Este es un tema siempre recurrente y controversial que lleva años discutiéndose entre vecinos y autoridades de la mayoría de las ciudades del país (este fenómeno inició a principios de los años 80). Esta es a todas luces una práctica ilegal que contraviene el artículo II constitucional como una de las garantías individuales primordiales: la libertad del tránsito, aunque cuando solo se cierra una calle que sirve únicamente para los que ahí habitan solo se afecta la movilidad y no el tránsito.
El artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX en su apartado II, dice: “se prohíbe impedir o estorbar cualquier forma del uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acceso de las personas siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello”.
Y es precisamente esta última frase la que causa conflicto pues muchas veces son las alcaldías las que hacen operativos para retirar plumas y casetas cuando en administraciones anteriores ellas mismas las permitían.
¿Cuál es el origen del problema?
Que, si los gobiernos son incapaces de impedir asaltos y robo a casas habitación, vehículos y autopartes, garantizando la seguridad de los vecinos, son estos los que se organizan, contratan vigilancia y cierran la vía “pública”.
Así, las calles cerradas, se convierten en “privadas” donde los niños pueden jugar libremente, donde los vecinos puedan hacer fiestas y convertirlas en el espacio público que en todas nuestras ciudades es deficitario.
Las restricciones que se imponen al acceso como pedir identificación oficial y guardarlas, teléfono de contacto, Impedir el paso a vehículos de servicio y hasta oficiales…. ¿son legales? A todas luces es violatorio y a la protección de datos personales puesto que queda a la más absoluta discreción del vigilante usar la credencial como le venga en gana y como ya se dijo, toda restricción de acceso es violatoria a la libre movilidad.
¿La calle es libre? Colocación de obstáculos en vía pública
En todas las ciudades del país, hayan o no cerrado el acceso al libre tránsito en una calle, es común y hasta normal ver botes con cemento, cajas, huacales y todo tipo de objetos pesados ubicados para “proteger” y apartar lugares de estacionamiento (franeleros incluidos) en cientos de calles de la mayoría de las ciudades.
Esta es ya fuente de conflicto permanente entre vecinos y policías municipales, unos ponen obstáculos, otros llegan y se los llevan, a quien asiste la razón?
Así, persiste la pregunta: ¿la calle es libre?
¿Es el cierre de calles un desafío para la habitabilidad de las ciudades?
Las calles cerradas por los residentes son en primer lugar “vías terciarias”, es decir, vías cuyo tránsito es interno y a menudo son andadores o hasta callejones sin salida. Habitar es sinónimo de un proceso de apropiación del espacio, donde lo que buscamos es crear vínculos de sociabilidad y armonía en un entorno ordenado donde los vecinos se comprometen a respetar reglas y normas impuestos por ellos mismos.
Así, en el caso de una calle, la habitabilidad busca crear un ambiente de seguridad en la que los vecinos tengan todos un “ojo a la calle”, donde se crean rutinas y se cuidan entre sí. Se busca contar con reglas de convivencia, respeto y amistosas entre vecinos, esto convierte a la calle en un espacio habitable y socialmente compartido.
Propuestas para regular los cierres de calles
Las calles como espacio urbano al cerrarse fragmentan el tejido y la estructura vial de las ciudades, para:
- Evitar el tránsito de vehículos pesados y de transporte publico sobre vialidades “terciarias” es fundamental.
- Mejorar los dispositivos a base de cámaras para brindar mayor sensación de seguridad e inhibir el delito es una gran ayuda.
- Disponer de alumbrado público fotovoltaico es accesible y genera en las noches más seguridad.
- Cerrar básicamente calles con un solo acceso debía ser siempre viable.
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