No permitiremos daños patrimoniales en contra de la Universidad: Miguel Barbosa

La Regla que imperaba en Puebla era la impunidad y ocultamiento de abusos Señala que con la experiencia de Rosa Icela Rodríguez las cosas caminarán bien Este día, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que el...

30 de octubre, 2020

Gobierno de Puebla de Puebla

La Regla que imperaba en Puebla era la impunidad y ocultamiento de abusos
Señala que con la experiencia de Rosa Icela Rodríguez las cosas caminarán bien

Este día, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que el concepto de “autonomía” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) debe servir para garantizar la libertad de cátedra, difundir la cultura, fortalecer el nivel académico y alcanzar la excelencia, no para que se escuden y defiendan quienes se benefician del patrimonio de la universidad; el mandatario poblano aseguró que las pruebas están en la Fiscalía General del Estado, sobre afectaciones por más de mil millones de pesos.

Barbosa Huerta señaló que la regla que imperaba en Puebla era la impunidad y el ocultamiento de todos los abusos, había un grupo de millonarios que se generaban desde el manejo administrativo de la Universidad Autónoma de Puebla. A la par, reconoció y reafirmó su solidaridad con la comunidad universitaria.

El gobernador señaló que quienes rodeaban a cada rector se volvían también millonarios, porque hicieron de la universidad un lugar en donde se creaban círculos de beneficios para estos grupos; en esta relación estaban los gobernadores quienes con los directivos universitarios realizaban negocios y “estafas maestras”; de esto existen pruebas que pocos se han atrevido a decir.

Barbosa Huerta recordó que en este marco y por muchas administraciones, se formaron generaciones de millonarios desde el servicio público, a través de esquemas de beneficiarios de distintos niveles, con prestanombres que hasta hoy son conocidos.

Cuando se dio el cambio de régimen, Barbosa Huerta recordó que hizo el compromiso de limpiar el poder público, e impedir que la impunidad siguiera siendo la regla, como han sido los valores de la Cuarta Transformación y del Presidente Andrés Manuel López Obrador; por ello, las expresiones vertidas por el rector el día de ayer, las calificó como “sofismas mal armados”, por lo que prevé seguirán las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, porque ese tipo de políticos no los merece Puebla.

En otro tema, el Gobernador señaló sobre el anuncio de la invitación de Rosa Icela Rodríguez para desempeñarse como secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que es una mujer estructurada en las cuestiones de gobierno, de vida pública, y tiene experiencia en seguridad pública, por lo que espera que las cosas caminen bien con ella.

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Sobre el proceso de adición incondicional del Ejército mexicano al régimen, el escritor universal jalisciense Juan Rulfo, quien a escasas semanas después de un homenaje, en Palacio Nacional, ofrecido por el presidente López Portillo, se vio envuelto en un escandaloso malentendido con las fuerzas armadas mexicanas, ya que ofreciendo un discurso en la UNAM, Rulfo comentó que los golpes de Estado en México eran cosa del pasado "gracias a la corrupción y el enriquecimiento de los Generales", citando también la famosa frase acuñada por Álvaro Obregón: "No hay general que se resista a un cañonazo de 50 mil pesos". 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Después se diluyó el escándalo luego de una réplica pública del propio Juan Rulfo, donde dejó en claro que sus palabras se habían tergiversado, pues él se había referido a los tiempos finales de la Revolución (es decir, su alusión era de carácter histórico), y a los regímenes actuales (por esos años) que dominaban América del Sur. La confusión, según Rulfo, tenía su origen en una mala traducción hecha por la agencia informativa estatal de la entonces Alemania Oriental (o RDA), rematando el escritor con un "espero que con estas declaraciones se aclare tan desagradable confusión". No era lo mismo escribir ficción que un discurso público. Asimismo, el último intento real de golpe de Estado militar, y que prácticamente fue silenciado el hecho por los medios de comunicación de la época, fue planeado por el General de División Celestino Gasca Vilaseñor, en el año de 1961, inmediatamente sofocado y detenido el citado líder más otras poco menos de 300 personas que se encontraban reunidas en el domicilio del General; el sistema funcionaba cómo relojito (ya el legendario Capitán Gutiérrez Barrios fue pieza clave en dicha operación), no se movía una hoja en el país sin que los aparatos de inteligencia estuvieran al tanto. La fracasada intentona no tuvo base social, a pesar de cierta represión ocurrida en dicho sexenio, contra electricistas y ferrocarrileros, principalmente, que entre sus exigencias estaba el democratizar la vida sindical, logro que hasta este sexenio se ha obtenido, para dimensionar lo fuera de tiempo que estaban sus demandas. Otro intento de rebelión al gobierno mexicano, por parte del ejército, fue patético, cercano a lo cómico incluso, tan es así, que apenas y a una anécdota por muy pocos conocida llega. Un capitán en la administración del presidente Manuel Ávila Camacho, de nombre Benito Castañeda Chavarría, instructor de artillería adscrito al campo militar número uno de la Ciudad de México, llamó a una unidad de conscriptos a rebelarse contra el gobierno federal. El intento de asonada fue sofocado por oficiales de forma inmediata: el mencionado Capitán Castañeda fue detenido y sentenciado a la pena de muerte por un consejo de guerra sumario, ya que además, esto ocurrió cuándo México se sumó al conflicto mundial como aliado a las potencias que combatían al EJE (Alemania, Italia y Japón). Una vez informado el presidente Ávila Camacho de la sentencia, éste se mostró magnánimo, ya que los informes sugerían un desequilibrio mental del acusado, resultante de problemas familiares, por ello lo indultó en el acto, y ordenó, además, que ya estando de baja en el Ejército, se le dotara de un taller con todo el equipo necesario, para que Castañeda llevara a cabo el oficio de ebanista. Era más que claro desde entonces que en el régimen y los gobiernos emanados de la Revolución, no cabían más intentos de asonadas por parte de militar alguno. Sin duda, lo entredicho por Juan Rulfo, no carecía del todo de cierta veracidad, y en décadas, no se supo de intento rebelde ninguno, ni siquiera caricaturesco, como el del Capitán, convertido a carpintero, Benito Castañeda. El Ejército mexicano de hoy en día está colmado de canonjías, contratos y encargos de toda índole. Esto tiene sus explicaciones: las fuerzas armadas, desde el fatídico año 2006 salieron de sus cuarteles a las calles, sin meditar en las gravísimas consecuencias, sin estrategia ni diagnóstico alguno. Esto hizo que cárteles criminales se acercaran a los militares, con intentos de corromperlos. La matanza de Iguala a estudiantes de Ayotzinapa sugiere que el batallón 27 tuvo algo que ver. Se intenta alejar a las fuerzas armadas de negocios sucios a cambio de negocios lícitos. Por otro lado, obedece el hecho al enorme poder económico que poderes fácticos acumularon en las dos últimas décadas, tal es este poder, que sin problemas cooptarían a algún alto mando militar, con el fin de un golpe de Estado al actual gobierno. Por todo ello, se intenta asegurar la lealtad total a nuestras instituciones, a la vez de alejar, como ya se mencionó, a las milicias mexicanas del canto de las sirenas de las sumas millonarias fruto de los negocios poco cristalinos." 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Estado Solidario es aquel que se preocupa por sus integrantes sin importar sus diferencias. Su función consiste en cerrar la brecha entre sus miembros, no con demagogia y polarización, sino con transparencia y políticas públicas equitativas, más allá de intereses personales e ideologías. En naciones como México las diferencias entre ciudadanos son abismales en todos sentidos: manera de entender el mundo, costumbres, modos de vestir, platillos típicos, tradiciones y un largo etcétera. Pero las diferencias más significativas, las más dolorosas son aquellas que limitan las oportunidades, que privan de educación y salud, aquellas que lastran el desarrollo y la libertad del individuo. Son éstas últimas y no las primeras a las que un Estado Solidario debe dedicar sus esfuerzos para erradicarlas. Al convocar una participación activa del Estado, no es para asignarle tareas de intromisión en los ámbitos privados. Se sabe que en las ramas de la industria, el comercio y la producción, su papel consiste en dar certeza jurídica con leyes justas que fomenten la participación y competencia del capital privado como motor del desarrollo económico. Sin embargo, también sabemos por experiencia que esa competencia descarnada, ahonda aún más la desigualdad, y es ahí donde, a partir de proveer un conjunto de servicios básicos universales de calidad con la intención de que el piso de desarrollo para la población en general sea más igualitario, que el Estado Solidario del Siglo XXI encuentra su lugar. Estamos en tiempos de cambio forzado y quizá, si actuamos con consciencia y sensatez, la coyuntura actual resulte apropiada para dar los primeros pasos en esa dirección. En principio de lo que se trata es justo de eso: de tener claro el rumbo al que queremos encaminarnos y que las instituciones que habrán de operar dicho cambio sean fortalecidas con las herramientas necesarias para ese tipo de Estado donde, más que el individuo que gobierna, lo que importa de verdad es la eficacia de los sistemas, los protocolos y la transparencia con que las instituciones del Estado habrán de operar para conseguir sus fines. No se trata de hacer un cambio de un día para otro, una transformación mágica por decreto, sino una renovación paulatina mediante un proceso donde uno de los primeros pasos tendría que incluir un “nuevo pacto” entre ambos integrantes de la dualidad indisociable Estado-contribuyente que tendría como propósito cimentar una confianza mutua, hoy inexistente. El Estado tendría que abonar a ella con transparencia, probidad y sensibilidad en el uso de los recursos públicos, y el contribuyente, puesto que sin recursos no hay Estado que pueda ser eficaz, con el pago oportuno y justo de sus responsabilidades fiscales. El objetivo primario es que la recaudación suba, pero de la mano con una mejora sustancial de los servicios públicos y programas sociales. Al hablar de programas sociales no pienso en un Estado asistencial, porque, si bien este modelo institucional suele implementar planes de apoyo para los segmentos más desprotegidos, los recursos que otorga suelen estar enfocados en la supervivencia más que en el crecimiento y la creación de oportunidades. Esta manera de atender a los estratos más vulnerables mantiene el nivel de necesidad sin cambios sensibles en las oportunidades de desarrollo, en espera siempre de que sea el Estado quien subsane las carencias y con ello se fomenta una dependencia que, más que ciudadanos libres y pensantes, crea clientelas políticas que nutren los colores partidistas del gobierno de turno, en lugar de privilegiar la inversión pública que detone verdaderas oportunidades de desarrollo que abatan la pobreza y favorezcan la movilidad social. Por eso resulta preferible pensar en términos de un Estado Solidario. La solidaridad es la manera colectiva de ser empático. Y desde esta perspectiva, un Estado Solidario es aquel que se preocupa genuinamente por sus miembros, sin importar el estrato social, su origen étnico, sus convicciones políticas, sus preferencias sexuales y demás particularidades que si bien le dan diversidad al conjunto, crean también focos de polaridad que se traducen en tensiones, discriminación y deterioro del tejido social. El centro del esfuerzo en un Estado construido bajo los parámetros de la solidaridad es conseguir que toda esa diversidad encuentre suelo fértil para el desarrollo y la convivencia pacífica y empática. Mientras un Estado asistencialista provee, un Estado solidario retira los impedimentos para los que ciudadanos diseñen sus propios proyectos de vida, se planteen metas y las consigan. Un Estado Solidario va más allá de ideologías o partidos políticos, porque está fundado y sostenido en las instituciones nacionales, creadas de forma paulatina y progresiva por todas las fuerzas políticas, a partir de las experiencias del pasado, las divergencias, los acuerdos –no siempre fáciles de alcanzar– y los nuevos contextos y realidades nacionales que emergen de los propios cambios sociales y de la influencia de un mundo cada vez más global e interdependiente, en vez de subordinarse a los designios volubles, interesados y transitorios del gobierno de turno. Este Estado Solidario, mediante el cobro de impuestos progresivos, no sólo fomenta y facilita seguridad, certeza jurídica y condiciones apropiadas para la competencia leal en el caso de la iniciativa privada, sino también financia bienes y servicios básicos, como una educación de calidad, una vivienda digna y una salud universal que permitan que aquellos que habitan los segmentos menos favorecidos encuentren avenidas de desarrollo y movilidad social. Se trata de cerrar las brechas entre unos segmentos de la población y otra, no con demagogia, sino con hechos, con acciones, con políticas públicas concretas y equitativas. En una democracia cada formación política tiene su manera específica de manifestar esa “solidaridad”, esa será parte de la labor del ciudadano: decantarse por aquella que resulte más acorde con sus convicciones, ideología y manera de entender el mundo, pero el propósito del Estado en su conjunto tendría que ser la de generar las condiciones para el desarrollo pleno de sus habitantes –en temas tan diversos como salud, vivienda, realización profesional, productividad– sin importar la filiación política del gobierno de turno. Las instituciones nacionales siempre tendrían que estar por encima de cualquier “estilo personal de gobernar”. Plantearse un Estado Solidario como solución de futuro es alentador porque los recursos invertidos en él serán recompensados con creces en el mediano y largo plazo. No hay mayor valor, mayor activo en una nación que su gente y por ello no existe mejor inversión que facilitar la formación y emergencia de mejores ciudadanos. Si la población de un país está más sana, mejor alimentada, acostumbrada a condiciones de vida dignas, y con mejores perspectivas de desarrollo y crecimiento para el futuro, estará más motivada en sus ámbitos de trabajo, será más productiva y podrá tener un mejor desempeño en los profesional y lo personal. Además, será naturalmente más crítica, fijará la vista más alto a la hora de escoger líderes y será más exigente con sus instituciones, lo que favorecerá para perfeccionarlas. Lo cierto es que la solidaridad es una carretera de doble vía: exige asumir responsabilidades. Por alguna causa tanto individuos comprometidos con su comunidad como organismos de la sociedad civil centran su lucha en la obtención de derechos. En países con atrasos tan profundos como México, esto se entiende hasta cierto punto, sin embargo es indispensable entender y aceptar que con cada derecho que se adquiere va aparejada una responsabilidad. 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Sobre el proceso de adición incondicional del Ejército mexicano al régimen, el escritor universal jalisciense Juan Rulfo, quien a escasas semanas después de un homenaje, en Palacio Nacional, ofrecido por el presidente López Portillo, se vio envuelto en un escandaloso malentendido con las fuerzas armadas mexicanas, ya que ofreciendo un discurso en la UNAM, Rulfo comentó que los golpes de Estado en México eran cosa del pasado "gracias a la corrupción y el enriquecimiento de los Generales", citando también la famosa frase acuñada por Álvaro Obregón: "No hay general que se resista a un cañonazo de 50 mil pesos". Y agregó un "pero ahora se los dan por millones, para mantenerlos quietos, se les dio a escoger entre poder y riqueza (...) que después de la Revolución proliferaron los Generales casi en igual número que los soldados, y que quienes ambicionaban ambas cosas (poder y riqueza, precisamente) eran asesinados, hasta convencerlos que era mejor vivir tranquilamente y ricos, que enfrentarse al difícil arte de gobernar (...)". El escándalo ocasionado por Rulfo tuvo repercusiones en las más altas esferas. El mismo José López Portillo llegó a declarar: "Ningún soldado de la República es corrupto. Protesto enérgicamente contra quienes calumnian y difaman a nuestras fuerzas armadas". Después se diluyó el escándalo luego de una réplica pública del propio Juan Rulfo, donde dejó en claro que sus palabras se habían tergiversado, pues él se había referido a los tiempos finales de la Revolución (es decir, su alusión era de carácter histórico), y a los regímenes actuales (por esos años) que dominaban América del Sur. La confusión, según Rulfo, tenía su origen en una mala traducción hecha por la agencia informativa estatal de la entonces Alemania Oriental (o RDA), rematando el escritor con un "espero que con estas declaraciones se aclare tan desagradable confusión". No era lo mismo escribir ficción que un discurso público. Asimismo, el último intento real de golpe de Estado militar, y que prácticamente fue silenciado el hecho por los medios de comunicación de la época, fue planeado por el General de División Celestino Gasca Vilaseñor, en el año de 1961, inmediatamente sofocado y detenido el citado líder más otras poco menos de 300 personas que se encontraban reunidas en el domicilio del General; el sistema funcionaba cómo relojito (ya el legendario Capitán Gutiérrez Barrios fue pieza clave en dicha operación), no se movía una hoja en el país sin que los aparatos de inteligencia estuvieran al tanto. La fracasada intentona no tuvo base social, a pesar de cierta represión ocurrida en dicho sexenio, contra electricistas y ferrocarrileros, principalmente, que entre sus exigencias estaba el democratizar la vida sindical, logro que hasta este sexenio se ha obtenido, para dimensionar lo fuera de tiempo que estaban sus demandas. Otro intento de rebelión al gobierno mexicano, por parte del ejército, fue patético, cercano a lo cómico incluso, tan es así, que apenas y a una anécdota por muy pocos conocida llega. Un capitán en la administración del presidente Manuel Ávila Camacho, de nombre Benito Castañeda Chavarría, instructor de artillería adscrito al campo militar número uno de la Ciudad de México, llamó a una unidad de conscriptos a rebelarse contra el gobierno federal. El intento de asonada fue sofocado por oficiales de forma inmediata: el mencionado Capitán Castañeda fue detenido y sentenciado a la pena de muerte por un consejo de guerra sumario, ya que además, esto ocurrió cuándo México se sumó al conflicto mundial como aliado a las potencias que combatían al EJE (Alemania, Italia y Japón). Una vez informado el presidente Ávila Camacho de la sentencia, éste se mostró magnánimo, ya que los informes sugerían un desequilibrio mental del acusado, resultante de problemas familiares, por ello lo indultó en el acto, y ordenó, además, que ya estando de baja en el Ejército, se le dotara de un taller con todo el equipo necesario, para que Castañeda llevara a cabo el oficio de ebanista. Era más que claro desde entonces que en el régimen y los gobiernos emanados de la Revolución, no cabían más intentos de asonadas por parte de militar alguno. Sin duda, lo entredicho por Juan Rulfo, no carecía del todo de cierta veracidad, y en décadas, no se supo de intento rebelde ninguno, ni siquiera caricaturesco, como el del Capitán, convertido a carpintero, Benito Castañeda. El Ejército mexicano de hoy en día está colmado de canonjías, contratos y encargos de toda índole. Esto tiene sus explicaciones: las fuerzas armadas, desde el fatídico año 2006 salieron de sus cuarteles a las calles, sin meditar en las gravísimas consecuencias, sin estrategia ni diagnóstico alguno. Esto hizo que cárteles criminales se acercaran a los militares, con intentos de corromperlos. La matanza de Iguala a estudiantes de Ayotzinapa sugiere que el batallón 27 tuvo algo que ver. Se intenta alejar a las fuerzas armadas de negocios sucios a cambio de negocios lícitos. Por otro lado, obedece el hecho al enorme poder económico que poderes fácticos acumularon en las dos últimas décadas, tal es este poder, que sin problemas cooptarían a algún alto mando militar, con el fin de un golpe de Estado al actual gobierno. Por todo ello, se intenta asegurar la lealtad total a nuestras instituciones, a la vez de alejar, como ya se mencionó, a las milicias mexicanas del canto de las sirenas de las sumas millonarias fruto de los negocios poco cristalinos." 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