Existen diferencias abismales en las diferentes manifestaciones totalitarias y absolutistas de las últimas décadas; si en Venezuela, al arribo de Chávez al poder había un 29 % de participación privada en el producto venezolano, tal vez la composición entre manufactura, bienes pecuarios, agro e industria, la liga petrolera dictaba el rumbo y acumulación de poder e influencia. De una manera u otra, la circunscripción al hidrocarburo sentaba las reglas de operación de una nación cuyos excedentes competían con un Oriente muy lejano en reservas y en producción de crudo y refinado. Las cosas no tenían razón de continuar por esa senda de captura de cadenas de producción que perdían competencia y participación activa de mercados. El fenómeno socialista daba cuenta de lo que siempre ha dado cuenta: mercados internos insuficientes cuando la apertura no llega.
En Venezuela llegaba la hora de equipar sin participación del capital foráneo, las reposiciones de planta y equipo para renovar el escenario de una competencia que absorbía la región, pero por un tiempo determinado. El abasto logró su cometido, en refinación y crudo por igual, pero con una diferencia con el exterior: el corto plazo. Los mercados cumplen su función siempre en las oportunidades, esa regla no se quebranta, Venezuela se quedaba en un compás de espera en los mares y en la tierra por igual. Sus buques no cumplían los plazos y las escalas de precios que marcaba el orbe circunscrito a tratados e intercambio sin alteraciones o imposiciones de gobiernos totalitarios.
El libre mercado nunca ha sido sometido a pruebas como tampoco ha sido sometido a vicios de origen; esto significa que las manifestaciones monopólicas no añaden a la certidumbre en el abasto. Los regímenes totalitarios no garantizan continuidad y tampoco garantizan cumplimiento de reglas. Las cadenas productivas operando por debajo de los costos de producción locales se convierten en lazos interrumpidos en el abasto tarde o temprano. El subsidio gubernamental dentro de un esquema absolutista no descansa en la renta nacional, descansa en las operaciones que de manera intermitente capta la enseña nacional y de la que depende toda una cadena de servicios públicos. La escasez es el primer síntoma en la falla del Contrato Social.
Al no existir equilibrio en la relación ingreso-egreso dentro de un sistema popular, la economía se convierte en un escenario especulativo para afianzar el producto de mono exportación para confrontar la escena interminable de necesidades básicas. El choque es inevitable y por tanto surge la represión, para aquietar o silenciar la demanda social. El control central anula la recomposición de las masas en la cobertura de necesidades primarias. La escala de control nunca tiene límites y cunde en el esquema social en todos los ámbitos, desde el elemental, la nutrición, pasando por la vivienda, la salud pública, la educación y anulando finalmente la esencia cultural.
México vive al día de hoy una confrontación seria en los equilibrios de poder; el caso venezolano expuesto dista todavía de semejar la vivencia mexicana. La composición del producto en cuanto a participación privada supera en prácticamente el triple de lo mencionado en la época del chavizmo; aún así, existen alertas por las intenciones que borran innumerables perspectivas de apertura vigentes. El mensaje desde el poder no logra acomodar las premisas esenciales para el crecimiento de la economía. Si no lo disloca del todo, tampoco lo encamina. Los tropiezos son más que obvios en el tratamiento a los temas de inversión. Por un lado, se corrigen de cuando en cuando, ya sea por la presencia del empresariado mexicano en los círculos alternos al poder en turno o bien, con una presencia palpable de la Casa Blanca. Pero los gobiernos no pueden vivir de rutas alternas, tampoco de correcciones que bien podrían calificarse de llamadas de atención. El gobierno mexicano se ha caracterizado por su definición en décadas. No es el caso ahora.
Los equilibrios de la participación en el producto no pueden romperse desde luego y tal vez su cimentación no de lugar a duda, pero sorprende cierta pasividad de los sectores productivos y cúpulas de asociación de emprendedores que han sembrado una trayectoria sin mácula en el progreso de la nación. Los llamados a Palacio Nacional han sido esporádicos pero han reunido una contundencia sorpresiva en reacciones de tolerancia o bien de espera, sabiendo que las manifestaciones grotescas, que han sido, son pasajeras y la permanencia del capital y el ejercicio de la libre empresa es incólume. Me atrevo a especular sobre un acto consensuado para no alterar las formas y llevar por la senda de la avenencia la comunicación y la convivencia necesarias para evitar la confrontación.
Lo expresado merecería un reconocimiento singular a nuestros hombres de empresa, pero el problema surge cuando existen tratados signados que intencionalmente violan reglas pactadas y tientan el terreno del absolutismo y la incongruencia en un llamado abstracto que evoca valores sustraídos de raíces sepultas en la historia, inexistentes hoy, como la soberanía. La abstracción del sentido de expresión popular definitivamente enfrenta la consecución de participación abierta de mercados, de convivencia existente en la escena internacional. No podemos dejar de señalar que la renta de un gobierno popular disminuye expectativas de ingreso y lo sustituye por dispendio alojado en la deuda. Esto, sin miramiento y consideración del costo del capital.
La empresa privada enfrenta un escenario complejo, en tanto disimula avenencia con un régimen despótico e irresponsable; con una tasa de inflación cercana al 9%, el costo del capital es imposible alcanzarlo con proyectos de inversión nuevos. No existe una gama redituable en competencia y el Estado apuesta a dos funciones monopólicas sin importar el costo de financiamiento. Las reglas para impulsar proyectos no son las mismas, entonces. Si la coyuntura rumbo al cierre de esta transición presenta lo ya temido, el desafío caprichoso a las reglas de un T-MEC que ha dado vida a la economía mexicana por décadas, salud comercial y financiera, se esperaría una posición firme del sector empresarial, el verdadero poder económico de la nación.
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