ya los 234 000 millones y podría terminar, acorde con especialistas, en un monto cercano a los 350 000 millones de pesos, considerando el avance de esta (aún faltan parte de los oleoductos, plantas sulfuradoras y de hidrógeno) y la falta de experiencia del gobierno en construcciones similares. ¿Otro tanto? En las más completa opacidad: operaciones en efectivo, “entregas directas” y demás etcéteras.

Tomando en consideración que nos encontramos cada vez más lejos de las cifras de administraciones anteriores, con un gobierno dispuesto a NO invertir lo mínimo indispensable en salud, educación, seguridad, transporte, obra pública, sacrificando crecimiento, perspectiva a futuro y vidas en el camino y más aún, que los ciudadanos debemos realizar gastos individuales para solventar lo anterior (transporte, salud, educación) entonces la pregunta es, ¿para qué seguimos pagando impuestos?

*Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 y 2022, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el colectivo Cero Desabasto del período 2012-2022.

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