La región latinoamericana se ha caracterizado por enfrentar grandes retos en materia económica, social y de seguridad pública. Uno de los temas asociados a este último tiene que ver con la reinserción de aquellas personas que cometieron algún delito y ahora se encuentran privadas de su libertad. Lamentablemente, los sistemas penitenciarios de la región mantienen problemas estructurales que los alejan de cumplir con este objetivo.
De acuerdo con Rodrigo Serrano y Beatriz Abizanda, especialistas en Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la región, en los últimos 20 años, las personas privadas de su libertad han aumentado un 120%, mientras que en el resto del mundo aumentó sólo un 24%. Asimismo, comentan que existen tres factores que contribuyen a que los sistemas penitenciarios sean deficientes. El primer factor es el uso desmedido de la prisión. La mayoría de la población privada de su libertad cometió delitos menores que pueden ser sancionados a través de vías que no impliquen su ingreso a la prisión (penas alternativas al encarcelamiento). Las estadísticas indican que el porcentaje de presos provisorios, es decir, que aún no se les dicta una sentencia, es de 40% en la región.
El segundo factor, que está relacionado con el primero, es el hacinamiento carcelario. Los datos muestran que, a nivel regional, las cárceles tienen 3 veces más personas de las que pueden alojar. Esto se traduce en que, casi el 58% de los internos no tiene una cama, un 20% no tiene agua potable, además de que no existe infraestructura suficiente para atender las necesidades básicas de la población penitenciaria.
El tercer factor es la baja eficacia para prevenir la reincidencia criminal. El hacinamiento, junto con los bajos presupuestos asignados a los sistemas penitenciarios, causan que las posibilidades de promover la reincidencia disminuyan considerablemente. En un contexto tan adverso como el que se vive en las penitenciarías, es sumamente difícil implementar políticas de tratamiento efectivas que atiendan los factores criminógenos de estas personas.
Aunque el 92% de la población privada de la libertad en América Latina son hombres, en materia de diversidad y género, las mujeres son las más afectadas por las condiciones y deficiencias de los sistemas penitenciarios. Muchas de las reclusas son madres de familia con hijos menores de edad, hecho que las pone en escenarios críticos ante la imposibilidad de mantener el vínculo materno al interior de las prisiones. Aparte de esto, pocas instalaciones penitenciarias cuentan con servicios ginecológicos, reduciendo el bienestar de las reclusas.
En México, la situación no es distinta para las mujeres privadas de su libertad. Éstas enfrentan grandes dificultades para lograr su reinserción social, por ejemplo, volver a tener un vínculo con la sociedad, el acceso ágil a una oferta laboral, y su salud mental, pero la más importante es que no cuentan con los recursos económicos para atenderse1.
La situación que prevalece en las prisiones de América Latina es preocupante, pues no solo se han convertido en un espacio para invisibilizar a quienes se encuentran recluidos en ellas, sino también, han evidenciado las deficiencias que enfrenta el sistema penal. La reinserción social tendría que ser el objetivo primordial del sistema penitenciario latinoamericano, por lo que la discusión para generar e implementar soluciones focalizadas es urgente. Especialmente en la atención dirigida hacia las mujeres, que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad2.
1 https://news.un.org/es/story/2022/02/1503452
2 Nota basada en el podcast “Una perspectiva integral de los retos y oportunidades del sistema penitenciario en América Latina y el Caribe”. Disponible en: https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/podcast-una-perspectiva-integral-de-los-retos-y-oportunidades-del-sistema-penitenciario-en-america-latina-y-el-caribe/
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