Todo lo que reprobó el actual presidente sobre la operación de las Fuerzas Armadas en la población civil, en el sexenio de Felipe Calderón, en poco tiempo llegó al mismo punto.
En los estados de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa y Guanajuato se acumulan las denuncias en organismos estatales de Derechos Humanos, ya que la CNDH a cargo de Rosario Piedra Ibarra puede considerarse fuera de operación.
La ejecución de 12 civiles en Nuevo Laredo Tamaulipas, el 3 de julio, a manos del Ejército, es la confirmación de un secreto a voces, pero esta vez fue videograbada con la fuerte consigna de ejecutar a un presunto sicario que quedó vivo: “Está vivo, mátalo, mátalo a la ver…”.
Human Rigths Watch reportó que de enero y julio de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 241 quejas de este tipo. Este problema se incrementará a medida en que el presidente publicó el decreto mediante el cual el Ejército y la Marina serán parte operativa en apoyo a la Guardia Nacional.
La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México señaló: “Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de la SEDENA son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos”.
“Estos hechos evidencian la importancia de que el despliegue de las Fuerzas Armadas ocurra en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo establece la Constitución”, concluyó.
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