Con conocimiento de causa, el presidente López Obrador sabe que al pedir un Tribunal Ciudadano Popular para el caso Lozoya, no viola el debido proceso, como alguna información pretende manejar. El Ejecutivo no es autoridad judicial ni ministerial para ser imputado por esa falta, y en caso de que revele información fidedigna y precisa del proceso del ex director de Pemex, dirá que fue un mensajero anónimo quien le dejó la información en un sobre.
El propósito del Tribunal Popular es totalmente mediático, y tal vez más letal que el mismo fallo del juez, que tendrá que determinar si concede la figura de Testigo Colaborador a Lozoya Austin, con base en la información y las pruebas que pretenda revelar, para acogerlo al “criterio de oportunidad”.
Pero es un hecho que Emilio Lozoya debe estar en prisión preventiva, ya que existe el antecedente de que evadió la justicia al salir del país cuando le fue dictada la primera orden de aprehensión. Además, las imputaciones de lavado de dinero y cohecho ameritan esa prisión preventiva, ya que también existe el antecedente inmediato de esta negación de esta prisión domiciliaria a Rosario Robles Berlanga por causas menores a las del caso Lozoya.
La negociación de la Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero ha servido para una campaña mediática de López Obrador contra sus adversarios políticos; sin embargo, el presidente se quejó desde un principio de la pobre cobertura de los medios mexicanos. El Ejecutivo reclamó que Lozoya no fuera noticia de ocho columnas en diarios nacionales, una vez que reveló que hablaría de todas las ilegalidades que cometieron funcionarios y legisladores en el sexenio pasado, además de la “compra” de votos para la Reforma Energética, baterías que apuntan directamente a legisladores panistas, dos de ellos ahora gobernadores de Querétaro y Tamaulipas.
Así que el Tribunal Popular pretende sustituir a los medios de comunicación y hacer un montaje mediático permanente del caso, con evidentes propósitos electorales.
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