LOS EFECTOS DEL DECRETO PRESIDENCIAL DEL 22 DE NOVIEMBRE EN LAS REGIONES Y CIUDADES DEL PAIS

Obras como “el Tren Maya “, el Ferrocarril Transístmico, la Refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucia, tienen en común denominador: Todos generan un profundo e irreversible impacto regional.

29 de noviembre, 2021

Hace más de 40 años se inició en México la construcción de un complejo andamiaje institucional en materia de obra pública que le diera certeza a la inversión pública, que garantizara la existencia de terrenos o derecho de vía en la construcción de camino y que se contara con proyectos ejecutivos, presupuestos confiables y programas de ejecución de los trabajos.

Con el paso de los años, a partir de 1980 en que se publica la primera Ley en la materia (aunque la Constitución de 1917 hace referencia al tema en su Artículo 134), los gobiernos en turno, los Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos entre otras muchas organizaciones gremiales, de la mano del Congreso de la Unión, van dando forma a un robusto marco legal, normativo y reglamentario que, aunque  “poroso” ha dado paso a un esquema regulatorio para la inversión pública y privada, que involucra hoy acciones de:

-Planeación democrática y prospectiva.

-Protección y salvaguarda del medio ambiente, el medio natural, la flora y la fauna.

-Negociación y socialización de adquisición de predios y derechos de vía (se crea el INDABIN, con el ánimo de contar con avalúos y reglas claras para adquisición y hasta expropiación de predios, como medida extrema).

-Auditoría técnica y financiera de los procesos de ejecución de obras

-Reglas para la formulación de bases de licitación y presentación de ofertas técnico-económicas.

-Alcances y términos de referencia para la elaboración de proyectos de toda índole.

-Modelos de contratación

-Mecanismos para la formulación para la adjudicación de contratos: 

-Por asignación directa

-Licitación publica

-Análisis de al menos tres propuestas

-Precio alzado

-Llave en mano

-Etc.

Atención a los retrasos de obra

Si no se planean las obras, su inversión, sus fuentes de financiamiento y si no se cuenta con planes y proyectos, todas las obras públicas y privadas caen en retrasos.

Si el gobierno federal quiere que sus obras se ejecuten en tiempo y costo, no puede, a más de dos años de iniciadas sus obras de infraestructura, ocultar la falta de cumplimiento en sus tiempos y costos –que lo han hecho enfrentar una ola de amparos, quejas y obstáculos físicos– a través de un decreto como el del 22 de noviembre y todo porque se “lanzo” a ejecutarlas sin cumplir las reglas más elementales construidas, insisto, en un proceso que data de 40 años.

Reglas básicas

-Cito algunas regulaciones elementales a cumplir antes de iniciar cualquier proceso de construcción.

-Contar con estudios de costo-beneficio aprobados por a la unidad de Inversión de la SCHP.

-Manifestación de impacto ambiental validado por la SEMARNAT.

-Estudios de impacto urbano-regional validados por SEDATU y/o SCT y en su caso por el Gobierno del Estado del que se trate.

-Haber realizado las consultas públicas para desahogar la inquietud de los ciudadanos.

-Acreditar ser propietario del predio o del derecho de vía necesario.

Los permisos provisionales como mecanismo de solventación

Es inaceptable que cualquiera de los tres órdenes de gobierno, en el ánimo de no entorpecer el avance de sus obras, recurra a una figura tan absurda.

A ningún constructor que tenga un contrato de obra pública se le autoriza a iniciar siquiera, si no cumple con las leyes, normas y reglamentos y por el contrario, a través de los contratos se le aplican retenciones o sanciones de índole administrativos y hasta penal, pasando por supuesto por la figura de la rescisión administrativa del contrato y la cobranza de daños y perjuicios, haciendo efectivas entre otras, las fianzas otorgadas como garantía de cumplimiento y ejercicio transparente de los recursos recibidos.

El impacto urbano y regional

Obras como “el Tren Maya “, el Ferrocarril Transístmico, la Refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucia, tienen en común denominador: Todos generan un profundo e irreversible impacto regional.

Esto significa que serán factor para impulsar el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, que, sin planeación, harán que:

-Dos Bocas se convierta en un nuevo y catastrófico Minatitlán.

-El Aeropuerto integre a una nueva población en su entorno que demanda suelo, servicios, vivienda, infraestructura y equipamiento.

 

¿Alguien ha visto el plan de centro de población? ¿Se ha hecho algo para impulsarlo?

El Tren Maya, es hoy causa de controversia ambiental y social. Se estima que, a lo largo de sus casi 1600 km de recorrido con sus 19 estaciones y 11 paradas, impactará en los cinco Estados del sureste que toca, ciudades de diversos tamaños y poblaciones rurales que en teoría serán detonadores del desarrollo regional. Sin embargo, hoy, la cuantificación, efectos y dimensión del impacto se desconoce. Lo tendrá desde el punto de vista ambiental, económico, social y hacerlo sobre la base de permisos provisionales, donde los costos previstos de origen se han incrementado drásticamente, no es un buen presagio para el desarrollo regional, ni urbano…

Del Tren Transístmico no hablo, porque en tanto no se conozcan los planes y proyectos para fortalecer los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos no hay mucho que decir

Apelar a la “seguridad Nacional” para ocultar información, actuar sin cumplir con la ley y la normatividad es sin duda el mejor camino para construir “inseguridad regional, suspicacias y corrupción”.

Comentarios


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Estado de excepción en El Salvador

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