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Un grupo binacional de especialistas México – Cuba debiera conformarse para brindar asesoría a los EEUU en contra de adicciones

México debería condicionar la colaboración para el combate al narco a que los Estados Unidos hagan lo propio con sus adictos.

6 de mayo, 2026

Ginés Sánchez

Los Estados Unidos utilizan al narcotráfico para presionar a los países involucrados en esa industria para obtener beneficios de toda índole desde una posición de más fuerza. Eso y nada más que eso es lo que subyace en escándalos cómo el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en el secuestro vía incursión ilegal en territorio mexicano de “El Mayo” Zambada, la negociación alegre y fluida con capos (ejemplo “Los Chapitos”) para perdonarle todos sus crímenes a cambio de información para elevar la presión a México, y otra serie le linduras.

El narco es una industria binacional en la que México aporta la muerte y el horror al tiempo que los Estados Unidos lo hacen quedándose con la parte más sustanciosa del negocio que no es sino la distribución y venta al consumidor final, sin que (mágicamente) nunca hayamos sabido de un capo gringo más visible y buscado. No. Ellos son puros y castos, a grado tal de pagar el martirio y muerte del agente encubierto de la DEA “KIKI” Camarena en 1984, el cuál dio su vida para combatir el tráfico, específicamente, de la mariguana, con ni más ni menos que ¡legalizarla en todo el país!, dado que en los estados donde la legislación lo permite, se multiplican cual hongos los “dispensarios” de incontables variedades de la planta psicoactiva a la par de los invernaderos donde estas se cultivan. Es decir, decidieron quedarse con toda esa parte del negocio, la mariguana, porque aunque en todos los estados en los que está permitido contravienen a las leyes federales, lo que se ha resuelto de una forma muy sencilla: el criterio recomendado por la presidencia del país vecino de “PRIORIDAD CERO”, es decir, que en los hechos las fuerzas federales tienen la indicación de no castigar a nadie por posesión de “mota”, dándole eso, lo que el nombre del criterio jurídico impulsado por la federación indica, así sea en los estados dónde todavía no está legalizado: PRIORIDAD CERO.

No pasará nada (en lo jurídico) con Rocha Moya y los otros nueve mexicanos “ilustres” de la lista que, de manera traicionera, hizo pública el gobierno de Trump. Como nada pasará con todas las empresas, de este lado de la frontera y del otro, que se dedican a reciclar los millonarios recursos producto del narco, lo mismo que las instituciones financieras que colaboran en dichos afanes.

México no tiene un problema de adicciones como para que represente uno de salud pública como sí lo es en los Estados Unidos, lo que hace absurdo que nuestro país gaste recursos que no destinan ellos para atender a sus adictos, ya sea de manera proactiva (campañas agresivas anti consumo) y reactiva (atención de los que ya han caído en las garras de las drogas), como lo es el demoníaco fentanilo.

México debería condicionar la colaboración para el combate al narco a que los Estados Unidos hagan lo propio con sus adictos, es decir, una lucha pareja contra la demanda y la oferta, para eso hay en Cuba (país libre de adicciones) y en México especialistas de clase mundial, que bien pudieran ofrecer sus conocimientos y experiencia al gobierno de los Estados Unidos, claramente rebasado, cuando no que ya vencido, por el descontrolado problema de las adicciones a todo tipo de sustancias tóxicas en el país vecino del norte. Pero me atrevo a afirmar que eso nunca sucederá: el negocio está antes de cualquier otra consideración.

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Ginés Sánchez

Licenciado en negocios internacionales con la tesis: "El papel del Estado en el desarrollo del turismo en México", y Diplomado en Administración Pública por la UNAM.

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