Economía: dos visiones

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1 de febrero, 2021

La caída del producto de 8.5 % en 2020 muestra una ruta por demás errática del manejo de la economía mexicana; cifrarla y remontarla a 1932, como se ha extendido para dimensionar el cúmulo de errores de esta transición, desde luego ahonda en la percepción de un modelo equivocado y dos años son una prueba suficiente de que una recomposición no es meta prioritaria de este gobierno en turno. Las cosas en materia económica nunca caminaron del lado del progreso y eso es conocido. La administración actual puso un cerco que día con día cobró distancia de un pasado, el que fuere. Las escasas concesiones al enfoque progresista reunieron cierto acomodo en un Tratado de Libre Comercio que nunca perdió vigencia, al grado de conceder un tramo de ideología contraria al sostenido por esta autodenominada transformación.

El conservadurismo probado del presidente y la herencia suscrita en un adelgazamiento del Estado para descentralizar funciones de política pública, ha descansado en un precepto de interpretación liberal que, en sentido estricto, revive una y otra vez como recordatorio irredento de una modernidad inserta en la globalidad que nunca podremos abandonar por el simple hecho de una circunscripción a los mercados en los que México es partícipe activo. La inserción en programas de Organismos Financieros Internacionales entre otras circunstancias proclives a la aceptación de papel mexicano en distintas partes del orbe, hacen de nuestra economía una economía abierta, participativa e incluyente. 

Si añadimos la fase comercial, esencia del Tratado mencionado y vigente, estrecha los lazos con ese mundo global, aún cuando los lazos no se extiendan al entendimiento del presidente y su rechazo a los foros correspondientes en los que México tiene asientos ganados con denuedo. El tiempo naturalmente dictará las consecuencias; es solo un período transicional y el mundo absorbe todas las imperfecciones que en el curso de la historia moderna han surgido. Finalmente, esa absorción redunda en intercambio de bienes, de servicios y de transacciones financieras. Las Naciones-Estado no rehúyen la eficiencia de los mercados y sitúan costos como mejor convenga al tiempo que las naciones ubican su potencial y participación.

Esta última expresión es válida en la medida en la que todo yerro de política pública merece una reacción y ésta siempre es diversa: en primer lugar, la adaptación o recepción puede ser y normalmente es, pasajera. El centralismo divide, pero no es permanente. Los satisfactores desde la óptica gubernamental no siempre son coherentes con aquellos que cubre el espectro natural del trabajo remunerado, la permanencia en planta de trabajo y la aspiración natural del individuo. La función gubernamental añade en la salud pública, la educación, vivienda y otros satisfactores de cobertura, producto del contrato social. Este añadido no debe confundirse con agregados de valor. Los gobiernos no cubren esa función, esa es tarea de las cadenas productivas. 

El enunciado de agregados de valor suena sencillo y debería serlo, pero tenemos un gobierno que así no lo entiende. Este espacio ha reiterado que la dádiva que ilustra el presidente como dispersión, eso es justamente y se concede razón al planteamiento del presidente. Nada más que la dispersión tiene una fuente de ingreso y esa fuente de ingreso es la renta del estado y la renta proviene, otra vez, de la cadena productiva. Este juego, efectivo una vez, se torna perverso porque interrumpe un agregado de valor, el del empleo. Cuando se distorsiona la concepción de nutrir el reparto, se distorsiona la esencia de creación del mismo. En dos años, la experiencia de esta dispersión ha creado mayor desigualdad. Entonces, la premisa de “primero los pobres” se ha convertido en una concepción falsa de origen.

El presidente anunció al G.20 en la única intervención que ha tenido con ese grupo, a distancia y sin réplica: en México estamos invirtiendo la pirámide –como símbolo representativo de la inversión– para nutrir la base y de esa base robustecer la economía. Esa referencia es justamente el fracaso de su idea u ocurrencia. La razón es precisamente la intervención que suple al empleo con un ingreso dotado pero que no corresponde a ningún valor agregado. Naturalmente, los otros 19 miembros no lo ven así. La pirámide del mundo industrializado nutre la inversión en su cúspide para que la derrama sea un efecto natural en la ampliación de oportunidades de los agentes económicos. La visión de un solo hombre contra 19 potencias.




Sin pandemia, esta transición ha frenado la economía; simplemente la ha detenido en la captura del gasto corriente que ha concentrado un derroche infame en proyectos no redituables y con un destino incierto no solamente en su operación futura, en su puesta en marcha. La economía mexicana ha caminado dos años sin infraestructura, sin alicientes en materia de inversión, sin seguridades para la inversión extranjera, sin metodología y padrón territorial, sin programas conjuntos con la inversión privada y sin mensaje de consecución de objetivos desde el poder. Esta transición ha acumulado vicios en su transparencia y en la dotación de contratos. Como es de esperarse, ha imperado la ineficiencia, el abuso y la corrupción.

Otra acepción, que nubla toda prerrogativa de crecimiento de la economía, es la mira interna de la autosuficiencia. Este espacio ha elaborado en la pérdida patrimonial de la petrolera mexicana; no es pérdida de operación, es pérdida para siempre de activos nacionales, para que quede claro. Estas pérdidas no se resarcen, quedan inscritas en la estulta primicia de la administración de los recursos de la nación. Esto debe señalarse una y otra vez, porque no es un simple atropello, es despojo, como lo fue el del aeropuerto de Texcoco; cancelar un proyecto es una alternativa, sea buena o mala, suspender una obra en marcha, activo de la nación, es despojo. 

Dos años son materia de juicio suficiente para esta transición. La economía, entre otras circunstancias de la vida nacional, la llamada transformación la ha arruinado. La recomposición de nuestra economía no se dará en tanto esta administración permanezca. La pérdida de producto, como inició este texto no se ha dado en forma tan grave desde 1932. A esto no puede calificarse como “vamos bien”. 

Comentarios
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Sus integrantes son los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar de Morena, Laura Rojas Hernández del PAN, Fernando Galindo Favela del PRI, Fernando Luis Manzanilla Prieto del PES, Benjamín Robles Montoya del PT, Fabiola Loya Hernández de MC, Antonio Ortega Martínez del PRD y Carlos Alberto Puente Salas del PVEM. Este Grupo de Trabajo busca dejar sentadas las bases para una posible Convención Nacional Hacendaria1, una reforma fiscal, una reforma integral al sistema de pensiones y preparar la creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública2; sin embargo, debido a que este tipo de cambios requieren de voluntad política, no hay certeza de que se realicen en el corto plazo. Por ejemplo, en el caso de una reforma fiscal, el gobierno federal ha enviado señales contradictorias. No obstante, la semana pasada el Subsecretario del Ramo, Gabriel Yorio, mencionaba que la SHCP está trabajando sobre una reforma fiscal que busca: 1) abaratar el costo de la formalidad, 2) ampliar la base gravable de los contribuyentes, y 3) recaudar hasta 2% del PIB de la economía digital. En los otros temas no se han dado tantos pronunciamientos; sin embargo, es de celebrarse que la iniciativa para impulsar estos temas surja del Poder Legislativo, con toda su pluralidad, y no del Poder Ejecutivo. El Grupo de Trabajo formado ya en la recta final de la actual legislatura, se ha trazado como objetivo “analizar y dejar preparados todos los estudios necesarios que respalden, desde un punto de vista especializado, aquellos temas que se mencionaron anteriormente y que son de suma urgencia para la vida pública del país.  Cabe mencionar que dicho grupo diseñó un plan de trabajo que se desarrollará en dos fases. En la primera, que va del mes de marzo al mes de mayo, “se llevarán a cabo acciones para entablar el diálogo, la discusión y la reflexión con diferentes actores e instituciones de investigación, academia, centros de estudios, sociedad civil y especialistas en la materia, para de esta forma comenzar con la elaboración de propuestas técnicas”. Para ello, el Grupo de Trabajo realizará las siguientes mesas de diálogo: 
  • Rumbo a una Convención Nacional Hacendaria, 
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  • Reforma fiscal, 
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En la segunda fase del plan de trabajo del Grupo, que va del mes de junio al mes de agosto “se realizará una compilación sistemática de las propuestas, además, se llevarán a cabo reuniones con representantes de gobiernos subnacionales y se presentarán las propuestas preliminares a funcionarios de diversas dependencias. Finalmente, se hará la presentación formal de los resultados de los trabajos, destacando las coincidencias”4 . Es claro que en México hace falta una reforma fiscal que permita incrementar los ingresos públicos para financiar los crecientes compromisos de gasto público y también una reforma integral al sistema de pensiones, que lo haga sostenible en el largo plazo, ya que el gobierno federal enfrenta una creciente presión fiscal, causada, entre otras cosas, por la inyección creciente e interminable de recursos a PEMEX.  Pero como todos sabemos, para que se pueda realizar una reforma fiscal o una reforma al sistema de pensiones, ambas reformas de gran calado, se requieren condiciones políticas y económicas adecuadas en el país, y dado que nos encontramos en medio de una pandemia, es incierto si este es el mejor momento para ello. Las personas y las empresas del país necesitan, primero volver a la normalidad, y después, reponerse de los gastos y las pérdidas causadas por la pandemia, para estar en condiciones de asumir los costos de una reforma fiscal o una reforma al sistema de pensiones.  Sin embargo, también hay que decirlo, para que se pueda concretar una reforma fiscal o una reforma integral al sistema de pensiones se debe cumplir un largo proceso político y administrativo de preparación y discusión que no es posible realizar en un tiempo corto. En este sentido, parece atinado el tono que ha manejado el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria cuando señala que busca “analizar y dejar preparados todos los estudios necesarios” para que sean utilizados en la siguiente legislatura que dará inicio el 1 de septiembre de este año. Sin duda, el tiempo que se destine a la preparación de una probable reforma fiscal, o una reforma integral al sistema de pensiones, no es tiempo perdido, pero quizá debe entenderse como parte de un proceso de más amplio horizonte.      1En una Convención Nacional Hacendaria participan los tres órdenes de gobierno para revisar y acordar los cambios al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). Es decir, la distribución de las facultades impositivas de los tres órdenes de gobierno para determinar cuál orden es el encargado de legislar, recaudar y administrar cada uno de los impuestos que se aplican en el territorio nacional. Esto significa definir con toda precisión las facultades fiscales exclusivas y las facultades fiscales concurrentes entre órdenes de gobierno. 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Si sumamos la demolición del ahorro, cifrado en las reservas agotadas, pretextando otro ahorro, el republicano que jamás existió, tenemos un escenario de catástrofe en las finanzas públicas de la nación.  Y ahora, la gran contradicción: este gobierno gusta de gastar, gasta mucho y gasta mal. Quiere recaudar pero rechaza la inversión privada; de ella deriva la renta de la que vive el Estado. Recurre entonces a la deuda; la deuda se utiliza para reforzar compromisos de corto plazo de la petrolera; la empresa ha perdido más de una vez su patrimonio, de manera que el endeudamiento se convierte en una trampa de plazos y vencimientos. La deuda no crea infraestructura, por tanto no aporta al crecimiento. No se interrumpen los programas clientelares pero acortan su rentabilidad y credibilidad. El gobierno pierde terreno y pierde recursos, pierde movilidad financiera y pierde control. El otro esquema es fiscal, pero se gravan las utilidades y se encuentran frenadas por la inversión que frena la transición.  Un dispendio mal orientado de inicio ha provocado una situación con escaso margen de recuperación en lo político y en lo económico. Se privilegió lo primero y se acotó lo segundo. Las dos fases están cercadas; los eufemismos cubrieron su etapa de inicio, como en todo clamor populista, dieron cuenta de arcas de una nación que preveía la contingencia. Esta llegó y los recursos ya no existen. 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