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Los propietarios de caballos de carrera en el Hipódromo de las Américas se empiezan a organizar…

Si todos los caballistas no se unen y exigen sus derechos, nunca tendremos la Industria Hípica que merece la Ciudad de los Palacios y todos los mexicanos.

19 de mayo, 2023

Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Los propietarios de caballos de carrera en el Hipódromo de las Américas se empiezan a organizar…

El viejo caballista, Francisco Musi Letayf ─a quien conozco desde hace más de 40 años─ y con el cual muchas veces hemos coincidido como “defensores de nuestra deteriorada actividad”, desde que se le entregó graciosamente el permiso para operar la planta hípica de Sotelo a Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A., ahora, prácticamente CODERE, S. A.

Así pues, Don Paco convocó, hace unos días, en su carácter de Presidente de la “Agrupación de Caballistas del Hipódromo de las Américas, A.C.”, a una Asamblea que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de mayo en la cafetería del área de las caballerizas del Hipódromo de las Américas, Boulevard el Pípila sin número, zona de Caballerizas, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México, a las 17:00 en primera convocatoria y 17:30 en segunda convocatoria.

Hay que recordar que la Agrupación, quien en los años recientes fue la única asociación que la empresa permisionaria, reconoció convenientemente, como representante del gremio hípico, pues la anterior “La Unión Mexicana de Propietarios de Caballos de Competencia, A.C. no era de su agrado y sabiamente buscó la división siguiendo el principio de “divide y vencerás”. Lo han logrado. Actualmente el gremio está desunido y esperemos que las cuadras importantes dejen sus intereses particulares y se decidan a integrar un solo frente.

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En el orden del día se presentarán los “Estados Financieros” para quien tuviera dudas de su manejo y la incorporación de nuevos miembros. La convocatoria completa se puede leer en la página web de la asociación.

Es claro que la invitación es para que los miembros de la Agrupación y todos los caballistas escuchen el informe de sus actividades y aunque, en la convocatoria no se expresa, deberá ser para formar un frente común para que los intereses del gremio sean representados y escuchados.

Como es sabido, a lo largo de todo el año pasado, entablamos pláticas con el señor Manuel Marcué Diaz, director general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación y lo pudimos convencer ─ante las evidencias─ de que el Órgano Técnico de Consulta que reguló ilegalmente por años la operación, denominado “Comisión Mexicana de Carreras”, no cumplía con su cometido y era una auténtica cueva de ladrones. De hecho, era un foco de corrupción gigante ─la aguja libre era una realidad─ y la transparencia en sus determinaciones brillaba por su ausencia. Por extrañas razones, al licenciado Marcué lo convencieron de que el aumento de premios era inviable y con el nuevo “Comité Mexicano de Arbitraje y Vigilancia de Carreras de Caballos y Galgos A.C,” que inexplicablemente formó, convino solo a los intereses de la empresa y quién sabe de quién más. “Quítate tú, ahora me pongo yo”, parece haber decidido, con todo lo que implica (frase célebre un amigo célebre). A la fecha, ya sabemos quiénes conforman esta asociación civil y en su Consejo Directivo no hay una sola persona que realmente conozca a profundidad la actividad. El licenciado Mauricio Ayala Rosique, constituido en su Presidente ha mostrado que tiene todo el interés para enderezar el barco. El especialista en “innovación” está aprendiendo lentamente, aunque por lo pronto “innovar” no es lo que se requiere. Se demanda empezar por lo básico: un aumento sustancial en los premios y transparencia total en sus determinaciones, por lo que le solicitamos, con todo respeto, lo siguiente:

Que haga pública la escritura para saber cómo se conformó la nueva autoridad hípica (El Comité) y nos haga saber en base a qué artículos del Reglamento de la Ley de Juegos se creó esta asociación civil.

Que se haga público el contrato de prestación de servicios que firmaron entre la permisionaria y el Comité. Anteriormente hubo entre la autoridad y la empresa un contrato de 25 millones de pesos anuales para solventar los gastos de las pruebas antidoping y el funcionamiento de la misma autoridad hípica, aunque nunca, nadie conoció cómo se ejerció ese dinero.

Que todas las pruebas antidoping se hagan públicas, desde su primer resultado, para evitar la especulación que reina entre los caballistas. Es derecho de los mismos y no se puede esperar a que los caballistas hagan, llegado el caso, su apelación y ésta se resuelva. Transparencia es el nombre del juego como se acostumbra en las hípicas que se regulan de forma correcta.

Por otro lado, y no menos importante, hay otras mil cuestiones que llaman la atención acerca del incumplimiento del permiso ─que debió ser lo primero que debió investigar Manuel Marcué, pues le demostramos que el permiso pudo revocarse por incumplimiento del mismo─ y solo por poner un ejemplo: por qué en las carreras en donde están debutando los potrillos mexicanos, la empresa no contribuye con el porcentaje que debe aportar como incentivo, de acuerdo con la cláusula décima primera de su permiso y como se ha hecho, año con año.

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Asimismo, debemos recordar que es causa de revocación inmediata del permiso no dar el debido mantenimiento para la conservación de los inmuebles e instalaciones; y lo digo por la terrible plaga de pulgas que sufren los caballos en el área de las caballerizas.

El pronóstico es claro, si todos los caballistas no se unen y exigen sus derechos, nunca tendremos la Industria Hípica que merece la Ciudad de los Palacios y todos los mexicanos. ¿Tendrá remedio…?

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Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Nació en el seno de una distinguida familia veracruzana. Estudió en la Facultad de Ingeniería UNAM y se graduó de ingeniero civil profesión que ejerció por varios años construyendo caminos, residencias y edificios. Ha participado en todas las facetas de la industria hípica, promotor frustrado de la construcción de hipódromos que no se lograron por la discrecionalidad de la Ley. Se define como un "luchador de causas aparentemente perdidas”.

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