LO INÚTIL NOS CUESTA

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21 de junio, 2021 LO INÚTIL NOS CUESTA

El 1 de julio de 2018, además de elegirse al actual titular del Ejecutivo, también se conformó el nuevo Congreso de la Unión. MORENA y sus aliados obtuvieron la mayoría en ambas Cámaras para aprobar cualquier tipo de ley general, mas no así para aprobar reformas a la Constitución. En ambas cámaras, que unidas conforman al Congreso de la Unión, con la mayoría referida se han promulgado varias leyes a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gran parte de esas reformas, que se presentaron como fundamentales para el actual gobierno, han sido declaradas inconstitucionales o se encuentran en vía de serlo al haberse admitido varios amparos en los que se han concedido suspensiones provisionales e incluso definitivas para que tales normas no surtan efectos jurídicos.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 5 de noviembre de 2018, respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de varios de sus artículos por ser contrarios a nuestra Carta Magna. Además se declaró la invalidez de disposiciones del entonces Código Penal Federal, que consideraba como delito “la remuneración ilícita”, tema íntimamente relacionado con la Ley aquí mencionada. 

Otro ejemplo es la reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del año 2021. Esta reforma evidentemente pretende regresar al Estado el monopolio de las actividades de ese sector energético, con o cual se afecta a la inversión privada, y más grave aún, al medio ambiente por privilegiar el uso de combustibles fósiles en lugar de energías limpias, lo que necesariamente perjudicará a la población tanto en su salud como en el costo de los insumos eléctricos. 

Respecto de esta Ley, los jueces competentes para conocer de los amparos promovidos en contra de las reformas a diversos artículos, a saber, los Jueces de Distrito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, licenciados Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López, han concedido suspensiones valientes y definitivas a los solicitantes de amparo para que no se apliquen dichas reformas. Y en su momento dictarán sentencias definitivas en las que seguramente concederán los amparos por la violación flagrante a la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos.

Sobre estas reformas, ambos jueces otorgaron suspensiones con efectos generales para que no se apliquen las reformas; advirtieron que los efectos de esa ley pueden ser muy graves y perniciosos, tanto para la población en su salud como de efectos nocivos y devastadores en la economía de los inversionistas, así como por la ilegal posibilidad de devolverle al Estado el monopolio en ese sector. Cabe destacar que las suspensiones otorgadas protegen inclusive a quienes no hayan presentado demanda de amparo. Es una decisión novedosa y, reitero, valiente en nuestro Derecho, ya que se sostiene en la ponderación o valoración que hicieron los jueces de amparo para proteger no nada más a los demandantes sino también al pueblo en general, al sector inversionista y al medio ambiente, bajo las premisas de sustentabilidad ecológica y económica. Por lo anterior, resolvieron suspender la aplicación de los artículos reformados, considerando que existía una manifiesta violación a nuestro máximo marco legal (artículos 25, 27 y 28 constitucionales). 

Lo mismo sucedió con las reformas a diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de mayo del año 2021, en el que también se han otorgado suspensiones con los mismos efectos generales y bajo razones similares por los Jueces antes mencionados.




Y qué decir de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que, además, de no moverle a la iniciativa “ni una coma”, tal y como les ordenó el presidente López Obrador a sus legisladores (subrayo la palabra “sus”), atendiendo a la incondicionalidad con la que cumplen los del partido del poder las instrucciones presidenciales, en una jugada desaseada, por no decir cochina, introdujeron un artículo transitorio, el décimo tercero, por el que se amplía el periodo en que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, debe durar en su cargo. Esto implica que en lugar de concluir el 31 de diciembre de 2022 como se lo ordena la Constitución, ahora, con ese transitorio terminaría dos años después, es decir, en diciembre de 2024, coincidiendo con los tiempos en el que el titular del Ejecutivo debe concluir su cargo. Por cierto, no solo se le amplió el plazo al ministro presidente, sino también a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

Bueno, pues esta reforma, específicamente en cuanto al artículo décimo tercero transitorio, es a todas luces inconstitucional, contraviniendo el Artículo 97 de nuestra Ley Fundamental, que establece un periodo como presidente de la SCJN de cuatro años, plazo que al concluir da lugar al nombramiento del sucesor, sin posibilidad expresa de reelección inmediata del saliente.

La “Ley Zaldívar”  es nombrada así en razón de que el presidente ha manifestado que solo el ministro Zaldívar es capaz de implementar las reformas a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, denostando así a los restantes diez ministros que componen nuestro Máximo Tribunal, tachándolos de ineptos, incapaces y hasta corruptos, si “se atreven” a no votar en favor de la ampliación del plazo.

Ante la fuerte crítica de la mayoría de los sectores sociales, políticos y económicos, se ha promovido una acción de inconstitucionalidad por una fracción de oposición del Senado de la República. A su vez, la Suprema Corte ha iniciado un procedimiento denominado “Consulta a Trámite” para que a la brevedad, los once ministros que componen el Pleno de ese Máximo Tribunal resuelvan si la “Ley Zaldívar” debe acatarse o no.

Asimismo, en los últimos días, nuestro más alto tribunal ha declarado la invalidez de diversos artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en fecha 9 de agosto del año 2019, la cual es contraria al espíritu constitucional que, si bien prevé dicha figura, que tiene por objeto que los bienes y derechos de las personas pasen a dominio del Estado cuando no se pueda acreditar su legítima procedencia y estén relacionados con los delitos que menciona la propia Constitución (Artículo 22), no permite que se afecten la propiedad y derechos del gobernado por otras causas diversas, como sí lo permitía inconstitucionalmente esta Ley.

También hay otras reformas  que resultan a todas luces inconstitucionales, como aquella en que se ordena sean tomados y registrados nuestros datos biométricos ante los concesionarios de servicios telefónicos, aprobada por los Diputados y Senadores de MORENA y sus aliados. Ante tal situación ya han sido promovidos amparos y acciones de inconstitucionalidad. 

Y no sólo ello, sino que además el Máximo Órgano del Poder Judicial, a quien le corresponde el control constitucional y de equilibrio entre todos los Poderes de la Unión, le ha instruido al Congreso que cumpla con la orden del Constituyente, éste es el Congreso por mayoría de sus dos terceras partes más la votación favorable de la mayoría de las legislaturas de los estados de la Federación, para que emita un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En efecto, el Congreso, en su mayoría integrado por Diputados y Senadores del partido oficialista y sus aliados, ha incumplido con su trabajo legislativo y ha omitido crear dicha Ley procesal, no obstante que tenían la obligación constitucional de emitirla en un plazo fatal que concluyó en marzo de 2018. Ante la grave omisión, la SCJN le ordenó a ambas Cámaras que hicieran su trabajo y emitieran esta ley que resulta necesaria para que en todas las entidades federativas se lleven a cabo los mismos procedimientos para impartir justicia, de aquélla que se conoce como cotidiana en materia civil y familiar. 

En suma, legislan mal, en contra de preceptos claros de la Constitución; hacen un trabajo deplorable y, a veces, ni siquiera lo hacen, es decir, omiten por completo crear las leyes que nuestra propia Carta Magna les ordena. Para eso están y no lo hacen.

Me pregunto sobre el inútil trabajo legislativo del Congreso de la Unión y las fútiles iniciativas de reformas, una gran parte de ellas presentadas por el titular del Ejecutivo con la orden a los legisladores de que las aprueben “sin moverles una sola coma”. Todo esto nos cuesta y bastante a los habitantes de este país, por la pérdida de tiempo en su preparación, propuesta, estudio (?), discusión, aprobación y promulgación, sin ningún resultado ni beneficio para el pueblo que les paga sus salarios. Empleados así, cuya función es inútil y que además nos cuestan mucho, no deberían mantener sus cargos. 

Comentarios
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Fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox y aspirante frustrado para ser candidato a la presidencia de su partido, cuando Felipe Calderón le ganó la partida. Entre “sus logros” promulgó en septiembre de 2004, el “Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos”. De esa manera, se dio un empujón para que pudieran tolerarse los “casinos” que operan por montones en todo el territorio nacional, cuando, en mi opinión, se debieron organizar de otra forma: creando una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos, como ahora, desde la secretaría de Gobernación, se está gestando. Urge una Ley que regule esta importante actividad para evitar la discrecionalidad con la que ahora operan estos negocios. En cuanto a la industria hípica, el “reglamento” sirvió para concebir un multimillonario negocio particular ―una simulación perfecta― en perjuicio de la Industria Hípica de carreras de caballos, pues se dejó en manos de particulares su vigilancia y regulación y el plan, se puede presumir, se ejecutó a la perfección. Hasta el día de hoy así operan. La singular historia, desde la obtención del permiso y el otorgamiento de la concesión de este inmueble del dominio público –plagada de componendas–. es como sigue: Otorgado el permiso a Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V, (AMH) el 12 de septiembre de 1997, la nueva permisionaria ofreció su primera función el 20 de noviembre de 1999, bajo la supervisión de la “COMISIÓN NACIONAL DE CARRERAS DE CABALLOS Y DE GALGOS”, cuyo presidente era el MVZ Carlos Guzmán Clark, designado por el titular de Gobernación, Diodoro Carrasco, a finales del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. A finales de abril de 2001, cuando se inauguró el “Hipódromo Guadalajara” ―en el que colaboré―, Carlos Guzmán Clark, continuó al frente de la COMISIÓN NACIONAL. Llama la atención que el exdirector de la Dirección de Juegos y Sorteos, Lic. Luis I. Quintana Rosas era el secretario y sorprende aún más, que el Ing. José Manuel Alavez González era el Tesorero. El desaparecido Alavez ya era el mandamás de la operación hípica, pues era el brazo derecho del Alejandro Soberón Kuri, el CEO de CIE, la “holding” de AMH. Probablemente hasta era su socio. Atentos al programa de carreras del Hipódromo de las Américas, del 30 de mayo de 2004, Santiago Creel ya había designado a un nuevo presidente de la COMISIÓN NACIONAL DE CARRERAS DE CABALLOS y DE GALGOS. El nombramiento recayó en el Lic. Manuel I. Pacheco Hinojosa, quien era “muy su amigo”, desde jóvenes. Curiosamente, en el mismo Programa Oficial de Carreras, el presidente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Hípica Mexicana, A.C., era el extesorero de la COMISIÓN NACIONAL, el Ing. José Manuel Alavez González, quien como dije, fue el jefe de todas las operaciones del Hipódromo de las Américas, hasta su fallecimiento en 2020. En el mencionado Reglamento, se creó la extraña figura de “Órgano Técnico de Consulta” y a su vez, se abrogó el “Decreto por el que se crea la COMISIÓN NACIONAL DE CARRERAS DE CABALLOS Y DE GALGOS”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1974. Como se puede leer en la escritura # 113,061 del 10 de octubre de 2014, el Órgano Técnico de Consulta (OTC) bautizado como COMISION MEXICANA DE CARRERAS DE CABALLOS y DE GALGOS, A.C., estaba integrada por la “Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Hípica Mexicana, A.C.”; la “Asociación Nacional de la Industria del Entretenimiento, A.C.” (ANIE) y el mismo licenciado Manuel Ignacio Pacheco Hinojosa. En la página oficial de la CANIE (Cámara Nacional de la Industria del Entretenimiento), se puede comprobar que el Ing. José Manuel Alavez González era su presidente, lo que hacer suponer que había un leve contubernio con la ANEI. Así pues, las dos Asociaciones Civiles descritas con anterioridad y Manuel I. Pacheco eran los “socios” –y no es difícil suponer que siguen siendo–. Así conforman el OTC registrado ante la Secretaría de Gobernación, o sea, la COMISIÓN MEXICANA. Todo ello en clara contradicción a lo que ordena el artículo 47 del Reglamento, en donde en el OTC no están incorporados “como asociados a la mayoría de los participantes en las carreras de caballos…”. Es importante señalar que, por muchos años, la “Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Hípica Mexicana, A.C., era la que autorizaba, emitía y cobraba las licencias para participar en cualquier actividad dentro del Hipódromo de las Américas, función que ahora desempeña la COMISIÓN MEXICANA. No se necesita ser un genio para deducir por donde iba el plan, controlar todo el negocio, que hasta hoy día ha resultado exitoso, para sus bolsillos. Por lo expuesto y relatado me parece que lo descrito es una demostración de cómo se organizó ―desde el poder― una perfecta simulación, entre los funcionarios de la permisionaria y los servidores públicos de aquel entonces que tienen nombre y apellido: Por un lado, Santiago Creel Miranda y Luis I. Quintana Rosas y por el otro lado, el Ing. Jose Manuel Alavez González y el Lic. Manuel I. Pacheco Hinojosa que son los propietarios de la Asociación Civil denominada “COMISIÓN MEXICANA DE CARRERAS DE CABALLOS Y DE GALGOS, A.C.”, la cual manejan a su antojo y con la discrecionalidad que les es permitida por lo nebuloso del propio reglamento.  El hecho es que la COMISIÓN MEXICANA tiene firmado un contrato con AHM, la empresa permisionaria, por 25 millones de pesos anuales, (entre otros ingresos), con los que supongo se deben pagar los exámenes antidoping ―que muchas personas dentro del medio hípico juran que ni se hacen― y pagan también, la nómina de sus doce empleados (incluyendo a los señores árbitros). Haciendo números, pues sí, el señor Manuel I. Pacheco Hinojosa pudiera tener un buen negocio, y por lo mismo, se pudiera sospechar que el creador del “sospechosismo”, el futuro diputado Santiago Creel Miranda, le pudiera tocar una tajada, si no, para qué son los amigos. ¿Qué tendrá qué decir el futuro diputado…? LEE El LXXV Stakes Jockey Club Mexicano… | Ruiz-Healy Times (ruizhealytimes.com)" ["post_title"]=> string(64) "Santiago Creel Miranda y sus Amigos… ¿Qué Tendrá que Decir?" 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Lo cierto es que, ante lo novedoso de la situación actual y la monumental incertidumbre que nos depara el futuro, los relatos existentes acerca del ser humano, su origen y destino, así como su relación con el entorno, han sido muy útiles para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, pero no lo son tanto para explicar lo que sigue en el camino por la sencilla razón de que muchas variables se han alterado y hoy enfrentamos tiempos inéditos. Inéditos por muchas razones: nunca habíamos vivido de forma consciente una crisis realmente global, que afectara por igual a países ricos que pobres y que además catalizó los problemas globales convirtiéndolos en ineludibles. Resulta sorprendente la aparición de la Era Covid, que como dice Bruno Latour, es un ensayo general antes de afrontar seriamente y de manera universal los problemas ambientales y sociales en que ya estábamos inmersos, pero que no terminábamos de entender desde su carácter global. 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A lo que me refiero es a que, tras la pandemia y el cese casi universal de actividades por un periodo de tiempo tan largo las instituciones y los sistemas políticos, económicos y sociales que nos han regido hasta ahora quedarán profundamente trastocados.   Habrá tantas prácticas habituales que resultarán obsoletas, descubriremos tantas dinámicas ordinarias que serán tan difíciles de restituir, que será indispensable repensar y resignificar nuestros conceptos de seguridad, de salud, de ahorro, de empleo, de consumo, de política pública, de vivienda, de ocio, de interacción social, solo por citar algunos.  Por eso, cuando hablo de la necesidad de crear nuevas narrativas de forma consciente, no me refiero a abstracciones o mitos fantásticos o quiméricos, sino a discursos que, tras asimilar la nueva realidad post-pandemia, respondan a preguntas del tipo: ¿Cuál es el papel que debe ocupar el Estado? ¿Cómo y dónde se consiguen los recursos para que éste lleve a cabo su función? ¿Qué tipo de economía queremos tener? ¿A qué servicios públicos debe tener derecho todo el mundo? ¿Qué entendemos por solidaridad y cómo se equilibra el bien común con los anhelos individuales? ¿Qué, de todo lo que solemos comprar, realmente lo necesitamos? ¿Hay vidas humanas más valiosas que otras? ¿De qué nos sirven los avances tecnológicos –por ejemplo, en la ciencia médica– si no están al alcance de todos? ¿Qué tan importante es el contacto humano presencial? ¿Cómo me inserto yo, en tanto individuo, en esa nueva realidad que parece emerger? Y esto solo por poner unos ejemplos, pero hay muchísimas más preguntas que debemos replantearnos para decidir qué clase de mundo deseamos construir cuando la emergencia pase. De la respuesta que les demos surgirán esas nuevas narrativas a las que me refiero.  Esta necesidad de replanteárnoslo todo –porque no se trata de cuestiones nuevas, sino de los mismos temas humanos de siempre, pero deliberados desde una nueva perspectiva– pasa por todos los ámbitos de la existencia. La situación actual no solo nos invita, nos obliga a repensarnos, redefinirnos y encontrar nuevas formas de estar en el mundo que nos permitan continuar existiendo y desarrollándonos, pero de una manera más holística y sustentable en relación con todos los sistemas, tanto humanos como planetarios, en que estamos inmersos: económico, social, político, relacional, ecológico, etc.    Web: www.juancarlosaldir.com Instagram:  jcaldir Twitter:   @jcaldir    Facebook:  Juan Carlos Aldir LEA: Las narrativas Fundacionales: Universos que envejecen | Ruiz-Healy Times (ruizhealytimes.com)" ["post_title"]=> string(54) "Las Narrativas: Cosmovisiones en colisión y encuentro" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(52) "las-narrativas-cosmovisiones-en-colision-y-encuentro" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2021-06-25 07:49:51" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2021-06-25 12:49:51" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://ruizhealytimes.com/?p=67302" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } } ["post_count"]=> int(2) ["current_post"]=> int(-1) ["in_the_loop"]=> bool(false) ["post"]=> object(WP_Post)#17858 (24) { ["ID"]=> int(67828) ["post_author"]=> string(2) "55" ["post_date"]=> string(19) "2021-07-08 10:43:49" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2021-07-08 15:43:49" ["post_content"]=> string(8547) "Santiago Creel Miranda fue electo diputado federal (plurinominal) para la próxima legislatura (2021-2024). Fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox y aspirante frustrado para ser candidato a la presidencia de su partido, cuando Felipe Calderón le ganó la partida. Entre “sus logros” promulgó en septiembre de 2004, el “Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos”. De esa manera, se dio un empujón para que pudieran tolerarse los “casinos” que operan por montones en todo el territorio nacional, cuando, en mi opinión, se debieron organizar de otra forma: creando una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos, como ahora, desde la secretaría de Gobernación, se está gestando. Urge una Ley que regule esta importante actividad para evitar la discrecionalidad con la que ahora operan estos negocios. En cuanto a la industria hípica, el “reglamento” sirvió para concebir un multimillonario negocio particular ―una simulación perfecta― en perjuicio de la Industria Hípica de carreras de caballos, pues se dejó en manos de particulares su vigilancia y regulación y el plan, se puede presumir, se ejecutó a la perfección. Hasta el día de hoy así operan. La singular historia, desde la obtención del permiso y el otorgamiento de la concesión de este inmueble del dominio público –plagada de componendas–. es como sigue: Otorgado el permiso a Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V, (AMH) el 12 de septiembre de 1997, la nueva permisionaria ofreció su primera función el 20 de noviembre de 1999, bajo la supervisión de la “COMISIÓN NACIONAL DE CARRERAS DE CABALLOS Y DE GALGOS”, cuyo presidente era el MVZ Carlos Guzmán Clark, designado por el titular de Gobernación, Diodoro Carrasco, a finales del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. A finales de abril de 2001, cuando se inauguró el “Hipódromo Guadalajara” ―en el que colaboré―, Carlos Guzmán Clark, continuó al frente de la COMISIÓN NACIONAL. Llama la atención que el exdirector de la Dirección de Juegos y Sorteos, Lic. Luis I. Quintana Rosas era el secretario y sorprende aún más, que el Ing. José Manuel Alavez González era el Tesorero. El desaparecido Alavez ya era el mandamás de la operación hípica, pues era el brazo derecho del Alejandro Soberón Kuri, el CEO de CIE, la “holding” de AMH. Probablemente hasta era su socio. Atentos al programa de carreras del Hipódromo de las Américas, del 30 de mayo de 2004, Santiago Creel ya había designado a un nuevo presidente de la COMISIÓN NACIONAL DE CARRERAS DE CABALLOS y DE GALGOS. El nombramiento recayó en el Lic. Manuel I. Pacheco Hinojosa, quien era “muy su amigo”, desde jóvenes. Curiosamente, en el mismo Programa Oficial de Carreras, el presidente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Hípica Mexicana, A.C., era el extesorero de la COMISIÓN NACIONAL, el Ing. José Manuel Alavez González, quien como dije, fue el jefe de todas las operaciones del Hipódromo de las Américas, hasta su fallecimiento en 2020. En el mencionado Reglamento, se creó la extraña figura de “Órgano Técnico de Consulta” y a su vez, se abrogó el “Decreto por el que se crea la COMISIÓN NACIONAL DE CARRERAS DE CABALLOS Y DE GALGOS”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1974. Como se puede leer en la escritura # 113,061 del 10 de octubre de 2014, el Órgano Técnico de Consulta (OTC) bautizado como COMISION MEXICANA DE CARRERAS DE CABALLOS y DE GALGOS, A.C., estaba integrada por la “Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Hípica Mexicana, A.C.”; la “Asociación Nacional de la Industria del Entretenimiento, A.C.” (ANIE) y el mismo licenciado Manuel Ignacio Pacheco Hinojosa. En la página oficial de la CANIE (Cámara Nacional de la Industria del Entretenimiento), se puede comprobar que el Ing. José Manuel Alavez González era su presidente, lo que hacer suponer que había un leve contubernio con la ANEI. Así pues, las dos Asociaciones Civiles descritas con anterioridad y Manuel I. Pacheco eran los “socios” –y no es difícil suponer que siguen siendo–. Así conforman el OTC registrado ante la Secretaría de Gobernación, o sea, la COMISIÓN MEXICANA. Todo ello en clara contradicción a lo que ordena el artículo 47 del Reglamento, en donde en el OTC no están incorporados “como asociados a la mayoría de los participantes en las carreras de caballos…”. Es importante señalar que, por muchos años, la “Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Hípica Mexicana, A.C., era la que autorizaba, emitía y cobraba las licencias para participar en cualquier actividad dentro del Hipódromo de las Américas, función que ahora desempeña la COMISIÓN MEXICANA. No se necesita ser un genio para deducir por donde iba el plan, controlar todo el negocio, que hasta hoy día ha resultado exitoso, para sus bolsillos. Por lo expuesto y relatado me parece que lo descrito es una demostración de cómo se organizó ―desde el poder― una perfecta simulación, entre los funcionarios de la permisionaria y los servidores públicos de aquel entonces que tienen nombre y apellido: Por un lado, Santiago Creel Miranda y Luis I. Quintana Rosas y por el otro lado, el Ing. Jose Manuel Alavez González y el Lic. Manuel I. Pacheco Hinojosa que son los propietarios de la Asociación Civil denominada “COMISIÓN MEXICANA DE CARRERAS DE CABALLOS Y DE GALGOS, A.C.”, la cual manejan a su antojo y con la discrecionalidad que les es permitida por lo nebuloso del propio reglamento.  El hecho es que la COMISIÓN MEXICANA tiene firmado un contrato con AHM, la empresa permisionaria, por 25 millones de pesos anuales, (entre otros ingresos), con los que supongo se deben pagar los exámenes antidoping ―que muchas personas dentro del medio hípico juran que ni se hacen― y pagan también, la nómina de sus doce empleados (incluyendo a los señores árbitros). Haciendo números, pues sí, el señor Manuel I. Pacheco Hinojosa pudiera tener un buen negocio, y por lo mismo, se pudiera sospechar que el creador del “sospechosismo”, el futuro diputado Santiago Creel Miranda, le pudiera tocar una tajada, si no, para qué son los amigos. ¿Qué tendrá qué decir el futuro diputado…? 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Santiago Creel Miranda y sus Amigos… ¿Qué Tendrá que Decir?

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