El 27 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno construirá una propuesta para regular el uso de celulares y redes sociales entre menores, con foros regionales entre agosto y septiembre para entregarla al Congreso este año.
El anuncio llega en un momento de uso masivo: según la ENDUTIH 2025 del INEGI, 85.4% de los niños de 6 a 14 años en México ya usa internet, y entre los jóvenes de 15 a 24 la cifra sube a 97.6%, la más alta del país.
Antes de diseñar una política propia, conviene mirar lo que ya aprendieron, con evidencia medible, quienes se adelantaron. Australia prohibió el acceso a menores de 16 años desde diciembre de 2025. Seis meses después, la primera evaluación, publicada en el British Medical Journal, encontró resultados modestos: el uso se mantuvo estable entre los 12 y 13 años, bajó entre los 14 y 15 (de 78% a 69%), y aumentó entre los de 16, ya fuera de la restricción (de 80% a 89%). Muchos menores sortean la prohibición con cuentas falsas o perfiles de adultos.
Francia aprobó una medida similar el 21 de julio, aún sin resultados por lo reciente.
En conjunto, 58% de los sistemas educativos del mundo ya regulan de alguna forma la tecnología en la infancia, sin consenso sobre qué modelo funciona mejor.
México tampoco parte de cero: al menos 16 entidades, entre ellas Sonora, Jalisco y Nuevo León, ya regulan el uso de celulares en escuelas, y Jalisco fue más lejos al restringir redes sociales a menores de 14 años sin supervisión adulta. Ninguna de estas medidas tiene todavía evaluación de resultados publicada.
Pero la lección más importante no es cuál prohibición copiar, sino algo más de fondo: ningún país ha resuelto el problema solo con restricciones de acceso. Australia lo demuestra con datos duros —una prohibición sin verificación robusta se vuelve una barrera fácil de evadir, no una protección real. Y ninguna prohibición, por bien diseñada que esté, sustituye lo que verdaderamente falta en México: un esfuerzo serio, ambicioso y sostenido de alfabetización digital.
Hoy no existe una estrategia nacional de esa magnitud. Hay foros, diagnósticos, comparaciones internacionales, pero no un programa que enseñe, desde la educación básica, a leer críticamente un algoritmo, a identificar manipulación emocional en un contenido, a entender por qué una aplicación está diseñada para retener la atención el mayor tiempo posible. Sin eso, cualquier ley —prohibicionista o permisiva— actúa solo sobre el síntoma: el acceso. El problema real es que millones de niños y adolescentes usan estas plataformas sin las herramientas cognitivas para navegarlas con criterio propio.
La evidencia científica sí respalda que existen riesgos reales, sobre todo en la salud mental. Eso no está en disputa.
Lo que está en disputa es si México repetirá el error de tratar esto solo como un problema de acceso —regulable con una ley y una fecha límite— cuando la evidencia internacional ya mostró que el acceso se recupera casi siempre. La alfabetización digital, en cambio, es la única intervención que no se evade con una cuenta falsa.
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