El pasado cinco de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el primer amparo para el autoconsumo lúdico de la marihuana…
El pasado cinco de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el primer amparo para el autoconsumo lúdico de la marihuana, excluyendo cualquier posibilidad de venta y comercialización. Múltiples voces han hecho hincapié en el talante liberal de la decisión de la corte, argumentando que la raíz y el fundamento del proyecto del Ministro Zaldívar radican, esencialmente, en la defensa de la libertad y de la iniciativa individual, fomentando la tolerancia entre particulares.
Reflexionando acerca del tema en una tertulia efectuada en casa durante los días pasados, y, en efecto, buscando algún punto para propiciar el debate abierto, opté por cuestionar a los presentes si podían ubicar, temporalmente, el punto exacto en el cual los principios del liberalismo y la república, fundamentada en ellos, habían logrado actuar de manera sincrónica, coordinada, teniendo un sendero y un destino aparentemente comunes. O, al menos, en qué momento ambos habían estado más cerca de lograrlo. A pesar de las muy diversas argucias que esgrimían periodos y épocas distintas a modo de respuesta, el gobierno juarista y las leyes de reforma resultaron ser las más numerosas.
-Falso, puntualicé en aquel momento, tal y como lo hago ahora.
Jamás, a lo largo de la historia de nuestro país, los ideales liberales y La República, han transitado sendas más distantes, e incluso contrapuestas, como lo hizo bajo la presidencia constitucional de Benito Juárez García. La resolución de la corte y su carácter liberal, mismas que nos ocupan hoy día, le deben más a un monarca europeo y a sus colaboradores. Explico.
La noche del 17 de junio de 1867, un extranjero que respondía al nombre de Fernando Maximiliano Jose Maria de Habsburgo y Lorena y a quien le correspondieron primero, el titulo de archiduque de Austria y después, el de Emperador de México, se hallaba recluído en una celda del convento de las monjas capuchinas en el primer cuadro de la ciudad de Santiago de Queretaro, capital del estado del mismo nombre. Su efímero periodo al frente de la nación mexicana había llegado a su fin.
Dejaba tras de sí, sin embargo, un copioso legado legislativo que sentaba las bases de un estado institucional. El emperador de origen austriaco, motivado tanto por su educación como por el compromiso adquirido de someter la monarquía al mandato constitucional, promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano el 10 de abril de 1865, el cual tuvo validez jurídica y sentó los precedentes de una importante legislación de carácter prioritariamente social (e institucional) que garantizaba los derechos del hombre y del trabajador. Dicha legislación, generada por una asamblea de notables, misma que fue creada entre los meses de junio y agosto del año de 1863 y derivada del estatuto provisional, constituyó más un esfuerzo por crear una herramienta de gobierno que una constitución en sí misma, sin embargo, su visión y alcances, nos permiten resaltar algunos puntos tales como:
- La creación de una ley orgánica que dividía el territorio nacional para una más eficiente administración, una ley sobre la administración de justicia y de la organización de tribunales y juzgados al servicio del Imperio, una ley sobre lo contencioso administrativo y su respectivo reglamento. Aun más relevantes, al menos en cuanto al tema que nos atañe, resultan aquellas de carácter social e individual: Una ley de garantías individuales, un decreto de libertad del trabajo, liberando a los indígenas que trabajaban como peones y que proponía la extinción de deudas contraídas con sus empleadores, eliminando los castigos físicos en las haciendas que involucraban la prisión, azotes, y cualquier otro tipo de sanciones corporales, moneda corriente en el gobierno juarista.
Nunca, y menos en tan poco tiempo, gobernante alguno elaboró una legislación tan extensa, con un enfoque prioritariamente apegado a los principios del liberalismo como lo hicieron Maximiliano de Habsburgo y su corte. Los conservadores, por otro lado, sector que había apoyado la decisión (francesa) de llevar al noble europeo a tierras mexicanas, desencantados por su talante político y sus propuestas, muy pronto se desentendieron de él y de sus intentos gubernamentales.
Más que a cualquier otro, la cruzada emprendida por el bando liberal mexicano con Juárez a la cabeza, en contra de aquel regente, apeló al discurso (del déspota) de la amenaza de un enemigo extranjero. La monarquía, a pesar de sus características, ideales, propuestas y anhelos progresistas, debía ser derrocada. Cualquier injerencia de carácter externo en los asuntos del país, representaba una afrenta. Con ello, el concepto de la república en sí mismo se situó por encima de los ideales liberales que supuestamente esgrimía (e irónicamente, compartía con el monarca nacido en Viena). El emperador, abandonado a su suerte por Francia, que requería las tropas de vuelta en la Europa continental y por sus aliados conservadores, decidió mantenerse en México hasta que, sitiado por el ejército republicano, debió entregar su espada de rendición al General Ramón Corona y ponerse en manos de sus oponentes. Mientras el regente europeo esperaba pacientemente su fatal porvenir, Victor Hugo, el renombrado autor de Les Misérables y Notre-Dame de Paris, escribió de su puño y letra y remitió a Benito Juárez una carta solicitándole, de liberal a liberal, respetar la vida del regente europeo, consiente ya de la derrota del imperio:
“(…) Hoy pido a México la vida de Maximiliano, (…) Maximiliano le deberá la vida a Juarez ¿y el castigo?, preguntarán. El castigo, helo aquí, Maximiliano vivirá, por la gracia de la república”.
La gracia de La República, en manos del jurista oaxaqueño, decidió ignorar la petición del literato francés y la mañana del 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo y Lorena, junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, fue fusilado en la cima del Cerro de las Campanas, tras un juicio sumarísimo cuya sentencia fue dictada por un tribunal militar compuesto por un teniente coronel y seis capitanes del ejercito liberal, sin derecho a apelaciones.
Con lo anterior, nuestra nación retrocedió a pasos agigantados durante las décadas posteriores a la muerte del hijo de Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera, dejando de lado las propuestas y leyes creadas por él. Cuarenta y tres años más tarde, serían precisamente la falta de garantías individuales, la ausencia de libertad en el trabajo, la acumulación de deudas por parte de los trabajadores y el enrarecido clima político, entre muchos otros, los elementos que servirían de tierra fértil para que germinara el estallido social denominado como La Revolución Mexicana de 1910. En aquel episodio, La República había renegado de los principios que la habían constituido, buscando su prevalencia y con ello, se negó a sí.
Los próximos meses nos permitirán visualizar, en su justa medida, los alcances de la resolución emitida por la Suprema Corte considerando tanto el precedente de acción como, elemento que se obvia, la jurisprudencia que sentará. Las diversas posturas que de ella emanan deberán, necesariamente, atraer al debate aspectos tales como: la postura prohibicionista, la salud pública, la criminalización del consumidor, el dominio y libertad propios así como la postura intervencionista y regulatoria del Estado, entre muchos otros. Hoy, La República a través de sus instituciones, y las premisas liberales, deberán decidir ante la disyuntiva de converger en un mismo fin, la mejora social y civil, es decir, si son fieles mutuamente o por el contrario, optan por separarse y seguir senderos distintos, como aquel no tan lejano año de 1867.
Veremos.
Foto: www.mexicoenfotos.com
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