La Remuneración

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21 de diciembre, 2020

El salario remunerativo de una función laboral es una variable del empleo, sin ser la más importante, toda vez que las prestaciones de ley y otras prerrogativas de cobertura amparan considerandos no solamente de bienestar, de tranquilidad y estabilidad para el trabajador. Conforme las legislaciones laborales avanzaban en los países, se perfeccionaban horarios y días de asueto, se perfeccionaba el descanso obligatorio y en esas mejoras surgió un mínimo como elemento de protección y sustento de necesidades básicas.

En México se ha tratado de compensar el salario mínimo con una canasta llamada básica para equilibrar la oferta de bienes y servicios primarios y adaptarlos a una creciente de precios cifrados en un índice inflacionario. Los esfuerzos en la economía formal y la adopción de todo ordenamiento legal, ha superado circunstancias de abandono de primicias laborales de otras décadas, pero la economía informal lacera todo intento de equilibrio en el ingreso de la fuerza laboral.

Aunar variables ajenas al costo directo de la mano de obra en la industria, como ejemplo, al tiempo de incorporar preceptos de ley para conformar una planta productiva no es una tarea sencilla; la percepción encuentra dos vertientes y puntos de vista en ocasiones encontrados: la empresa lidia con agregados de valor desde la cadena del abasto hasta los costos indirectos de fábrica y en esa cadena de enlace de costos, establecer precios de competencia, reunir un margen de utilidad para reinversión y compensación del riesgo afrontado por sus aportantes de capital y cubrir la renta correspondiente a la hacienda pública.

Del lado de la cobertura social está el gobierno y sindicatos; en estos descansa la apreciación de satisfacción del trabajador. El equilibrio entre una fuerza, por llamar así a la oferta de empleo y la fuerza de protección laboral desde la óptica gubernamental, no siempre se da. La reticencia de aumentos salariales no necesariamente obedece a la captura de rendimientos, simplemente acumula con el tiempo márgenes de sobrevivencia en la competitividad de algunos productos o servicios, que tienen que ser compensados con ofertas más novedosas. La inversión en investigación y desarrollo es un costo redituable en plazos muy largos.

Innovar y permanecer cuesta y ese costo adapta circunstancias en la derrama existente, incluida la mano de obra. Desde luego, programar mejoras salariales cubre una parte importante de todo plan de expansión de la empresa. Las circunstancias que ahora vive el país difieren de toda concepción de estabilidad y de normalidad. No solamente es el efecto de la pandemia, desde antes de esta teníamos un desplome del producto; los actos de gobierno en encuestas y negativas a la inversión multinacional existente y el mensaje adverso a la función productiva e innovadora provocó una cautela en inversiones nuevas y dejó a las existentes en reinversión de utilidades nada más.

Recomponer la economía con mensajes que protegen el haber público por encima de la inversión ha traído efectos devastadores en las cadenas de producción. El gobierno en turno no contempla la función integral de la producción desde el abasto hasta su ubicación en mercados; tampoco ha contemplado los plazos necesarios y la recaudación como una dilución forzada como ha sido contemplada en economías progresistas. Este descuido intencional y anunciado por el presidente ahuyenta la capacidad de riesgo y la movilidad financiera de toda la planta productiva.




Como todo gobierno populista, como este que padecemos, lanzó en días pasados una iniciativa de aumento al salario mínimo en un 15%. La iniciativa no contempla la base de verdadero sustento en materia de empleo. Con un millón de quiebras permanentes y millones de puestos de trabajo perdidos, la recomposición no puede darse mediante la interrupción del ciclo productivo, el de la remuneración, que es, como se ha mencionado, un valor agregado, para insertar una política de dotación no correspondiente a otros agregados necesarios en la creación de riqueza. 

Lo abstruso de esta iniciativa radica en reclamar al ciclo productivo un aumento cuando las circunstancias de recomposición con dificultad asoman el abasto y por otro lado insertar un ingreso proveniente del erario, captación a su vez, de la renta de los agentes productivos. Es, en esencia, un vicio de origen. Se pensaría en un ciclo pero no lo es. No cumple con los requisitos esenciales de creación del recurso. Si se lastima el mercado interno, se lastima la oferta de bienes y servicios y si se intenta un aumento salarial, entonces la contratación se tornará selectiva. Esta iniciativa forzará a las empresas a cumplir parcialmente con una supuesta meta de política pública al incrementar el salario a una parte de su planta laboral y despedir a otra, para nivelar la composición de los costos.

La remuneración de la planta laboral no debe obedecer a una inducción porque no resuelve la materia fundamental que enfrentamos: la recomposición. Estamos en crisis económica entre las de salud y de seguridad. La economía tal vez no resuelve todo, pero la creación de expectativas de empleo se diluye con un aumento inducido desde el gobierno. No existen prerrogativas de voracidad o de privilegios en la estructura empresarial, existen simplemente esfuerzos y denuedos forjados en la competencia y el riesgo. Desde el poder se ha pretendido forjar una imagen distorsionada de la presencia del capital y las injustas suposiciones creadas desde una imaginaria cifrada en el abuso y otras mayores, han mermado planes significativos y necesarios de inversión. México se encuentra lejos de una recuperación económica con esta visión.

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Una auditoría revela el cruce inevitable del empleo de cualquier ingreso en las arcas públicas; esto incluye naturalmente la deuda como recurso fresco, la liquidación de conceptos que alguna vez reunieron partidas presupuestales y cualquier otro desvío de gasto programado que no haya reunido su destino como presupuesto de gasto corriente. Esta última parte es muy importante porque esta transición instaló desde su inicio una suplantación de partidas presupuestales por una eufemística suposición de cambio más eficiente en muchos casos; en otros, simplemente desapareció programas asistenciales en marcha pretextando mayor eficiencia en su cobertura y ésta jamás llegó a los beneficiarios. Se utilizó una salida que nunca operó en la llamada intermediación, aludiendo a la intermediación como vicio y proceso de corrupción. Entonces, se centralizó la operación de programas y hasta este momento no existe un padrón confiable en la utilización selectiva del recurso. La auditoría de cualquier ente económico siempre mostrará la ruta del egreso y siempre mostrará el tiempo y circunstancia de aplicación del mismo: esto naturalmente subraya la eficiencia y control del gasto corriente cuando de la administración de la cuenta pública se trate. En la administración pública el ingreso puede ser programado, con base en experiencias anteriores de ejercicios pasados; de igual modo el presupuesto de egresos se presupone y es deber del Congreso aprobar y vigilar su aplicación. Lo más importante es destacar el término gasto que es el adecuado para representar en la ética gubernamental toda disposición del tesoro nacional.    El énfasis en el gasto corriente se hace por respeto a la norma que rige la aplicación de recursos a la vía correcta que corresponde al principio inalterable en economía de distribución de recursos. Toda desviación de la norma puede convertirse en un costo. Se remarca esta diferencia porque la concepción de gasto en la vida pública es un flujo de satisfactores y servicios y puede ser medido. El costo es simplemente una pérdida de recursos porque no cubrió satisfacción alguna. El afán de esta transición en un ahorro inexistente, llamado austeridad y todavía adjetivado como republicano, consistió en suplir funciones en marcha, centralizar decisiones de reparto de recursos, delinear selectividad regional en esa dispersión y concentrar el recurso para una discreción que desvió el concepto de gasto y lo desperdició convirtiéndolo en costo irrecuperable. Esta constante dañó el mercado interno, desequilibró la demanda y el resultado en fecha reciente es la pérdida del control de una variable significativa en la inflación. La dispersión del recurso nunca consideró la cadena productiva; el descuido de esta fase de reacción a toda productividad estancó la producción y la sumió en una recesión del producto. 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