Ni López Obrador puede o quiere frenar el abuso electoral de Morena

Al menos en el discurso Andrés Manuel López Obrador condena el uso electoral de programas gubernamentales, especialmente los sociales, pero a la vez el Presidente adelantó que a partir de julio los adultos mayores recibirán un aumento...

30 de marzo, 2021

Hugo Páez

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena abstenerse de volver a presentar el programa de vacunación en contra del covid-19 como si fuera una acción partidista.

Los consejeros concedieron por unanimidad esa medida de tutela preventiva solicitada por el PAN, partido que se quejó porque en Twitter ese partido difundió un mensaje para atribuirse la aplicación del biológico.

Sin embargo, las brigadas de vacunación resaltan los colores de Morena, persiste la fotografía de las credenciales como elemento intimidatorio para persuadir a ciudadanos de que el gobierno tendrá conocimiento del sentido del voto y complicará el beneficio de programas sociales.

Los enfrentamientos necesitarán de toda la infraestructura y la autoridad electoral para meter orden y evitar el descontrol en la más grande elección de la historia; sin embargo, parte de la autoridad electoral está en la trinchera de Morena, como el Fiscal Especial en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti.

Ortiz Pinchetti aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) de Lorenzo Córdova Vianello “se extralimitó” al determinar un mecanismo para designar las 200 diputaciones plurinominales en lugar del Poder Legislativo.

La sobrerrepresentación sucede cuando una opción política recibe un número de diputaciones que excede al que le correspondería de acuerdo con la votación en las urnas. Para evitar este fenómeno, el viernes pasado, el Consejo General del INE determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados con base en los resultados que cada partido obtenga en las elecciones del 6 de junio.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, expuso en la sesión que las cuotas de representación proporcional se establecieron para reflejar el pluralismo político y evitar la distorsión que genera el sistema de mayoría relativa, por lo que una fuerza política sobrerrepresentada afecta el principio democrático de “una cabeza, un voto”, es decir, que los congresos se integren por representantes que reflejen las diversas posturas políticas existentes entre los ciudadanos. A su vez, el INE informó que, hasta la fecha, Morena no ha solicitado renunciar a las prerrogativas que le corresponden durante el año en curso.

En respuesta a una solicitud de información sobre el tema, formulada por el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón Saavedra, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del órgano electoral, Patricio Ballados Villagómez, puntualizó que “el partido político nacional MORENA no ha solicitado renunciar a monto alguno de su financiamiento público federal para el ejercicio 2021”.

En la solicitud de información, fechada el pasado 17 de marzo, el representante panista ante el INE preguntó si Morena había devuelto las prerrogativas que para el financiamiento de sus actividades recibe, o si había solicitado algún descuento de las mismas. Cabe recordar que Morena se comprometió a renunciar al 50% del presupuesto público que le corresponde para este año para destinar esos recursos a la compra de medicamentos contra la Covid-19.

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La NOM objetada señala: 6.4.2.7. En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas (2). Lo que me interesa resaltar en esta nota es en primer lugar que la Corte consideró que en este tipo de casos no se requiere autorización de los padres o tutores para la realización del aborto cuando la menor es mayor de 12 años, planteando así un límite a la Patria Potestad. La Corte señala que eso está justificado ya que, por ejemplo, en Convención de los Derechos del Niño se mantiene la posibilidad de que los menores de edad puedan, de acuerdo a su capacidad, tener decisiones independientemente de sus padres. El Comité de los Derechos del niño (ONU) en su observación general no. 15 señala que no se requiere consentimiento de los padres si los profesionales (de salud y otros) consideran que es para el beneficio del niño (a). Así, el interés superior de la niñez predomina sobre otras consideraciones como la Patria potestad que no es un poder pleno sobre el menor, sino que está acotada al beneficio del mismo, es decir, es una función que los padres reciben en beneficio de los hijos (as). El elemento anterior es problemático. Si se razona por casos semejantes, los padres deciden por los menores en temas de mucho menor importancia y no se considera que deba limitarse la patria potestad. Así, elegir la escuela o restringir horarios del menor, no se consideran intrusivos. ¿Por qué en un caso tan grave como el practicar un aborto no sería, con mayor razón, un elemento que no puede dejarse a la decisión de una menor de edad? ¿Qué tan maduro se es para tomar una decisión así? Por supuesto, los magistrados creen, por un lado, que el embrión, por lo menos hasta la semana 12 no es una persona y, por tanto, el derecho de la madre predomina sobre el producto del embarazo; por otro lado, considera que no permitir el aborto en sus circunstancias es un acto de violencia contra la mujer. Otro supuesto fundamental es que el aborto constituye una emergencia médica, un procedimiento médico en el que el criterio predominante es la salud de la madre y por tanto, la patria potestad no aplica. La dignidad de la mujer y el desarrollo libre de la personalidad constituyen valores superiores a la vida del concebido. Esto sucede de modo semejante con los padres de familia testigos de Jehová que pretenden impedir la transfusión de sangre a los menores de edad y que sin embargo, por el bien del niño (a) se realiza el procedimiento. Por supuesto, en el segundo ejemplo, podría aducirse que está en peligro la vida del menor, pero en el primer caso no se cumple ese requisito. 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