¿Y el derecho de piso?

EL DERECHO DE PISO es un cobro que realizan las bandas del crimen organizado que gobiernan México. Es una modalidad de extorsión por medio de la cual se exige al extorsionado el pago de una cantidad periódica...

20 de noviembre, 2020

Julio Chavezmontes Messner

EL DERECHO DE PISO es un cobro que realizan las bandas del crimen organizado que gobiernan México. Es una modalidad de extorsión por medio de la cual se exige al extorsionado el pago de una cantidad periódica de dinero a cambio de no ser víctima de delitos violentos tales como daño a sus propiedades, ser asesinado o lesionado.

El insumo de ese negocio es una amenaza creíble que crea en el amenazado la percepción de estar en peligro inminente y a merced del extorsionador sin posibilidad alguna de defensa eficaz por parte de las fuerzas del Estado Mexicano. Aunque la Constitución Mexicana en ninguna parte garantiza seguridad, protección policial eficaz, prevención efectiva del delito, erradicación de la violencia y de la impunidad, son obligaciones implícitas del Estado cuya función es cumplir y hacer cumplir la ley.

Se sabe que el cobro generalizado de DERECHO DE PISO por la delincuencia organizada, tiene un impacto sustancial sobre la economía mexicana.

¿Qué hace el gobierno mexicano para contrarrestarlo y ponerle fin?

ABSOLUTAMENTE NADA.

Se supone que una de las principales obligaciones del gobierno federal, estatal o municipal es GARANTIZAR LA SEGURIDAD de la ciudadanía.

Se supone que todos tienen el derecho humano de vivir sin miedo, sin violencia, con libertad, con seguridad y demás condiciones indispensables para la vida diaria.

PERO ESO NO EXISTE EN MÉXICO.

En España la ETA cobraba DERECHO DE PISO a muchos empresarios, aunque nunca en la forma generalizada e imparable que ese delito tiene en el México actual. Existe una diferencia cuyo precedente deberían poner en marcha los mexicanos afectados por la extorsión impune de la que son víctimas indefensas en ausencia de cualquier vestigio de “Estado de derecho”.

Los empresarios y contribuyentes españoles, hartos de la ineficacia del Estado Español para ponerle fin a la extorsión al mayoreo que realizaba ETA, discurrieron la idea de lo que se llamó IMPUESTO TERRORISTA. En pocas palabras, las víctimas españolas de la extorsión que ahora se conoce como DERECHO DE PISO, le informaron al fisco español que iban a deducir de los impuestos que les correspondería pagar, las cantidades de dinero que tuvieran que pagarle a ETA y otros grupos terroristas. Al Fisco Español no le gustó nada la idea, porque a todos los gobiernos les gusta cobrar como si fueran ellos los acreedores de los gobernados, a cambio de absolutamente nada.

Lo mismo sucede ahora en México donde un inepto corrupto y cínico como Alfonso Durazo, tiene los tamaños para despedirse durante una mañanera ¡afirmándose satisfecho por sus logros como secretario de seguridad pública federal! Si los sonorenses lo convierten en su gobernador, van a disfrutar la misma seguridad pública que la que ha gozado todo el país desde la llegada del actual gobierno federal.

Los grupos empresariales que comprenden millares de pequeñas y medianas empresas, deberían organizarse y DEDUCIR DEL PAGO DE SUS IMPUESTOS EL FAMOSO DERECHO DE PISO.

Como en México no existe tal cosa como la división de poderes, lo más seguro es que Arturo Zaldívar y Lelo de Larrea atrajera los amparos promovidos por los contribuyentes que DEDUJERAN EL DERECHO DE PISO CONTRA SUS IMPUESTOS. Pero esas mismas víctimas de la delincuencia organizada, podrían acudir a instancias internacionales para pegarle a los parásitos presupuestívoros en lo único que les duele y les importa: EN LOS BOLSILLOS.

En una demanda de amparo, bastaría ofrecer como prueba los montos que supuestamente gasta el gobierno en seguridad pública SIN DAR RESULTADO POSITIVO ALGUNO contra la prueba de los altísimos costos que implica para las víctimas de extorsión pagar el DERECHO DE PISO.

¿Qué derecho podría alegar el Estado para exigir el pago de impuestos SIN QUE LE DEDUZCAN LOS PAGOS DE DERECHO DE PISO HECHOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA? Yo sostengo que ningún gobierno puede cobrar por incumplir sus obligaciones básicas mínimas.

Se trata aquí de una sencilla operación de aritmética. Si alguien paga por la extorsión de DERECHO DE PISO 10 mil pesos mensuales o cualquier otra cantidad, tendría derecho a deducir 120 MIL PESOS de su declaración anual de IMPUESTO SOBRE LA RENTA o la cantidad que estuviera pagando a los extorsionadores.

Los contribuyentes tienen derecho a que se les deduzcan LOS PAGOS POR EXTORSIÓN porque disminuyen sus utilidades hasta hacer sus empresas incosteables. La obligación de pagar impuestos NO ES UNILATERAL; el Estado no puede cobrar por NO HACER NADA. El Estado está obligado a cambio del pago de los impuestos a proporcionar todos los servicios públicos básicos, incluyendo desde luego LA SEGURIDAD, LA PROTECCION EFECTIVA Y LA PREVENCION DEL DELITO. En México el gobierno NO CUMPLE con esa obligación.

¿Y aún así habría que pagarle por una seguridad que no brinda, por no proteger, no prevenir ni evitar el delito ni acabar con la impunidad?

YO CREO QUE NO. Yo creo que “las aportaciones para la causa criminal” denominadas DERECHO DE PISO, deben ser cien 100% deducibles de impuestos.

A ningún gobierno le preocupan las marchas ni los plantones. A lo que le tienen pavor es a que los ciudadanos se organicen y logren que jueces federales los amparen PARA QUE EL DERECHO DE PISO SEA CIENTO POR CIENTO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS.

Basta con hacer un ejercicio de lógica elemental sustentado con una exposición aritmética sensata para que un juez de amparo declare que EL DERECHO DE PISO ES DEDUCIBLE DE IMPUESTOS EN SU TOTALIDAD. Ese día México comenzará a ver la disminución de la delincuencia que hoy reina soberana desde Mérida hasta Ensenada, como si nada.

Días vendrán.

[email protected]

Comentarios