Aumenta la Confianza del Consumidor

En el mes de diciembre de 2020, el Indicador de la Confianza del Consumidor desestacionalizado se ubicó en 38.1 puntos, marcando un incremento de 1.2 puntos con respecto al mes de noviembre (36.9 puntos). Sin embargo, el...

21 de enero, 2021

En el mes de diciembre de 2020, el Indicador de la Confianza del Consumidor desestacionalizado se ubicó en 38.1 puntos, marcando un incremento de 1.2 puntos con respecto al mes de noviembre (36.9 puntos).

Sin embargo, el indicador aún se encuentra 4.9 puntos por debajo del mismo mes de 2019, año en el que marcaba en diciembre 43 puntos.

Indicador de Confianza del Consumidor en diciembre de 2020

(Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo)

Fuente: INEGI. Enero 2021.

El triunfo de López Obrador en las urnas a mediados de 2018 provocó que se formara una especie de “joroba” en la curva del indicador de la confianza del consumidor en México. El optimismo de una nueva administración, aunado al incremento en el gasto social con apoyos directos de dinero en efectivo, son dos aspectos que podrían explicar este comportamiento “de joroba” en la curva del indicador.




Sin embargo, esa joroba fue completamente borrada desde abril del año pasado cuando hizo su acto de aparición el temible virus del SARS-COV-2. En la actualidad, los niveles del indicador de confianza del consumidor son equiparables a los niveles de 2017 y 2018.

Principales resultados de la confianza del consumidor en el mes de diciembre pasado

  • En términos desestacionalizados, en el último mes de 2020 el componente correspondiente a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que tenían hace doce meses aumentó 1.7 puntos. 
  • El rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de doce meses respecto a la que registran en el momento actual creció 1.5 puntos en comparación con el nivel del mes anterior. 
  • La variable que mide la percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país hoy en día comparada con la que prevaleció hace doce meses reportó un avance mensual de 0.4 puntos. 
  • El indicador que capta las expectativas sobre la condición económica del país esperada dentro de un año respecto a la situación actual, se incrementó 0.6 puntos con relación al nivel de noviembre.
  • Finalmente, el componente relativo a la opinión sobre las posibilidades en el momento actual por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos presentó un ascenso mensual de 1 punto.

Indicador de Confianza del Consumidor y sus componentes durante el mes de diciembre de 2020
(Cifras desestacionalizadas)

Fuente: INEGI y Banco de México.

Los buenos datos antes mencionados van en línea con la tendencia creciente mostrada desde que terminara el gran confinamiento que abarcó de marzo a junio del año pasado. 

Aunque la tendencia de avance en el indicador de la confianza del consumidor sea clara, es muy probable que el incremento que vimos en diciembre esté reflejando la percepción que tiene el público de que la pandemia del Covid-19 en algún momento va a terminar porque ya existen vacunas contra el SARS-COV-2. No olvidemos que fue precisamente en el mes pasado que comenzó la vacunación en México.

En la actualidad, apenas el 0.36% de la población del país ha sido vacunada, por tanto, la percepción de que ya se comenzó a vacunar en México es solo eso: pura percepción. Pero para efectos prácticos, el tema de las vacunas pudo haber sido el de mayor impacto positivo para las audiencias en el mes de diciembre, lo cual sin lugar a dudas influye de manera notoria en el ánimo de los consumidores.

En incontables ocasiones en este espacio hemos sido críticos de las acciones en materia económica del presidente López Obrador, pero debemos reconocer que el primer mandatario es un hombre que sabe orientar la percepción de la opinión pública hacia los temas que marca la agenda de su gobierno, y en diciembre la agenda se concentró en capitalizar los esfuerzos de traer una vacuna a como diera lugar antes de que finalizara el año.

Indicadores complementarios de la confianza del consumidor

  • En lo que se refiere a los indicadores que complementan la encuesta de la confianza del consumidor, los peores niveles están en la compra de auto y casa, ya sea nuevo o usado. 

Los niveles del indicador en esos dos rubros (casa y automóvil) se encuentran todavía bajos pero ya reflejan una recuperación a partir de la segunda mitad del año pasado. 

Todo parece indicar que los consumidores están cada vez menos pesimistas sobre sus planes de renovar o comprar casa o automóvil, y de mantenerse esta tendencia, podríamos ver ya para la primera mitad de este año un efecto de arrastre en otros sectores muy importantes para el funcionamiento de la economía, tales como el sector financiero.

El crédito hipotecario y el automotriz son dos productos que le imprimen un dinamismo al sector financiero. De ahí que resulte sumamente importante que la recuperación que hemos visto en estos indicadores complementarios sí se materialice en un mayor consumo.

El de la compra de auto nuevo o usado, el indicador disminuyó en 0.1 puntos con respecto a su nivel del mes anterior, pasando de 9.4 en noviembre a 9.3 en diciembre, una contracción muy marginal.

Y el de la compra o remodelación de casa, el indicador aumentó 1.7 puntos en un mes, pasando de 13.1 en noviembre a 14.8 en diciembre, un incremento de nada menos que 12.9%. 

  • Con excepción del indicador complementario que considera los planes para comprar auto nuevo o usado, que tuvo un decrecimiento marginal, todos los indicadores complementarios (vacaciones, ropa, capacidad de ahorro, inflación y empleo) tuvieron una mejoría en el mes pasado. A pesar de que todos los indicadores complementarios de la confianza del consumidor permanecen todavía por debajo del nivel que tenían en diciembre de 2019 (un año antes), las brechas se han ido acortando y todos mantienen una tendencia de recuperación, algunos más marcada que otros.

Indicadores complementarios de la encuesta nacional sobre confianza del consumidor en diciembre de 2020 y su comparación mensual e interanual

(Cifras desestacionalizadas)

Fuente: INEGI.

Perspectivas

La evolución que hemos venido viendo en el indicador de confianza del consumidor y sus componentes en los últimos seis meses es consistente con la reapertura de las actividades económicas. 

Es normal que en diciembre se haya sostenido el avance de la confianza del consumidor, marcando una tendencia a la alza, ya que en ese mes aún no iniciaban los cierres por el repunte de la pandemia que hemos comenzado a ver con el arranque del invierno.

La incertidumbre en la confianza del consumidor pues, depende en este momento de dos aspectos principales:

  1. El tiempo que va a permanecer la obstrucción a las actividades económicas que se consideran de alto riesgo de contagio.
  2. La recuperación esperada de la economía en los Estados Unidos, pues se espera que el nuevo paquete de estímulos económicos que Biden  ha anunciado que estará marcando el inicio de su administración tenga el efecto esperado y que esta recuperación será crucial también para el crecimiento de la economía mexicana en 2021.

Variación trimestral del Producto Interno Bruto en México

(Cifras con ajuste estacional)

Fuente: Banco de México. Enero 2021.

Últimos comentarios

El inicio de año con una recuperación sostenida, tanto en el indicador de confianza del consumidor, como de sus componentes e indicadores complementarios, parece mostrar que los consumidores en México ya han estado dando por descontado:

  • Que la pandemia tiene un fin y eso se verá reflejado en 2021, o al menos el inicio del verdadero enfriamiento de los contagios y los decesos.
  • Que sí se puede abrir la economía aún en tiempos de pandemia.
  • Que las vacunas van a ser el punto crucial para la recuperación de la economía.

Es de esperarse que, con el avance de la confianza del consumidor, sí se vayan materializando también una recuperación en el comportamiento del consumo, pues sectores como el automotriz u otros bienes duraderos, aún permanecen lejos de los números que mostraban antes del Covid-19.

No obstante que la recuperación ocurrirá y los pronósticos de crecimiento de la economía para este año se han sostenido en torno al 3%, durante la segunda mitad de 2021 podríamos tener un pequeño retroceso en el indicador de la confianza del consumidor porque el invierno no augura mejores números en los contagios, aunado a los nuevos cierres de emergencia que hemos estado viendo en las economías locales.

Twitter: @romero_hicks 

Facebook: José Luis Romero Hicks

Referencias:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/concon/concon2021_01.pdf

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B7BEFC36F-BA57-8084-F183-3EDBCEE27958%7D.pdf

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Al-31-de-diciembre-de-2020-se-registraron-19-millones-773732-puestos-de-trabajo-ante-el-IMSS-20210112-0066.html

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/vacunar-primero-a-jovenes-que-a-mayores-contra-covid-esto-dice-la-oms

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/1-de-cada-4-capitalinos-perdio-su-empleo-o-fuente-de-ingresos-en-los-ultimos-tres-meses

 

Comentarios
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Una auditoría revela el cruce inevitable del empleo de cualquier ingreso en las arcas públicas; esto incluye naturalmente la deuda como recurso fresco, la liquidación de conceptos que alguna vez reunieron partidas presupuestales y cualquier otro desvío de gasto programado que no haya reunido su destino como presupuesto de gasto corriente. Esta última parte es muy importante porque esta transición instaló desde su inicio una suplantación de partidas presupuestales por una eufemística suposición de cambio más eficiente en muchos casos; en otros, simplemente desapareció programas asistenciales en marcha pretextando mayor eficiencia en su cobertura y ésta jamás llegó a los beneficiarios. Se utilizó una salida que nunca operó en la llamada intermediación, aludiendo a la intermediación como vicio y proceso de corrupción. Entonces, se centralizó la operación de programas y hasta este momento no existe un padrón confiable en la utilización selectiva del recurso. La auditoría de cualquier ente económico siempre mostrará la ruta del egreso y siempre mostrará el tiempo y circunstancia de aplicación del mismo: esto naturalmente subraya la eficiencia y control del gasto corriente cuando de la administración de la cuenta pública se trate. En la administración pública el ingreso puede ser programado, con base en experiencias anteriores de ejercicios pasados; de igual modo el presupuesto de egresos se presupone y es deber del Congreso aprobar y vigilar su aplicación. Lo más importante es destacar el término gasto que es el adecuado para representar en la ética gubernamental toda disposición del tesoro nacional.    El énfasis en el gasto corriente se hace por respeto a la norma que rige la aplicación de recursos a la vía correcta que corresponde al principio inalterable en economía de distribución de recursos. Toda desviación de la norma puede convertirse en un costo. Se remarca esta diferencia porque la concepción de gasto en la vida pública es un flujo de satisfactores y servicios y puede ser medido. El costo es simplemente una pérdida de recursos porque no cubrió satisfacción alguna. El afán de esta transición en un ahorro inexistente, llamado austeridad y todavía adjetivado como republicano, consistió en suplir funciones en marcha, centralizar decisiones de reparto de recursos, delinear selectividad regional en esa dispersión y concentrar el recurso para una discreción que desvió el concepto de gasto y lo desperdició convirtiéndolo en costo irrecuperable. Esta constante dañó el mercado interno, desequilibró la demanda y el resultado en fecha reciente es la pérdida del control de una variable significativa en la inflación. La dispersión del recurso nunca consideró la cadena productiva; el descuido de esta fase de reacción a toda productividad estancó la producción y la sumió en una recesión del producto. El camino de los costos se fue agravando conforme el dispendio consolidaba dos acepciones: el reparto sin control ni padrón y la construcción de obra alterna aeroportuaria, obra adicional en una refinería y un tren en la selva. Estos últimos conceptos han recibido infinita cobertura y crítica de especialistas; se han convertido en una simbología que anticipa improvisación y capricho. Resulta imposible evadir su alusión en tanto añadan a la cadena de desperdicio de recursos y costos para la nación. Con estas obras se abandonó todo concepto de gasto y de inversión pública en esta transición. La visión de inversión no puede considerarse por la utilización del presupuesto nacional que no es para eso y por la incertidumbre en el retorno de esos cuantiosos montos empleados. Seguimos la ruta de los costos y situamos la deuda como recurso violado en su precepto primordial. La deuda pública en teoría debe ser etiquetada por el delicado destino para el que se contrata; esto significa que en todo momento debe resolver situaciones de fondo. La deuda aporta a la infraestructura carretera, portuaria, hidráulica, como ejemplo de desarrollo, pero jamás se adiciona al gasto; la deuda no es complemento del gasto corriente porque invade en forma automática la función del ingreso. La deuda coadyuva al desarrollo y si no lo hace se convierte en carga adicional del gasto en el servicio de la deuda misma. Esta transición ha hecho un uso indebido de la deuda, no ha creado infraestructura. Si se piensa que Santa Lucía es creación de infraestructura, no podría serlo porque simplemente se concibió como una situación alterna a un espacio aéreo en operación y a otro espacio despojado de toda actividad conjunta en Texcoco, de modo que ni Santa Lucía ni la refinería ni el tren son infraestructura porque no obedecen a la demanda de agentes productivos. Los pasos son esenciales en este orden: se crea demanda de infraestructura, se resuelve en planes conjuntamente con sector privado, se desarrollan planes a largo plazo y entonces se afianza la capitalización con endeudamiento para que la operación recaiga en manos privadas,  Los pasos mencionados y la intervención del sector empresarial en todo momento, son la garantía de cualquier empresa gubernamental. Esta transición ha aislado sus proyectos del escrutinio de expertos, de guía de especialistas, de preceptos de inversión, de fondos de capitalización y de perspectivas de desarrollo, ignorando toda secuencia regional. Todas las acciones que ha emprendido esta transición de gobierno, todas sin excepción, porque la disciplina fiscal corresponde a un terreno de acción diferente, todas se han traducido en costos para la nación y muchos de ellos generacionales. 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Sus integrantes son los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar de Morena, Laura Rojas Hernández del PAN, Fernando Galindo Favela del PRI, Fernando Luis Manzanilla Prieto del PES, Benjamín Robles Montoya del PT, Fabiola Loya Hernández de MC, Antonio Ortega Martínez del PRD y Carlos Alberto Puente Salas del PVEM. Este Grupo de Trabajo busca dejar sentadas las bases para una posible Convención Nacional Hacendaria1, una reforma fiscal, una reforma integral al sistema de pensiones y preparar la creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública2; sin embargo, debido a que este tipo de cambios requieren de voluntad política, no hay certeza de que se realicen en el corto plazo. Por ejemplo, en el caso de una reforma fiscal, el gobierno federal ha enviado señales contradictorias. No obstante, la semana pasada el Subsecretario del Ramo, Gabriel Yorio, mencionaba que la SHCP está trabajando sobre una reforma fiscal que busca: 1) abaratar el costo de la formalidad, 2) ampliar la base gravable de los contribuyentes, y 3) recaudar hasta 2% del PIB de la economía digital. En los otros temas no se han dado tantos pronunciamientos; sin embargo, es de celebrarse que la iniciativa para impulsar estos temas surja del Poder Legislativo, con toda su pluralidad, y no del Poder Ejecutivo. El Grupo de Trabajo formado ya en la recta final de la actual legislatura, se ha trazado como objetivo “analizar y dejar preparados todos los estudios necesarios que respalden, desde un punto de vista especializado, aquellos temas que se mencionaron anteriormente y que son de suma urgencia para la vida pública del país.  Cabe mencionar que dicho grupo diseñó un plan de trabajo que se desarrollará en dos fases. En la primera, que va del mes de marzo al mes de mayo, “se llevarán a cabo acciones para entablar el diálogo, la discusión y la reflexión con diferentes actores e instituciones de investigación, academia, centros de estudios, sociedad civil y especialistas en la materia, para de esta forma comenzar con la elaboración de propuestas técnicas”. Para ello, el Grupo de Trabajo realizará las siguientes mesas de diálogo: 
  • Rumbo a una Convención Nacional Hacendaria, 
  • Requerimientos de Gasto, 
  • Creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, 
  • Reforma fiscal, 
  • Reforma integral al sistema de pensiones.    
En la segunda fase del plan de trabajo del Grupo, que va del mes de junio al mes de agosto “se realizará una compilación sistemática de las propuestas, además, se llevarán a cabo reuniones con representantes de gobiernos subnacionales y se presentarán las propuestas preliminares a funcionarios de diversas dependencias. Finalmente, se hará la presentación formal de los resultados de los trabajos, destacando las coincidencias”4 . Es claro que en México hace falta una reforma fiscal que permita incrementar los ingresos públicos para financiar los crecientes compromisos de gasto público y también una reforma integral al sistema de pensiones, que lo haga sostenible en el largo plazo, ya que el gobierno federal enfrenta una creciente presión fiscal, causada, entre otras cosas, por la inyección creciente e interminable de recursos a PEMEX.  Pero como todos sabemos, para que se pueda realizar una reforma fiscal o una reforma al sistema de pensiones, ambas reformas de gran calado, se requieren condiciones políticas y económicas adecuadas en el país, y dado que nos encontramos en medio de una pandemia, es incierto si este es el mejor momento para ello. Las personas y las empresas del país necesitan, primero volver a la normalidad, y después, reponerse de los gastos y las pérdidas causadas por la pandemia, para estar en condiciones de asumir los costos de una reforma fiscal o una reforma al sistema de pensiones.  Sin embargo, también hay que decirlo, para que se pueda concretar una reforma fiscal o una reforma integral al sistema de pensiones se debe cumplir un largo proceso político y administrativo de preparación y discusión que no es posible realizar en un tiempo corto. En este sentido, parece atinado el tono que ha manejado el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria cuando señala que busca “analizar y dejar preparados todos los estudios necesarios” para que sean utilizados en la siguiente legislatura que dará inicio el 1 de septiembre de este año. Sin duda, el tiempo que se destine a la preparación de una probable reforma fiscal, o una reforma integral al sistema de pensiones, no es tiempo perdido, pero quizá debe entenderse como parte de un proceso de más amplio horizonte.      1En una Convención Nacional Hacendaria participan los tres órdenes de gobierno para revisar y acordar los cambios al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). Es decir, la distribución de las facultades impositivas de los tres órdenes de gobierno para determinar cuál orden es el encargado de legislar, recaudar y administrar cada uno de los impuestos que se aplican en el territorio nacional. Esto significa definir con toda precisión las facultades fiscales exclusivas y las facultades fiscales concurrentes entre órdenes de gobierno. Los acuerdos de una Convención Nacional Hacendaria se deben traducir en Iniciativas de ley que sean aprobadas por los Poderes Legislativos y así contar con carácter legal. 2 El 4 de noviembre de 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa de la Dip. Soraya Pérez del PRI, que crea al Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, órgano equivalente al Consejo Fiscal. Ahora, dicha iniciativa espera su aprobación en el Senado. Un Consejo Fiscal sirve para vigilar la sostenibilidad fiscal, elevar la discusión fiscal, corregir el desbalance de información entre Ejecutivo y Legislativo y dota al Legislativo de un órgano técnico propio que elabora estimaciones de crecimiento, inflación, ingreso, gasto, deuda, entre otros. El Consejo Fiscal estaría adscrito a la Cámara de Diputados y se integraría con 5 consejeros que durarían 4 años en su encargo.  3Ibid, p. 4.  4Ibid, p. 4." 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Una auditoría revela el cruce inevitable del empleo de cualquier ingreso en las arcas públicas; esto incluye naturalmente la deuda como recurso fresco, la liquidación de conceptos que alguna vez reunieron partidas presupuestales y cualquier otro desvío de gasto programado que no haya reunido su destino como presupuesto de gasto corriente. Esta última parte es muy importante porque esta transición instaló desde su inicio una suplantación de partidas presupuestales por una eufemística suposición de cambio más eficiente en muchos casos; en otros, simplemente desapareció programas asistenciales en marcha pretextando mayor eficiencia en su cobertura y ésta jamás llegó a los beneficiarios. Se utilizó una salida que nunca operó en la llamada intermediación, aludiendo a la intermediación como vicio y proceso de corrupción. Entonces, se centralizó la operación de programas y hasta este momento no existe un padrón confiable en la utilización selectiva del recurso. La auditoría de cualquier ente económico siempre mostrará la ruta del egreso y siempre mostrará el tiempo y circunstancia de aplicación del mismo: esto naturalmente subraya la eficiencia y control del gasto corriente cuando de la administración de la cuenta pública se trate. En la administración pública el ingreso puede ser programado, con base en experiencias anteriores de ejercicios pasados; de igual modo el presupuesto de egresos se presupone y es deber del Congreso aprobar y vigilar su aplicación. Lo más importante es destacar el término gasto que es el adecuado para representar en la ética gubernamental toda disposición del tesoro nacional.    El énfasis en el gasto corriente se hace por respeto a la norma que rige la aplicación de recursos a la vía correcta que corresponde al principio inalterable en economía de distribución de recursos. Toda desviación de la norma puede convertirse en un costo. Se remarca esta diferencia porque la concepción de gasto en la vida pública es un flujo de satisfactores y servicios y puede ser medido. El costo es simplemente una pérdida de recursos porque no cubrió satisfacción alguna. El afán de esta transición en un ahorro inexistente, llamado austeridad y todavía adjetivado como republicano, consistió en suplir funciones en marcha, centralizar decisiones de reparto de recursos, delinear selectividad regional en esa dispersión y concentrar el recurso para una discreción que desvió el concepto de gasto y lo desperdició convirtiéndolo en costo irrecuperable. Esta constante dañó el mercado interno, desequilibró la demanda y el resultado en fecha reciente es la pérdida del control de una variable significativa en la inflación. La dispersión del recurso nunca consideró la cadena productiva; el descuido de esta fase de reacción a toda productividad estancó la producción y la sumió en una recesión del producto. El camino de los costos se fue agravando conforme el dispendio consolidaba dos acepciones: el reparto sin control ni padrón y la construcción de obra alterna aeroportuaria, obra adicional en una refinería y un tren en la selva. Estos últimos conceptos han recibido infinita cobertura y crítica de especialistas; se han convertido en una simbología que anticipa improvisación y capricho. Resulta imposible evadir su alusión en tanto añadan a la cadena de desperdicio de recursos y costos para la nación. Con estas obras se abandonó todo concepto de gasto y de inversión pública en esta transición. La visión de inversión no puede considerarse por la utilización del presupuesto nacional que no es para eso y por la incertidumbre en el retorno de esos cuantiosos montos empleados. Seguimos la ruta de los costos y situamos la deuda como recurso violado en su precepto primordial. La deuda pública en teoría debe ser etiquetada por el delicado destino para el que se contrata; esto significa que en todo momento debe resolver situaciones de fondo. La deuda aporta a la infraestructura carretera, portuaria, hidráulica, como ejemplo de desarrollo, pero jamás se adiciona al gasto; la deuda no es complemento del gasto corriente porque invade en forma automática la función del ingreso. La deuda coadyuva al desarrollo y si no lo hace se convierte en carga adicional del gasto en el servicio de la deuda misma. Esta transición ha hecho un uso indebido de la deuda, no ha creado infraestructura. Si se piensa que Santa Lucía es creación de infraestructura, no podría serlo porque simplemente se concibió como una situación alterna a un espacio aéreo en operación y a otro espacio despojado de toda actividad conjunta en Texcoco, de modo que ni Santa Lucía ni la refinería ni el tren son infraestructura porque no obedecen a la demanda de agentes productivos. Los pasos son esenciales en este orden: se crea demanda de infraestructura, se resuelve en planes conjuntamente con sector privado, se desarrollan planes a largo plazo y entonces se afianza la capitalización con endeudamiento para que la operación recaiga en manos privadas,  Los pasos mencionados y la intervención del sector empresarial en todo momento, son la garantía de cualquier empresa gubernamental. Esta transición ha aislado sus proyectos del escrutinio de expertos, de guía de especialistas, de preceptos de inversión, de fondos de capitalización y de perspectivas de desarrollo, ignorando toda secuencia regional. Todas las acciones que ha emprendido esta transición de gobierno, todas sin excepción, porque la disciplina fiscal corresponde a un terreno de acción diferente, todas se han traducido en costos para la nación y muchos de ellos generacionales. La Auditoría Superior de la Federación nos revela esta circunstancia con el error de inicio de esta gestión transitoria, con un costo infame." 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