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No es “politiquería”, es división del poder

10 de mayo, 2024

No es “politiquería”, es división del poder

Una auténtica república es aquella forma de gobierno donde el núcleo central de su organización es la “división de poder”. Tal como Immanuel Kant explicó, «el republicanismo es el principio del Estado de la separación del poder ejecutivo (del gobierno) del legislativo”¹. Cuando estas líneas se empiezan a diluir, el Estado se empieza a transformar en un gobierno despótico, donde el criterio de acción pública se centra en “el cumplimiento arbitrario del Estado de leyes que él se ha dado a sí mismo, por tanto de la voluntad pública tomada por el regente como su voluntad privada»². Es por ello que la democracia –representativa– se convierte en la forma más adecuada de distribuir el poder en una república.

La defensa de la democracia y la división de poderes es –por su misma naturaleza– un asunto político. Uno de los problemas en la discusión política actual se remonta –a mi parecer– en un sesgo cognitivo³ de raíz cultural. Igualamos “lo político” con “abuso de poder” –en nuestro español tan mexicano, es lo que decimos que es la grilla–. Lo “político” es, en realidad, todas aquellas acciones que la sociedad emprende, tanto sujetos como comunidades, para mejorar la calidad de vida de todos. Es decir, se trata de todos los asuntos que le conciernen a las y los ciudadanos en la construcción de la vida pública. De nuevo, desde la etimología de la propia palabra «república» lo explica perfectamente: res –asuntos– y publicum –de los ciudadanos–. Así, al vivir en una democracia, la construcción de la vida pública no sólo recae en los representantes, sino en todos, pues “[…] el bien público es el que se dirige al conjunto total de individuos y grupos que forman la sociedad”⁴.

Dicho esto, considero que es un sesgo cultural altamente dañino cuando calificamos como “malas” ciertas acciones que hacen los políticos al denominarlas como «politiquerías». Los jugadores políticos actuales usan este calificativo para señalar que hay algo viciado en las acciones de sus contrincantes. No sólo eso, sino que cuando ciertos representantes ejecutan sus acciones, se les critica por tomar una postura política. Con esto demuestran su falta de profesionalización sobre lo político pues, como ya he mencionado con brevedad, todo lo que se hace en la esfera pública en consecución para el bien público se trata de política. En todo caso, se debería de hablar de «corrupción» y no “politiquerías” si se demuestra –con evidencia y no alegatos de retórica– que un funcionario o funcionaria pública ha incurrido en un acto en contra de la lógica de lo político.

Al respecto de esto, el reciente escándalo del exministro Zaldívar es evidencia de cómo se ha pervertido el auténtico sentido de «lo político» en favor de un discurso basado en mentiras y en auténtica indiferencia hacia el Estado de Derecho. Pues, como bien lo mencionó Kourchenko, «resulta más sencillo descalificar una acusación como motivada por razones políticas, que por auténticas evidencias judiciales»⁵. Lo que aconteció es que, cuando empezó a circular por redes sociales que se había aceptado un trámite para investigar presuntas conductas fuera de la normatividad de ciertos funcionarios del Poder Judicial –entre ellos, Zaldívar–, el exministro empezó a denunciar una campaña sucia y un abuso de poder por parte de la ministra presidenta Piña en su contra, alegando motivos político-electorales. “Por supuesto, la reacción de Zaldívar no se hizo esperar. Quien como presidente de la Corte politizó la administración de justicia, hoy acusa politización de la justicia por un trámite que fue admitido conforme a la normatividad interna del PJF y a la Ley de Responsabilidades Administrativas”⁶. Lo cual, en realidad, ni es ilegal, ni es agenda política, ni nada de lo que alude el exministro. Pues, en primer lugar, «el expediente construido con base en una “denuncia anónima” lleva semanas de elaboración, muchas horas de trabajo, de recabar documentos, testimonios, casos y fallos de jueces y magistrados. Es decir, no se armó al vapor ni es resultado de 24 horas de improvisación”⁷. Incluso, a su queja de que no se pueden aceptar quejas “anónimas”, resulta que «según la Barra Mexicana Colegio de Abogados, existe registro de que Zaldívar aceptó denuncias anónimas durante su gestión como presidente [de la Corte]. Fue él quien regularizó este método»⁸. Ahora, en la parte jurídica, la investigación de este tipo de denuncias tiene fundamento en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En específico, el artículo 110 fracciones I –«realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones»–, VII –«no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores…»–; artículo 112 fracción II a) –«las investigaciones podrán iniciar como consecuencia de: Quejas presentadas por particulares o por autoridades, pertenecientes o no al Poder Judicial de la Federación»–; y artículo 113, fracción I –”La Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, tratándose de faltas de las y los ministros y de las faltas graves cometidas por sus personas servidoras públicas”–. Resultando que todo el proceder de la Suprema Corte, no sólo es conforme a la legalidad, sino que están cumpliendo cabalmente con su obligación como poder estatal. No se tratan de “politiquerías”. Se trata de una auténtica división de poderes. Al final, aunque ya se ha comentado mucho sobre este tema, me interesa resaltar que son este tipo de acusaciones, basadas en la mera retórica del populismo que busca polarizar a la sociedad, lo que erosiona el tejido social. La actuación de la Corte es política, porque es un órgano público, cuyas acciones naturalmente inciden en la vida pública. Pero, de ninguna manera, son acciones motivadas por una agenda electoral. Al autócrata y populista le incomoda la legalidad, pues ésta es el antídoto contra el abuso del poder. Ya lo explicaba John Locke en su crítica al Leviatán de Hobbes, “[pues donde] no tengan una norma establecida y un juez común al que apelar en esta tierra para determinar las controversias legales que puedan surgir entre ellos, esos hombres seguirán permaneciendo en un estado de naturaleza…”⁹. Defender esta división de poderes, esencia de la república y democracia es, por lo tanto, no un acto de “politiquería”, sino de auténtica y verdadera política.

¹ Kant, Immanuel, Hacia la paz perpetua, trad. de Gustavo Leyva, México: Fondo de Cultura Económica, 2018, p. 14.

² Ídem.

³ Un «sesgo cognitivo» se define como cualquier error en el proceso de interpretar la información disponible. Dicho de otra manera, se tratan de todos aquellos errores cuando aprendemos ideas y sacamos conclusiones. En este caso particular, puede decirse que es el clásico sesgo del problema de la falsa inducción –el llamado cisne negro– donde por un caso particular –un político corrupto– se lleva esa adjetivación a toda persona que se identifica como «político». Para conocer más sobre este tema, recomiendo: Nassim, Nicholas Taleb, The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, EUA: Random House Trade, 2010.

⁴ González Uribe, Héctor, Teoría Política, CDMX: Porrúa, 2017, p. 299.

⁵ Kourchenko, Leonardo, “El vergonzoso caso Zaldívar”, sección de opinión en El Financiero, jueves 11 de abril de 2024.

⁶ Ureña, Carla Erika, “Investigar a Zaldívar no es politiquería, es justicia”, portal de Letras Libres, 17 de abril de 2024. Disponible en: https://letraslibres.com/politica/carla-erika-urena-investigar-a-zaldivar/

⁷ Kourchenko, Leonardo, “El vergonzoso caso Zaldívar”…

⁸ Ídem.

⁹ Locke, John, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, 7, 91. (trad. de Carlos Mellizo, tercera edición, Madrid: Alianza Editorial, 2019).

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