Y Sigue la Mata Dando (II…) El SAT Subastará las Acciones de la Empresa Operadora del Hipódromo de las Américas y sus Casinos. Parece que hay Gato Encerrado

¿Habrá finalmente voluntad política para rescatar la industria hípica mexicana o seguiremos viendo cómo, decisión tras decisión, se consuma su desaparición?

4 de agosto, 2026

Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Las Carreras de Caballos con Apuesta. Una Propuesta para Crear Muchos Empleos en el Próximo Gobierno

Cuando al anterior permisionario del Hipódromo de las Américas, el empresario veracruzano Justo F. Fernández, le fue revocado el permiso para operar la planta hípica —allá por 1996— por violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y por evasión fiscal, la entonces Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, ordenó la clausura de las instalaciones.

Como relató en su momento el diario La Jornada, más de cien elementos del cuerpo de granaderos, de la policía capitalina y de la entonces Policía Judicial del Distrito Federal participaron en el operativo para desalojar al personal del centro recreativo.

El Hipódromo cerró sus puertas de manera inmediata y miles de personas relacionadas con la actividad hípica quedaron en la incertidumbre.

La planta permaneció cerrada durante un largo periodo, hasta que el permiso fue licitado mediante concurso público. Finalmente quedó en manos de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), de Alejandro Soberón Kuri, empresa que desde sus primeros años como permisionaria nunca mostró un verdadero compromiso con el desarrollo de la industria hípica nacional.

Hoy, casi treinta años después, la historia parece repetirse.

En una noticia que sorprendió al sector, el periodista Víctor Fuentes, del diario Reforma, informó el pasado 2 de agosto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) venderá en subasta pública el 82.6% de las acciones de la empresa que controla el complejo del Hipódromo de las Américas y el permiso para operar 65 casinos, con el propósito de recuperar adeudos fiscales de la empresa española CODERE.

De acuerdo con la información publicada, la subasta iniciará el próximo 11 de agosto y comprende las acciones embargadas de Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas (ICELA), empresa controladora de Administradora Mexicana de Hipódromo (AMH), titular del permiso federal para operar el Hipódromo de las Américas y diversos casinos.

Actualmente, CODERE posee el 84.8% de las acciones de ICELA, mientras que el resto pertenece a CIE, que en 2012 cedió el control de la operación del Hipódromo y los casinos al grupo español.

El SAT pondrá a la venta el 97.6% de las acciones propiedad de CODERE. La operación contempla una gran subasta del 50.8% del capital accionario, con un valor estimado de 625 millones de pesos y una postura mínima de 417 millones. Adicionalmente, se realizarán otras 93 subastas para vender el 46.7% restante mediante paquetes accionarios de menor tamaño, con el aparente propósito de ampliar el número de posibles compradores.

En conjunto, las acciones tienen un valor estimado de 1,168 millones de pesos, mientras que las posturas mínimas suman aproximadamente 800 millones. Las subastas concluirán el próximo 18 de agosto.

El propio diario Reforma recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en definitiva dos créditos fiscales en contra de CODERE por un monto cercano a los 1,779 millones de pesos.

Sin embargo, la noticia abre una serie de interrogantes que hasta ahora nadie ha respondido.

Sí las acciones cambian de propietario, ¿quién controlará realmente la operación del Hipódromo de las Américas? ¿Los nuevos accionistas tendrán experiencia en la administración de una industria tan especializada como la hípica? ¿La Secretaría de Gobernación autorizará automáticamente ese cambio de control o realizará una revisión integral del cumplimiento del permiso? ¿Se evaluará la capacidad técnica, financiera y operativa de quienes eventualmente adquieran las acciones?

Son preguntas que no pueden quedar sin respuesta, porque no se trata únicamente de una operación mercantil: está en juego el destino de una industria centenaria.

Mientras tanto, el deterioro de las instalaciones del Hipódromo continúa siendo evidente. El abandono de diversas áreas, la falta de inversión y el incumplimiento de múltiples obligaciones establecidas en el propio permiso constituyen hechos que, desde hace años, han sido denunciados por los distintos integrantes de la comunidad hípica.

Resulta inevitable preguntarse por qué la autoridad reguladora ha permitido que esta situación se prolongue durante tanto tiempo. Si existen incumplimientos graves a las obligaciones del permiso, corresponde a la Secretaría de Gobernación actuar conforme a derecho y proteger el interés público, independientemente de los problemas fiscales que hoy enfrenta la empresa.

La eventual subasta de las acciones representa mucho más que el cobro de un adeudo fiscal. El embargo y la venta de acciones por parte del SAT son consecuencia de obligaciones tributarias incumplidas; sin embargo, ello no sustituye ni releva a la Secretaría de Gobernación de ejercer sus facultades como autoridad reguladora. La dependencia tiene la obligación legal de revisar si el permisionario ha cumplido con las condiciones establecidas en el permiso, evaluar si existen causales de revocación o de intervención administrativa y, sobre todo, garantizar que el interés público prevalezca sobre cualquier interés particular. Una eventual modificación en la composición accionaria no puede convertirse en un mecanismo para eludir responsabilidades ni para borrar años de incumplimientos.

La industria hípica mexicana fue, durante décadas, una importante fuente de empleo, inversión y desarrollo económico. De ella dependieron propietarios, criadores, entrenadores, jinetes, caballerangos, veterinarios, herradores, proveedores y miles de familias que encontraron en las carreras de caballos una forma digna de vida.

Hoy, esa industria parece acercarse a un punto crítico.

La pregunta sigue siendo la misma que hemos formulado desde hace años:

¿Habrá finalmente voluntad política para rescatar la industria hípica mexicana o seguiremos viendo cómo, decisión tras decisión, se consuma su desaparición?

Porque la verdadera noticia no es que el SAT subaste unas acciones; la verdadera noticia sería que, por fin, la autoridad hiciera cumplir la ley y rescatara una industria que durante años ha permanecido en el abandono. De lo contrario, una vez más, la mata seguirá dando. Aquí hay gato encerrado.

Todos mis artículos publicados desde 2014 en el generoso portal Ruiz-Healy Times pueden consultarse también en www.purasangre.com.mx.

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Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Nació en el seno de una distinguida familia veracruzana. Estudió en la Facultad de Ingeniería UNAM y se graduó de ingeniero civil profesión que ejerció por varios años construyendo caminos, residencias y edificios. Ha participado en todas las facetas de la industria hípica, promotor frustrado de la construcción de hipódromos que no se lograron por la discrecionalidad de la Ley. Se define como un "luchador de causas aparentemente perdidas”.

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