Durante el mes de agosto pasado, en Chihuahua y Coahuila fueron los dos estados donde se dio curso legal a sendas controversias constitucionales para impedir la distribución de los nuevos libros de texto correspondientes al ciclo 2023-2024. Recordemos que estos materiales han sido centro de la polémica, donde se ha mezclado el sensacionalismo con serias críticas y señalamientos a su contenido y diseño.
El pasado 4 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia votó en forma unánime para declarar infundado el recurso legal, por lo que el gobierno de Chihuahua estaría obligado para distribuir los libros. Otra entidad en litigio, Coahuila, también mantiene una suspensión de la que se espera una resolución por parte del máximo tribunal del país.
Dado que el ciclo escolar ya está más que avanzado y varios de los estados han continuado con la distribución de los materiales educativos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pareciera que el tema ha quedado superado. El debate público ha perdido intensidad y podría pensarse que ha cedido frente a los hechos consumados. El pasado 16 de octubre, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, declaró que es momento de que las autoridades de Chihuahua “den punto final a esto”.
Si tomamos las declaraciones de Ramírez Amaya como extensivas para la realidad nacional, podremos ver que el deseo de las autoridades educativas en México es, precisamente, el de terminar con el debate. Si bien tenemos a funcionarios como Marx Arriaga celebrando a profesores que tomaron los almacenes de Chihuahua donde se encontraban guardados los libros de texto y aún activo en redes sociales para difundir foros de promoción de los materiales que fueron elaborados bajo su dirección, lo cierto es que pareciera que el tema ya se difuminó entre otras tantas cuestiones de la agenda nacional, cada vez más absorta en las próximas elecciones.
Sin embargo, hay algunas cuestiones que aún quedan por resolver. La más llamativa es el proceso que se vive en el Estado de México, donde actualmente está vigente la suspensión para el uso de los nuevos materiales educativos. Resulta irónico que, en la entidad gobernada por la ex titular de la SEP, la maestra Delfina Gómez, la controversia continúe.
Otro punto para considerar es que, a pesar de la gran cantidad de fascículos publicados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), sigue existiendo bastante confusión y hasta inconformidad por parte del magisterio con respecto a la labor de diseñar los programas analíticos y los planes de trabajo del ciclo. Además de que aún no hay mucha claridad con los términos, pareciera que la Nueva Escuela Mexicana sólo añadió más carga a la ya de por sí ardua y poco remunerada labor docente. En realidad, tener tres libros diferentes de proyectos sirve de poco si para los profesores está resultando una labor engorrosa el aprender a utilizarlos, incluso obviando los evidentes errores o “áreas de oportunidad” que abundan en los materiales.
Aunque varios gobiernos estatales anuncian en los noticieros los miles de libros que han repartido hasta el momento y organizan grandes ceremonias para darle su diploma a los profesores que participaron en la elaboración de los materiales, muy pocos hablan de verdaderos progresos en la recuperación de aprendizajes o en la implementación de programas para mejorar la calidad educativa en el país.
Y esto nos lleva a cuestiones aún más profundas. En su última columna, “Indicadores de Excelencia del Sistema Educativo Mexicano”, Eduardo Backhoff detalla que sólo un 26% de los estudiantes que comenzó su educación en el ciclo 2005-2006, logró graduarse de la educación superior. De hecho, entre 2020 y 2022, aumentaron las cifras de estudiantes que abandonaron sus estudios, tal como lo presenta el blog de datos de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) (https://blog.derechosinfancia.org.mx/).
La calidad de los aprendizajes es otra cuestión crucial. Las pruebas diagnósticas de MEJOREDU, con todo y su dudosa metodología, presentan resultados bastante decepcionantes. En el mejor de los casos, los estudiantes mexicanos apenas superan el 50% de aciertos en las áreas de Matemáticas y Lenguaje. Pero en la agenda pública resultó menos relevante que el supuesto “virus del comunismo” inserto en los nuevos libros.
Claro, podemos atribuir diferentes tendencias negativas a la pandemia, aunque no sabemos hasta dónde ese argumento comienza a ser una excusa. Lo que es cierto es que se invirtió mucho trabajo en diseñar nuevos planes y libros, sin demasiada atención a otras cuestiones fundamentales ¿De qué sirve tener nuevos libros cuando hay miles de niños y jóvenes que no estarán en la escuela para poder utilizarlos?
Seguramente a muchas de las autoridades educativas les parecerá que la cuestión de los libros de texto está resuelta y que sólo falta seguir la inercia de los procesos legales para poder celebrar que la Nueva Escuela Mexicana es una realidad. Por desgracia, los retos y contradicciones del sistema educativo nacional parecen ser mucho más profundos que el cambio de discurso en la cuarta reforma educativa que hemos vivido en menos de 30 años. Así que “darle punto final al asunto” resulta poco menos que imposible.
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