AMLO vs los Jueces: el conflicto que vendrá

Durante la campaña, Morena puso en circulación unos spots en los cuales Andrés Manuel López Obrador pedía...

31 de julio, 2018

Durante la campaña, Morena puso en circulación unos spots en los cuales Andrés Manuel López Obrador pedía al electorado que votara por los candidatos a senadores y diputados de su coalición, «para tener un Poder Legislativo verdaderamente libre», decía. La ciudadanía lo escuchó y votó masivamente por dichos candidatos.

La coalición Juntos haremos Historia se llevó 218 de los 300 distritos electorales de mayoría relativa en la elección de diputados federales, y 24 de las 32 entidades federativas en la elección de senadores de mayoría. Si AMLO ganó con el 53% en la elección presidencial y ello le convierte en el presidente más votado de nuestra historia reciente, hay que considerar con asombro que su victoria legislativa fue aún mayor: se alzó con el 72,66% en la votación para diputados de mayoría y con el 75% en la elección de senadores también de mayoría. Una vez que el INE efectúe la asignación de legisladores plurinominales, lo cual sucederá a más tardar el 23 de agosto, AMLO tendrá a su disposición 309 diputados y 70 senadores. Fue una victoria gigantesca que le garantiza el control total del Poder Legislativo.

A través del Congreso, AMLO podrá pasar o bloquear cualquier legislación ordinaria, y podrá con cierta facilidad pasar cualquier reforma constitucional, pues es muy probable y previsible que varios legisladores priístas y perredistas –y hasta los del verde y los de Movimiento Ciudadano– se pongan a sus órdenes, además que en materia local contará con diecisiete congresos con mayoría morenista, los suficientes para sacar adelante cualquier reforma constitucional. Y aún si no tuviera el apoyo de esos otros legisladores federales, se puede decir que Morena y sus aliados tienen virtualmente la mayoría calificada, pues las dos terceras partes que se necesitan para pasar una reforma constitucional en cada cámara se entienden una vez reunido el quórum. Existe quórum, y por tanto las sesiones de las cámaras son válidas, si asiste más de la mitad de los legisladores. Y ya sabemos que a muchos diputados y senadores les encanta faltar. Y para muestra un botón: según El Universal, en el primer periodo ordinario de 2018, la cámara de diputados registró un promedio de 325 diputados por sesión en la que se votaba. Con una asistencia así –una asistencia promedio–, AMLO necesita 217 diputados para pasar una reforma constitucional. El promedio de asistencia en la cámara de senadores es un poco mejor, pero no mucho mejor. Así las cosas, AMLO podrá pasar cualquier ley o reforma constitucional: cualquiera, ya no digamos las que anulen las reformas estructurales, sino incluso una hipotética reforma que permita la reelección del presidente; podrá hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Bastará que sus legisladores se disciplinen y asistan a las sesiones.

Lo único que le hace falta a AMLO para tener el control total del Estado mexicano es el Poder Judicial de la Federación. Pero ya está trabajando en ello. Durante la campaña, López Obrador criticó fuertemente a los jueces y dijo que nada bueno había nunca salido de la Suprema Corte de Justicia, lo cual ciertamente fue una descortesía para Olga Sánchez Cordero, que fue ministro de la Corte y que será la secretaria de gobernación. Andrés Manuel López Obrador no da paso sin huarache. Poco a poco va tejiendo su ataque al Poder Judicial. Primero hará que sus seguidores empiecen a ver a los ministros de la Corte, empezando por el presidente, Luis María Aguilar, como hombres indolentes que se aferrarán a toda costa al privilegio y al boato. Aguilar ya se pronunció sobre el plan de reducir los sueldos de todos los funcionarios, incluidos los jueces, y dijo que una remuneración digna es condición necesaria para un buen ejercicio de la actividad jurisdiccional. ¿Qué nos está insinuando Luis María Aguilar?

¿Cuánto percibe un ministro de la Suprema Corte? Percibe $4,229,555.00 pesos anuales, integrados por el salario mensual, la prima vacacional, el aguinaldo y el llamado pago por riesgo. Si dividimos esto entre doce meses, tendremos ingresos sobre los $350,000.00 pesos mensuales. Habría que añadir los bonos y, en el caso del presidente de la corte, un emolumento por ejercer dicha presidencia, lo cual da una suma bastante mayor. AMLO percibirá menos de la tercera parte y, como mencionó en una de sus cincuenta medidas de austeridad, el salario será integrado, así que nada de bonos extras. Y además, en atención a lo que dice el artículo 127 de la Constitución, está resuelto a hacer válida la cláusula que establece que ningún funcionario –sea federal, estatal o municipal, paraestatal o sirva en un organismo autónomo– ganará más que el presidente de la República. Claro que los jueces federales querrán hacer valer el artículo 94 de esa misma Constitución, según el cual no es posible disminuir durante el tiempo que dura el cargo la remuneración que reciben los ministros de la Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal Electoral y los miembros del Consejo de la Judicatura federal.

Así las cosas, todo está dispuesto para un encontronazo entre los jueces federales y el presidente de la república. En muy poco tiempo veremos cómo todo el Poder Judicial de la Federación se parapeta contra los recortes de salarios, si estos se llevan a cabo, alegando toda clase de argumentos legales. ¿Llegaremos al extremo de que los jueces federales se concedan a sí mismos el amparo del Poder Judicial de la Federación?

En la medida en que el Poder Judicial de la Federación, empezando por la Suprema Corte, luche contra la austeridad republicana que propone AMLO, en esa medida crecerá su desprestigio frente a la población. Quizá algunos jueces se cuadren ante el presidente, y entonces se hablará de jueces fieles a la patria, por un lado, y jueces que la traicionan, por otro lado. Podría ser un discurso muy peligroso.

A fin de cuentas, si se hace realidad este posible conflicto entre el judicial y el ejecutivo, será una causa perdida para los jueces. El presidente López Obrador tarde o temprano los doblegará, como doblegó a todos los partidos, y tendrá el control absoluto de los tres poderes de la Unión.

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