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El decálogo o apuesta por el olvido es un grave error

El jefe del Gabinete, Aurelio Nuño, informó de la decisión del Ejecutivo federal de obviar las demandas ciudadanas de combatir la ilegalidad, la impunidad y la corrupción. Dijo tajante a… El jefe del Gabinete, Aurelio Nuño, informó...

11 de diciembre, 2014
pena-nieto

El jefe del Gabinete, Aurelio Nuño, informó de la decisión del Ejecutivo federal de obviar las demandas ciudadanas de combatir la ilegalidad, la impunidad y la corrupción. Dijo tajante a…

El jefe del Gabinete, Aurelio Nuño, informó de la decisión del Ejecutivo federal de obviar las demandas ciudadanas de combatir la ilegalidad, la impunidad y la corrupción. Dijo tajante a El País “que la urgencia de los cambios que pide la opinión pública no va a marcar el rumbo… «No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas»” (07/12/14). ¿Qué instituciones? ¿Cuál es el entorno en el que el equipo del presidente Enrique Peña decide ignorar la catástrofe moral, de credibilidad y de legitimidad de su administración?: los aliados políticos del jefe de gobierno parecen darle la espalda; empresarios y clases medias están irritados por los impuestos y la colusión; la plutocracia está dolida porque hirió a sus intereses; asoma una crisis por la caída del petróleo.

A la unificación de los contrarios, por efecto de las reformas y de los errores del gobierno federal, se suma la descomposición de casi todas las instituciones públicas: los partidos políticos, los poderes Legislativo y Judicial y los órdenes de gobierno municipal y estatal. Sin leyes que normen y guíen la conducta ciudadana, con el desastre de los partidos como medio para conducir pacíficamente el conflicto social, con una mayoría de gobiernos estatales y municipales disfuncionales, sin un sistema judicial que imparta justicia y provea seguridad… puede crecer la violencia y conducir a la ingobernabilidad. Ignorar esta crisis sistémica es un desatino. Cuando las instituciones se colapsan el remedio contra el desorden es la fuerza bruta o la calidad moral de sus líderes. Así, la disyuntiva es autoritarismo o la legalidad y legitimidad del liderazgo.

Por si no fuera suficiente el marasmo institucional, tenemos la crisis petrolera. La pérdida de ingresos por la caída del precio se compensará en 2015 con el seguro y el abaratamiento de la gasolina, pero no hay garantía contra un embate especulativo. Explico: las petroleras que extraen crudo de la fractura hidráulica (fracking) pueden quebrar por el desplome de los precios y la posible alza de las tasas de interés del banco central estadunidense (Fed); a su vez, los bajos precios pueden causar la bancarrota de Venezuela y quizá de Rusia. Se vislumbra un desorden financiero que hundiría al peso (la reserva de divisas es una ilusión: su mayor parte es capital golondrino). Acecha la tormenta perfecta. Presidente: no haga caso a los columnistas sino a los signos ominosos de alarma. Para conservar el mando ofrezca una disculpa (por casa blanca) y abata corrupción e impunidad. No apueste al olvido.

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Los militares que forman parte del Ejército Mexicano tienen prohibición legal de inmiscuirse en forma directa o indirecta en  asuntos políticos. Por ello, al apoyar de viva voz en un evento público “el proyecto de Nación” (es decir, la denominada 4T) está faltando a sus deberes constitucionales y legales. La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, todavía vigente, publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1926, siendo Presidente Plutarco Elías Calles, ordena, entre otras cosas, lo siguiente: “ARTÍCULO 1o.- La presente Ley tiene por objeto preservar la disciplina militar como principio de orden y obediencia que regula la conducta de los individuos que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 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Al hablar de seguridad nos referimos tanto a la seguridad interior del país como a la defensa de la Patria ante eventuales agresiones del exterior, esto en términos de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, el Ejército Mexicano actualmente se encarga de realizar varias obras del Gobierno Federal, como la construcción del aeropuerto "Felipe Ángeles", así como del aeropuerto de Tulum en Quintana Roo; la construcción de por lo menos tres tramos del denominado “Tren Maya” o la edificación de más de dos mil sucursales del “Banco del Bienestar”. Asimismo, se le han ordenado tareas como la distribución de libros escolares, remodelación de decenas de hospitales, la participación en el programa “Sembrando Vida” y otros programas sociales, incluso se le ha encargado la venta de “cachitos” de lotería. Huelga decir que dichas actividades no tienen nada que ver con la seguridad nacional ni interna ni externa, ni mucho menos con la dignidad y el orgullo implícitos que deben de portar nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. López Obrador trata de sostener las obras encargadas al Ejército bajo la premisa de que son “obras sociales” que le están permitidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, nuestra Carta Magna es muy clara al establecer: “Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.  Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”. 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