Hay transformaciones políticas que se anuncian con cambios de régimen. Y hay otras que ocurren en silencio mediante ajustes semánticos, decisiones técnicas y apertura gradual a lo que antes era ideológicamente impensable. Lo que está ocurriendo en la política energética del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pertenece a esta segunda categoría.
En menos de dos años de gobierno, la administración que se proclamó heredera del proyecto de transformación de Andrés Manuel López Obrador ha tomado dos decisiones que, analizadas en conjunto, configuran un giro de fondo: la apertura a evaluar el fracking, técnica explícitamente prohibida bajo el lopezobradorismo, y la incorporación formal del sector privado como actor necesario en la generación de electricidad para atender el déficit y los picos de demanda del sistema eléctrico nacional.
Ninguna de estas dos decisiones ha venido acompañada de una declaración de principios que diga “estamos cambiando el modelo”. Al contrario: ambas están envueltas en la narrativa de la soberanía energética, el interés nacional y el bien del pueblo. Pero si uno rasca bajo la superficie, lo que encuentra es algo distinto y, en términos de política económica y energética, bastante más sofisticado que la ortodoxia nacionalista que caracterizó al gobierno anterior.
La pregunta que vale la pena hacerse no es si el gobierno está cambiando sino por qué lo está haciendo, a qué velocidad, con qué límites y qué consecuencias tendrá para el futuro energético y económico del país.
La ortodoxia que se hereda
Para entender la magnitud del giro que está dando el gobierno de Sheinbaum hay que recordar la doctrina energética que recibió como herencia política.
Durante el gobierno de AMLO, la política energética se articuló en torno a tres pilares ideológicos: la centralidad del Estado como rector y operador principal del sistema energético, el escepticismo hacia la inversión privada en el sector, y un nacionalismo de recursos que consideraba el petróleo, el gas y la electricidad como bienes estratégicos que no podían quedar en manos de particulares, especialmente extranjeros.
Bajo esa lógica, AMLO revirtió la reforma energética de 2013, recuperó para la CFE la primacía en la generación eléctrica, frenó las subastas de energías renovables, y explícitamente prohibió el fracking. En su último informe de gobierno, el expresidente destacó como uno de sus logros haber impedido la perforación de pozos mediante fractura hidráulica. El fracking no era sólo una técnica de extracción cuestionable desde el punto de vista ambiental: era el símbolo del modelo neoliberal que se buscaba enterrar.
Esta fue la ortodoxia que Claudia Sheinbaum recibió y que prometió continuar. Aunque durante su campaña presidencial mantuvo una postura crítica hacia el fracking, ya como administración ha dado señales de apertura a esta técnica como parte de una estrategia para reducir la dependencia del gas natural importado, principalmente desde Estados Unidos.
En la conferencia matutina del 8 de abril, Sheinbaum mencionó que durante esta semana se estará hablando más sobre el tema, y señaló, en pocas palabras, que se está trabajando con científicos mexicanos para ver si existe una manera más ecológica de aplicar el fracking en México.
Cuando López Obrador comenzó a aplicar la ortodoxia en materia energética y de hidrocarburos, las voces expertas señalaron que los costos de estas decisiones no se iban a transmitir de manera inmediata, sino que se iban a dar a través de los años.
Es claro que el gobierno de Claudia Sheinbaum está recibiendo ahora los costos de las decisiones de la administración anterior a través de un déficit energético que nos resta competitividad internacional y que obstaculiza los alcances del llamado Plan México.
El detonador: la vulnerabilidad energética como imperativo pragmático
El cambio de postura no ocurrió en el vacío. Tiene una causa estructural concreta y urgente que el gobierno no puede ignorar sin poner en riesgo su viabilidad económica: la dependencia energética de México es, en este momento, una vulnerabilidad estratégica de primer orden.
Actualmente México compra en el extranjero cerca del 75 por ciento del gas que consume y, si esa tendencia continúa, la dependencia será cada vez mayor. Esa cifra no es un dato menor. Es el talón de Aquiles del sistema energético mexicano. Y proviene casi en su totalidad de un único proveedor: los Estados Unidos, específicamente de Texas.
En el contexto geopolítico actual, con un gobierno en Washington que ha hecho de la presión económica y energética un instrumento de política exterior, y con tensiones globales que hacen que la dependencia de un solo proveedor sea un riesgo inaceptable, esa vulnerabilidad adquiere una dimensión política que el gobierno de Sheinbaum no puede ignorar.
Entre 2008 y 2026, Estados Unidos logró duplicar la producción de gas natural, a partir de la implementación del fracking, al pasar de 60 a 119 millones de pies cúbicos en ese período. En el mismo lapso, la producción de gas natural en México cayó de 6.5 a 3.9 miles de millones de pies cúbicos diarios. En 2025, México importó 6.6 miles de millones de pies cúbicos diarios, de los cuales depende gran parte de la actividad industrial y el sistema eléctrico mexicano.
El contraste es brutal: mientras el país vecino multiplicó su producción gracias al fracking, México la desplomó, y ahora depende del gas producido precisamente con la técnica que prohibió.
Más aún: México consume cerca de 9,000 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales alrededor del 75% proviene de importaciones, principalmente desde Estados Unidos. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, advirtió que esta dependencia genera vulnerabilidades.
No se trata sólo de un argumento económico. Se trata de un argumento de seguridad nacional. Y aquí está la clave de por qué Sheinbaum puede hacer el giro sin contradecir formalmente el discurso de la 4T: no lo está planteando como una apertura al mercado, sino como un imperativo de soberanía.
El fracking: el giro más simbólicamente disruptivo
El 8 de abril de 2026, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una estrategia enfocada en fortalecer la soberanía energética mediante el aprovechamiento de recursos nacionales. Lo que llamó la atención no fue el objetivo sino el instrumento: la posible explotación de gas no convencional mediante nuevas técnicas de fractura hidráulica.
La presidenta planteó la posibilidad de explotar gas no convencional y anunció un comité científico para evaluar si esa explotación es viable. En los hechos, se trata de un giro político que contradice el compromiso de la 4T asumido por la hoy presidenta de no permitir la explotación de hidrocarburos mediante fracking en el país.
La decisión no fue impulsiva. Tiene una racionalidad técnica y una arquitectura política cuidadosamente construida. El gobierno distingue entre el “fracking tradicional”, que califica como ambientalmente dañino y rechaza, y las “nuevas tecnologías” de explotación de yacimientos no convencionales que, según la presidenta, ofrecen un perfil de riesgo ambiental significativamente menor.
El llamado fracking amigable consiste en aplicar innovaciones tecnológicas para disminuir los efectos negativos de la fractura hidráulica. Entre las medidas planteadas destacan el uso de componentes biodegradables para romper las rocas y la posibilidad de reutilizar el agua empleada en el proceso.
Esta distinción semántica, entre fracking “tradicional” y fracking “amigable” o de “nueva tecnología”, es políticamente inteligente y está cargada de eufemismos como “yacimientos de geología compleja” o “recursos no convencionales”, eludiendo el término “fracking”.
Oposiciones que se vislumbran sobre el fracking en México
Organizaciones ambientalistas, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, aseguraron que el concepto de fracking sustentable “no existe”. Advirtieron que, aunque el discurso puede parecer atractivo, la evidencia científica acumulada durante más de 15 años muestra riesgos ambientales significativos asociados a esta técnica, incluyendo contaminación de agua y afectaciones a ecosistemas.
El otro espectro de oposición se ubica en sectores políticos del ámbito legislativo muy cargados a la visión ortodoxa del obradorismo. Si bien muchos de los senadores de Morena y el PT han adoptado un tono más moderado en este gobierno, existen algunos legisladores que podrían plantar una oposición y generarle problemas al gobierno para la implementación del fracking. Estas oposiciones no necesariamente se darían en términos de lo legislativo, sino a través de la movilización de las bases del sindicalismo corporativista de PEMEX.
Pero quizás las tres principales fuentes de tensión en torno al fracking son:
1) La tensión con las comunidades. El fracking, aun con tecnologías mejoradas, implica intervención territorial en regiones del norte y noreste del país donde existen comunidades con derechos sobre sus territorios y sus recursos hídricos. La historia de los proyectos energéticos en México muestra que estos conflictos no se resuelven con buenas intenciones técnicas.
2) La tensión con la inversión privada. El sector privado no va a invertir en un entorno donde las reglas cambian con frecuencia, donde la discrecionalidad regulatoria es alta y donde el Estado puede cambiar las condiciones del juego a mitad del partido. La política energética de la presidenta Claudia Sheinbaum busca aumentar la participación de energías renovables en la matriz energética. Sin embargo, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, la cifra de inversión pública apenas cubre el 18% de la inversión anual que requiere el sistema en escenarios de mayor dinamismo. El capital privado necesita certidumbre jurídica que el entorno institucional actual no garantiza plenamente.
3) La ineficiencia y déficit técnico de Pemex. El sector de hidrocarburos mexicano le volvió a abrir la puerta a la iniciativa privada, pues Pemex no tiene la tecnología para implementar el fracking en los campos no convencionales de gas. Esta admisión de debilidad técnica de la empresa nacional de petróleo plantea la pregunta de si los “contratos mixtos” serán suficientes para atraer a las empresas que tienen el know-how, o si eventualmente se requerirá una apertura más amplia que la que el discurso oficial permite admitir hoy.
La pregunta en el aire del fracking: ¿Quién lo haría?
Quizás el elemento más significativo de la apertura al fracking no es la técnica en sí, sino lo que revela sobre la disponibilidad del gobierno para involucrar al sector privado. Se admitió que Petróleos Mexicanos no dispone de la tecnología necesaria para explotar gas mediante fracking en yacimientos no convencionales. Debido a esta situación, se evalúan modelos de inversión conjunta con el sector privado, aunque sin considerar la entrega de concesiones.
El gobierno no puede hacer fracking solo: no tiene la tecnología, no tiene el capital y no tiene el know-how. Necesita al sector privado, seguramente extranjero, que es quien tiene la experiencia acumulada en la explotación de shale gas.
Respecto al fracking no convencional, que es el que puso el Gobierno de México sobre la mesa, se requieren de tecnologías muy específicas como la perforación horizontal, la fractura hidráulica, así como el monitoreo y luego el desarrollo en serie, lo que requiere de un capital constante e intensivo. Pemex no cuenta con la tecnología ni con el know how, por lo que es muy posible que estos procesos tengan que ser importados. Y el paso lógico es que vengan de Estados Unidos, dado que el país norteamericano lleva décadas usando esa técnica.
Este punto es de enorme relevancia política. El gobierno que se construyó ideológicamente sobre la recuperación de la soberanía energética frente a las empresas privadas y extranjeras está ahora contemplando traer exactamente a esas empresas para extraer el gas que necesita. La diferencia es que esta vez no será bajo el esquema de la reforma energética de 2013, con concesiones plenas, sino mediante contratos mixtos con Pemex como socio mayoritario. Es la misma lógica de fondo, con una estructura jurídica diferente que le permite al gobierno mantener la narrativa de la soberanía.
Se prevé que la extracción mediante estas técnicas comience en 2027 y que, para 2035, la producción adicional alcance más de 3 mil millones de pies cúbicos diarios, sumándose a la producción actual de alrededor de 2 mil 300 millones. El plan del Gobierno federal contempla aumentar la producción de gas natural en México de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios a 5 mil 800 millones al cierre del sexenio.
La apertura eléctrica: más silenciosa, más estructural
Si el fracking es el giro más llamativo mediáticamente, la apertura al sector privado en la generación eléctrica es, en términos de política económica de largo plazo, el cambio más profundo y estructural que está operando el gobierno de Sheinbaum.
Desde que se aprobó la reforma constitucional en octubre de 2024, el marco normativo reconoce que la CFE debe garantizar al menos el 54% de la generación eléctrica nacional, mientras que el 46% restante puede provenir de particulares.
Esto no es nuevo en términos formales; lo nuevo es la actitud del gobierno frente a esa participación privada: ya no es vista como una amenaza a la soberanía, sino como una necesidad imperiosa.
El presupuesto de 2026 a la CFE es 16.7% menor, en términos reales, que lo aprobado en 2025. Con menos inversión pública, el sector privado será clave para garantizar el suministro.
Sin impulsar la participación del sector privado o a la falta de recursos presupuestales de la Comisión Federal de Electricidad, México podría enfrentar un déficit de generación de más de 48 mil gigawatts-hora hacia 2030, suponiendo que el crecimiento de la demanda no se acelere por la electrificación de las industrias y la electromovilidad, entre otros factores.
Ese déficit proyectado es una bomba de tiempo en términos económicos. Sin energía suficiente y confiable, el nearshoring —la relocalización de empresas industriales hacia México, que es el mayor activo de desarrollo económico que tiene el país en la coyuntura actual— no puede consolidarse. Las empresas manufactureras que están llegando a México desde Asia o reestructurando cadenas de suministro desde Estados Unidos necesitan energía estable, abundante y competitiva en precio. Sin eso, el nearshoring se va a otro lado.
El Plan de Desarrollo Eléctrico 2025-2030
El Plan de Desarrollo Eléctrico 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2025, contempla duplicar la capacidad actual instalada en energía renovable.
Es decir, agregar 28,004 MW de capacidad, de los cuales alrededor del 80% se calcula serán de energía limpia o renovable. El objetivo es que sea la iniciativa privada la que financie la mayor parte de este plan.
Esto es notable. El plan de expansión de energía renovable, que es el corazón de la estrategia de transición energética del gobierno, descansa financieramente sobre el sector privado. En el plan se busca que la Iniciativa Privada contribuya con una generación de energía renovable de entre 6,400 MW y 9,550 MW y una inversión de hasta 9 mil millones de dólares.
El plan de inversión 2026-2030 destina el 54% de los recursos al sector energético, más de 3 billones de pesos, para fortalecer la generación, transmisión y distribución eléctrica, además de proyectos en petróleo, gas y energías renovables.
El contraste con el gobierno de AMLO es notable. En el período 2018-2024, la participación privada en el sector eléctrico fue frenada, cuestionada e incluso revertida judicialmente. Proyectos de energía renovable fueron cancelados o detenidos. Las subastas eléctricas que habían atraído miles de millones de dólares en inversión limpia fueron suspendidas. La narrativa dominante era que la CFE tenía que recuperar su dominio, aun a costa de dejar sin financiamiento la expansión del sistema.
El déficit energético nos asfixia
Los picos de demanda, que ocurren principalmente en verano, cuando el calor extremo dispara el uso de aires acondicionados, y en períodos de alta actividad industrial, son el punto de mayor tensión del sistema eléctrico nacional.
En 2024, la demanda máxima llegó a 55,528 MWh/h y se estima que crezca 50.6% hacia 2039, alcanzando los 83,643 MWh/h. Este crecimiento sostenido representa un desafío para el Sistema Eléctrico Nacional, que deberá ampliar su capacidad de generación e infraestructura para cubrir picos de consumo y asegurar el suministro eléctrico.
La CFE sola no puede responder a esos picos con la velocidad y flexibilidad que se requiere. Los proyectos estatales tardan años en construirse, tienen costos de capital elevados y requieren financiamiento público que el gobierno no tiene en este momento de consolidación fiscal. El sector privado, en cambio, puede moverse más rápido, asumir el riesgo de la inversión y llevar capacidad al sistema de manera más ágil, especialmente en tecnologías de respuesta rápida como baterías de almacenamiento, solar distribuida y gas de ciclo simple.
Últimos comentarios
Las conferencias matutinas de la semana pasada dejaron claro que Sheinbaum está virando hacia el modelo que siguen la mayoría de las economías emergentes exitosas que han logrado combinar soberanía energética con desarrollo: desde Brasil, que mantiene a Petrobras como empresa nacional estratégica pero opera con un mercado de gas y electricidad competitivo, hasta la India, que ha abierto su sector energético a la inversión privada manteniendo empresas estatales fuertes, pasando por varios países asiáticos que han construido su seguridad energética con combinaciones inteligentes de inversión pública y privada.
El gobierno actual no está haciendo una reforma energética. Está haciendo algo más difícil: cambiar la política energética dentro del lenguaje y las restricciones institucionales de un proyecto político que construyó parte de su identidad en oposición a lo que ahora necesita hacer.
El fracking, con todos sus problemas ambientales y sus complejidades técnicas, es el símbolo más claro de este proceso. No importa cómo se llame ni cuántos adjetivos se le pongan. El hecho es que la presidenta que dijo que no lo haría ahora convocó a un comité científico para evaluar cómo hacerlo.
La energía no espera. El gobierno tiene, hoy, la ventaja de estar moviéndose antes de que la crisis sea evidente. Si aprovecha ese margen para construir un modelo energético funcional, mixto, con certidumbre y con horizonte de largo plazo, habrá transformado la ortodoxia que heredó en algo más útil para el país. Si lo hace a medias, sin la profundidad que el reto requiere, habrá fracturado la ortodoxia sin construir nada sólido en su lugar.
Esa es la apuesta que, silenciosamente, está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y de su resultado dependerá, en buena medida, el futuro energético y económico de México
X: @romero_hicks
Facebook: José Luis Romero Hicks
Referencias
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/alto-precio-ambiental-fracking-mexico-20260413-808438.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2026/04/08/fracking-en-mexico-produccion-de-gas-subiria-hasta-260-para-reducir-dependencia-de-eu/https://elpais.com/mexico/2026-04-09/la-vuelta-del-fracking-a-mexico-confronta-las-necesidades-energeticas-con-los-impactos-ambientales.html
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