La misma ruta que trazó Andrés Manuel López Obrador con la desaparición de 109 fideicomisos, continúa ahora contra los organismos reguladores autónomos que estorban a los proyectos y programas sociales clientelares de la “Cuarta Transformación”.
No es casual que el ataque de este martes desde Palacio Nacional haya pegado directo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), organismo regulador de las Afores que controla un monto de 4.4 billones de pesos (millones de millones).
De igual forma, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), organismo de transparencia, es atacado por ser un mecanismo donde se han exhibido contratos de asignación directa del gobierno federal, un tema donde el gobierno obradorista se ha destacado con enorme opacidad.
Este martes, el presidente aseguró que sería bueno revisar la función de estos organismos que no tienen un objetivo social, y que cuestan enormidades por los grandes salarios y estructura burocrática. De nuevo, la elegía de la corrupción es el pretexto para quitar del camino a órganos de fiscalización. Esta fórmula dialéctica se puede aplicar a todas las secretarías del gobierno federal porque la corrupción ha estado presente en todas, pero se utiliza a discreción contra aquellas estructuras autónomas, que no están bajo el control de López Obrador.
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) también fue fustigada con los mismos propósitos y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Se reutiliza el guion que destruyó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para imponer a Rosario Piedra Ibarra, un organismo que había superado la paternidad gubernamental y que sentó las bases para el seguimiento de un sinnúmero de abusos de instituciones de seguridad pública como las policías y las Fuerzas Armadas.
De igual forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó, en menos de dos años, a un sometimiento del Ejecutivo. A la par, también se sometieron el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal Electoral con el cambio de directiva ahora en manos del cuestionado José Luis Vargas –acusado de enriquecimiento inexplicable– quien negó el registro electoral a México Libre (partido de Margarita Zavala Gómez del Campo y Felipe Calderón Hinojosa), pero en cambio le otorgó el registro al Partido Encuentro Solidario (de Hugo Erik Flores) que bajo el nombre de Partido Encuentro Social formó alianza con MORENA en las elecciones de 2018, y a Fuerza Social por México (del líder sindical Pedro Haces, senador suplente de MORENA).
El año pasado la presión presidencial echó fuera al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer y a Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En junio de este año renunció Mónica Maccise a la Conapred, por fuertes presiones al invitar a Chumel Torres al Foro sobre Racismo y Clasismo.
El objetivo de la 4T es claro: eliminar del camino todo lo que considera un estorbo. Esta semana fueron “condenados a muerte” la CONSAR, el IFT, el INAI y la COFECE.
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