El mismo presidente lo reconoció en días recientes: no le dará tiempo para desaparecer a los organismos autónomos, aunque sí les reducirá el presupuesto para bloquear su operación. En los hechos López Obrador no ha podido reducir el presupuesto de estos organismos como quiere porque la burocracia de Morena, que se nutrió casi totalmente del PRD y PT, más algunos del PRI y el PAN, tienen intereses muy arraigados en todas estas estructuras.
Aun cuando haya reducción del presupuesto, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los de Energía, el Banco de México y más, será casi imposible evitar la emisión de información y las capacidades legales de estos organismos, a los que el presidente considera como objetivo de su proceso de transformación.
La reducción de más de 8 mil millones afectará la operación, pero en realidad no va más allá de un ajuste, muy alejado por cierto de los sacrificios que tuvieron que hacer las empresas y otros sectores afectados por la pandemia; sin embargo, el Ejecutivo no baja la guardia en descrédito contra estos los organismos.
El INE se llevó la peor parte con cerca de 5 mil millones de reducción, pero otros no van a poder. El proyecto de presupuesto 2022 para el Poder Legislativo es reducirlo en 2.3% en términos reales, con respecto al monto aprobado en 2021, al solicitarse un monto para el próximo año de 15 mil 12 millones de pesos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el decremento es de 1.1%, para quedar en mil 722 millones de pesos. La solicitud presupuestal para la Cofece es de una reducción de 0.8% en términos reales, al solicitar al Congreso y quedará en $616 millones 125 mil. Mientras que para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la propuesta es otorgarle mil 560 millones de pesos, -0.4% menos que el presupuesto aprobado para 2021. No obstante lo anterior, se aumentaron en pequeños porcentajes el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Fiscalía General de la República.
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