La propuesta al mercado eléctrico, que implica modificaciones a la Constitución ¿es realmente necesaria? Desde un punto de vista técnico-económico surgen cuestionamientos por la ambigüedad de ésta, y dejando a un lado por el momento a las cuestiones políticas e ideológicas, sí hay solución sin tener que modificar la Carta Magna.
La presentación de dicha propuesta se deriva de que la CFE desplegó una serie de razones que afectan a su negocio dentro del mercado eléctrico, por ejemplo:
a) contratos que beneficiaban a las empresas productores independientes de energía (PIE) en la parte de contratos legados;
b) la existencia de un subsidio a empresas bajo contratos de auto-abasto, los cuales no realizan el pago de la transmisión y distribución de la electricidad, entre el generador y el usuario final;
c) la creación de los Certificados de Energías Limpias (CEL), los cuales eran aplicados solo a empresas que invertían en energías limpias (aquella que produce electricidad emanando no más de 100 kg de CO2/MW producido), aplicando solo aquellas que fueron realizadas después de la reforma energética;
d) pérdida de mercado dentro del sector eléctrico al no permitirle participar en otros mercados.
Estos puntos son válidos por parte de una empresa dentro del mercado, pero debemos dejar en claro que los puntos a y b son una relación comercial entre particulares, por lo que debería ser resuelto entre ellos; los puntos c y b, deben ser revisados a fondo por los reguladores del mercado incluyendo a COFECE sin modificar leyes.
Es importante aclarar que la CFE, en el artículo 3 de su ley, indica: “El derecho mercantil y civil serán supletorios”. Es decir que hay formas legales y negocios que la empresa productiva del estado puede realizar sin involucrar al Ejecutivo y al Poder Legislativo.
Recordemos que hasta antes del 2015, teníamos un monopolio eléctrico, el cual requirió de inversión público-privada para poder tener la infraestructura actual, organización y confiabilidad en desarrollo.
Sobre el inciso a, podemos indicar que una posible solución sería revisar cada planta el tipo de tecnología, y el costo real nivelado que incluya las amortizaciones de cada planta, costos fijos y variables. Este cálculo lo puede realizar el CENACE con CFE-PIE, debido a que cada año realiza estudios de costos de genera ración nivelados1.
En el caso del inciso b, sería pertinente pasar los contratos bajo la ley eléctrica vigente a donde paguen los costos de transmisión y distribución que emiten en cada año por parte los órganos reguladores en el diario oficial2 y así pasen a la nueva ley vigente.
Sobre los certificados CEL, se puede considerar a las plantas de este tipo que no fueron contempladas, siempre y cuando demuestren que realizaron inversiones para mejorar la eficiencia, y capacidad de la generación eléctrica, y que a la vez esté ligado a la amortización de dicha inversión.
Sobre el inciso d, la propuesta se basa en la idea de que la CFE es el más débil en el mercado, pero al realizar un análisis respecto al mismo se ve que no es así:
PROPUESTA LEY ELECTRICA - ANALISIS POR QUE NO CAMBIAR LA CONSTITUCIONUtilizando la información de la CRE, CENACE hemos encontrado quién y cuánto genera3:
- CFE (Plantas propias) 40% a 50%;
- PIE (Plantas de privados independientes vende a CFE solamente) 25% a 30%;
- Subastas de Largo Plazo (Privados venden a CFE solamente) 5%;
- Mercado (Privados venden al MEM, privados y CFE) 20% a 25%.
Actualmente la CFE tiene el control del 70% a 75% del total generado debido a que contratos legados y subastas se ofrecen en forma directa a la empresa del Estado, y ésta al mercado eléctrico por medio del suministro de la CFE. Los Privados solo tienen un 25% para vender a usuarios finales dentro del mercado.
La CFE cuenta con 168 Plantas, que representa el 45% de la generación, con una inversión de alrededor de 67 000 millones de dólares; en las Hidroeléctricas concentra Turbina de Gas y Ciclo combinado.
Los Privados cuentan con 208 Plantas 55% de la generación, con una inversión de alrededor de 45 mil millones de dólares; 40% del total, concentrada en las de Ciclo Combinado, Eólico y Fotovoltaica. Al mes de diciembre del 2020, habían contemplado 94 plantas en construcción, y 318 en proyectos, por un monto de 65 mil millones de dólares.
El negocio de la electricidad está en las ventas y no en la generación debido a que las empresas medianas representan el 60% del total del consumo con 410 mil usuarios. El mal negocio es el doméstico porque hay muchos usuarios que atender (40 millones) con solo el 27% (CFE único suministrador).
Para la CFE el mercado que mayor reditúa en ingresos provienen de la venta de electricidad en la parte industrial (Empresa Mediana y Gran Industria) y después la doméstica.
El Gas natural está lacerando a la CFE en 2021, pudiendo a tener una afectación entre 100 a 100 mil millones de pesos, y esto el gobierno trasladara como un subsidio para poder mantener a las tarifas por debajo de la inflación. Ahora hay que imaginar, si CFE, controla el todo, ¿cuánto subsidio tendría que programar la SHCP o cuánta incertidumbre adicional habría en los egresos de la nación en el corto a largo plazo4?
Ante la nueva forma de producir la energía en el mundo, ¿está la nación preparada y habrá el dinero suficiente para mejorar la calidad del aire, al tener plantas de electricidad más eficientes, combustibles para automóviles que puedan mejorar la calidad de lo que respiramos con base en lo que Organización mundial de la Salud ha recomendado? ¿Estamos a tiempo?
Entonces, si es una disputa entre entes del mercado, ¿por qué tiene que intervenir el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Esto debería de ser una competencia de los órganos reguladores y comisiones vigentes, y que están bajo los acuerdos comerciales internacionales vigentes a donde México es parte.
¿No es más fácil resolver entre ellos y dejar a la Constitución tranquila debido a que ésta tiene más adiciones o modificaciones que cualquiera que podamos evaluar?
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