Línea 12 del Metro, Investigación del NYT

El domingo pasado, el diario The New York Times publicó una investigación sobre las fallas en la construcción de la Línea 12 del Metro. Su investigación se basa en documentos gubernamentales a los que han tenido acceso...

16 de junio, 2021

Kenia López Rabadán

Línea 12 del Metro, Investigación del NYT

El domingo pasado, el diario The New York Times publicó una investigación sobre las fallas en la construcción de la Línea 12 del Metro. Su investigación se basa en documentos gubernamentales a los que han tenido acceso durante estos años, entrevistas con quienes trabajaron en la construcción, así como un análisis realizado por ingenieros sobre fotografías tomadas en el accidente.

Dentro de los hallazgos de este trabajo periodístico destacan:

premura en la entrega de la obra antes de culminar el mandato del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón;
la construcción inició antes de contar con un proyecto ejecutivo completo, por lo que los planos se fueron haciendo conforme se avanzaba en los trabajos;
hubo recortes en el presupuesto por lo que se decidió por un tramo subterráneo y otro elevado;
la certificación de la obra se dio una hora antes de su inauguración;
después del terremoto de 2017, una inspección detectó fallas en la construcción original como vaciado incorrecto de concreto y componentes de acero faltantes;
los trenes no eran compatibles con los rieles, lo que produjo golpeteo y torceduras en las vías;
la incompatibilidad entre las ruedas y los rieles causó que se reemplazaran más de 800 metros de rieles semanas antes de que el metro empezara a transportar pasajeros;
la cantidad de balasto o grava que sujetaba y sellaba la estructura en su emplazamiento era insuficiente en extensos tramos de la vía;
los durmientes, los soportes horizontales bajo los rieles, presentaban grietas, fisuras y señales de fabricación o instalación deficiente;
fotografías tomadas por el diario muestran que la soldadura fue deficiente de los pernos metálicos que soportan la estructura;
no se retiraron los anillos de cerámica de los pernos, lo que impidió que se unieran de forma correcta con las losas de concreto.

Por su parte, el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard señaló que “los detalles observados” durante la construcción no afectaron su operación, sosteniendo que fue un problema de mantenimiento, sobre todo, después del terremoto del 2017.

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Mexicano”, se corrió en la primera carrera del programa ofrecido el sábado 26 de junio por Administradora Mexicana de Hipódromo y, aunque se enojen conmigo los directivos de la permisionaria por mi crítica, ofrecerlo desde la primera carrera es una bofetada ―un desprecio más― a la tradición de las carreras de caballos Pura Sangre en el país. Es por esto y muchas cosas más que nuestra hípica va en picada. Entiendo perfectamente que la labor del secretario de carreras es colocar en las primeras carreras del programa aquellas que tengan menos participantes, pues el público aficionado llega tarde y el monto generado en la apuesta es escaso. En efecto, según el chart de la carrera, el handle fue de solo 23 mil pesos; una bicoca. Me comentaron que la empresa ni siquiera quería ofrecer la carrera. De hecho, en el XXIV AQHA Derby Challenge que se corrió al día siguiente, también solo hubo tres participantes y el handle llegó apenas a 20 mil pesos (el handle es el total de dinero apostado). Con solo tres intereses y cuatro caballos ―dos importados y dos mexicanos―, el Stakes Jockey Club resultó una auténtica parejera entre los gringos, desde que saltaron del partidero, en una carrera electrizante. Finalmente ganó Mi Vecino por un pelo de rana calva, pues en el cabezazo final, la cámara de meta lo pudo captar como el ganador. Siempre he pensado que, en esas carreras tan cerradas, la imaginaria línea de meta debería ser muy gruesa y se hubiera declarado un empate. ¡Qué carrera tan emocionante! Qué decir del premio de solo 303 mil pesos, del que los caballistas aportaron el 40% y este año no contaron con la tradicional aportación que hacía el Jockey Club Mexicano al premio, pues también debe estar quebrado. Alguna vez, quien esto escribe tenía un porcentaje sobre un caballo Pura Sangre –Charming Man– gracias a la generosidad de mi socio Guillermo Castañeda, dueño de la Cuadra Celeste. Ganamos el Stakes. El premio fue de 150 mil pesos, pero eso fue hace 28 años ―que bien podrían ser millón y medio de pesos en estos tiempos―. Los caballistas entonces solo aportábamos el 15% del total. Vaya que los tiempos han cambiado. Precisamente en la reunión que organizó la Dirección General de Juegos y Sorteos, el pasado 23 de junio, cuyo objetivo fue conocer qué pasa en nuestra planta hípica, los representantes de los actores de la Industria Hípica expresamos nuestras quejas y propuestas, ya que ha habido muchos reclamos y hasta demandas judiciales en cuanto al funcionamiento de las carreras de caballos. Estuvimos las agrupaciones representativas de los caballistas y criadores, los tres directivos más importantes de la empresa permisionaria y el secretario ejecutivo de la Comisión de Carreras, en un diálogo franco y respetuoso. Principalmente se trataron los temas de antidoping ―fundamental para que haya transparencia en la competencia―, del mantenimiento de las instalaciones, y, principalmente, la demanda de que haya buenos premios que son, a todas luces, insuficientes. ¡No puede haber hípica sana sin buenos premios y sin una autoridad hípica confiable! 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No puedo dejar de insistir, la empresa permisionaria no ha cumplido con el permiso que tienen. 15 días antes de que terminara el corrupto sexenio de Enrique Peña Nieto, lograron prorrogar 15 años su permiso, con el pretexto de que iban a construir un hotel ―que no construyeron en 22 años―. Basta decir que al director de Juegos y Sorteos de aquel entonces ―Mr. Cayetano― lo inhabilitaron un año por otorgar un permiso fuera de sus facultades y en contra de lo que manda el permiso. Los continuos problemas financieros de la empresa han evitado que tengamos un Hipódromo como lo merece la capital de todos los mexicanos. Tengan por seguro que, si la empresa no cumple pronto, la revocación de su permiso es inminente. Tendremos que colaborar con ellos. Las críticas que hago son constructivas. ¿Harán caso?" 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En este sentido, es de precisar que a pesar de que se encuentran tipificadas las diferentes conductas y modalidades de trata, las cuales tienen consignadas sanciones severas, no es suficiente para su combate y erradicación, toda vez que en nuestros días a nivel federal y estatal aún existen importantes vacíos y contradicciones normativas que impiden la adecuada investigación y sanción de este delito. De ahí que la realidad continúa siendo desgarradora. Tenemos que reconocer que no basta con la tipificación del delito, pues es imprescindible que las acciones llevadas a cabo por los policías, ministerios públicos e impartidores de justicia sean eficientes y efectivas, lo que exige en primer lugar, una reingeniería al marco jurídico en la materia. En segundo lugar y como lo he repetido en distintos espacios, la Ley es de vital importancia, pero no lo es todo. El problema es estructural y está cruzado por múltiples complicidades que derivan en un delito trasnacional con diversos modos comisivos y cada vez más sofisticados. Los clientes forman parte de nuestra sociedad y determinan la magnitud del ilícito; en otras palabras, la demanda de seres humanos en calidad de mercancía determina la oferta. En este sentido, los consumidores pueden estar en cualquier lugar: en nuestra colonia, trabajo o familia, pueden pasar desapercibidos ocultándose bajo la careta de personas “normales” e incluso su conducta puede ser conocida por sus círculos cercanos, cuyos integrantes, a manera de observadores o cómplices silenciosos por omisión, dejan que sucedan delitos aberrantes haciéndose de la vista gorda. Por eso es que la norma jurídica debe estar concebida desde un nuevo paradigma y, el delito, consignado exclusivamente en el Código Penal Federal para evitar la dispersión normativa y su falta de aplicación, lo que implicaría derogar cualquier disposición contraria para hacer de la norma penal sustantiva un mandato ineludible. Una vez más, insisto en que la trata de personas debe ser elevada a rango constitucional por su magnitud, daño e implicaciones, ya que esta conducta ilícita ha sido reconocida internacionalmente como un tipo de esclavitud moderna. Abordar el tema en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permitiría visibilizar y atender el delito desde todos sus ámbitos y enfrentar la indiferencia hacia sus diferentes tipos, la cual subsiste con igual crueldad que la conducta primigenia. Pensemos, por ejemplo, en las muchas acciones que se tendrían que instrumentar si la Ley Fundamental ordenara que, al igual que la esclavitud, está prohibida la trata de personas; y que las víctimas gozarán de toda la protección del Estado, garantizándoles acceso rápido a la justicia, una integral reparación de los daños y perjuicios por parte de sus victimarios, asesoría jurídica, atención médica y psicológica gratuita, así como el derecho a permanecer en albergues o refugios temporales hasta que puedan reincorporarse a la sociedad plenamente. Elevar el delito de trata de personas a nivel constitucional, posibilitaría que su mandato se cumpla, que caiga todo el peso de la Ley sobre los tratantes, que se castigue con mayor severidad a los clientes y que se otorgue la debida atención a las víctimas. Pero, sobre todo, permitiría aceptar y enfrentar una realidad concreta, indignante y alarmante, usando toda la fuerza del Estado y de la comunidad internacional, ya que es un delito que se resiente a escala global y que requiere ampliar y fortalecer los mecanismos de cooperación para investigar y sancionar la trata de personas, así como brindar refugio y seguridad a las víctimas en países diferentes de donde se cometió o tuvo su origen el delito, a fin de salvaguardar la integridad de las víctimas y sus familias. La trata de personas constituye un asunto de seguridad nacional, pues no sólo significa un agravio a la dignidad de las personas y a los derechos humanos más elementales, sino que también representa una actividad altamente rentable en la que están involucrados redes delictivas trasnacionales, y que, a su vez, es un delito que se encuentra asociado con otras actividades ilícitas, como el tráfico de armas y de migrantes, el lavado de dinero y el narcotráfico. Por otro lado, es menester fortalecer nuestro sistema judicial con el fin de poder enfrentar y frenar la red de complicidades que involucra a funcionarios públicos y policías, lo mismo que contar con procesos más ágiles y eficaces que den como resultado un mayor número de sentencias condenatorias que impongan castigos ejemplares a los tratantes y a la red de personas involucradas. Cuando hablo de complicidades, no puedo dejar de recordar que después de catorce años no ha llegado plenamente la justicia para Lydia Cacho, una víctima más del sistema depredador y cómplice que la torturó y persiguió por haber publicado en 2004 su libro, Los demonios del Edén, donde exhibió una red de pornografía, abuso y explotación infantil en la que estuvieron involucrados diversos funcionarios públicos y empresarios. El pederasta Jean Succar Kuri, “el tío Johnny”, acusado por delitos sexuales en contra de varias niñas, purga una condena de 112 años de prisión. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, “el góber precioso”, quien llevaba dos años prófugo de la justicia debido a una orden de detención emitida por una juez de Quintana Roo, fue detenido hace unos meses por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de Lydia Cacho en 2005, cuando gobernaba Puebla; asimismo, otros funcionarios fueron vinculados a proceso penal por su participación en dichos delitos. Sin embargo, no son todos los involucrados en esa red que denunció la periodista; no, desgraciadamente muchos de esos pederastas, tratantes y abusadores siguen libres porque forman parte del poder económico y del rancio régimen político que se resiste a desaparecer. Cómo olvidar la filtración de la llamada telefónica entre el entonces gobernador Marín y Kamel Nacif, publicada por el diario La Jornada: “Qué pasó mi góber precioso, mi héroe chingao / No, tú eres el héroe de esta película, papá. Ya ayer acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la Ley”. La realidad es que, durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña, los delitos cometidos en contra de Lydia Cacho quedaron impunes, al igual que los perpetrados en contra de las niñas, niños y adolescentes. No es ninguna casualidad que la ruta de la trata de personas tenga en Puebla un lugar preponderante, ni que en diversos municipios de esa entidad y Tlaxcala, los tratantes sean protegidos; tampoco es por azar que Cancún sea uno de los destinos favoritos de los pedófilos. La realidad de la trata de personas en nuestro país es escandalosa, revela la existencia de un “mercado nacional” en donde la oferta y la demanda son a gran escala. Los clientes, quienes hacen del sufrimiento de otro ser humano su entretenimiento, arrebatándole la dignidad, sueños y posibilidades de desarrollo, son parte fundamental y primigenia de la cadena delictiva, y deben ser sancionados de manera mucho más severa, a fin de inhibir la conducta. Estamos ante un crimen que en nuestro país se encuentra ubicado por diversos estudios en el segundo o tercer ilícito más lucrativo para la delincuencia organizada, constituyendo junto con el narcotráfico y el tráfico de armas, una triada que amenaza a la sociedad. Además, el incremento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación junto al fenómeno migratorio coinciden con los riesgos y las vulnerabilidades de la población vulnerable al ser víctimas fáciles para los enganchadores. Sabemos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado diversas acciones en esta materia. En el marco de la violencia contra las mujeres en noviembre de 2020 su titular Santiago Nieto, destacó que el crimen organizado está mutando en México a medida que las bandas que roban petróleo y trafican drogas incursionan en el lucrativo negocio de la tarta. México es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, un negocio mundial cuyo valor se estima en 150 mil millones de dólares al año. La UIF ha congelado más de 250 millones de pesos relacionados con la trata de personas y la pornografía infantil, y trabaja con la Policía Cibernética para atender esta última problemática. La cosificación de los seres humanos en nuestro país requiere atención inmediata y un abordaje multifactorial. La trata de personas es un delito aberrante, pero también es un fenómeno social cotidiano, creciente y normalizado. La violencia y la inseguridad tienen causas estructurales que se deben combatir de raíz. No podemos mantenernos al margen de la realidad y dar la espalda a un fenómeno delictivo donde los clientes y los consumidores son los delincuentes principales. No podemos seguir solapando una cultura social donde unos seres humanos usan como objetos sexuales o máquinas de trabajo a otros, asumiendo que existe superioridad de unas personas sobre otras. La crueldad extrema, la deshumanización, la falta de compasión y solidaridad y el placer o indiferencia ante el sufrimiento de otro ser humano, son el contexto psico-emocional en el que se lleva a cabo el delito de trata de personas en sus diferentes tipos penales, lo cual no podemos pasar por alto. En ese sentido, resulta importante señalar que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye el tipo penal más extendido y grave desde el punto de vista de las consecuencias en la salud, la sexualidad, la psicología, el desarrollo y la vida de las víctimas, lo cual, tenemos que decirlo, se ha abordado desde una perspectiva ciega al género que no atiende la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres. La invisibilización de sus características específicas en los informes y estudios, así como la desvinculación en el discurso, las leyes y las políticas públicas, son factores que han contribuido al incumplimiento de la obligación del Estado de proteger a las mujeres de manera efectiva, ya que es una forma de violencia de género con un proceso de deshumanización particular. Para enfatizar lo anterior, basta con observar las estadísticas: la inmensa mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres, lo que da cuenta inequívoca de la “jerarquía sexual”, pues el sujeto activo del delito, esto es, el receptor del lucro generado, ya sea como proxeneta o como dueño del lugar donde la víctima es explotada, y mayoritariamente el cliente, es hombre, como acertadamente lo ha señalado Magaly Thill y Pilar Giménez Armenta. Los especialistas coinciden en que la trata de mujeres con fines de explotación sexual no es un fenómeno social aislado dentro del “sistema de prostitución”, puesto que es su principal abastecedor de acuerdo con la altísima proporción de víctimas en este mercado ilegal. Las políticas públicas en materia de trata de personas, necesariamente requieren contar con un claro enfoque de género, al igual que los estudios y estadísticas generados por las instituciones y las leyes en la materia. Ahora bien, el aparato legislativo también debe tomar en cuenta la relación víctima-victimario (entendiendo que este último puede ser enganchador, trasladador, vigía, proxeneta, dueño del establecimiento donde tiene lugar la explotación, autoridades involucradas, cliente y testigos silenciosos quienes, en esa red de complicidades, omitieron su deber de auxilio a la mujer en peligro o denunciar ante las autoridades). Asimismo, las políticas públicas de prevención también deben involucrar a los hombres desde edades tempranas para que no siga normalizándose una cultura en la cual ellos pueden obtener placer a cambio de dinero, a sabiendas de que las mujeres no lo desean o sienten indiferencia, asco o temor, colocándolas en una situación de inferioridad y, por lo tanto, de vulnerabilidad extrema. La trata de personas a manera de esclavitud moderna, se diferencia de la de otrora que, dio paso a varios movimientos abolicionistas en todo el mundo, en que existe un conocimiento pleno y generalizado de que la trata constituye un delito grave, de ahí que se han conformado organizaciones delictivas nacionales e internacionales para su comisión; su tipología más recurrente no son los trabajos forzosos, la servidumbre o la gleba, sino la explotación sexual con un alto componente de discriminación y violencia hacia las niñas y las mujeres; y las causas no son colonizadoras ni se fundamentan en la supremacía de una raza sobre otra. Los avances en materia de derechos humanos y los Instrumentos Internacionales asumidos por la gran mayoría de los países del orbe, también hacen diferencias sustanciales, así como el desarrollo científico y tecnológico, lo cual conlleva un entendimiento mayúsculo sobre las implicaciones de la conducta ilícita. Además, el nivel educativo y el poder adquisitivo de los “clientes” es prácticamente homogéneo en el mundo, y la alta incidencia en algunos países o regiones responde más a la corrupción, incapacidad institucional, inseguridad y altos niveles de violencia social, pobreza y discriminación por razones de género. La más grave consecuencia de la globalización es la desigualdad que divide a los seres humanos en el único valor conocido por la economía: el dinero. En la sociedad y la vida líquida, todo, incluidas las personas, tiene la categoría de objeto de consumo que pierde su valor en el instante mismo después de ser usado para convertirse en desecho, lo que limita su esperanza de vida; ejemplo de ello es la industria del sexo y su proveeduría. La “cosificación” de las personas al reducirlas a categoría de objetos, niega su naturaleza, condición y dignidad humana, las despoja de sus derechos al despersonificarlas, las coloca en el mercado y las sujeta a los principios de la oferta y la demanda bajo las reglas del capitalismo. Resulta innegable que el delito de trata de personas, en sus diferentes tipologías, está profundamente asociado a satisfacer un deseo y obtener una ganancia económica -además de a una serie de factores antropológicos, sociales y culturales subyacentes que rodean el abuso y la extrema violencia hacia una persona. Lo que significa que está cimentado en una nueva estructura donde se privilegia la jerarquía de unos seres humanos sobre otros, dando paso a un sistema formal e informal en el que lo más importante es el rendimiento económico que produce la mercancía bajo una valoración estrictamente racional de costo-beneficio, donde la justicia, la moral, la equidad, la igualdad y la humanidad misma no tienen cabida si no es para formar parte de una cadena comercial, ya sea como productor, trasladador, vendedor, comprador o mercancía. El capitalismo moderno y la globalización no pueden mirarse de manera separada a la “sociedad de consumo”, de ahí que Marx dedicara extensos análisis a la mercancía. En nuestros días, ésta debe ser estudiada a partir de sus nuevos componentes, valores, asignaciones, símbolos, asociaciones y significados, separándola del proceso de producción para colocarla no como problema central de la economía, sino de la sociedad capitalista moderna en sus diferentes manifestaciones, incluidas las relaciones sociales, socio-comerciales, socio-culturales y sus nuevas interrelaciones con el tiempo (inmediatez), a efecto de tomar conciencia del fenómeno de la cosificación y la ideología que de él se ha derivado, la cual determina las relaciones de poder económico, político y social sobre las que se construye tanto la sociedad capitalista y el mundo globalizado como el Estado mismo y sus estructuras jurídicas e institucionales. La víctima, al haber sido cosificada, queda sujeta a la suerte que la sociedad del consumo le imponga, y, en el mejor de los casos, es rescatada por un sistema de justicia que le asigna un número de expediente para hacerla parte de un procedimiento de sistematización racional al que pertenecen las regulaciones jurídicas con sus vicios, lagunas e inconsistencias, donde, aunque el sistema y su proceso fuera perfecto, su realidad se ajusta a la generalidad de la norma jurídica y a una serie de tipos penales para encuadrar la conducta ilícita cometida en su contra y poder ser receptora del sistema de justicia y sus elementos resarcitorios, compensatorios, reivindicatorios e incluso sancionadores para sus victimarios. Lo anterior, de ninguna manera significa que estoy en contra de las leyes o de los sistemas de justicia, pues es innegable su contribución al mantenimiento del orden social, o bien, a que el delito trate de evitarse mediante políticas preventivas (autodefensivas o dictadas por el Estado) para impedir que las personas sean parte de la estadística de víctimas, lo que se pretende subrayar es que la prevención, legislación, sanción y reparación del daño, por más integrales que sean, no lo son todo, puesto que estas acciones quedan circunscritas a un sistema racional donde las personas en calidad de víctimas o delincuentes quedan sujetas a un tratamiento burocrático formal. La conducta del ser humano no se puede “agotar” en el cálculo previsto en las leyes y políticas públicas, ajustándose conforme surgen nuevos fenómenos delictivos, sino que es necesario trabajar en la reconstrucción del tejido social desde el Estado y la sociedad, porque el trabajo no sólo debe direccionarse hacia las masas, sino a la persona, lo que conlleva un primer esfuerzo de cada uno de nosotros para poderlo proyectar a nuestro entorno más próximo y de ahí a la colectividad, a fin de que pueda ser realmente trascendental. La concientización sobre lo que significa la persona humana no puede ser una tarea exclusiva del Estado, ya que comienza en el individuo, abriendo el camino a auténticas posibilidades para su evolución y no para su destrucción. Así, reconstruir el tejido social es plantear un nuevo modelo de sociedad que genere otros modelos económicos, jurídicos, políticos y culturales a partir de valores diferentes en los que el ser humano no tenga precio. 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Es por esto y muchas cosas más que nuestra hípica va en picada. Entiendo perfectamente que la labor del secretario de carreras es colocar en las primeras carreras del programa aquellas que tengan menos participantes, pues el público aficionado llega tarde y el monto generado en la apuesta es escaso. En efecto, según el chart de la carrera, el handle fue de solo 23 mil pesos; una bicoca. Me comentaron que la empresa ni siquiera quería ofrecer la carrera. De hecho, en el XXIV AQHA Derby Challenge que se corrió al día siguiente, también solo hubo tres participantes y el handle llegó apenas a 20 mil pesos (el handle es el total de dinero apostado). Con solo tres intereses y cuatro caballos ―dos importados y dos mexicanos―, el Stakes Jockey Club resultó una auténtica parejera entre los gringos, desde que saltaron del partidero, en una carrera electrizante. Finalmente ganó Mi Vecino por un pelo de rana calva, pues en el cabezazo final, la cámara de meta lo pudo captar como el ganador. Siempre he pensado que, en esas carreras tan cerradas, la imaginaria línea de meta debería ser muy gruesa y se hubiera declarado un empate. ¡Qué carrera tan emocionante! Qué decir del premio de solo 303 mil pesos, del que los caballistas aportaron el 40% y este año no contaron con la tradicional aportación que hacía el Jockey Club Mexicano al premio, pues también debe estar quebrado. Alguna vez, quien esto escribe tenía un porcentaje sobre un caballo Pura Sangre –Charming Man– gracias a la generosidad de mi socio Guillermo Castañeda, dueño de la Cuadra Celeste. Ganamos el Stakes. El premio fue de 150 mil pesos, pero eso fue hace 28 años ―que bien podrían ser millón y medio de pesos en estos tiempos―. Los caballistas entonces solo aportábamos el 15% del total. Vaya que los tiempos han cambiado. Precisamente en la reunión que organizó la Dirección General de Juegos y Sorteos, el pasado 23 de junio, cuyo objetivo fue conocer qué pasa en nuestra planta hípica, los representantes de los actores de la Industria Hípica expresamos nuestras quejas y propuestas, ya que ha habido muchos reclamos y hasta demandas judiciales en cuanto al funcionamiento de las carreras de caballos. Estuvimos las agrupaciones representativas de los caballistas y criadores, los tres directivos más importantes de la empresa permisionaria y el secretario ejecutivo de la Comisión de Carreras, en un diálogo franco y respetuoso. Principalmente se trataron los temas de antidoping ―fundamental para que haya transparencia en la competencia―, del mantenimiento de las instalaciones, y, principalmente, la demanda de que haya buenos premios que son, a todas luces, insuficientes. ¡No puede haber hípica sana sin buenos premios y sin una autoridad hípica confiable! Los acuerdos que la “Agrupación de Caballistas” ha tenido con la empresa con respecto a los premios han sido insuficientes y así lo reconoció el joven entusiasta Claudio Álvarez, que defendió el argumento. Se pidió que los premios se tripliquen, con lo que se asegura que los caballistas volverán. Los fondos buitres que manejan la empresa tendrán que invertir en este aspecto para cumplir con los términos y condiciones del permiso autorizado para que tengamos una hípica de nivel internacional y que la cría de caballos Pura Sangre no se muera. Al parecer este año no llegaremos a 130 nacimientos. Se acordó en que cada uno de nosotros va a tratar los temas respectivos con la contraparte y pronto vamos a volver a tener una reunión con la autoridad reguladora, para conocer los avances. No puedo dejar de insistir, la empresa permisionaria no ha cumplido con el permiso que tienen. 15 días antes de que terminara el corrupto sexenio de Enrique Peña Nieto, lograron prorrogar 15 años su permiso, con el pretexto de que iban a construir un hotel ―que no construyeron en 22 años―. Basta decir que al director de Juegos y Sorteos de aquel entonces ―Mr. Cayetano― lo inhabilitaron un año por otorgar un permiso fuera de sus facultades y en contra de lo que manda el permiso. Los continuos problemas financieros de la empresa han evitado que tengamos un Hipódromo como lo merece la capital de todos los mexicanos. Tengan por seguro que, si la empresa no cumple pronto, la revocación de su permiso es inminente. Tendremos que colaborar con ellos. Las críticas que hago son constructivas. ¿Harán caso?" 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