Los reclamos de la gente ante el alza de las gasolinas son justificados. A nadie le gusta pagar más. Sin embargo, se escuchan muchas cosas carentes de sentido. Por ejemplo, los simpatizantes del gobierno culpan absurdamente a los seguidores de MORENA por los zafarranchos y saqueos; y también, con una falta absoluta de juicio, las personas que se profesan anti-sistema atribuyen los saqueos al gobierno federal –para justificar una intervención militar, dicen–. Cada quien ve lo que quiere: es un diálogo sinsentido que inflama el encono. Con un nivel tan bajo en el debate público se entiende que los gobiernos (federal, estatales o municipales) asuman que el mexicano es fácil de engañar, y de hecho traten de engañarlo, como acaba de ocurrir con el aumento de las gasolina y el diesel.
Es verdad que el subsidio de combustibles era una bomba de tiempo y que tarde o temprano tendría que terminar; lo que no se entiende es que el gobierno federal haya apostado por la estupidez de los ciudadanos. En efecto, la Secretaría de Hacienda y la Presidencia de la República asumieron que los mexicanos no tenemos el mínimo de inteligencia: por un lado, el aumento se hizo en época vacacional pensando que así tendría menor repercusión y, con un poco de suerte, hasta pasaría desapercibido; por otro lado, no deja de ser ofensiva la insistencia del Secretario de Hacienda en el sentido de que el aumento no provocará una escalada inflacionaria –y mire usted que siempre he considerado a Meade como un funcionario confiable y competente–. La percepción de los ciudadanos es de engaño y completa injusticia: a) el presidente prometió que no habría más gasolinazos y que no subirían las tarifas de energía –el hecho de que tal promesa se refiriera a 2015 en modo alguno minimiza la sensación de frustración; al contrario: el ciudadano piensa que tal justificación es cínica–; b) el ciudadano es quien tiene que hacer todo el sacrificio mientras los funcionarios mantienen todos los lujos y privilegios.
Sí: los saqueos de supermercados y comercios son repugnantes; pero más repugnantes son los saqueos de funcionarios y que éstos queden impunes (piensen en los cientos de Duartes, Borges, Moreiras, Medinas, Montieles, Granieres, Yarringtons, Egidios, Aguirres, Vallejos y demás fauna nociva que integra la clase política. Un nuevo avión presidencial, que un tercero pague los prediales de los departamentos de la primera dama en Miami, o que ésta aparezca en las portadas de revistas frívolas, en sí mismos son pecatta minuta –no estoy minimizando–, pero en el contexto constituyen un muy doloroso e inaceptable agravio para todos los mexicanos –no estoy exagerando–. El problema de México no es el aumento a las gasolinas, ni la devaluación; ni siquiera Trump –bueno, reculo: él sí es un problema–. La verdadera enfermedad de México es la corrupción y el sistema cleptocrático en que ha degenerado nuestra democracia.
A estas alturas, el PRI está tan desacreditado –sumen el retorno de Videgaray al gabinete: ¡fue él quien trajo a Trump!– que se ve muy difícil cómo pueda, primero, no perder en los procesos electorales de este año, especialmente en el Estado de México; y, segundo, cómo no perder las elecciones federales de 2018. Las opciones viables respecto a la renovación del Ejecutivo Federal son únicamente dos: MORENA y el PAN. El PRD está fuera de combate: Mancera y los perredistas de la Asamblea Legislativa han hecho un eficientísimo trabajo para destrozar y sepultar al PRD–; ni siquiera serán medianamente competitivos en la Ciudad de México, su otrora bastión, que perderán a manos de MORENA.
2017 ha empezado mal; no tanto como aquel catastrófico 1995, tras el “error de diciembre”, pero sí, desde la percepción ciudadana, bastante mal. Confío en que las cosas mejorarán conforme avance el año. A pesar de la cleptocracia y la corrupción, hay instituciones sólidas –BANXICO, Marina, Ejército, CNDH, SCJ, UNAM, y cientos de organizaciones no gubernamentales– que nos permitirán sortear este temporal y llegar a mejores puertos.
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