Cuauhtémoc Blanco se perfila como el primer gobernador de la Cuarta Transformación en enfrentar un juicio de procedencia por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito de funciones, fraude procesal, falsedad en declaraciones y más, a petición del Fiscal Anticorrupción de Morelos, Edgar Núñez Urquiza.
Controlada por la oposición, la Cámara (10 de 19 curules, pdte PAN Fco. Erik Sánchez Zavala), podría acceder y complicar el futuro de Blanco Bravo, pero además, las formas del gobernador han provocado enfrentamientos con la bancada mayoritaria de Morena.
El también vicefiscal Núñez Urquiza declaró: “Hemos venido a presentar tres solicitudes de formación de causa, relacionadas con tres denuncias presentadas ante la Fiscalía, relacionadas con el gobernador. Las denuncias fueron presentadas por personas particulares y están involucrados más funcionarios”.
El procedimiento es muy parecido al desafuero, e implica quitar la protección institucional de que gozan los cargos de elección popular o altos funcionarios. El Congreso podría decidir en cuestión de semanas. Está integrado por 19 diputados tras el fallecimiento hace unos días de un legislador de la bancada del PRI, el grupo opositor, liderado por esta formación y Acción Nacional tiene 10 votos, suficientes para sacar adelante la solicitud. Un escenario así tendría consecuencias imprevisibles, incluso la salida del gobernador, por instrucción del mismo Congreso.
Elevado al cargo de Gobernador por el partido evangélico Encuentro Social, la reacción de sus socios en el Congreso resulta una incógnita, sobre todo Morena, partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Morena es la formación mayoritaria en el Congreso de Morelos con seis curules.
La solicitud de la Fiscalía Anticorrupción nace de tres denuncias presentadas por el abogado Enrique Paredes, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, y Gerardo Becerra, asesor del gobernador en sus años de presidente municipal de Cuernavaca, la capital. Blanco fue alcalde de la ciudad de 2015 a 2018.
La denuncia más grave apunta al presunto enriquecimiento ilícito del gobernador y su equipo, integrado por sus medios hermanos Ulises y Ricardo Bravo, su primo Edgar Riou y su amigo Jaime Tamayo. En el escrito los denunciantes incorporan decenas de presuntas transferencias, ingresos y cheques cobrados por parte de alguno de los personajes mencionados arriba, supuestamente para acabar beneficiando a Blanco. “Los sujetos presentaron una serie de operaciones que se consideran injustificadas, mismas que tienen un alto grado de probabilidad de que provengan de alguna fuente ilícita, ya que no concuerdan con sus ingresos ni con la relación que tienen con sus receptores o depositantes”, se lee en el escrito.
En una comparecencia ante la prensa en Cuernavaca, el abogado Paredes ha dicho: “Detecté de acuerdo a una información anónima que me llegó que los ingresos del gobernador no coincidían con lo que ganaba. Esa circunstancia me llevó a presentar la denuncia, que ha dado como resultado lo que hemos visto hoy”. Junto a él, el ex asesor Becerra ha añadido: “Estoy denunciando además otras situaciones. Quiero dejar claro que son tres investigaciones ahora, las que la Fiscalía ha llevado al Congreso, pero hay otras cinco más”.
No hay que perder de vista que la oposición tendrá que aprovechar todas las oportunidades para avanzar contra el músculo electoral que mostraron los estados de la Cuarta Transformación (Morena, PVEM, PT, PES), más los priistas favorecidos por López Obrador, en la consulta de Revocación de Mandato del 10 de abril, quienes, además de protagonizar una lucha interna por servir al presidente en la ruta sucesoria, demostraron que en las elecciones de junio, del 2023 y 2024 serán un obstáculo enorme de manipulación electoral para la oposición.
¡Vengan por mí, cobardes!
El pasado domingo 31 de mayo, la Constitución corrió la misma suerte que nuestras demás instituciones Y SE FUE AL CARAJO.
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