Pensar en el bien común en lugar de nuestros intereses individuales

Un nuevo año inicia, ¿nos comportaremos como lo hicimos en 2020?, ¿intentaremos nuevos esquemas que permitan resolver los problemas creados por la pandemia de 2020? Por los indicios y declaraciones realizadas tanto por el presidente López Obrador,...

5 de enero, 2021

Un nuevo año inicia, ¿nos comportaremos como lo hicimos en 2020?, ¿intentaremos nuevos esquemas que permitan resolver los problemas creados por la pandemia de 2020? Por los indicios y declaraciones realizadas tanto por el presidente López Obrador, como por los miembros de la oposición, todo apunta a que seguiremos en el México de la polarización, ese México en donde solo se descalifican las acciones del opositor sin proponer un programa de acciones que permitieran que en el nuevo año 2021 se revertieran eficazmente los resultados sociales y económicos provocados por la pandemia de 2020.

Las primeras declaraciones de López Obrador reflejan su incapacidad para reconocer las razones de la pérdida de empleos de la economía mexicana en 2020.  Ante la reducción de 227 000 empleos al terminar la temporada navideña, el comentario del presidente fue: “En diciembre, que es un mes atípico desde que está el famoso ‘outsourcing’, la subcontratación, se despide a muchos trabajadores inscritos en el Seguro Social para no pagarles prestaciones, para no entregarles aguinaldos”. De esta manera muestra una vez más su desconocimiento sobre la realidad del mercado de trabajo en el país, atribuyendo la reducción de empleos a un método de contratación utilizado a nivel mundial. Con ello se cofirma que seguirá el intento del gobierno de eliminar esta modalidad de contratación en cuanto se reinicien las actividades del Congreso mexicano para la reforma laboral bajo discusión respecto al “outsourcing”.

Por su parte, el sector patronal mantiene su propuesta para modificar el PTU que consiste en establecer, según el rango salarial, el monto máximo en el reparto de utilidades el cual estará topado hasta 60 días para quienes perciban entre uno y cnco salarios mínimos, y  quienes tengan como salario 42 salarios mínimos solo recibirán 1.5 días como parte de la prestación. Ante este panorama, es previsible que la discusión de febrero próximo no conduzca a soluciones que puedan mejorar la creación de empleos en este año.

¿Cuál podría ser una mejor discusión? Un artículo reciente en el NYT (Peter S. Goodman, “Co-ops in Spain´s Basque Region Soften Capitalism´s Rough Edges”) describe el esquema de cooperativa empresarial del grupo Mondragón vigente en España. Este grupo cuenta con una plantilla total de más de 80 000 trabajadores y un ingreso anual por ventas de 14 500 millones de dólares. Compuesta por 98 cooperativas, 6​ 141 filiales​, ocho fundaciones, un mutual, 10 entidades de cobertura y siete servicios internacionales, sus actividades están repartidas en cuatro áreas: finanzas, industria, distribución y conocimiento. En su planeación del año 2020, el grupo Mondragón puso como objetivo para su nuevo modelo de desarrollo “innovación M4Future” un nuevo plan de cuatro años centrado en la transformación digital, la sustentabilidad y la atracción de talento, todos objetivos que muestran una visión moderna de crecimiento en concordancia con los retos de una sociedad del siglo XXI. Enfrentada a la pandemia y sus impactos sobre el empleo, el grupo Mondragón muestra la efectividad de una empresa cuyos objetivos son en verdad los llamados “beneficios de stakeholders, no solamente de shareholders” pregonados como relevantes por los 181 empresarios miembros de la “Business Roundtable de EUA” en 2019. Mientras que estudios realizados en 2020 para verificar si este compromiso se había cumplido ante la pandemia encontraron que no hubo tales resultados en las empresas estadounidenses del Business Roundtable, los resultados de las empresas Mondragón muestran un resultado muy diferente.

En reacción a los impactos negativos de la pandemia sobre sus ventas (caída del 25% de la capacidad de producción previa a la pandemia), el Grupo Mondragón logró mantener los niveles de empleo gracias a una reducción generalizada del 5% en los salarios de todos sus empleados. Esto fue posible gracias al modelo de empleado/dueño prevaleciente entre quienes ahí laboran, modelo que permite a todos los empleados acceso a información financiera de la empresa y participación en las decisiones necesarias para conservar la generación de utilidades y sostener el crecimiento e inversiones en nuevas tecnologías de acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa. Según expresa el artículo del NYT, el grupo Mondragón esperaba tener resultados positivos al final del año 2020 gracias a esta estrategia.

Las preguntas que deberíamos hacer tanto al gobierno de AMLO, como a los empresarios mexicanos por lo tanto son:




¿Qué impide a un gobierno preocupado por la generación de empleo y una distribución justa de la riqueza –como argumenta que lo es el de AMLO– pensar en estos esquemas?

¿Por qué le es impensable que sean esquemas privados como el del grupo Mondragón los que en verdad deberían ser incentivados en lugar de sus esquemas de dádivas a la población que no puede conseguir empleos?

¿Por qué los empresarios mexicanos no proponen esquemas de apoyo a “stakeholders” en lugar de seguir impulsando esquemas que favorecen a sus “shareholders”?

Quizá si nos dedicáramos a pensar en el bien común, en lugar de nuestros intereses individuales, podríamos lograr que la 4T se convirtiera realmente en la transformación que necesita México para el beneficio de todos sus ciudadanos. En este año ese sería un objetivo loable para todos.

Comentarios
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Agregando que: “el 60% de las llamadas de extorsión salen de los reclusorios del país y no de los mexicanos que trabajan todo el día”. “Este proyecto atenta contra la privacidad y la protección de datos personales y trasgrede la libertad de comunicación porque un delincuente es un delincuente, no nos hagamos, y no va a acudir a registrar los datos personales para delinquir”. “Inconstitucional y autoritaria la decisión del @PartidoMorenaMx de crear padrón de usuarios de telefonía móvil con huellas digitales y datos biométricos”. En el mismo tenor, su compañero de partido Jesús Horacio González manifestó: “Estamos vulnerando la seguridad y tranquilidad de todos y cada uno de os que usamos un aparato tan sencillo, que, dicho sea de paso, son más los números de celulares y chips que hay en México… es decir, este padrón que se está queriendo aprobar es más grande que el del mismo INE”. En tanto que Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, cuestionó: “¿A dónde va a parar esta información? 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LO QUE APROBARON EN EL SENADO En la reforma aprobada a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión será obligatorio para los 122 millones de usuarios en el país: *Número de la línea de telefonía móvil. *Fecha y hora de la activación de la línea adquirida en tarjeta SIM. *Nombre completo o en su caso la denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y CURP. *Datos biométricos del usuario (huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma) *Domicilio. *Datos del concesionario de telecomunicaciones. *Esquema de contratación de la línea móvil: pos pago o prepago.  Si ya adquirieron una línea de celular con anterioridad, los concesionarios tendrán dos años para recabar sus registros, a través de una campaña de información, con la obligación de cumplir este registro. No registrarse o el registro extemporáneo en el padrón, será motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica en un plazo de 30 días y una multa de 89 mil 692 pesos. Cruda y preocupante realidad, estimados lectores, de un delicado tema que los doblegados diputados y senadores lacayos de López aprobaron sin analizar y mucho menos sin valorar el perjuicio que le hacen al país y sus habitantes. Por ello pregunto: ¿Cuál es la verdadera intención de López y su 4T de tener esos datos? ¿Deben seguir estos mismos diputados dañando al país? porque muchos de ellos pretenden reelegirse. 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Estado Solidario es aquel que se preocupa por sus integrantes sin importar sus diferencias. Su función consiste en cerrar la brecha entre sus miembros, no con demagogia y polarización, sino con transparencia y políticas públicas equitativas, más allá de intereses personales e ideologías.  En naciones como México las diferencias entre ciudadanos son abismales en todos sentidos: manera de entender el mundo, costumbres, modos de vestir, platillos típicos, tradiciones y un largo etcétera. Pero las diferencias más significativas, las más dolorosas son aquellas que limitan las oportunidades, que privan de educación y salud, aquellas que lastran el desarrollo y la libertad del individuo. Son éstas últimas y no las primeras a las que un Estado Solidario debe dedicar sus esfuerzos para erradicarlas. Al convocar una participación activa del Estado, no es para asignarle tareas de intromisión en los ámbitos privados. Se sabe que en las ramas de la industria, el comercio y la producción, su papel consiste en dar certeza jurídica con leyes justas que fomenten la participación y competencia del capital privado como motor del desarrollo económico. Sin embargo, también sabemos por experiencia que esa competencia descarnada, ahonda aún más la desigualdad, y es ahí donde, a partir de proveer un conjunto de servicios básicos universales de calidad con la intención de que el piso de desarrollo para la población en general sea más igualitario, que el Estado Solidario del Siglo XXI encuentra su lugar.  Estamos en tiempos de cambio forzado y quizá, si actuamos con consciencia y sensatez, la coyuntura actual resulte apropiada para dar los primeros pasos en esa dirección. En principio de lo que se trata es justo de eso: de tener claro el rumbo al que queremos encaminarnos y que las instituciones que habrán de operar dicho cambio sean fortalecidas con las herramientas necesarias para ese tipo de Estado donde, más que el individuo que gobierna, lo que importa de verdad es la eficacia de los sistemas, los protocolos y la transparencia con que las instituciones del Estado habrán de operar para conseguir sus fines. No se trata de hacer un cambio de un día para otro, una transformación mágica por decreto, sino una renovación paulatina mediante un proceso donde uno de los primeros pasos tendría que incluir un “nuevo pacto” entre ambos integrantes de la dualidad indisociable Estado-contribuyente que tendría como propósito cimentar una confianza mutua, hoy inexistente. El Estado tendría que abonar a ella con transparencia, probidad y sensibilidad en el uso de los recursos públicos, y el contribuyente, puesto que sin recursos no hay Estado que pueda ser eficaz, con el pago oportuno y justo de sus responsabilidades fiscales. El objetivo primario es que la recaudación suba, pero de la mano con una mejora sustancial de los servicios públicos y programas sociales.  Al hablar de programas sociales no pienso en un Estado asistencial, porque, si bien este modelo institucional suele implementar planes de apoyo para los segmentos más desprotegidos, los recursos que otorga suelen estar enfocados en la supervivencia más que en el crecimiento y la creación de oportunidades. Esta manera de atender a los estratos más vulnerables mantiene el nivel de necesidad sin cambios sensibles en las oportunidades de desarrollo, en espera siempre de que sea el Estado quien subsane las carencias y con ello se fomenta una dependencia que, más que ciudadanos libres y pensantes, crea clientelas políticas que nutren los colores partidistas del gobierno de turno, en lugar de privilegiar la inversión pública que detone verdaderas oportunidades de desarrollo que abatan la pobreza y favorezcan la movilidad social. Por eso resulta preferible pensar en términos de un Estado Solidario.  La solidaridad es la manera colectiva de ser empático. 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Mientras un Estado asistencialista provee, un Estado solidario retira los impedimentos para los que ciudadanos diseñen sus propios proyectos de vida, se planteen metas y las consigan.   Un Estado Solidario va más allá de ideologías o partidos políticos, porque está fundado y sostenido en las instituciones nacionales, creadas de forma paulatina y progresiva por todas las fuerzas políticas, a partir de las experiencias del pasado, las divergencias, los acuerdos –no siempre fáciles de alcanzar– y los nuevos contextos y realidades nacionales que emergen de los propios cambios sociales y de la influencia de un mundo cada vez más global e interdependiente, en vez de subordinarse a los designios volubles, interesados y transitorios del gobierno de turno.  Este Estado Solidario, mediante el cobro de impuestos progresivos, no sólo fomenta y facilita seguridad, certeza jurídica y condiciones apropiadas para la competencia leal en el caso de la iniciativa privada, sino también financia bienes y servicios básicos, como una educación de calidad, una vivienda digna y una salud universal que permitan que aquellos que habitan los segmentos menos favorecidos encuentren avenidas de desarrollo y movilidad social. Se trata de cerrar las brechas entre unos segmentos de la población y otra, no con demagogia, sino con hechos, con acciones, con políticas públicas concretas y equitativas.  En una democracia cada formación política tiene su manera específica de manifestar esa “solidaridad”, esa será parte de la labor del ciudadano: decantarse por aquella que resulte más acorde con sus convicciones, ideología y manera de entender el mundo, pero el propósito del Estado en su conjunto tendría que ser la de generar las condiciones para el desarrollo pleno de sus habitantes –en temas tan diversos como salud, vivienda, realización profesional, productividad– sin importar la filiación política del gobierno de turno. Las instituciones nacionales siempre tendrían que estar por encima de cualquier “estilo personal de gobernar”.   Plantearse un Estado Solidario como solución de futuro es alentador porque los recursos invertidos en él serán recompensados con creces en el mediano y largo plazo. No hay mayor valor, mayor activo en una nación que su gente y por ello no existe mejor inversión que facilitar la formación y emergencia de mejores ciudadanos. Si la población de un país está más sana, mejor alimentada, acostumbrada a condiciones de vida dignas, y con mejores perspectivas de desarrollo y crecimiento para el futuro, estará más motivada en sus ámbitos de trabajo, será más productiva y podrá tener un mejor desempeño en los profesional y lo personal. Además, será naturalmente más crítica, fijará la vista más alto a la hora de escoger líderes y será más exigente con sus instituciones, lo que favorecerá para perfeccionarlas.  Lo cierto es que la solidaridad es una carretera de doble vía: exige asumir responsabilidades. Por alguna causa tanto individuos comprometidos con su comunidad como organismos de la sociedad civil centran su lucha en la obtención de derechos. 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Uno de los casos más delicados que se ha tratado es el nuevo registro de celulares, Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mismo que fue votado la semana pasada en la Cámara de Diputados a propuesta de Morena, aunque la redacción del texto provino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. “Con esto, la idea de la SSPC es “acabar” con los altos índices de delitos que ocurren en el país, en particular los de secuestro y extorsión. Pero, al contrario, como se verá, los delitos aumentarán y se pondrá en riesgo a empresas nacionales y a los cientos de millones que usan la telefonía móvil. “Primero, el registro, como está planteado, es una medida absurda, pues sólo quieren inscribir a quienes usen línea telefónica de concesionarios mexicanos como Telcel, AT&T, Telefónica, Izzi móvil, entre otros. No aplica el registro si usas una línea extranjera en México, pero, sobre todo, no aplica si tienes un equipo celular o PC y vía internet utilizas cualquier app para comunicarte: WhatsApp, Silent Phone, Wire, Cryptomator, Confide, Cyph, Telegram o Wickr. “Estas apps son utilizadas ya por mucha gente, pero también por el crimen organizado. Así, dado que no se puede incluir ni a éstas ni a los concesionarios extranjeros en el registro, desde el Congreso sólo se impone una pesada carga a los concesionarios nacionales y a los usuarios. Además, los clientes de las líneas nacionales están en riesgo, pues no hay ninguna garantía de cómo ni quién llevará la base de datos. Será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien cuidará la información personal, bancaria y hasta datos biométricos que quieren que les proporcionemos. “Es tan caótico el tema, que el Congreso ni presupuesto asignó al IFT para la obligación que ahora le quiere dar. Así que, sin recursos, es un enigma cómo va a salvaguardar los datos de los titulares de 120 millones de celulares. Hay que recordar que el anterior registro de celulares, que data de 2009, llamado Renaut, se tuvo que disolver apenas dos años después de su creación, pues las bases de datos acabaron vendiéndose en el mercado negro y hasta en línea”. Finalmente, esta aberrante ocurrencia se aprobó este 13 de abril del 2021. REACCIONES Senadores de oposición, mostraron su total rechazo. Por parte del PAN, Xóchitl Gálvez, señaló que la reforma es inconstitucional y autoritaria, pues atenta contra el derecho a la privacidad y protección de datos personales. Agregando que: “el 60% de las llamadas de extorsión salen de los reclusorios del país y no de los mexicanos que trabajan todo el día”. “Este proyecto atenta contra la privacidad y la protección de datos personales y trasgrede la libertad de comunicación porque un delincuente es un delincuente, no nos hagamos, y no va a acudir a registrar los datos personales para delinquir”. “Inconstitucional y autoritaria la decisión del @PartidoMorenaMx de crear padrón de usuarios de telefonía móvil con huellas digitales y datos biométricos”. En el mismo tenor, su compañero de partido Jesús Horacio González manifestó: “Estamos vulnerando la seguridad y tranquilidad de todos y cada uno de os que usamos un aparato tan sencillo, que, dicho sea de paso, son más los números de celulares y chips que hay en México… es decir, este padrón que se está queriendo aprobar es más grande que el del mismo INE”. En tanto que Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, cuestionó: “¿A dónde va a parar esta información? La van a tener en la tienda en donde, ustedes saben que muchas tiendas, más de 500 mil venden teléfonos celulares, y entonces la información quien sabe en manos de quien va a caer”. LO QUE APROBARON EN EL SENADO En la reforma aprobada a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión será obligatorio para los 122 millones de usuarios en el país: *Número de la línea de telefonía móvil. *Fecha y hora de la activación de la línea adquirida en tarjeta SIM. *Nombre completo o en su caso la denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y CURP. *Datos biométricos del usuario (huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma) *Domicilio. *Datos del concesionario de telecomunicaciones. *Esquema de contratación de la línea móvil: pos pago o prepago.  Si ya adquirieron una línea de celular con anterioridad, los concesionarios tendrán dos años para recabar sus registros, a través de una campaña de información, con la obligación de cumplir este registro. No registrarse o el registro extemporáneo en el padrón, será motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica en un plazo de 30 días y una multa de 89 mil 692 pesos. Cruda y preocupante realidad, estimados lectores, de un delicado tema que los doblegados diputados y senadores lacayos de López aprobaron sin analizar y mucho menos sin valorar el perjuicio que le hacen al país y sus habitantes. Por ello pregunto: ¿Cuál es la verdadera intención de López y su 4T de tener esos datos? ¿Deben seguir estos mismos diputados dañando al país? porque muchos de ellos pretenden reelegirse. Mucho ojo a quién le darán su voto el 6 de junio de este 2021.  " ["post_title"]=> string(86) "De Frente Y Claro | PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONíA MÓVIL, OCURRENCIA REAL" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(80) "de-frente-y-claro-padron-nacional-de-usuarios-de-telefonia-movil-ocurrencia-real" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2021-04-15 13:47:45" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2021-04-15 18:47:45" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://ruizhealytimes.com/?p=64136" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } ["comment_count"]=> int(0) ["current_comment"]=> int(-1) ["found_posts"]=> int(35) ["max_num_pages"]=> float(18) ["max_num_comment_pages"]=> int(0) ["is_single"]=> bool(false) ["is_preview"]=> bool(false) ["is_page"]=> bool(false) ["is_archive"]=> bool(true) ["is_date"]=> bool(false) ["is_year"]=> bool(false) ["is_month"]=> bool(false) ["is_day"]=> bool(false) ["is_time"]=> bool(false) ["is_author"]=> bool(false) ["is_category"]=> bool(true) ["is_tag"]=> bool(false) ["is_tax"]=> bool(false) ["is_search"]=> bool(false) ["is_feed"]=> bool(false) ["is_comment_feed"]=> bool(false) ["is_trackback"]=> bool(false) ["is_home"]=> bool(false) ["is_privacy_policy"]=> bool(false) ["is_404"]=> bool(false) ["is_embed"]=> bool(false) ["is_paged"]=> bool(false) ["is_admin"]=> bool(false) ["is_attachment"]=> bool(false) ["is_singular"]=> bool(false) ["is_robots"]=> bool(false) ["is_favicon"]=> bool(false) ["is_posts_page"]=> bool(false) ["is_post_type_archive"]=> bool(false) ["query_vars_hash":"WP_Query":private]=> string(32) "4cd7eab04aeaf19619bfee70f8f9ae1f" ["query_vars_changed":"WP_Query":private]=> bool(false) ["thumbnails_cached"]=> bool(false) ["stopwords":"WP_Query":private]=> NULL ["compat_fields":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(15) "query_vars_hash" [1]=> string(18) "query_vars_changed" } ["compat_methods":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(16) "init_query_flags" [1]=> string(15) "parse_tax_query" } }

De Frente Y Claro | PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONíA MÓVIL, OCURRENCIA REAL

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