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México en la “economía ilícita global”: crimen organizado y financiamiento

La paz en México se ha visto fuertemente deteriorada por la falta de una estrategia de seguridad coherente en el país. Además, sin seguridad, se afecta la inversión, que es impulso para el desarrollo económico.

10 de mayo, 2022

Eliane Sales

La inseguridad pública es el tema que más preocupa a los mexicanos, según las últimas encuestas aplicadas a nivel nacional. Además, la seguridad es el rubro en el que el presidente López Obrador sale peor evaluado. Hay una percepción mayoritaria de que cada vez hay más violencia y mayor presencia del crimen organizado en distintos ámbitos de la vida del país.

Y no es para menos, México cuenta con el mayor mercado criminal en el mundo¹, y ocupa el cuarto lugar de países con más crimen organizado, según el Índice Global de Crimen Organizado 2021, del informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional -IGCOT- (una organización no gubernamental con sede en Suiza, que mide los niveles de crimen y acciones de gobierno en los 193 países miembros de las Naciones Unidas)².

A juzgar por la posición que ocupa México a nivel internacional en el ranking mundial del crimen organizado, resulta evidente que la estrategia de “abrazos, no balazos” de esta administración, para enfrentar a la criminalidad en el país (que se ha extendido a un “dejar hacer, dejar pasar” en ámbitos como el económico-financiero), ha sido, por decir lo menos, contraproducente. Esta malograda estrategia ha tenido un muy alto costo en la calidad de vida de la población por los altos niveles de inseguridad que ha generado en el país, y ha afectado sustancialmente los niveles de inversión privada, que es detonante de dinamismo económico.

Aquí no hay “otros datos”. Más allá de lo ignominioso que resulta ser reconocidos como el país con mayor criminalidad en el mundo, el informe de IGCOT presenta un diagnóstico crítico de las tendencias crecientes de la actividad criminal en “gobiernos frágiles”, como el mexicano, que no tienen la capacidad de resistir y desmantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto. También, exhibe a México por la participación de “actores estatales” como facilitadores de las actividades criminales, y destaca que una de las correlaciones más sólidas es la que se da entre la presencia de “actores criminales” dentro del Estado y la menor capacidad de éste para prevenir los flujos ilícitos para fondear las actividades criminales, destacando la corrupción en las diversas esferas del poder público en el país.

Las actividades criminales se llevan a cabo dentro del territorio nacional, pero también a nivel transnacional, a través de organizaciones criminales internacionales. La IGCOT destaca que, en la actualidad, con tantos retos de gran magnitud a nivel mundial (i.e. pandemia, inflación, crisis alimentaria, cambio climático, migración), pareciera que combatir el crimen organizado sería menos importante, sobre todo a nivel transnacional, pero el impacto de éste en lo que se conoce como la economía ilícita global, magnifica los demás retos, además de que es un común denominador en todos ellos. Por ello, el crimen organizado es un inhibidor de desarrollo sostenible, sobre todo en las economías emergentes, como la mexicana, y resulta prioritario entonces, enfrentarlo.

Las actividades criminales generan ganancias o ingresos ilícitos de los cuales 70% son integrados a la economía a través del proceso de “lavado de dinero”, y son generalmente usados para perpetuar mayor violencia e inseguridad. Según el reporte de Criminalidad Financiera en Latinoamérica y el Caribe de 2021, elaborado por el Grupo de Integridad Financiera Global (GIFG)³, en México los flujos financieros derivados de ingresos ilícitos representan un rango de 25 mil millones de dólares a 62 mil millones de dólares anualmente (de 2% al 5% del PIB, que es la medición estándar que GIFG aplica a cada nación evaluada), y de estos, el lavado de dinero es de 18 mil millones de dólares a 44 mil millones de dólares, cada año. Los flujos financieros ilícitos sobrepasaron los 50 mil millones de dólares del 2016 al 2018 en el país (es decir, alrededor de 17 mil millones de dólares, cada año, aunque esta cifra es aproximada porque no se consideran todas las ganancias ilícitas, debido a la falta de información pública).

El GIFG evalúa en su reporte, al lavado de dinero en general (y el que se realiza con base en actividades comerciales), el financiamiento al terrorismo (enfocado más bien a ataques a la seguridad nacional) y la corrupción, como las principales actividades criminales que involucran al sistema financiero en el país. Señala que en México el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), es muy vulnerable principalmente por la falta de coordinación entre las agencias gubernamentales competentes (la Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- de la SHCP y la Fiscalía General de la República; e ineficiente coordinación entre la Federación y las entidades federativas), lo que ha generado casi nulos resultados en el proceso, ejecución y condena de estos delitos. Además, señala que hay pocos controles efectivos que detecten y reporten estas actividades (“follow the money”). Se menciona que hay un limitado conocimiento de la operación de lavado de dinero a través de actividades comerciales, y ello ha propiciado que esté aumentando de forma considerable.

Dentro de las actividades criminales convencionales habría que añadir ahora otro factor más de evaluación: el de las criptomonedas (criptos). La Contraloría General de Estados Unidos recientemente reportó que las criptos se han convertido en un mercado muy atractivo para el crimen organizado en la región de Norteamérica. Señala que los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales utilizan monedas virtuales para “lavar” sus ganancias. Empiezan a surgir además de cajeros de criptos, los kioskos donde es más fácil convertir el efectivo derivado de actividades criminales, en criptomonedas. Chainalysis (que analiza la tecnología blockchain a nivel global) reportó que las direcciones ilícitas en la red recibieron 14 mil millones de dólares en 2021, comparado con 7.8 mil millones en 2020.⁴ En México, el crimen de criptomonedas se calcula pueda tener un valor cercano a los 100 millones de dólares. En la medida que aumente la adopción de criptomonedas, se espera que también crezcan las operaciones ilícitas en este mercado, sobre todo, sin estar debidamente regulado y supervisado.⁵

Las deficiencias estructurales de nuestro sistema de justicia obstaculizan su capacidad para combatir el crimen organizado y detectar los flujos financieros que derivan de sus actividades. El andamiaje jurídico en materia de PLD/FT incluye dos cuerpos legales particularmente robustos que son la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” de 2012 (conocida como “Ley Antilavado”), y la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019. También, se han ratificado varios acuerdos internacionales en esta materia (México forma parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-)⁶. Sin embargo, prevalece la impunidad criminal en el país, entre otros, por la corrupción que afecta a las fuerzas del orden y al sistema judicial.

La paz en México se ha visto fuertemente deteriorada por la falta de una estrategia de seguridad coherente en el país. Trabajar por la paz es esencial para reducir las oportunidades de que la criminalidad prospere. Se deben abordar los factores que impulsan la violencia a nivel nacional. Sin seguridad, se afecta la inversión, que es el impulso y uno de los factores decisivos para el desarrollo económico. Es urgente establecer políticas públicas certeras para enfrentar al crimen organizado en todas sus facetas, combatir la impunidad, e implementar mecanismos efectivos para contener el financiamiento de las actividades criminales. De lo contrario, la actual administración estará añadiendo mayor puntuación para pasar a la historia del país, de forma inequívoca, como un “Estado fallido”.

¹Incluye: Trata de personas, tráfico de personas, tráfico de armas, delitos contra la flora, delitos contra la fauna, delitos contra los recursos no renovables, comercio de heroína, comercio de cocaína, comercio de cannabis, y comercio de drogas sintéticas.

²https://globalinitiative.net/analysis/global-organized-crime/

https://ocindex.net/assets/downloads/global-ocindex-report-spanish.pdf

³https://gfintegrity.org/report/financial-crime-in-latin-america-and-the-caribbean/

⁴https://fortune.com/2022/01/11/crypto-kiosks-human-drug-trafficking-gao-warns/

⁵https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Crimen-con-criptomonedas-en-Mexico-alcanzaria-los-100-millones-de-dolares-Chainalysis-20220307-0123.html

⁶Comisión Nacional Bancaria de Valores.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI___13042016.pdf

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