En el Hipódromo y en el gobierno la transparencia es indispensable

Ante la negativa de los senadores de MORENA para nombrar a los comisionados faltantes del INAI, volvemos a la opacidad.

28 de abril, 2023

Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

En el Hipódromo y en el gobierno la transparencia es indispensable

En el tan traído y llevado tema de la “transparencia” es imposible no resaltar su importancia. La transparencia de los actos de los sujetos obligados a rendir cuentas es parte fundamental cuando se quieren conocer las decisiones ─buenas, malas o pésimas─ del gobierno, a las que todos tenemos derecho y que vaya que han servido para destapar tantas cloacas como, por ejemplo, la famosa “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto. Para ello se creó el ahora polémico Instituto Nacional de Transparencia,

Gracias al INAI nos hemos podido enterar de cómo se negoció el permiso y varias concesiones de los terrenos federales que ahora ocupa y disfruta la empresa permisionaria del Hipódromo de las Américas.

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La historia es como sigue:

“El 12 de septiembre de 1997, la secretaría de Gobernación concedió permiso para la operación y explotación de carreras de caballos con cruce de apuestas en el Hipódromo de las Américas, así como para la captación de apuestas en locales cerrados bajo el sistema denominado “libro foráneo”. Más tarde se le autorizaron a la permisionaria las siguientes concesiones:

La Dirección General de Administración del Patrimonio inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, indicó a este Comité de Información, que mediante título de concesión de 30 de junio de 1998, la otrora Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) otorgó por un periodo de 25 años, a la persona moral denominada Administradora Mexicana de Hipódromo, SA de CV, el uso, aprovechamiento y explotación de una fracción del inmueble de propiedad federal; en donde se ubica, la unidad hípica denominada “Hipódromo de las Américas” que tiene una superficie de 102,974.30 metros cuadrados (10.2 hectáreas) para la operación y exploración de carreras de caballos, con cruce de apuestas y la celebración de juegos permitidos. El citado título quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal con el folio real # 26659/3 de 21 de mayo de 1999.
Mediante título de concesión del 30 de junio de 1998, la otrora Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo otorgó, por un periodo de 50 años, la concesión en favor de la persona moral denominada Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V., el uso, aprovechamiento y explotación de una fracción del inmueble de propiedad federal; en donde se ubica la unidad hípica, denominada “Hipódromo de las Américas” que tiene una superficie de 411,304,509 m2 (41 hectáreas) , para la instalación, edificación, operación y explotación de un hotel, un centro de convenciones y exposiciones y un centro de entretenimiento cultural, folclórico, recreativo, deportivo y familiar en el que se podrá llevar a cabo juegos con apuestas permitidos por la ley.

Asimismo, por medio del INAI, nos pudimos enterar de quiénes son los accionistas de la permisionaria, los cuales, por supuesto, no cumplen con lo que se acordó en dicho permiso, así como pudimos saber que el “Órgano Técnico de Consulta”, formada por el Reglamento de la Ley de Juegos vigente, que, en 2004, publicó la secretaría de Gobernación en tiempos del Santiago Creel Miranda y que reguló por más de 17 años la actividad, sin tener las facultades para hacerlo. El INAI también informó que no tenía datos para saber cuánto pagaba la permisionaria por la renta de las 52 hectáreas que ocupa. ¿Qué no pagará renta?

Ahora, sin que el INAI pueda funcionar, por la negativa de los senadores de MORENA ─e instrucciones superiores─ quienes se niegan a cumplir con su obligación de nombrar a los comisionados faltantes del Instituto, volvemos a la opacidad.

Después de un año en que las asociaciones representantes de los caballistas y criadores que hacen posible el espectáculo, explicamos y propusimos a la autoridad reguladora, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, que está bajo el mando de Manuel Marcué Díaz, la forma en que se debía vigilar el espectáculo, solo perdimos nuestro tiempo. Finalmente, el señor Marcué Díaz resolvió formar una asociación civil, es decir, un particular denominado “Comité Mexicano de Arbitraje y Vigilancia de Carreras de Caballos y Galgos A.C., para que regule a otro particular, es decir, a la intocable permisionaria, sin que ahora podamos conocer cómo se conformó este nuevo organismo, quién la integra, cuál es su fundamento legal y de qué presupuesto dispone, para su correcta operación.

Ante tan obscuro panorama, ¿a quién recurrir? ¿A la Cámara de los Diputados? O tal vez, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador esté completamente restablecido de su salud, ¿plantearle el problema en una de sus conferencias mañaneras?

Mientras los propietarios de caballos que ofrecen el espectáculo no integren una sola asociación que los represente y defienda sus intereses comunes, la actividad hípica de carreras de caballos no va a poder cumplir con su verdadera función social: crear muchos empleos bien remunerados.

De pasada, les informo que este año no va a haber incremento de los raquíticos premios que ofrece la empresa. Bien expresa un conocedor de esta actividad, “la hípica está en agonía y la pregunta es: ¿Cuándo se le aplican los Santos Óleos?”

Sus comentarios son bienvenidos.